Los sucesos de diciembre de 2001 pusieron en jaque la vigencia de los derechos humanos como nunca antes desde el restablecimiento del orden democrático. Alrededor de 30 personas perdieron la vida y más de 50 recibieron disparos de armas de fuego sólo en la Ciudad de Buenos Aires. Cientos de personas fueron detenidas en virtud del estado de sitio impuesto de manera ilegal sobre el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Con todo, la salida institucional de la crisis reflejó que nuestro pueblo pudo forjar, aun en un tiempo complejo, una conciencia cívica -forjada sobre la memoria de miles de desaparecidos- sobre cuya base pudo imaginarse un programa para la emergencia. Preservar el camino andado, profundizar y extender la democracia fue la opción que pudo posibilitar un cambio de escenario.
A casi veinte años de la recuperación de la democracia nuestro país enfrentó el desafío de recuperar en su pueblo el valor y el sentido de su proyecto democrático. Las sentencias que declararon la invalidez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aportaron, sin ninguna duda, a esa tarea común.
