Organismos de derechos humanos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, referentes políticos y académicos presentaron hoy en La Plata un documento con propuestas para una reforma de la política de seguridad bonaerense que ponga freno a la violencia policial y brinde respuestas efectivas.
La presentación, realizada esta tarde en la Cámara de Diputados de la provincia, estuvo encabezada por el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky; los co-presidentes de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón; la vicepresidente del CELS y representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Laura Conte y el secretario general de la CTA de la provincia, Roberto Baradel.
Los representantes de las organizaciones criticaron la política de seguridad del gobierno de Daniel Scioli y remarcaron la gravedad de los recientes casos de violencia institucional protagonizados por efectivos de la policía bonaerense que ejecutaron a dos chicos en José León Suárez y a un adolescente en Baradero, y dispararon por la espalda a otro joven en Mar del Plata, quien se encuentra herido de gravedad.
Horacio Verbitsky remarcó que la actual conducción del Ministerio de Justicia de la provincia “se subordina a lo que la policía le marca” y consideró que, en lugar de avanzar en reformas estructurales para proteger al conjunto de la sociedad, el gobierno provincial sólo brinda “discursos huecos y amenazadores”.
“La reforma es impostergable, esto así no se soporta más”, enfatizó.
Hugo Cañón, llamó la atención sobre los graves retrocesos en materia de seguridad en la provincia y aseguró que el poder político “es el vocero de la corporación penitenciaria y policial”.
Por último Baradel rechazó la presencia de policías en las escuelas y expresó la necesidad de terminar con el estigma por el cual “ser joven, pobre y tener la tez oscura es sinónimo de delincuente”.
El documento redactado por las organizaciones e inspirado en los principios del Acuerdo para una política de Seguridad Democrática (ASD) que el CELS y la CPM impulsan desde fines de 2009 denuncia los hechos de José León Suárez, Baradero y Mar del Plata. Además, propone reformas concretas como la separación de los Ministerios de Justicia y Seguridad, la creación de una policía judicial, la implementación de protocolos de actuación y uso de la fuerza y un financiamiento específico para promover el sistema especial de protección de los derechos de niños y adolescentes.
Adhirieron al documento los diputados y diputadas nacionales Ricardo Gil Lavedra (UCR), Héctor Recalde (FPV), Diana Conti (FPV), Alicia Comelli (MPN), Edgardo Depetri (FPV), Mónica Fein (PS), Martín Sabbatella (EDE), Ariel Basteiro (EDE) y Eduardo Macaluse (Proyecto Sur); los legisladores provinciales Liliana Piani (CC), Natalia Gradaschi (CC – ARI), Carlos Alberto Fernández (UCR), Fernando “Chino” Navarro (FPV) y Sandra Cruz (FPV), y el legislador porteño Rafael Gentili (Proyecto Sur). También sumaron su apoyo H.I.J.O.S. – Capital Federal, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia – Zona Norte, la Red de Jueces Penales de la provincia, la Asociación Pensamiento Penal y la Red de Investigadores del ASD.