Esta investigación registra el cambio de condiciones que el escenario social, político y sanitario implicó en las estrategias, los movimientos y las acciones desarrolladas por los activismos, sus redes y organizaciones socio-comunitarias para el acceso y goce de derechos.
El derecho a la alimentación suficiente y de calidad depende de todo el proceso de producción de alimentos, desde su elaboración hasta su distribución y consumo.
Este libro ha sido organizado por el grupo de trabajo sobre “Juicios, tribunales y derechos humanos” del Programa de Antropología Política y Jurídica. Este grupo tiene como uno de sus objetivos centrales el estudio de las burocracias judiciales a partir del análisis particularizado de un tipo de juicio que debe ser analizado como resultado de … Continued
Esta publicación de ICCSI -Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia- desarrolla los principales puntos teóricos de la inteligencia criminal y la urgencia por regularla de forma clara y bajo controles estrictos.
El documento reconstruye y analiza cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas.
En esta publicación, presentamos una nueva herramienta para medir el grado de vulnerabilidad de los hogares que alquilan, según un conjunto de variables, y la aplicamos a la última encuesta realizada en AMBA.
Realizada en conjunto con el IDAES-UNSAM esta publicación parte de la fragilidad habitacional en la que se encuentran millones de inquilines y propone los puntos principales para políticas públicas orientadas a que la vivienda digna sea un derecho para todes.
La investigación describe y evalúa el funcionamiento de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), sus logros y las agendas pendientes de esta política pública.
La publicación sistematiza información sobre los sistemas de registro y producción de información sobre casos de tortura y malos tratos que existen en la Argentina.
Este informe analiza las políticas de drogas implementadas en distintas jurisdicciones del país a partir de las causas penales abiertas por tenencia de drogas para consumo personal en los últimos años. Se trabajó con datos de la Ciudad de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Chubut.
La normativa salvadoreña de penalización extrema a mujeres por abortar no deja ningún margen para el respeto a los derechos humanos, puesto que la persona gestante debe enfrentarse al dilema de morir o ser encarcelada.
Este libro del colectivo YoNoFui y el CELS narra cómo se vive el día a día de la prisión domiciliaria. Se trata de un encierro con dificultades distintas al del penal, en el que repercute la falta de políticas específicas y las carencias económicas.
Los textos que forman parte de este libro se despliegan entre estas dos cuestiones: las urgencias de un presente marcado por la fragilidad y los debates abiertos, de cuyo destino depende la posibilidad de moldear un movimiento social por los derechos humanos cada vez más amplio, capaz de construir consensos igualitarios.
Este capítulo forma parte de Post: Cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros derechos en pandemia, un libro publicado en febrero del 2021 sobre los desafíos que enfrentamos como defensorxs de derechos humanos en un año de pandemia. “Bolivia. Un golpe con sello de la OEA” fue escrito por Camila Barretto Maia, especialista en relaciones internacionales y derechos humanos, y coordinadora del Área internacional del CELS. Su análisis se enfoca en la lucha por la democracia en Bolivia, entre la cancelación de las elecciones de 2019 y la restauración de la democracia un año después.
La publicación reconstruye el comienzo, durante la dictadura, de un grupo de trabajo orientado a la atención terapeútica de las víctimas de la represión. Y su posterior constitución en una línea de acción estratégica.
El DNU 766/20 prohibió los desalojos por falta de pago y prorrogó los contratos. Pero quienes no pueden para el alquiler acumulan deudas para cuando caduque el decreto. La burbuja de alquiler y deuda creció durante la pandemia y pone al 42,3% de los hogares que alquilan en el AMBA al borde de un desalojo.