Hace ocho años la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires a sanear la Cuenca Matanza Riachuelo, recomponer el daño ambiental, prevenir daños futuros y mejorar la calidad de vida de las cuatro millones de personas que viven a la vera de la cuenca. La contaminación y la marginación social, a pesar del tiempo transcurrido, se modificaron muy poco y son la base del grave conflicto socio territorial de la Región Metropolitana.
La Corte convocó para mañana a una audiencia pública y ordenó a las tres jurisdicciones condenadas, a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y al Cuerpo Colegiado que presenten informes con una evaluación del proceso y el estado de avance de las acciones del Plan Integral de Saneamiento. Con esta información analizará las medidas a tomar.
Las organizaciones que integramos el Cuerpo Colegiado –el CELS, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace Argentina, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación de Vecinos La Boca– insistiremos mañana en denunciar el incumplimiento de las metas fijadas por el fallo. El proceso de implementación de la sentencia se ha caracterizado por la falta de acceso a la participación de las personas que habitan en la Cuenca y ven vulnerados sus derechos.
ACUMAR no asumió el liderazgo político institucional, con consecuencias visibles para la gestión del Plan Integral: las jurisdicciones que integran la cuenca tomaron decisiones descoordinadas y la Ciudad como la provincia nunca incorporaron en sus presupuestos recursos para implementar la sentencia. Al mismo tiempo, ni ACUMAR ni las jurisdicciones involucradas priorizaron la planificación del territorio como herramienta de gestión: no hay avances en la zonificación ni en la regulación de los usos de suelo, tampoco en la relocalización de industrias del Polo Dock Sud y de la población en situación de vulnerabilidad. Frente a esta situación es necesario elaborar un nuevo programa de urbanización, regularización e integración socio urbana de villas y asentamientos que garantice los derechos de las personas. También se requiere diseñar un sistema que sirva para medir los resultados e impactos generados por las acciones.
Creemos de central importancia una planificación estratégica participativa que guíe las intervenciones en la cuenca, con un enfoque integral y una perspectiva de derechos que pueda articular a los diversos actores y los intereses contrapuestos que intervienen. Una forma de velar por los derechos de incidencia colectiva afectados en la causa y garantizar el acceso a la justicia es promover la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa de Nación y de la Defensoría General de la CABA.
La audiencia es el miércoles 30, a las 10, y se transmitirá en vivo por el CIJ.