Recorrido guiado por el CELS en la muestra del Grupo de Arte Callejero
Una retrospectiva que parece actual, en el museo del GAC la escena política del presente llama a nuevas resistencias y a formar multitudes en las calles.
Una retrospectiva que parece actual, en el museo del GAC la escena política del presente llama a nuevas resistencias y a formar multitudes en las calles.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había ordenado medidas de protección para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.
El Estado argentino tiene la obligación de cumplir la resolución de la Corte Interamericana antes del 15 de diciembre.
Hoy se realizó una conferencia de prensa en el CELS sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ordenó que el Estado adopte de manera inmediata las “medidas de protección que sean necesarias” para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro Sala.
Rafael Nahuel murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego realizado por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Pedimos al Ministerio de Seguridad que informe los motivos por los cuales involucró a este grupo, de rasgos militarizados, para intervenir en un conflicto social. También solicitamos información sobre la investigación del operativo que se llevará adelante.
Hoy se conocieron los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. Presentamos en 10 preguntas y respuestas los aspectos principales del caso y cuáles son las responsabilidades del Estado en lo ocurrido desde el 1 de agosto.
El 24 de noviembre de 2017 se conocieron los resultados de la autopsia de Santiago Maldonado. En este documento presentamos diez preguntas y respuestas con los aspectos principales del caso y las responsabilidades del Estado en lo ocurrido desde el 1 de agosto.
Verboamérica es una exhibición performativa y temporal, y pone en evidencia la crisis de la linealidad y unicidad del tiempo histórico que ha tenido lugar durante la globalización. La exposición de la colección permanente del MALBA fue curada por la historiadora e investigadora Andrea Giunta y por Agustín Pérez Rubio, director artístico del museo.
La CIDH consideró que se cumplen “los requisitos de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable” previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las detenciones realizadas luego de la movilización a un mes de la desaparición de Santiago y los procesamientos posteriores muestran un mensaje de disciplinamiento que limita el derecho a la protesta social.
A propósito de las versiones falsas publicadas por algunos medios de comunicación sobre la participación del CELS en el caso Santiago Maldonado.
En una reunión de trabajo convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de Amnistía Internacional y el CELS alertaron sobre el agravamiento de los riesgos que ella enfrenta.
Después de su procesamiento y detención en el contexto de una protesta social, la Cámara de Apelaciones revocó esas medidas. La criminalización del dirigente indígena tiene su origen en la reivindicación de sus territorios ancestrales.
Hace 7 años Mariano Ferreyra fue asesinado cuando participaba de una protesta de trabajadores tercerizados del Roca. La causa por su muerte terminó con condenas. La que debía investigar los intentos de sobornos para conseguir impunidad judicial terminó cerrada.
Nos sumamos al pedido de la familia de esperar a que se realicen los procedimientos correspondientes. El Estado debe cumplir con su obligación de garantizar una investigación que conduzca a la verdad y a la justicia.
Milagro Sala fue trasladada el sábado al penal de Alto Comedero, sin que sus abogados fueran notificados. Al mediodía realizamos una conferencia de prensa en el CELS de la que participaron Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Sala, Horacio Verbitsky, presidente del CELS, y la directora del Equipo de Trabajo Internacional, Gabriela Kletzel.
Presentamos una plataforma on line que reúne contenidos sobre el derecho a la protesta, mientras las manifestaciones se multiplican en todo el mundo y la respuesta de los Estados es, muchas veces, violenta. Este proyecto fue desarrollado entre openDemocracy, el CELS y la red INCLO, con el apoyo de la ACLU.
Hoy la Cámara de Apelaciones y Control de Jujuy revocó la prisión domiciliaria de Milagro Sala, sin dar a conocer los fundamentos de esta decisión. Esta medida es un incumplimiento absoluto de la medida cautelar dispuesta por la CIDH. El Estado federal, garante de las obligaciones internacionales de la Argentina, debe tomar a la brevedad todas las medidas necesarias para el pleno acatamiento de la Resolución 23/2017.
El juez López Picabea impidió que representantes de los organismos pudieran visitar Agustín Santillán, detenido sin condena y criminalizado por la reivindicación histórica del territorio ancestral indígena.
Informe presentado al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas sobre la respuesta del Estado argentino a la desaparición de Santiago Maldonado.
Hoy el CELS recusó al juez federal Guido Otranto, a cargo de la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago Maldonado.
El Estado argentino no siguió los términos de la acción urgente 381/2017 de la ONU sobre la desaparición de Santiago Maldonado. En este informe solicitamos al Comité que requiera la adopción inmediata de las medidas esenciales que deben tomarse ante la desaparición de una persona.
Luego de que Casación cambiara su condena, de tentativa de homicidio simple a calificado, el TOC 4 de San Martín ajustó el monto de la pena por el correspondiente: 15 años y 6 meses.
Se realizó una conferencia de prensa en Esquel, a 35 días de la desaparición de Santiago Maldonado. Se señalaron las falencias en los primeros días de la investigación, el operativo violento en el que desapareció Santiago y las hipótesis que buscaron desviar la causa.
Represión policial y criminalización fueron las respuestas de los gobiernos nacional y de la ciudad y de la justicia federal a la masiva movilización que el viernes pidió por la aparición con vida de Santiago Maldonado. La Policía de la Ciudad volvió a incumplir las obligaciones que le fija la ley.
Hoy, en la ciudad de Córdoba fueron allanados once locales de distintos partidos políticos y organizaciones sociales. Se trata de un mensaje que busca intimidar a las organizaciones sociales y políticas.
El recorrido es el sábado. Hablaremos sobre las transformaciones de la protesta social, las respuestas estatales y las estrategias de los organismos para promover la protección de los derechos humanos .
Hoy se cumplen 10 días de que Santiago Maldonado fue visto por última vez mientras intentaba escapar de un operativo de la Gendarmería en el territorio de la comunidad Pu Lof Cushamen, en la provincia de Chubut. Hoy hubo una masiva concentración en la Plaza de Mayo para exigir su aparición con vida.
El Estado argentino debe tomar medidas urgentes para encontrar a Santiago Maldonado. Tambien debe actuar de inmediato para proteger a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut.
Como ya ha ocurrido en otras ocasiones recientes, la Gendarmería desplegó un operativo violento, disparó balas de plomo y de goma, no tomó ninguna precaución para proteger a niños y niñas presentes en el lugar y tuvo un proceder inexplicable que incluyó la quema de objetos pertenecientes a las familias, como sus ropas y mantas, acciones que tienen como único fin el amedrentamiento de sus integrantes.
Hoy a la mañana la Policía Bonaerense, apoyada por Gendarmería, ingresó a la planta de la empresa PepsiCo en la que permanecían trabajadores despedidos que reclaman ser reincorporados. Trabajadores, legisladores y trabajadores de prensa fueron golpeados, gaseados y heridos. Varias personas fueron detenidas.
El amicus presentado por el CELS plantea que la CSJN debe tener en cuenta que la muerte de Fuentealba se produjo durante una protesta y que es el propio Estado quien debe garantizar el libre ejercicio de ese derecho.
Los manifestantes detenidos en la última semana -ayer enfrente de Tribunales y el miércoles pasado en la Av. 9 de julio- fueron privados de la libertad por el delito de “intimidación pública”. Esto agrava la criminalización de la protesta social.
Agentes de la policía porteña incumplieron la Ley de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires: no estaban uniformados ni identificados cuando persiguieron y detuvieron a manifestantes. Ocurrió durante la represión de una protesta en la avenida 9 de Julio.
Los autores materiales de los asesinatos de Kosteki y Santillán fueron condenados en 2006. Sin embargo el sistema judicial no avanzó en la investigación de las responsabilidades de los funcionarios políticos ni de los jefes policiales que tuvieron a su cargo la represión.
El referente de la comunidad wichi está detenido de manera arbitraria desde hace dos meses por su participación en protestas sociales. La Cámara de Apelaciones debe resolver su situación.
En esta nueva publicación analizamos la protesta social en el país. En los últimos años investigamos y litigamos en numerosos casos en los que la respuesta estatal al ejercicio del derecho a la protesta ocasionó muertes y afectó la salud y la integridad física de cientos de manifestantes.
Diego Montón, Marta Dillon y Sonia Alesso analizan la protesta social en la Argentina desde sus experiencias militantes: la resistencia campesina, contra la violencia de género y la lucha docente. Fue en el encuentro Derecho a la protesta. Conflictos sociales y represión en el continente americano.
Integrantes de distintas organizaciones de derechos humanos de la región analizaron la situación de la protesta social en sus países, en el encuentro Derecho a la protesta. Conflictos sociales y represión en el continente americano.
Michael Power de la organización sudafricana LRC, Homer Venters de Physicians for Human Rights y Matthew Cagle de ACLU reflexionan sobre las respuestas estatales a la protesta social.
Organizaciones de la sociedad civil firmamos una carta de repudio a la detención de Agustín Santillán y otros referentes Wichís en Formosa.
El Estado argentino fue convocado por la CIDH para dar respuesta sobre la represión y la criminalización de la protesta social en Jujuy. En esa provincia se utilizan procesos penales, contravencionales y administrativos para limitar la protesta, la libertad de expresión y la libertad de asociación.
Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) y Fernando Acosta, Secretario de Interior de la CTA Autónoma hablan de la persecución judicial de organizaciones y referentes sindicales y sociales en la provincia de Jujuy.
Participaron dos de las personas detenidas, Laura Arnés y Natalia Milduberger, Mariana Carbajal, integrante de la Comisión Directiva del CELS e integrante del Colectivo Ni Una Menos, María Rachid, directora del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del CELS.
Las respuestas estatales que buscan restringir las protestas a través de regulaciones, de la criminalización y del uso de la fuerza afectan de manera negativa a la vida democrática. Esta investigación analiza su abordaje en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
Comunicado conjunto del CELS, Amnistía Internacional y ANDHES.
La justicia federal fijó una pena desproporcionada a una dirigente social a partir de un testimonio que no tiene ninguna credibilidad, por un episodio del que no participó.
Comunicado conjunto del CELS y ANDHES.
Se realizará una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la violencia que sufrió la comunidad Nam Qom en agosto de 2002 y la falta de respuesta estatal.
Luis Almagro difundió una carta que escribió a Milagro Sala, quien está privada de su libertad de manera arbitraria desde el 16 de enero.