El crimen de Antonio Tavares Pereira ocurrió a manos de la Policía Militar durante una manifestación en la ciudad de Curitiba en el año 2000. En ese operativo también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra. Con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae.
Con otras organizaciones de la sociedad civil firmamos un pronunciamiento luego de la represión en el Congreso. Entendemos que las formas de la deliberación, la manifestación pública, la labor periodística, la restricción de la violencia estatal, son todas condiciones necesarias para una convivencia social y política en el marco de la democracia.
Con organizaciones defensoras de derechos solicitamos que la Comisión Interamericana tome medidas cautelares en favor de trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes. Le planteamos nuestra preocupación por la reiteración de operativos desproporcionados que terminan con personas detenidas y con heridas graves.
Las relatorías especiales expresaron su preocupación por la resolución del Ministerio de Seguridad y por las propuestas de reformas legales que criminalizan la protesta. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
Un análisis sobre los cambios, normativos y operativos, y las consecuencias que se vienen dando desde que el Gobierno nacional anunció el “protocolo antipiquetes”.
Vivimos tiempos de mucha incertidumbre para la participación política, la protesta o simplemente la manifestación de opiniones en el espacio público. Con esta publicación queremos brindar información: hacer un aporte a las dudas y los debates que surgen sobre cómo ejercer el derecho a protestar.
Centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos envíamos un escrito a la Comisión y a los mecanimos de protección de Naciones Unidas. Denunciamos que el Ministerio de Seguridad reclame el pago de sumas millonarias a los colectivos que participan de manifestaciones públicas.
Junto a centrales sindicales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y cientos de organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles y políticas, pedimos a los mecanismos internacionales que exijan al Estado argentino que cese la aplicación de las medidas que buscan impedir y reprimir las manifestaciones públicas. Las presentaciones también fueron acompañadas por más de 15000 firmas individuales.
Hace muchos años ya que el debate público sobre la protesta social se ha desplazado de la responsabilidad política y policial a los límites de lo que pueden hacer los manifestantes. Se multiplican las vías de criminalización que persiguen el derecho a la protesta y a la organización social y política.
Las medidas anunciadas por la ministra de Seguridad buscan criminalizar a quienes se manifiesten y perseguir a la organización social y política. De esta manera, cualquier protesta pública que corte calles o rutas deja de ser un derecho para convertirse en un delito.
Cinco agentes fueron condenados por homicidio agravado con exceso en la legítima defensa, en el juicio por el crimen del joven mapuche ocurrido el 25 de noviembre de 2017. El tribunal convalidó la versión de los acusados de que se defendieron de un ataque. Sentencias como esta legitiman las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad haciéndolas pasar por enfrentamientos y convalidan discursos que estigmatizan los reclamos de los pueblos indígenas por sus territorios.
Junto con la Red INCLO y otras organizaciones de la región, presentamos un nuevo informe sobre las consecuencias del uso de estas armas en la represión de la protesta social.
Cinco efectivos de la Prefectura Naval Argentina serán juzgados por la muerte del joven mapuche, ocurrida en 2017 en la comunidad Lafken Winkul Mapu en Bariloche.
La Policía de la Ciudad avanzó a los golpes contra un grupo de personas que realizaba una asamblea en el centro de Buenos Aires. El militante popular y reportero Facundo Molares murió luego de ser detenido y aplastado contra el piso durante varios minutos. Estas acciones policiales no pueden separarse del ataque y la estigmatización permanente de parte de sectores políticos contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Manifestarse no puede ser una decisión que ponga en riesgo la vida.
Organismos de derechos humanos y comunidades indígenas le solicitamos a la Corte Suprema que revise el artículo que prohíbe cortes de calles y de rutas, lo que afecta de manera directa el ejercicio de la protesta social.
El joven fue visto con vida por última vez el 1 de agosto de 2017. Participaba de una protesta cuando un grupo de gendarmes irrumpió de manera violenta en la comunidad Pu Lof de Chubut. Hasta el momento la investigación no avanzó en determinar las responsabilidades materiales y políticas de ese operativo.
Junto a ANDHES presentamos medidas cautelares para protegerlas. Estas personas hoy están en riesgo ya que no hay una tutela judicial efectiva que los ampare. El Estado jujeño está poniendo en juego todos sus recursos para perseguir a referentes de distintas organizaciones sociales. El poder judicial no está controlando la actuación abusiva de los fiscales y del poder ejecutivo.
Fue a partir de un habeas corpus que presentamos con Andhes y que acompañó Xumek por los numerosos casos de represión tras la reforma constitucional que limita derechos, entre ellos, el de la protesta.
Es por la represión y la razzia luego de la marcha de 2017. Deberán declarar quienes dieron las órdenes de detención desde la Sala de Situación y quienes las hicieron efectivas en las calles. También personal policial acusado de falso testimonio y los jefes de las comisarías de la zona. Desde el CELS representamos a tres de las detenidas luego del Primer Paro Internacional Feminista.
A las movilizaciones masivas por reclamos salariales se sumaron protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno provincial. La respuesta fue represión y criminalización, decenas de personas heridas y detenciones arbitrarias. La nueva Constitución, aprobada en tiempo récord, restringe el ejercicio de los derechos humanos y busca evitar las reacciones a la expansión del extractivismo de minerales.
Decenas de organizaciones y referentas feministas alertamos sobre la gran cantidad de detenciones a mujeres durante la represión de las protestas de los últimos días. A continuación, el comunicado.
Tras las represiones a las protestas en contra de la nueva Constitución, un conjunto de organizaciones realizamos el pedido ante la Convención Constituyente y al gobernador de la provincia. La reforma implicaría un gravísimo retroceso en términos de derechos.
Junto a otras organizaciones presentamos una carta a la Convención Constituyente provincial expresando nuestra preocupación por los retrocesos en derechos humanos que propone la reforma y los graves problemas del procedimiento que llevaron adelante.
Sin debate en comisiones y en solo 48 horas aprobó una ley que obstruye las manifestaciones y habilita la criminalización de los que participen en ellas. La nueva norma establece que se debe pedir autorización para llevar adelante una protesta y otras graves restricciones para el uso del espacio público.
Ya son 58 personas las que fallecieron en todo el país en las manifestaciones que comenzaron en diciembre de 2022 en Perú. Muchas de estas muertes son el resultado de balas de plomo. Otras, sin embargo, fueron causadas por armas “menos letales” que tienen la capacidad de herir, mutilar y matar.
Relevamiento regional acerca de las violaciones a los derechos de mujeres y personas LGBTI+ en contexto de protesta, que afectan sus derechos de expresión, reunión y manifestación, así como el ejercicio de su rol de defensoras y defensores de derechos humanos. El informe fue elaborado durante el proyecto “Derecho a la Protesta: Asistencia Legal y Protección de Emergencia en América Latina” realizado por el CELS.
Fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica.
El pasaje a la acción de estos sectores impone reflexiones y acciones urgentes. ¿Qué sucede cuando las democracias brindan herramientas y posibilidades para que algunos grupos busquen limitarlas o terminar con ellas? ¿Con qué instrumentos contamos para defender la democracia frente a ataques como este?
La sentencia de la Corte Suprema no modifica la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte interamericana de DD.HH. Su traslado a prisión domiciliaria fue ordenado por el tribunal internacional. Cualquier regresión en ese sentido significa una profundización del hostigamiento contra ella.
Ante la declaración de Estado de emergencia y la represión a las protestas que ya tuvo como consecuencia varias personas muertas, más de ciento ochenta organizaciones manifestamos nuestra preocupación en materia de derechos humanos. El comunicado completo.
El máximo tribunal decidió rechazar el recurso de su defensa y convalidó lo realizado por la justicia de Jujuy, sin contemplar las irregularidades que tuvo el proceso y las violaciones a las garantías constitucionales que alegaron sus abogades.
Junto con otras organizaciones de la región, alertamos sobre un fallo que vulnera los derechos a expresarse y criminaliza las actividades políticas. Lo mismo ocurre en otros países, incluido Argentina.
Con el objetivo de intimidar a la organización estudiantil para que desistan de sus reclamos, la Ciudad desplegó una serie de medidas que incluyen denuncias jurídicamente inviables, el envío de policías en patrulleros a las casas de les alumnes y amenazas de demandas civiles a padres y madres.
Entre el 25 y el 27 de julio realizamos un evento en Buenos Aires para debatir sobre la actualidad en nuestra región. Participaron compañeres de Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Ecuador y México.
El 1 de agosto de 2017 el joven participaba de una protesta cuando un grupo de gendarmes entró de manera violenta a la comunidad Pu Lof de Chubut. Esa fue la última vez que se lo vio con vida. El proceso judicial hasta el momento no registra avances para entender cómo se llegó a la muerte de Santiago y quiénes fueron los responsables operativos y políticos de las brutalidades de ese despliegue.
Junto con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae en la demanda por el crimen de Antonio Tavares Pereira, asesinado por la policía brasileña en el año 2000. En esa represión también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra.
La dirigente social fue internada por un cuadro de trombosis. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud e integridad física y psíquica. Por eso entendemos que es imprescindible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitere al Estado argentino la obligación de dar cumplimiento a las medidas provisionales dictadas para proteger su salud e integridad.
La memoria de Darío Santillán y de Maximiliano Kosteki trae un mensaje fundamental para el presente: la necesidad de reforzar la organización, de reivindicar lo público, colectivo y comunitario. También de defender el derecho a manifestarse, expresarse y peticionar.
En una movilización para reclamar por sus condiciones de trabajo, cartoneras y cartoneros del MTE fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados del delito de “desobediencia”. Estuvieron más de 20 horas detenidos sin ningún sustento. Entendemos que estos métodos, que cada vez llevan adelante de manera más frecuente el Poder Ejecutivo y Judicial de CABA, apuntan a disciplinar la protesta social.
Los dos militantes fueron condenados por los incidentes de 2017, cuando en el Congreso se trataba la reforma de las leyes previsionales. Ahora, la Cámara Federal deberá resolver los recursos de sus defensas. En nuestra presentación alertamos sobre la utilización de figuras penales vagas que buscan castigar los reclamos sociales.
La investigación judicial está orientada como si se tratara de un atentado organizado por una asociación ilícita, lo cual habilita precedentes judiciales contrarios al derecho a la protesta.
El 16 de enero de 2016, Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe en Jujuy. Desde entonces sigue privada de su libertad por una causa sin condena firme. El encierro que pesa sobre ella es violatorio de las garantías del debido proceso y de la presunción de inocencia.
El CELS le solicitó a la AFI y al Ministerio de Seguridad el acceso a información sobre la protesta social, las organizaciones y las decisiones tomadas desde el Estado frente a los episodios que sucedieron hace ya 20 años. El requerimiento abarca un lapso de tiempo desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2002. A partir de esos datos se busca reconstruir la verdad y la memoria sobre la respuesta estatal que reprimió la movilización social y política.
A 20 años del 19 y 20 de diciembre de 2001, convocamos a debatir una propuesta integral de Ley nacional de protección de las protestas y manifestaciones públicas.
En este aniversario de 2001, nos encontramos en las redes y en la calle para conversar sobre la política, la transformación, el Estado, la organización, la construcción colectiva, la movilización social y el activismo. Acá podés acceder a un resumen de las actividades.
Este jueves se realizará una audiencia para revisar los montos impuestos a los funcionarios políticos y policiales juzgados en 2016. Mientras tanto, el poder judicial sigue sin avanzar en la investigación de quienes dispararon con balas de plomo contra les manifestantes.
Realizamos una presentación contra el Estado argentino por el proceso de hostigamiento y criminalización que vive Sala y la organización Tupac Amaru desde que fue detenida en 2016. La política del gobierno de Jujuy es más amplia y busca desmovilizar y limitar el derecho a la protesta en la provincia.
A dos mil días de su detención arbitraria, continúa el hostigamiento y persecución tanto a ella como a sus allegades y a la organización social Tupac Amaru de parte de altos funcionaries de la provincia de Jujuy.
Les formoseñes salieron a la calle a reclamar contra el endurecimiento del aislamiento por COVID y el gobierno respondió con balas de goma y gases lacrimógenos. Hubo decenas de personas detenidas.
La Cámara Federal de San Martín realizará una audiencia para analizar los procesamientos de nueve manifestantes que en 2014 reclamaban contra despidos en la automotriz. El CELS se presentó en la causa para pedir los sobreseimientos.