Ecuador: la militarización evidencia el fracaso de las políticas de seguridad

Bandas del crimen organizado produjeron una nueva seguidilla de hechos de violencia y muertes. El gobierno ecuatoriano declaró “conflicto armado interno”. Las organizaciones alertan sobre la habilitación al uso de la fuerza letal como primer recurso por parte de las FFAA. Las políticas neoliberales que facilitaron la corrupción y la connivencia, son parte de las razones por las que el país ha llegado a este contexto de extrema violencia.

  

Argentina en el examen de DD.HH. de ONU: destacan género y juicios por lesa humanidad y alertan por cárceles, violencia policial y pobreza

El Estado argentino se enfrentó a su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país, que realizan otros pares miembros de Naciones Unidas. Fue reconocida por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mostraron preocupación por la violencia policial y el abuso de la utilización de las prisiones preventivas, entre otros temas centrales en la actualidad.

  

Examen periódico universal ONU: ¿cuál es la situación de Argentina en DD.HH.?

El lunes 23 de enero el Estado argentino será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante sus pares, tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde el CELS, junto a otras organizaciones, elaboramos informes como aportes previos para el diagnóstico y las recomendaciones de este mecanismo. Estaremos presentes en la sesión en Ginebra.

  

Villa Mascardi: criminalización y desalojo violento

El conflicto por la tierra en la Patagonia deriva de la falta de respuesta de parte de las autoridades a las demandas de comunidades indígenas que apuntan a recuperar su territorio ancestral. Una nueva causa fue utilizada para generar el desalojo de toda una comunidad cuya disputa por la tierra viene siendo tramitada en otras causas judiciales diferentes de la que generó el allanamiento de hoy y en espacios de diálogo que se interrumpieron hace meses. 

  

Política de drogas y racismo

El 18 de marzo se realizará el encuentro virtual “La eliminación del racismo estructural contra personas afrodescendientes y africanas en las políticas de drogas”, evento paralelo a la sesión de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que organizamos junto con Conectas e International Service for Human Rights (ISHR).

  

Juicio Contraofensiva y la deuda de juzgar a la estructura de inteligencia

Después de dos años de audiencias, terminó el juicio con condenas a prisión perpetua para cinco de los seis imputados que llegaron al veredicto. Fue un importante y conmovedor. En especial, logró avanzar sobre un gran pendiente: la reconstrucción, por lo menos en parte, de la estructura de inteligencia del terrorismo de Estado y su intervención en el plan de exterminio.

  

Violencia policial en Tucumán

Enviamos una carta al gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, sobre la sucesión de hechos graves de violencia policial y la falta de políticas dirigidas a democratizar a la fuerza de seguridad provincial.

  

Introducción. El futuro de los derechos humanos

La potencia de los derechos humanos reside en su capacidad de poner en discusión los intentos de estabilizar una noción restringida de democracia que busca naturalizar que solo son viables los modelos económicos excluyentes y la gobernabilidad basada en el orden y la mano dura. Hoy, la desigualdad, los obstáculos para la participación política y … Continued

  

Última audiencia ante la CIDH sobre el caso AMIA

Esta última audiencia llega después de que el Estado no mostrara avances en las reformas institucionales a las que se comprometió en 2005. Hace veinte años denunciamos al Estado junto con Memoria Activa como respondable de la falta de prevención del atentado, el desvío de la investigación y el encubrimiento, la denegación de justicia y la falta de verdad. Este año se cumplieron 25 años del atentado a la AMIA.

  

Los riesgos de las “políticas antiterroristas”

La creación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento oculta el nulo avance de la investigación del atentado a la AMIA. El incumplimiento del Estado de los compromisos ante la CIDH habilita a este organismo a enviar el caso AMIA ante la Corte Interamericana. El alineamiento argentino con la política de Estados Unidos e Israel puede tener graves efectos para el país.

  

25 años sin justicia por el atentado a la AMIA

Las tramas que posibilitaron que aún no haya justicia y verdad en el caso AMIA aún están presentes y explican muchos de los problemas que preocupan en la actualidad. No se rompieron los pactos entre los sectores judiciales, políticos, de inteligencia y mediáticos que construyeron la impunidad del atentado, ni se transformaron sus prácticas.

  

La militarización de la región en la CIDH

La militarización de la seguridad pública está en aumento en el continente, con consecuencias muy preocupantes. Por eso 17 organizaciones de 10 países solicitamos una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará el 6 de diciembre.

  

El CELS en Clacso

Durante cinco días Buenos Aires será sede de debates, foros y discusiones sobre pensamiento crítico y políticas. El CELS participará de siete actividades. Te esperamos.

  

México: Se debe privilegiar un modelo de seguridad respetuoso de los DDHH

La Ley de Seguridad Interior de México perpetúa la intervención de los militares en tareas tradicionalmente policiales, a pesar de que la Constitución mexicana y los estándares internacionales determinan que las tareas de seguridad pública deben ser ejercidas por autoridades civiles. Por los graves impactos sobre los derechos humanos que tiene la militarización de la seguridad, en una carta abierta el CELS instó a la Suprema Corte de México a que se pronuncie en contra de esta ley.

  

Sobre la reforma de Código Procesal Penal de la Ciudad

La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.

  

La Legislatura porteña debate una reforma que habilita la vigilancia y vulnera la intimidad personal

Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.

  

Justicia para Marielle Franco: la lucha sigue

Monica Benício, la pareja de Marielle Franco vino al país para encontrarse con personas y organizaciones que han luchado por la justicia e intercambiar experiencias y estrategias. A casi seis meses del asesinato de Marielle, no sabemos todavía quiénes la mandaron a matar ni con qué motivación.

  

Defensa del disenso: informe internacional

La investigación conjunta de la red INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations) y la IHRC (International Human Rights Clinic of the University of Chicago Law School) ofrece recomendaciones prácticas para la protección estatal de los derechos humanos en protestas y manifestaciones.

  

Respuesta a EEUU sobre su retirada del Consejo de DDHH

La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU dijo que la decisión del país de abandonar el Consejo de Derechos Humanos respondió en parte a la oposición de 18 organizaciones a la propuesta de reforma del Consejo que había sido respaldado por Washington. El CELS, una de esas organizaciones, le contestó.

  

“La Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura”

El Relator Especial sobre tortura de la ONU, al concluir su visita al país, dijo que las condiciones de detención en comisarías y cárceles “violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana”. También denunció las condiciones “degradantes” en el hospital psiquiátrico Melchor Romero y la violencia policial en los barrios populares. Al mismo tiempo, solicitó al Estado argentino a que asigne “suficientes recursos para asegurar el pronto juzgamiento y la puntual resolución de los juicios por delitos de lesa humanidad aún pendientes”.