Tras su visita a la Argentina, la experta independiente sobre los efectos de la deuda externa, Attiya Waris, presentó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que destaca el impacto negativo del endeudamiento sobre los derechos humanos.
Ante la moratoria que permitirá que 800.000 personas puedan jubilarse, el FMI advirtió que el gobierno deberá tomar “medidas tempranas y decididas” para garantizar las metas fiscales acordadas. Contar con un ingreso digno durante la vejez es un derecho, y por lo tanto, no puede ser variable de ajuste. Las metas pueden alcanzarse aumentando la recaudación sobre los sectores que mayor riqueza concentran y así evitar que las medidas impacten sobre los derechos de las mayorías.
Las políticas de control del Estado no llegan a los mercados barriales y en un sistema alimentario concentrado, las grandes empresas y cadenas agroalimentarias siguen imponiendo las condiciones.
Entre el 7 y el 11 de noviembre participaremos en Buenos Aires del Foro Feminista -organizado por feministas de la sociedad civil-, de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL y de una extensa agenda de eventos paralelos abiertos.
La toma impuso en la agenda pública la situación desesperada de millones de personas, problemática que para esas personas sigue sin resolverse. Sin políticas que generen lotes accesibles, los sectores populares no tienen más opción que ocupar predios vacíos.
Attiya Waris visitó Argentina entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre. En su informe final, sugiere “revisar sobrecargos” y que el país “debe maximizar sus recursos para defender los derechos humanos”.
El fuego intencional está asociado con frecuencia al avance de proyectos inmobiliarios o de la ganadería, que se imponen sobre el cuidado del ambiente y el acceso a la tierra y la vivienda. Es preciso poner en marcha un modelo de gestión del territorio que priorice los bienes comunes y los derechos de las mayorías.
Este miércoles 22 de junio a las 19hs conversaremos con representantes de organizaciones que plantean otra forma organizar la producción y distribución de alimentos a nivel global y local.
El derecho a la alimentación suficiente y de calidad depende de todo el proceso de producción de alimentos, desde su elaboración hasta su distribución y consumo.
Sin consenso para volver atrás, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría que respeta lo conquistado en la ley de alquileres.
En Santiago del Estero, la familia Mendoza resiste junto al MOCASE Vía Campesina los intentos de desalojo y los ataques de quien pretende usurpar el territorio donde viven y producen desde hace más de 30 años. Desde el CELS nos presentamos como amicus curiae en la causa que ordenó el desalojo por fuera de los estándares internacionales.
El gobernador de la provincia de Jujuy busca criminalizar una política pública orientada a reconocer derechos campesinos e indígenas largamente postergados.
El mercado de alquileres no es un mercado cualquiera. En su lógica de funcionamiento, se pone en juego quién puede y quién no puede acceder a una vivienda. Se decreta el “fracaso” de la Ley de Alquileres. Pero, lejos de ser así, generó un marco de protección mínimo.
Ante el tratamiento en el Congreso de la ley que dé origen al parque, desde el CELS creemos que es imprescindible que se garantice la participación de estas comunidades en la gestión del parque y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras donde viven y trabajan desde hace varias generaciones.
Mientras en el Congreso se debate la modificación de una ley que no se implementó ni controló, desde la Mesa por los Derechos de les Inquilines señalamos que la solución es más protección, más derechos y mayor involucramiento del Estado para garantizar el acceso a la vivienda en alquiler.
¿Cómo nos influirá? ¿Qué derechos serán recortados? ¿A quiénes golpeará más fuerte? Sobre estas preguntas vamos a charlar este jueves 31, junto a quienes trabajan sobre los efectos que puede tener el pago de la deuda externa.
Fue entre los representantes de la Lof de Quenquentrew, les fiscales que intervienen en la causa y el empresario forestal que inició acciones judiciales en el fuero penal cuando fueron recuperados territorios fiscales en Río Negro. Es por seis meses y prorrogable por la misma cantidad de tiempo. Esto implica la suspensión del desalojo, que se levanten los retenes y permite que empiece el proceso de relevamiento territorial para acreditar la relación que la comunidad mapuche tiene con el territorio. En ese lugar, a finales de noviembre, asesinaron al joven Elías Garay.
Fue un pedido de la asamblea de caciques al titular de la Unidad para la Ejecución de la sentencia, que visitó el lugar esta semana. Le plantearon la urgencia de avanzar en los trabajos que permitan el acceso al agua, la delimitación y titulación de los territorios. Es la primera vez que las autoridades nacionales discuten con las comunidades la intervención que llevan adelante en el lugar.
La decisión de la provincia de Río Negro de incumplir con la ley de emergencia de tierras indígenas y de abordar la situación criminalizando la ocupación acrecienta el problema en lugar de solucionarlo.
Mientras se incrementa la persecución y la criminalización al pueblo Mapuche, la ley 26.160 vence el 23 de noviembre sin que más de la mitad de las comunidades del país hayan sido relevadas. Si el Congreso no prorroga la ley, la situación de los pueblos originarios se va a agravar.
Según el Índice de Vulnerabilidad Inquilina, estos grupos deben destinar una proporción más alta de sus ingresos al pago del alquiler, es más habitual que alquilen sin contrato escrito y viven en viviendas más precarias.
En esta publicación, presentamos una nueva herramienta para medir el grado de vulnerabilidad de los hogares que alquilan, según un conjunto de variables, y la aplicamos a la última encuesta realizada en AMBA.
Realizada en conjunto con el IDAES-UNSAM esta publicación parte de la fragilidad habitacional en la que se encuentran millones de inquilines y propone los puntos principales para políticas públicas orientadas a que la vivienda digna sea un derecho para todes.
Presentado como un modelo de política habitacional inclusiva, el proceso de urbanización tiene muchos problemas en su ejecución y sus resultados están lejos de haber resuelto la situación de vivienda de les vecines. Una política de desarrollo urbano que profundiza las desigualdades sociales y territoriales.
Esta mañana, topadoras entraron a la toma “La fuerza de las mujeres” y destruyeron todas las viviendas precarias donde vivían desde hacía tres meses. Denunciamos ante la fiscalía el uso de la fuerza policial en un operativo que violó todo protocolo de desalojo y puso en riesgo a las personas, sumando más violencia a una situación de por sí ya muy grave.
Mientras el gobierno de la provincia de Río Negro no avanza con el relevamiento de los territorios indígenas, el poder judicial de la provincia criminaliza a las comunidades mapuche.
El Tribunal Superior de Justicia porteño rechazó el planteo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios que buscaba sostener una de las tantas barreras para el acceso a la vivienda en alquiler.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirma que las actividades en las que está en juego la salud no pueden quedar libradas a las reglas del mercado.
Según un nuevo relevamiento realizado junto con el IDAES en la zona del AMBA, un importante porcentaje de quienes alquilan su vivienda están endeudades, más de la mitad alquila sin contrato o vive en malas condiciones habitacionales.
Luchó por los derechos territoriales de los pueblos del noreste del país. Su testimonio ante la CIDH fue clave para mostrar el trato violento y discriminatorio por parte de la policía y del Estado en las comunidades.
El municipio de Avellaneda pondrá en marcha el “parcelamiento y edificación obligatorios”, para disminuir la cantidad de inmuebles y terrenos en desuso. El instrumento contribuye a una planificación urbana más eficiente.
Fue un referente de la zona del chaco salteño, docente, fundador de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat hace más de 30 años y un amigo entrañable de muchas generaciones de integrantes del CELS.
Dada la decisión del Gobierno porteño de llevar adelante un nuevo relevamiento que subregistra población y, teniendo en cuenta que además incumplió los compromisos firmados el año pasado, las organizaciones abajo firmantes comunicamos la decisión de realizar un nuevo censo popular, para poder tener información fehaciente respecto a cuánta gente se encuentra viviendo en esta situación.
Los 15 principios buscan promover políticas del gasto y de tributación que estén basadas, inspiradas y orientadas por el marco internacional e interamericano de los derechos humanos.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro rechazo respecto a la realización de un nuevo censo de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires que subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas incumpliendo el acuerdo logrado el año pasado.
Siete organizaciones de derechos humanos estamos defendiendo en el CIADI el fin de la privatización de las pensiones en la Argentina. La seguridad social es un derecho humano. Los fondos de pensiones son para la vida digna de las personas y no para enriquecer a las empresas.
El 31 de marzo finaliza el decreto que prohíbe desalojos, difiere el pago de los aumentos de alquiler y prorroga contratos. El gobierno todavía está a tiempo de tomar decisiones a la altura del volumen y la urgencia del problema. Proponemos una serie de medidas a corto y mediano plazo para evitar un escenario de inminente multiplicación de desalojos.
Las prácticas estigmatizantes contra las comunidades persisten mientras los gobiernos no establecen políticas específicas para atender una situación de pobreza que se agravó con la pandemia.
La jueza civil de Dean Funes, Córdoba, hizo lugar al pedido de desalojo iniciado por empresarios del agronegocio contra la campesina de 94 años. El fallo desconoce los estándares de derechos humanos sobre el derecho a la tierra de las comunidades.
El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció la decisión del gobierno nacional de no prorrogar el congelamiento del valor de los alquileres ni la suspensión de los desalojos. La medida es preocupante ya que no da cuenta de la complejidad, escala y urgencia de la situación de los hogares que alquilan. La salida del decreto requiere un plan de mediano plazo que incluya mecanismos de contención económica y de desendeudamiento para evitar que miles de familias inquilinas queden en la calle.
La crisis sanitaria agravó problemas históricos de discriminación y pobreza y trajo nuevas dificultades. Las comunidades sufrieron desde falta de agua potable a represión y desalojos de sus tierras. Un grupo de organizaciones alertamos sobre la situación y pedimos una respuesta urgente de parte del Estado federal y los provinciales.
El gobierno de la provincia de Mendoza informó que rescindirá los convenios que dan marco a los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) de gestión social. Esto implica el cierre de la Escuela Campesina de Agroecología.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Argentina debe elaborar una ley de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas sobre asuntos relativos a su territorio ancestral, independientemente de la existencia o no de un título de propiedad.
Durante 2020, las comunidades mapuche sufrieron el embate de intereses privados, terratenientes y extractivistas.
El DNU 766/20 prohibió los desalojos por falta de pago y prorrogó los contratos. Pero quienes no pueden para el alquiler acumulan deudas para cuando caduque el decreto. La burbuja de alquiler y deuda creció durante la pandemia y pone al 42,3% de los hogares que alquilan en el AMBA al borde de un desalojo.
Comunicado de la Iniciativa por los principios de derechos humanos en la Política Fiscal sobre la necesidad de que los sectores que concentran la riqueza realicen una contribución extraordinaria para paliar la emergencia social.
En la provincia de Buenos Aires, los diferentes niveles del Estado tienen instrumentos legales para llevar adelante un modelo de desarrollo urbano que incluya a los sectores populares
Compartimos el informe que enviamos al gobierno de la provincia y a las organizaciones sociales luego de haber participado del dispositivo de relevamiento de las familias que se encuentran en la toma de Guernica.
Los hogares inquilinos se encuentran ante la amenaza de perder sus viviendas si no se extiende el DNU 320. Su situación económica empeoró desde el inicio de la pandemia por la reducción de sus ingresos, el endeudamiento y la necesidad de sostener el pago del alquiler.
Las tomas de tierra necesitan una respuesta al problema principal: miles de personas no tienen donde vivir.