La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) realizó hoy una audiencia pública informativa para debatir problemáticas relacionadas con el derecho a la vivienda a partir del caso de una mujer que fue desalojada en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una excelente oportunidad para que el tribunal establezca lineamientos básicos y contenidos mínimos que deben guiar a una política dirigida a resolver de manera definitiva el déficit habitacional en la que se encuentra la ciudad.
La audiencia trató el caso de Sonia Yolanda Quisberth Castro, una mujer de nacionalidad boliviana que se encuentra en situación de calle junto a su hijo discapacitado. Este es solo uno más de los miles que muestran las falencias estructurales de las políticas públicas de la ciudad en materia de vivienda y que trascienden cuestiones como el monto y el plazo de los actuales subsidios de emergencia habitacional.
El gobierno de la ciudad pretende cumplir con sus obligaciones constitucionales con medidas transitorias e insuficientes que, en el mejor de los casos, sólo alcanzan para acceder por tiempo limitado a una habitación de hotel o casa de alquiler y posteriormente a los paradores u hogares que no garantizan condiciones mínimas que debe cumplir una vivienda digna, como la unión familiar y la privacidad. Es en este contexto que la vía judicial se transforma en la única posible para acceder a una solución habitacional digna.
La Corte tiene ahora una gran oportunidad para dictar una sentencia en la cual establezca mecanismos institucionales que articulen a los múltiples actores involucrados en las problemáticas de vivienda y permitan dar seguimiento al caso.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó a la Corte Suprema un escrito con fundamentos legales para la implementación de una política habitacional que garantice el acceso a una vivienda digna.