La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le requirió al Estado argentino que informe sobre las medidas que adoptó para proteger a los integrantes de la comunidad del pueblo toba, en Formosa, que sufrieron una feroz represión policial el 23 de noviembre pasado y que continúan siendo hostigados y amenazados por las fuerzas de seguridad provincial. En particular pidió explicaciones sobre la situación del dirigente Felix Díaz y su familia, los mecanismos para proteger a la comunidad y sobre los avances respecto de los compromisos asumidos por el Estado nacional en la reunión celebrada en el Ministerio del Interior el 30 de diciembre, luego de que los dirigentes indígenas mantuvieran una huelga de hambre por siete días.
La intervención de la CIDH fue solicitada por la Defensoría General de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en el marco de un pedido de medidas cautelares a favor de todos los integrantes de la comunidad La Primavera, luego del violento desalojo de la ruta nacional nº 86 que provocó dos muertes, decenas de heridos y detenciones arbitrarias (incluyendo a ancianos, mujeres embarazadas y niños pequeños).
El Gobierno nacional deberá responder la próxima semana, luego de lo cual la CIDH decidirá si emite o no las medidas cautelares solicitadas