El obispo de la diócesis cordobesa de Villa María, Samuel Jofré, cuestionó la legitimidad de los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en todo el país e hizo consideraciones sobre el terrorismo de Estado en la línea de la teoría de los dos demonios. Frente a estos dichos de una de sus autoridades, la Iglesia argentina debería hacer explícita su posición institucional respecto al actual proceso de justicia por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
La investigación judicial de estos delitos es un proceso que comenzó apenas recuperada la democracia. Los juicios que se llevan adelante hoy son consecuencia de investigaciones iniciadas hace más de treinta años que, anuladas las leyes de impunidad, buscan establecer la responsabilidad penal por esos crímenes. Se trata de un proceso del que la Iglesia es parte, tanto porque se investiga la colaboración de sacerdotes con estos delitos como porque existen casos de sacerdotes que han sido víctimas de la represión.
El informe de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) afirmó, en 1984, que integrantes de la Iglesia Católica “cometieron o avalaron con su presencia, con su silencio y hasta con palabras justificatorias” la represión. Hace treinta años que la Iglesia católica aparece mencionada reiteradamente en los testimonios de las víctimas por su falta de respuesta o su compromiso con los represores durante la última dictadura cívico-militar. Ocho sacerdotes fueron procesados por su participación en delitos de lesa humanidad. El capellán castrense Christian Von Wernich está condenado por su actuación en centros clandestinos de detención pero continúa siendo sacerdote. En otros casos, la investigación judicial no avanzó en la determinación de responsabilidades penales aunque la participación eclesiástica está documentada, es el caso de las personas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la isla El Silencio del Tigre, propiedad del Arzobispado.
Por otro lado, en el juicio por el asesinato del obispo Enrique Angelelli que culminó este año, la Iglesia católica de la provincia de La Rioja fue parte querellante y el Vaticano aportó documentación conservada en sus archivos durante 39 años.
Hoy, treinta años después de la Conadep y del juicio a las juntas militares, el proceso de justicia por los crímenes de la dictadura tiene el respaldo de todos los poderes del Estado. Las máximas autoridades del poder judicial han dicho que los juicios son parte del contrato social de los argentinos y el poder legislativo los ha declarado unánimemente una política de Estado. Este es un proceso protagonizado por toda la sociedad argentina y como tal tiene reconocimiento mundial. Resulta imprescindible que la Iglesia católica de la Argentina se posicione al respecto y se comprometa con una colaboración permanente y sustantiva con el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad.