El Tribunal Oral Federal Nº 5 condenó a prisión perpetua a doce de los dieciocho imputados en la causa ESMA. Dos horas después de haber sido convocadas las partes, los jueces Daniel Obligado, Germán Castelli y Ricardo Farias leyeron un veredicto que resultó sorpresivo en varios aspectos, empezando por haber reconocido, en uno de los primeros puntos del fallo, que todos los hechos investigados constituyen crímenes de lesa humanidad.

Alfredo Astiz, Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Cavallo, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Jorge Radice, Adolfo Donda, Raúl Scheller, Alberto González, Julio Cesar Coronel, Ernesto Weber y Nestor Omar Savio recibieron la máxima condena. Juan Carlos Fotea, ex sargento de la policía federal, fue condenado a 25 años de prisión; Carlos Capdevilla, por su parte, fue condenado a 20 años y Juan Antonio Azic a 18. Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco fueron absueltos; sin embargo, deberán permanecer en prisión preventiva por estar vinculados en otras causas.

Además de condenar por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos, el tribunal consideró probados los homicidios de José María Salgado, María Cristina Lennie, de las 12 víctimas del Grupo de la Santa Cruz (Alice Domon, Ángela Auad, María Esther Balestrino de Careaga, Raquel Bulit, Eduardo Horane, Patricia Oviedo, Maria Eugenia Ponce de Bianco, Remo Berardo, José Julio Fondevila, Horacio Aníbal Elbert, Azucena Villaflor de De Vincenti y Leonnie Duquet), de Raimundo Villaflor y de Rodolfo Walsh.

Oscar Antonio Montes, quien llegó a ser canciller de Argentina, fue condenado por el homicidio de José María Salgado y el de María Cristina Lennie, tal como lo solicitó el Cels en su alegato. Por el homicidio y el robo de la obra de Rodolfo Walsh, los jueces hallaron culpables a Acosta, Astiz, Pernías, Radice, Cavallo, Weber y Fotea. Por la muerte de Raimundo Villaflor fue condenado Adolfo Donda. El juez Ricardo Farías disintió en la calificación legal de varios hechos.

El tribunal no aceptó las nulidades planteadas por violación del principio de cosa juzgada, extinción de la acción penal por amnistía, prescripción y violación del plazo razonable planteadas por las defensas durante sus alegatos. Tampoco dio lugar a los planteos de nulidad de los alegatos de las querellas y de la Fiscalía ni de los informes periciales que concluyeron con la identificación de los cuerpos de varias víctimas del llamado Grupo de la Santa Cruz.

Finalmente, los jueces tomaron varias decisiones interesantes. Libraron un oficio a la Corte Suprema de Justicia para que se postule ante los organismos internacionales la inclusión de la persecución política como causal de genocidio. También se ordenó la extracción de copias de la declaración prestada por Argimiro Fernández en la audiencia del 10 de febrero 2011, en la que dijo que el trabajo de infiltración en la Iglesia de la Santa Cruz fue exitoso, dejando entrever un posible conocimiento de los hechos. Igualmente se investigará a Ramón Arosa, Ballabio Galleta, Gabriel Bossini y Roberto Rosales.

Los hechos de violación, abusos sexuales, violencia de género y las torturas de niños secuestrados con sus padres serán investigados, atendiendo así a la solicitud que el Cels hizo en sus alegatos.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 26 de diciembre.

Néstor Omar Savio inició la audiencia del 21 de octubre definiéndose como un soldado que va a la batalla final sin su comandante –haciendo alusión a la muerte de su abogado defensor, Alfredo Solari-. Sin embargo, advirtió que por la enfermedad de su apoderado él mismo tuvo que hacer el trabajo de investigar y analizar los testimonios que se dieron durante el juicio.

El imputado negó cualquier participación en los hechos por los que ha sido acusado. Dijo que estar en la ESMA no significa haber ejecutado los actos investigados y que no es cierto que el departamento de logística –a la que él pertenecía- fuera el encargado de proveer capuchas y grilletes a los demás oficiales. “Yo no torturé a nadie, no acosé, no violé ni me apoderé de ningún niño y sin embargo hace cinco años que estoy preso”, dijo Savio.

Sobre los sobrevivientes, dijo que se trata de personas que al ser derrotadas militarmente, continúan con la guerra ahora asumiendo el papel de víctimas. Criticó al gobierno nacional por intentar “cambiar la historia” a cualquier precio, borrando a todos los que se vieron afectados por el accionar de los “grupos terroristas”. También acusó a sus superiores por ocultar información y eludir responsabilidades.

Después adoptó un tono conciliador: “En esta guerra todos perdimos. Qué feo que suena la palabra confrontación; y qué lindo que suena la palabra unión –dijo Savio-. Es necesario impedir que las nuevas generaciones se infecten de odios del pasado”.

A continuación dio sus últimas palabras el imputado Juan Carlos Rolón, quien habló sobre la injusticia de la que se siente víctima al llevar diez años en prisión sin haber sido condenado. Ratificó lo que expuso en sus distintas declaraciones y reconoció haber estado en la ESMA durante dos lapsos –del 1 de enero de 1976 al 15 de enero de 1977 y de marzo de 1978 hasta marzo de 1979-.

Rolón criticó el trabajo de investigación de la fiscalía en la etapa de instrucción y posteriormente atacó a los testigos a quienes calificó de “traidores” por haber colaborado con la armada y después apoyar el juicio. Señaló qué operativos lideró –entre ellos el secuestro de Gasparini y Martín Grass- y admitió qué la pauta que había dado la Armada era que el secuestrado que colaboraba se salvaba. “En la ESMA siempre tratamos de humanizar la guerra”, señaló el imputado.

Sin embargo, Rolón negó su participación –ni siquiera en la etapa de preparación- de los operativos que derivaron en el secuestro y muerte del Grupo de la Santa Cruz y de Rodolfo Walsh. “Sólo participé en las cosas que he dicho”, dijo el imputado. Y concluyó parafraseando a Fidel Castro: “La historia me absolverá”.

Se conocerá la sentencia del juicio, el próximo miércoles 26 de octubre, a las 18h. Antes de eso, los imputados Montes, García Tallada y García Velazco dirán sus últimas palabras a las 8h30.

En la audiencia del 20 de octubre hablaron los imputados Ricardo Cavallo y Jorge Eduardo Acosta. Juan Antonio Azic se adhirió a lo expuesto por sus abogados defensores.

Cavallo hizo un largo relato sobre las implicaciones que tuvo para el ejercicio de su derecho de defensa la enfermedad que padeció el abogado defensor Alfredo Solari, quien no pudo asistir a los alegatos de las querellas y de la fiscalía. Descalificó a todos los que dijeron que las repetidas ausencias del apoderado no eran más que una táctica dilatoria del juicio. “Nadie buscó que el doctor Solari enfermara y muriera, dejándonos indefensos a mí y a otros cinco imputados”, señaló.

Para el imputado, una parte del poder judicial se comporta como un grupo de tareas, eso sí, con algunas diferencias respecto a los grupos de tareas que operaron durante la dictadura. “Ahora no se admite la muerte de personas, pero ese objetivo se cumple de manera indirecta: se detienen personas mayores de 60 años por su simple pertenencia a un grupo -dijo Cavallo-. Hoy el poder no es de las armas sino de los códigos”.

Después de criticar a quienes integrarían ese nuevo grupo de tareas, Cavallo continuó haciendo paralelismos con lo ocurrido treinta años atrás. “No faltará que los que hoy están actuando digan después que obedecieron órdenes”.

El discurso del imputado finalizó haciendo una manifestación sobre su inocencia y su indefensión frente a poder judicial. Cavallo renunció a su abogado y el tribunal le asignó como defensor a la abogada Daniela Mazza.

Luego procedió a dar sus últimas palabras Jorge Eduardo Acosta. Durante cinco horas, el imputado intentó explicar su verdad (con minúscula). Comenzó haciendo una cita de El Rey Lear, de Shakespeare: “Hemos de obedecer el peso de este triste tiempo, y decir lo que sentimos y no lo que deberíamos decir”.

Acosta aseguró ser el único responsable por las órdenes que dio. Dijo que confió en la Armada y aún así, en 1984, poco tiempo después de haber terminado la dictadura, pasó a retiro sin que nadie le diera mayores explicaciones. Pidió que se investigara la desaparición de varias partes de su foja de conceptos.

“Los que decidieron son los que deberían decir la verdad –sentenció el imputado-. Y es la falta de verdad la que ha generado fantasmas, cuentos chinos, historias, etc.”. Para el imputado, la gente común no supo de la guerra contra el terrorismo porque se quiso evitar generar efectos psicológicos en la población.

El relato fue avanzando y Acosta se concentró en demostrar cómo los actuales juicios son una continuación de la “guerra civil revolucionaria terrorista trotskista” ahora liderada desde los más altos mandos del gobierno nacional. “Toda esta información estará en mi perfil de Facebook”, dijo el imputado, mientras iba mostrando las fotos de los testigos y de actuales funcionarios del gobierno, a quienes calificó de “terroristas”.

Acosta definió varias palabras: guerra, guerrilla, combate. Posteriormente aseguró que nadie le dijo que durante la dictadura hubiera estado actuando por fuera de la ley. Aseguró que en la ESMA se combatió racional y proporcionalmente; que ahí se privilegió la vida de los otros y que lamenta los daños y sufrimientos causados, porque los efectos de esos daños persisten. “Pero los terroristas causaron aún más perjuicios”, aclaró el imputado.

Habló sobre los testimonios hechos por “agentes de inteligencia de la armada”, quienes aceptaron colaborar de manera “voluntaria” y que de manera “voluntaria” permanecieron en la ESMA ya que tenían que protegerse de sus ex compañeros y de los integrantes de otras fuerzas del Estado.

El imputado señaló que en la escuela de la armada nunca se torturó. “De pronto un bife o un simulacro de fusilamiento –concedió-. Y si eso ocurría, la verdad que no podía sancionar severamente al que lo hubiera hecho”. Acosta negó su participación en el secuestro del Grupo de la Santa Cruz, aunque admitió la infiltración de Astiz. También negó haber participado en el secuestro y homicidio de Rodolfo Walsh. “Si yo hubiera tenido algo que ver habría dejado el cuerpo en el lugar de los hechos, como era la orden”.

Finalmente, el imputado señaló que a veces duda sobre la validez o invalidez de sus actos, pero que sabe que se limitó a cumplir órdenes y, por ahora, eso es suficiente para tranquilizarlo.

La audiencia del miércoles 19 de octubre comenzó con las últimas palabras de Juan Carlos Fotea, quien simplemente se adhirió a lo dicho por sus abogados defensores, a quienes agradeció por su trabajo durante los dos años de juicio.

Luego continuó Antonio Pernías. “Esta oportunidad constituye uno de los momentos culminantes de mi carrera”, dijo el imputado. Durante su exposición, Pernías habló de su familia y de lo difícil que ha sido soportar el “martirio” del proceso judicial, que no es para él más que “un acto político de búsqueda de poder autoritario”.

Al igual que otros imputados, Pernías reivindicó su participación en la “guerra contra el terrorismo”. Acudió, nuevamente, a la obediencia debida como figura necesaria para llevar a cabo el plan militar. Luego criticó a los organismos de derechos humanos y concluyó su discurso con una frase de Séneca: “No puede haber inocentes cuando el adversario es el juez”.

Alberto González aceptó hablar, a pesar de sentir que la decisión de los jueces “ya está tomada”. “No voy a usar el tiempo para pedir clemencia porque no me puedo arrepentir de lo que ni siquiera hice –dijo el imputado-. Por la ESMA pasaron 2000 oficiales y suboficiales y se pretende, con 40 testimonios, juzgar a unos pocos”.

Pese a que el tiempo procesal para agregar pruebas ya pasó, González intentó demostrar nuevamente su estadía en Brasil durante los días en los que ocurrió el secuestro del Grupo de la Santa Cruz. Hizo toda una exposición de por qué las fotografías que le habrían tomado en ese viaje tienen la fecha de revelado en inglés y no en portugués.

Más adelante, el imputado hizo una descripción de lo que significa para él tener que asistir a los juicios. “El estado de juicio permanente es una nueva violación a los derechos humanos”, señaló González, y después agregó: “No faltará que se empiecen a morir los imputados en la sala de audiencia”.

Por último, habló Scheller quien se enfocó, principalmente, en intentar mostrar las contradicciones de los testigos.

Durante dos horas y cuatro minutos, Alfredo Astiz habló ante el Tribunal Oral Federal N° 5. El discurso tuvo como eje la supuesta ilegitimidad del juicio, de los querellantes, de la fiscalía y de todos los que de alguna u otra manera han participado en el proceso.

En una lámina estaban escritos a mano los seis puntos que el ex capitán de corbeta iba a tratar a lo largo de la jornada. El primer asunto abordado fue la ideología de los querellantes a quienes calificó de “profetas del odio”. “Se trata de una minoría elitista, absolutista y resentida que manipula mediante al exaltación del rencor”, dijo el imputado. Agregó que la “amargura” de los querellantes y sus allegados contrasta con la enorme alegría de los familiares de los militares, quienes según él han criado a sus hijos en el perdón y la tolerancia.

Luego habló sobre lo que el llamó “colonialismo judicial”, esto es, la adopción de principios internacionales de derecho que han facilitado el inicio de causas por delitos de lesa humanidad. Para el imputado, potencias extranjeras como Italia, España y Francia promueven la reapertura de causas y sin embargo se abstienen de juzgar a sus propios compatriotas. “Es claro que en los países avanzados se ha decidido olvidar los incidentes del pasado para buscar un mejor futuro”, dijo Astiz.

El segundo punto que trató el imputado fue el de la falsa legalidad de los juicios. El proceso ha sido guiado, según él, por una profunda “animadversión por lo militar”, lo cual refleja una “ignorancia oscurantista” respecto a asuntos que debieron ser resueltos en instancias castrenses. Astiz afirmó que la condena ya está escrita y luego agregó desafiante: “cuando vuelvan las instituciones republicanas no se podrán sostener estas parodias y se declarará la ilegitimidad de los juicios”.

Los testigos mienten, el ejecutivo ordena, los jueces son sumisos, la ESMA está usurpada, los militares son perseguidos políticos… De toda esta conspiración se deriva el “terrorismo judicial”, tercer punto tratado por el imputado. Los juicios no son más que la guerra terrorista llevada por otros medios, dijo Astiz. Sin embargo, confía en que esa situación se revertirá algún día y serán entonces los querellantes y todos los partícipes de esa conspiración quienes serán juzgados por delitos de lesa humanidad. Aún así, Astiz estaría dispuesto a perdonar –punto cinco- las consecuencias de todo el accionar terrorista –punto seis-.

El imputado terminó agradeciendo a los ilegítimos querellantes porque gracias a ellos ha dejado de ser un soldado retirado para ser de nuevo un militar en situación de actividad. Pero esa concesión final no fueron sus últimas palabras. Astiz quiso concluir su discurso reafirmando su estatus de víctima: “esto no es un juicio, es un linchamiento”.

La próxima audiencia es el miércoles 19 de octubre, a las 9 horas. Hablarán González, Pernías, Scheller y Fotea.

La ronda de últimas palabras antes de la sentencia se inició el día 13 de octubre de 2011. Al inicio de la audiencia, Radice manifestó que renunciaba a ese derecho. Así que el primero en hablar fue Julio César Coronel. “Soy inocente”, dijo el imputado con vehemencia. Coronel señaló que durante todo el proceso ha sentido tranquilidad porque confía en tres conceptos fundamentales: la objetividad, la imparcialidad y la justicia.

Luego de un cuarto intermedio, continuó el imputado Adolfo Miguel Donda, quien insistió en varios puntos expresados por él durante su ampliación de indagatoria. Afirmó que se siente una víctima de los querellantes, la fiscalía y de los propios jefes de la Armada que según él negociaron con el poder político para que fueran unos pocos los que respondieran por todo. “Aunque todos conocen la verdad la callan”, dijo Donda.

Sin embargo, una vez concluyeron las recriminaciones a sus superiores, el imputado se concentró en atacar al poder ejecutivo, a los jueces y a los testigos quienes, según él, se han beneficiado económicamente durante el juicio. Posteriormente dijo que es mentira que el proceso sea trascendente para la sociedad, ya que nunca se han llenado 1/3 de la sala en las audiencias. Finalmente se dirigió a los sobrevivientes. “Los mejores están muertos. Los que quedaron son doblemente traidores -afirmó desafiante-. Ésos no son los juicios que hubiesen querido para sus familiares muertos”.

Por último habló Carlos Capdevilla, quien comenzó haciendo una breve reseña de su historia personal y afirmó que se encuentra medicado por problemas psíquicos. Después se concentró en atacar a sus superiores. “Actualmente lo que siento es un profundo desengaño por la institución”, dijo el imputado. Señaló que todos los integrantes de la armada participaron en la llamada “lucha contra la subversión” y que él no es responsable por los faltantes que hay en su legajo. “Me considero un inválido jurídico –dijo Capdevilla-. Espero que dios los ilumine para que dicten una sentencia ajustada a derecho o les perdone el daño que causen con ella”.

El miércoles 12 de octubre los abogados de la defensa presentaron sus dúplicas. Los argumentos tuvieron como eje, nuevamente, la falta de pruebas, la supuesta parcialidad del tribunal, la violación al principio de congruencia y del derecho que tienen los procesados a ser juzgados dentro de un plazo razonable.

El abogado Coronel afirmó que durante el juicio se pudo percibir un intento casi desesperado de obtener una sentencia. Señaló además que ante ese objetivo las defensas se han concentrado en probar la inocencia de sus defendidos y en alejar ese temor de parcialidad que, según él, ha impregnado el proceso.

Otras defensas volvieron a atacar la supuesta estrategia del fiscal que consistiría en condenar por pertenencia al grupo, lo cual lo relevaría de probar qué contribución concreta se dio para la comisión de determinado delito. “Es un modelo de participación indiscriminado”, dijo el abogado Mendilaharzu. A ese argumento se adhirió el abogado Tassara, representante, entre otros, de Antonio Pernías.

Por su parte, los defensores Pozos y Todarello manifestaron que las réplicas de la fiscalía tuvieron como fin confundir y falsear los argumentos de las defensas. Señalaron que hubo agravios personales, burlas, expresiones ofensivas e irónicas. También dijeron que las defensas han planteado argumentos novedosos que no han sido resueltos por ningún tribunal.

“Nada hay nada de personal en este debate; nada hay de dilación ni de búsqueda de la impunidad”, dijeron los abogados Pozos y Todarello, en referencia a las denuncias por intentos dilatorios por parte de las defensas. Los representantes del imputado Azic y Weber también hablaron sobre la violación del principio de congruencia. Por otra parte, el abogado de Fotea insistió en que la base fáctica y jurídica de su extradición nunca autorizó que fuera juzgado por el homicidio de Rodolfo Walsh y por el de las víctimas del grupo de la Santa Cruz.

Celaya solicitó la nulidad del alegato y de las réplicas del CELS por violación del principio de congruencia en lo que tiene que ver con los casos de María Cristina Lennie y José María Salgado. Según el defensor del imputado Montes, la descripción de un hecho no se limita al resultado, también debe mencionar el accionar. Hay diferencias, para él, entre la secuencia temporal que se dijo en el alegato y lo que se dijo en la réplica.

Finalmente el abogado Olmedo –quién reemplazó a Solari, recientemente fallecido- volvió a quejarse por el poco tiempo para poder conocer de la causa; se adhirió a lo planteado por las otras defensas y manifestó que confiaba en el Tribunal.

El jueves 29 de septiembre, el ministerio público fiscal y las querellas expusieron sus réplicas. Al inicio de la audiencia, los imputados Néstor Omar Savio, Pablo García Velazco, Alberto González, Ricardo Cavallo, Raúl Schelller y Juan Carlos Rolón nombraron un nuevo abogado defensor, quien solicitó un plazo de 10 días para conocer los detalles del juicio. Ese plazo, en principio, fue negado.

Una vez resuelto lo anterior, la fiscalía inició sus réplicas, las cuales se concentraron en responder a los planteamientos de nulidad hechos por las defensas. Para los fiscales Mirna Goransky y Pablo Ouviña, temas como la cosa juzgada y la prescripción de los delitos investigados en el proceso ya fueron resueltos por tribunales superiores.

“Para declarar una nulidad es presupuesto necesario la existencia de un agravio real y concreto, que sólo puede ser buscado precisamente en el plano de la realidad –dijo Ouviña-. Por el contrario, la defensa le pide al tribunal que se olvide de la realidad”.

El fiscal señaló que los argumentos de las defensas se caracterizaron por ser una “cadena de errores” tanto en la interpretación de los fallos como en la selección de aquellas decisiones que supuestamente favorecerían a los acusados. “Es un error creer que la mejor defensa es aquella que presenta todas las defensas posibles”, advirtió. Ouviña destacó además la participación activa de los imputados a lo largo del juicio, lo cual demuestra que siempre tuvieron oportunidad de defenderse.

Durante sus alegatos, las defensas coincidieron en señalar la aparente reiterada violación del principio de congruencia, ya que, según ellos, se terminó acusando a los procesados por hechos que no estuvieron contemplados en el requerimiento de elevación a juicio. La fiscalía se opuso a ese argumento advirtiendo cómo durante el proceso se descubrió la aplicación de tormentos de algunas víctimas y aún así no se imputo a nadie por esos hechos nuevos. “Todo por lo que fueron acusados está en el requerimiento”, dijo el fiscal.

Mirna Goransky intervino en la audiencia haciendo referencia a cada nulidad concreta aducida por las defensas. Frente a la nulidad por violación a la garantía de plazo razonable, la fiscal señaló que concretamente los imputados llevan ocho años y siete meses procesados desde la reapertura del juicio en 2003. Ese dato, que a primera vista parece excesivo, debe ser visto en contexto. La complejidad de la causa -19 procesados, 86 víctimas, 13 partes legitimadas para actuar-, las características de la investigación y los obstáculos del proceso demuestran que el tiempo transcurrido es razonable.

La fiscalía también se refirió a la solicitud de declarar inconstitucional las normas que establecen la pena perpetua para los delitos investigados en la causa, porque, para las defensas, se trata de una condena cruel, inhumana y degradante. “No puede tacharse de inconstitucional lo que no nos gusta o no nos conviene”, dijo Ouviña. Quien destacó el error interpretativo de querer asimilar la pena perpetua a la pena de muerte. Para ello acudió a los tratados y jurisprudencia nacional e internacional que ha abordado el tema.

Sobre la “crueldad” que implicaría recluir perpetuamente a aquellos procesados de edad avanzada, la fiscalía dijo que durante su juventud esas personas cometieron crímenes de extrema gravedad y gozaron del encubrimiento del Estado. “Condenarlos a perpetua implica condenarlos proporcionalmente a los delitos por los que fueron acusados”, concluyó la fiscalía.

Las demás querellas se adhirieron a lo dicho por el ministerio público. El CELS respondió a la nulidad por violación del principio de congruencia planteado por las defensas en los casos de Maria Cristina Lennie, Rodolfo Walsh y José María Salgado. La querella afirmó que, si bien la acusación inicial se hizo sólo por privación ilegal de la libertad y tormentos, la muerte de estas tres personas se encontraba claramente expuesta en el relato de los hechos que se hizo en el requerimiento de elevación a juicio, de ahí que la acusación posterior por homicidio resulte acorde a la ley.

El debate se reanudará el 12 de octubre próximo.

Al inicio de la cuarta y última audiencia, el abogado Solari anunció que se iba a referir a la situación de cada uno de sus defendidos. Advirtió que en ningún caso existe evidencia directa sobre la participación de los imputados en los delitos por los que han sido procesados y que los testigos, al ser indagados sobre los hechos y responsabilidades, respondían con evasivas –“creo que sí”, “me suena”, “me enteré por otros”-.

Sobre Scheller, dijo que dos testigos se refirieron a él como el que “usaba bigotes rectos”. “Pero mi defendido nunca usó bigotes, ni derechos ni torcidos”, dijo Solari. Agregó que no está probado el papel de Scheller, ni cuándo ni cómo hizo lo que dicen que hizo, con quiénes, etc. Por eso pidió su absolución. Al abordar el caso de Rolón, señaló que el fiscal no lo identifica en el requerimiento de la causa de Rodolfo Walsh y que su incriminación se da por puras conjeturas de un testigo. También recordó el carácter de rotativo que tenía dentro de la armada, condición que, según él, fue corroborada por varios testimonios a lo largo del proceso.

De Savio, el abogado aseguró que no hay pruebas que lo involucren con ninguno de los hechos investigados. Advirtió que su defendido nunca fue identificado por el alias de Pantera ni de Norberto y que desconoce quiénes participaron en el secuestro de siete personas en la Iglesia de la Santa Cruz. Luego habló sobre Cavallo; mencionó que su extradición desde México carecía de objeto procesal, ya que el delito de torturas había prescripto. “Está siendo juzgado injustamente”, dijo Solari.

El defensor señaló que ambigüedad también caracterizó a los testimonios que se refirieron sobre González. Agregó que los testigos que estuvieron en la época de los hechos de la Santa Cruz no mencionan a su defendido porque, en efecto, éste se encontraba de licencia en Brasil, por lo que le corresponde a las acusaciones probar lo contrario. Sobre Pablo Eduardo García Velazco, Solari hizo énfasis en cómo el imputado a sido confundido permanentemente con su mellizo. Afirmó que nunca estuvo en la ESMA, nunca se casó, no es aviador y no se ha identificado con ninguna de las características que le han atribuído.

Al finalizar, Solari dijo que sus defendidos son perseguidos políticos. Luego, sorpresivamente, presentó su renuncia. El TOF asignó a la defensora oficial Daniela Mazza como representante de los imputados; sin embargo estos no aceptaron la designación por lo que la audiencia entró en cuarto intermedio hasta el jueves, 29 de septiembre.

Solari continuó con los alegatos, en esta oportunidad haciendo referencia a las figuras jurídicas aplicables a la causa –caducidad, amnistías, cosa juzgada y prescripción- y la influencia de la obediencia debida militar.

Sobre la caducidad penal, el abogado señaló que el único de sus defendidos que fue llamado a indagatoria antes de que entrara en vigencia el plazo establecido en la ley de punto final fue Scheller. Frente resto de los imputados que representa, la acción habría caducado el 22 de febrero de 1987. Al abordar el tema de las amnistías, Solari hizo un largo recuento sobre todas las oportunidades en las que el poder ejecutivo ha hecho uso de esa figura. Señaló como ejemplo principal la amnistía general que otorgó Nicolás Avellaneda a los revolucionarios de 1874. Comparó esa situación con la ley de obediencia debida de Alfonsín, a quien criticó de “insincero” por no haber nombrado esa ley por lo que era: una amnistía.

Posteriormente agregó que tanto la ley de punto final como la de obediencia debida fueron válidas y que sus efectos se deben seguir aplicando a sus defendidos. Solari mencionó el caso del capitán Paul Aussaresses, acusado por graves crímenes cometidos en la llamada Batalla de Argel. El militar no fue procesado en Francia ya que esa jurisdicción concluyó que las normas que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad no pueden aplicarse irretroactivamente porque de hacerlo violarían el principio de legalidad, dijo el abogado. Luego se refirió a los representantes de las monjas francesas: “Para su patria, amnistía; para la Argentina, ninguna amnistía”, sentenció.

Después de un cuarto intermedio, Solari continúo su alegato, esta vez para abordar lo que él considera el “tema más espinoso” en el juicio: la obediencia debida militar. Según el abogado, el código de justicia militar indica que es el superior jerárquico el que responde por las órdenes dadas y el subordinado sólo sería responsable en caso de excesos pero bajo el título de cómplice, no de autor.

Para Solari, durante el juicio a todos los procesados se les ha dado una doble atribución: como autores y como cómplices. “¿De dónde surge tal embrollo jurídico? -se preguntó el abogado-. De la causa 13. Ahí la corte estableció que los superiores eran responsables como cómplices necesarios, figura aplicable solamente a los subordinados. En ese sentido, la imputación que cabría a mis defendidos es la de ser cómplices de los cómplices necesarios”. Luego señaló que las acusaciones durante el juicio se han concentrado nada más en demostrar si los procesados estuvieron más o menos contemporáneamente en la ESMA para la época en la que se cometieron los delitos investigados. “Pero las acusaciones no han demostrado el exceso en el cumplimiento de una orden, única figura válida para condenar a mis defendidos. No lo han hecho, señor presidente. No lo han hecho”, agregó Solari.

En la parte final del alegato, Solari hizo referencia a la supuesta poca credibilidad de los testigos, quienes según Solari fueron “entrenados para mentir”. Para el abogado, aceptar como verdad cualquier cosa que digan los testigos sería un acto ingenuo. Para el defensor, las personas que dieron su testimonio durante el juicio fueron los traidores y de ahí su interés por mentir. “Mienten por militancia, mienten para no evidenciar que estuvieron incursos en los delitos montoneros, mienten porque no quisieron suicidarse aunque unos pocos fanáticos lo hicieron”, dijo Solari. Agregó que ninguno de los torturados mostró señas de la tortura y que, además, entre más pasa el tiempo más han ido recordando, lo cual va en contra de lo que según él, ha ido descubriendo la neurociencia.

La próxima audiencia es el jueves 22 de septiembre a las 9:30.