El caso AMIA puso de relieve las peligrosas conexiones subterráneas entre los servicios de inteligencia de la Argentina y sus esferas políticas y judiciales, y subrayó la importancia que tiene el control de las operaciones de inteligencia y vigilancia para el estado de derecho y la democracia.
Edward Snowden habló sobre la falta de control de los sistemas de inteligencia y el alcance de esta problemática.
Un conjunto amplio de académicos y expertos en temas de defensa y seguridad elaboramos un documento que analiza las decisiones tomadas y sus riesgosas derivaciones y consecuencias para el gobierno civil de las Fuerzas Armadas, su profesionalización y la vigencia de los derechos humanos.
En este documento se analizan las decisiones tomadas y sus consecuencias para su gobierno civil, su profesionalización y la vigencia de los derechos humanos. El análisis fue realizado por un conjunto de académicos y expertos en temas de defensa y seguridad.
Ni los antecedentes ni las declaraciones impidieron el apoyo de la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional.
Presentación conjunta de organizaciones de la sociedad civil.
La participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad está prohibida por leyes fundamentales de la reconstrucción del estado democrático argentino que fueron consecuencia de acuerdos políticos transversales.
El CELS junto a Memoria Activa presentaron una nota en la que solicitaron a la Jefatura de Gabinete de Ministros que informe sobre la derogación del régimen de fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que regulaba el registro del uso de los fondos reservados para permitir el control de los gastos y las actividades.
El Poder Ejecutivo de Mendoza presentó un proyecto de ley que plantea la prisión preventiva como la regla y no en casos que existan riesgos procesales como el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Con el Decreto 228/16 que declaró la “emergencia de seguridad pública” en el territorio nacional ganó estatuto jurídico en la Argentina la perspectiva de las “nuevas amenazas”, elaborada y difundida por los Estados Unidos desde los años noventa y se declaró de forma oficial el ingreso del país en una “guerra contra las drogas”, fórmula ineficaz y dañina en diferentes experiencias
Durante 2014 y 2015, como nunca antes, irrumpió como un problema político el funcionamiento de los organismos de inteligencia, su amenaza a la gobernabilidad y sus vínculos con los tres poderes del Estado. Este capítulo analiza el impacto institucional de este debate.
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad y Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal, se reunieron con la gobernadora María Eugenia Vidal, para acercarle un diagnóstico sobre los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires.
Declaración promovida por el Acuerdo de Seguridad Democrática y el Grupo Convergencia.
El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) en la causa “Vera” habilitó que la policía realice detenciones en la vía pública si más motivo que la averiguación de identidad.
Anuncian la emergencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) luego de la fuga de Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, condenados por el triple crimen de General Rodríguez, relacionado con el tráfico de efedrina.
Con intervenciones en zonas pobres con altos niveles de violencia y acumulación de privaciones y violaciones de derechos, estos operativos disponen de mayor presencia de agentes en barrios. Allí el trabajo policial está asociado a lógicas de vigilancia y amedrentamiento, antes que a la provisión de seguridad.
El uso de armas de fuego por parte de policías fuera de servicio es un aspecto muy problemático de la violencia policial en las distintas fuerzas de seguridad.
Encuentran fichas con información sobre activistas y periodistas recopilada por la fiscalía local en una causa contra integrantes de la comunidad mapuche en la ciudad de Esquel, Chubut.
Durante 2013 y 2014, diferentes iniciativas pusieron en cuestión un principio consolidado en los años de democracia: la separación tajante entre las esferas de seguridad interior y defensa nacional.
Durante 2013 y 2014, candidatos, funcionarios, periodistas y celebridades propusieron el endurecimiento penal, en una escalada que expresó el resurgimiento de consensos punitivos luego de varios años en los que el discurso único de la mano dura se había resquebrajado.
En este capítulo, analizamos las consecuencias sociales y políticas de la falta de democratización de las fuerzas de seguridad los servicios penitenciarios, estructuras con amplios márgenes de autogobierno, violentas y que en la actualidad concentran violaciones a los derechos humanos.
En el debate sobre el uso de las pistolas Taser no se debe eludir el problema de fondo: el uso abusivo de la fuerza por parte de las policías y fuerzas de seguridad. Se debe someter a análisis el modelo de seguridad centrado en “más patrulleros, más cámaras, más policía, más armas”. Opinión de Paula Litvachky y Manuel Tufró.
El ex jefe de la Armada Argentina, Jorge Omar Godoy, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público y, por el mismo delito el ex subjefe, Benito Rótolo, a un año y 8 meses de prisión en suspenso.
El CELS pidió se a Jorge Omar Godoy, ex jefe de la Armada Argentina, y Benito Rótolo, ex subjefe, por impartir órdenes e instrucciones a sus subalternos para que desarrollen tareas de inteligencia vedadas por las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional.
Mañana comienza el juicio oral contra Jorge Omar Godoy, ex jefe de la Armada, y Benito Rótolo, ex subjefe, por las tareas de inteligencia realizadas a gremialistas, militantes sociales, integrantes de organismos de derechos humanos, periodistas y políticos desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, en la provincia de Chubut.
Hoy, en el Senado, obtuvo media sanción el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que transforma las funciones históricas de los servicios de inteligencia ya que prohíbe de manera taxativa que realicen tareas represivas y policiales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales fue convocado al plenario de comisiones del Senado para presentar observaciones al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Inteligencia.
Aportes del CELS sobre la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional para la discusión en el Congreso.
A partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman, se volvió a instalar en la agenda pública el rol de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) en la investigación del atentado a la AMIA, las maniobras de encubrimiento y la reforma pendiente de la Ley de Inteligencia Nacional.
En el marco del los graves hechos de violencia institucional ocurridos en las últimas semanas, el CELS elaboró un informe donde se analizan las políticas de seguridad nacional y locales.
En agosto de 2014 se cumplieron cuatro meses de la declaración de la emergencia en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Las medidas dispuestas reiteran las ya fracasadas: más policías en las calles legitimadas políticamente para utilizar la violencia y anuncios de reformas legislativas para restringir las excarcelaciones. Este documento, un power point, aborda … Continued
Presentamos ante los diputados de la provincia de Buenos Aires cuál fue el saldo de la emergencia en seguridad declarada por el gobernador Daniel Scioli, a cuatro meses de anunciada. Con medidas que reiteran otras que ya fracasaron, el gobierno muestra la cantidad de muertos ocasionados por el accionar de la Policía Bonaerense como si fuera un indicador de éxito.
Diferentes debates sirvieron para el despliegue de un discurso de endurecimiento punitivo: la amenaza del narcotráfico como causa de todos los males; el debate irracional sobre un proyecto de reforma del Código Penal y la justificación de los ataques violentos contra ciudadanos involucrados en situaciones de supuesta o efectiva flagrancia como prédica de la ausencia del Estado. Las respuestas que se ofrecen son repetidas y de largo y probado fracaso.
En los últimos meses se desplegaron fórmulas de mano dura en relación con el problema del delito y la violencia. Este documento realiza aportes para una respuesta democrática y efectiva a los problemas del delito y la violencia. Una cronología muestra los fracasos de la mano dura en el país.
El Acuerdo por una Seguridad Democrática (ASD), presentó en el Congreso Nacional el documento “Para más seguridad, más democracia” que denuncia el carácter demagógico que se quiere imponer a la discusión pública en torno del anteproyecto de reforma del Código Penal.
Las armas otorgadas por el poder democrático a las instituciones de seguridad para velar por la vida y los bienes de los ciudadanos no pueden ser utilizadas para forzar decisiones de los poderes constituidos. En igual sentido, la desprotección de los ciudadanos, lejos de un método legítimo de reclamo, resulta una forma inadmisible de amenaza pública.
En este capítulo se intenta identificar los puntos de encuentro y desfase entre las problemáticas de derechos humanos más graves provocadas por el accionar policial y las políticas de gobierno en materia de seguridad.
El documento analiza su intervención en situaciones de protesta, como las que tuvo en el Parque Indoamericano, la Sala Alberdi y el Hospital Borda, entre otras. Investiga, además, otras prácticas de violencia en situaciones de desalojo, allanamientos y casos de uso letal de la fuerza.
El CELS objeta esta afirmación que legitima la demagogia punitiva y el peligrosismo penal, ya demasiado fuerte en medios de comunicación y administraciones provinciales. Estas afirmaciones distraen del debate sobre el funcionamiento de la justicia penal y sobre las políticas democráticas de prevención y reducción de la violencia y el delito que deben encararse.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó a los legisladores de la provincia de Buenos Aires que rechacen el proyecto de reforma del Código Procesal Penal enviado por el Poder Ejecutivo provincial que restringe las excarcelaciones por portación de armas de fuego ilegítimas. Esta iniciativa que promueve el uso masivo de la prisión … Continued
El juez Enrique Guanziroli condenó a 13 marinos con penas que oscilaron entre seis meses y un año y medio, y absolvió al Capitán de Corberta Cristian Andrés Vidal por actividades de inteligencia interna que se realizaban desde la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, provincia de Chubut.
El juez subrogante en el juzgado federal de Rawson, Enrique Guanziroli dará a conocer su veredicto por las actividades de inteligencia interna que se realizaban desde la Base Aeronaval Almirante Zar.