Hoy se realizó la primera audiencia regional sobre los derechos humanos en contextos de protesta social ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington. Fue a pedido de treinta organizaciones de diversos países –Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EE.UU., Honduras, México, Perú, Uruguay y Venezuela–, a la luz de regresiones de distinta gravedad en las respuestas estatales ante manifestaciones.
Las presentaciones hicieron eje en la legitimidad de la protesta social, la legislación que regula o criminaliza las acciones de protesta, la represión de la protesta y el uso de la fuerza, y la criminalización de manifestantes y de referentes sociales. El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, habló sobre los estándares internacionales vigentes.
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, dio ejemplos de respuestas violentas a las protestas sociales en distintos países y remarcó que el uso abusivo o desproporcionado de la fuerza por parte de la policía es una práctica extendida.En el caso de la Argentina el Estado prohibió a nivel federal, en 2004, que los policías porten armas de fuego en estos contextos y se logró reducir la violencia. Sin embargo, desde el año 2010 la represión por parte de las fuerzas de seguridad causó nuevamente la muerte de manifestantes.
Respecto de las llamadas armas menos letales, que pueden provocar heridas y muertes, Chillier destacó ante la Comisión la urgente necesidad de aclarar y desarrollar lineamientos y normas que regulen su uso. También subrayó la importancia de la investigación judicial de los actos de violencia cometidos por las fuerzas de seguridad durante manifestaciones, que muchas veces derivan en impunidad para los responsables. Finalmente, advirtió sobre los obstáculos y hasta la represión física que enfrentan los periodistas y comunicadores sociales en algunos países cuando intentan cubrir manifestaciones.
Las protestas sociales reflejan las demandas de distintos sectores de la sociedad y los gobiernos deben canalizar políticamente estos conflictos por vías concretas que puedan dar respuestas a esos pedidos. Al mismo tiempo, en contextos políticos complejos es fundamental que el Estado intervenga para reducir los niveles de violencia y de conflictividad.
La CIDH analizó antes estos temas en base a situaciones nacionales específicas. En esta oportunidad, durante su 154° período de sesiones, las 30 organizaciones de derechos humanos solicitamos a la Comisión que sostenga el intercambio y la reflexión sobre las tendencias regionales que expusimos ya que tienen elementos en común. Pedimos que desarrolle nuevos estándares en la materia, abordando el tema de las armas menos letales y la no intervención de las fuerzas armadas en las protestas sociales, entre otros. Es recomendable además que la CIDH discuta con los Estados para impulsar la incorporación en sus leyes y políticas nacionales los estándares desarrollados en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de 2009, y que identifique en un documento específico una serie de principios guía en materia de promoción y protección de los derechos humanos en contextos de protesta social.
Las organizaciones que solicitaron la audiencia:
American Civil Liberties Union (ACLU), Estados Unidos
ARTICLE 19, Brasil
ARTICLE 19, México
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Canadian Civil Liberties Association (CCLA)
Cauce Ciudadano A. C., México
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, México
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), México
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), México
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Colombia
Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), Colombia
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú
Corporación Humanas, Chile
Espacio Público, Venezuela
Fundar Centro de Análisis e Investigación, México
Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH), Brasil
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), México
Justiça Global, Brasil
Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Brasil
Observatorio Ciudadano, Chile
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela
Propuesta Cívica, México
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, México
Servicios y Asesoría para la Paz, A. C. (SERAPAZ), México