El 5 de enero de 1998 quedaron establecidos los ejes alrededor de los que giraría la situación de los derechos humanos en la Argentina ese año: la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y la “cuestión policial”. Ese día, algunos legisladores de la oposición presentaron un proyecto de anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, dirigido a desarmar la telaraña que impedía el castigo a los responsables de graves violaciones a derechos fundamentales. Por otra parte, unos días antes, el 7 de diciembre de 1997, se había puesto en marcha la intervención de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con el fin de reorganizar la peor fuerza de seguridad del país.
Durante los 12 meses que siguieron, estos dos ejes atravesaron la cotidianeidad nacional, y 1998 terminó con varias personas detenidas por delitos de lesa humanidad, por un lado, y una preocupante discusión acerca de los métodos para enfrentar el aumento de la criminalidad, por el otro. Todo ello entre marchas y contramarchas, adelantos y retrocesos.