El gobierno busca modificar la Constitución por decreto

El DNU que anunció el presidente Milei en la noche del 20 de diciembre, avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes de forma antidemocrática. Con su entrada en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda.

  

Ley de alquileres: se protegieron los derechos de les inquilines

En Diputados se aprobó una reforma que sostiene las principales protecciones que se habían logrado. Con una modificación en la actualización, que ahora será cada seis meses y con el índice Casa Propia, y la explicitación de la prohibición de contratos en dólares, se ratifica el espíritu de la ley actual. Esta medida debe ser acompañada por un Estado que la haga cumplir.

  

Por una dirigencia política que proteja a les inquilines

La Cámara de Diputados volverá a discutir reformas a la ley de alquileres, aprobada hace tres años. Un sector plantea volver atrás e incluso que el mercado funcione con menos protecciones que las que existían antes de su sanción. Aunque hay casi 8 millones de inquilines, el alquiler no ocupa un lugar relevante de la política habitacional. El retroceso en la mejora de las condiciones para los hogares inquilinos no puede ser la respuesta.  

  

Alquileres: fin del DNU y después

El 31 de marzo finaliza el decreto que prohíbe desalojos, difiere el pago de los aumentos de alquiler y prorroga contratos. El gobierno todavía está a tiempo de tomar decisiones a la altura del volumen y la urgencia del problema. Proponemos una serie de medidas a corto y mediano plazo para evitar un escenario de inminente multiplicación de desalojos.

  

Derecho a la vivienda

El porcentaje de inquilinos aumentó de 11 a 18 por ciento entre 2001 y 2016, en un contexto en el que el mercado impone los costos y las condiciones. Ley de alquileres entró en debate. Opinión de Luna Miguens y Leandro Vera Belli.

  

Alquilar, ¿se puede?

En la Argentina alquilan 7 millones de personas. Es necesario un marco normativo que regule los alquileres y políticas públicas que incidan en la oferta y garanticen la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada. Con frecuencia los inquilinos están expuestos a prácticas abusivas del mercado inmobiliario y las familias son empujadas hacia los mercados de alquiler informal y al hacinamiento.