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investigación, textos y edición
Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS

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prólogo

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Gastón Chillier

director ejecutivo del CELS

I

Este Informe, que abarca la situación de los derechos humanos en la Argentina durante 2013 y 2014, se publica en una coyuntura particular. Por un lado, en el año en que finaliza el segundo gobierno de Cristina Fernández, el tercero del ciclo kirchnerista. Por el otro, en 2014 se cumplieron 35 años desde la fundación del CELS en plena dictadura. Estas coordenadas temporales invitan a reflexionar sobre las transformaciones en materia de derechos humanos de este ciclo de gobiernos y sobre las relaciones de los organismos de derechos humanos –en particular, del CELS– con el Estado a lo largo de las tres décadas de la democracia argentina.

 

 

memoria, verdad y justicia

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El proceso argentino de justicia por los delitos de lesa humanidad es parte constitutiva de la consolidación del Estado democrático y es reconocido en el mundo entero por sus resultados y consecuencias. En los últimos años, este proceso ha ampliado su alcance territorial, su marco temporal y los grupos de actores investigados. En esta sección analizamos, a partir de datos sistematizados, los avances y retrocesos ocurridos en 2013 y 2014 y presentamos las estadísticas que muestran el estado actual de la investigación de los hechos, de los juicios y de la confirmación de las sentencias. Al mismo tiempo, reseñamos las críticas que desde distintos espacios se realizan a este proceso, mostramos que no se basan en los datos y analizamos la articulación de una nueva matriz discursiva respecto al pasado reciente.

En 2013 y 2014 el ascenso del general César Milani a la jefatura del Estado Mayor del Ejército fue motivo de una fuerte controversia. El CELS impugnó su promoción por considerar que Milani no es idóneo para conducir a las Fuerzas Armadas. En esta sección, analizamos en profundidad los motivos y las implicancias de la impugnación, así como el mecanismo de control de los ascensos militares y su importancia en el Estado democrático.

Al mismo tiempo, damos cuenta de la ampliación del proceso de justicia a la responsabilidad de los actores civiles -empresarios y miembros de grupos económicos, personal civil de Inteligencia, integrantes de la Iglesia católica y funcionarios judiciales. Además de la investigación judicial de las responsabilidades penales, sostenemos que “gran parte de la trascendencia de este proceso se debe a la contextualización de los hechos y al debate abierto sobre el rol corporativo de las instituciones a las que pertenecieron esos civiles. Como ha ocurrido a lo largo del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, la trascendencia de estos juicios excede el fin estricto de determinar la culpabilidad o inocencia del acusado y se proyecta sobre debates centrales de nuestra sociedad”.

 

MÁS EN ESTA SECCIÓN
  • I. El control de ascensos en la institucionalidad democrática
    Debates y problemáticas a partir del caso “Milani”

    Lorena Balardini, Mariel Alonso y Andrea Rocha

     

    La controversia en torno al ascenso de César Milani a la jefatura del Ejército llamó la atención de la opinión pública sobre los mecanismos de control de los ascensos militares. En este capítulo analizamos su importancia como herramienta de la democracia, describimos su funcionamiento y sus deficiencias, y contextualizamos la decisión del gobierno nacional de delegar la evaluación de los antecedentes de Milani en el Poder Judicial, aun cuando se han verificado avances muy desiguales de los juicios por delitos de lesa humanidad en las distintas jurisdicciones del país. Desde nuestra perspectiva, el proceso penal que busca sancionar responsabilidades y el control de idoneidad son mecanismos complementarios.

    Además del análisis del caso en sí, examinamos los estándares y procedimientos de una imputación penal y sus diferencias con la evaluación de la idoneidad, la trayectoria, los antecedentes y la conducta de un funcionario público. El capítulo da cuenta de las dificultades y dilaciones en las causas judiciales en las que se investigan los casos “Ledo” y “Olivera”.

     

  • II. "Justicia: nada más, pero nada menos"
    Debates, consensos y disputas en torno a los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina

    Andrea Rocha y Lorena Balardini

     

    El proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad ha superado algunos de los obstáculos iniciales y ha consolidado importantes logros. En este capítulo repasamos los principales avances producidos durante 2013 y 2014, así como los problemas que aún no logran resolverse.

    Mientras el Poder Judicial avanza en determinar las responsabilidades de los cómplices civiles en los crímenes del terrorismo de Estado, ciertos cuestionamientos al proceso de justicia cobran renovada intensidad. Este capítulo, contrasta estos discursos críticos con los datos estadísticos que elaboramos de manera sistemática desde 2007. Las demoras en la confirmación de las sentencias es otro de los puntos analizados.

     

  • III. La trayectoria de la cuestión civil en el proceso de justicia argentino

    Andrea Rocha, Luciana Milberg, Mariel Alonso y Lorena Balardini

     

    Durante la transición democrática, las investigaciones judiciales sobre el plan sistemático de desaparición y exterminio se centraron en los responsables de las Fuerzas Armadas y de seguridad. En estas primeras iniciativas de verdad y justicia, se hizo evidente la complicidad de los sectores civiles.

    La consolidación del actual proceso de justicia y el esclarecimiento de la responsabilidad militar permitieron profundizar la investigación de las tramas de complicidad y participación civil de funcionarios judiciales, empresarios y/o miembros de grupos económicos, personal civil de Inteligencia e integrantes de la Iglesia católica. Esta ampliación implica tanto la investigación penal como la contextualización de los hechos y el debate sobre el rol corporativo de las instituciones a las que pertenecían esos civiles. Este capítulo analiza esta trayectoria, los casos abiertos en la actualidad y sus heterogéneos avances.

     

  • IV. Los derechos humanos en las disputas de la historia

    Verónica Torras

     

    A partir de 2003, muchas de las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos y su lucha por memoria, verdad y justicia se tomaron como base para el diseño de políticas públicas.

    En la última década, la política de derechos humanos del Estado nacional ha sido un eje articulador de las críticas al gobierno desde espacios políticos, intelectuales, periodísticos y académicos: “Frente a la nueva coyuntura, el pensamiento liberal construyó el mito retrospectivo del paraíso perdido de los derechos humanos y reclama para sí la filiación simbólica y política de esa herencia, como una reacción en espejo frente a lo mismo que denuncia: la apropiación de este campo por parte del kirchnerismo. Para entender en qué términos se dirime esta disputa, es útil repasar las principales novedades introducidas en la materia a partir de 2003 y los argumentos críticos que se han planteado frente a ellas”. El capítulo analiza estos argumentos y sus implicancias.

     

 

instituciones de seguridad y sistema penal

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La democratización de las fuerzas de seguridad y de los sistemas penitenciarios, los ámbitos de reproducción de las más graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, no fue una prioridad de las políticas públicas implementadas en los últimos años. En esta sección analizamos las consecuencias de esta falta de reforma: autogobierno, violencia institucional, amenazas a las gobernabilidad, corrupción. Sostenemos que, en conjunto, la situación afecta a las políticas de inclusión social: “de esta manera, la faz punitiva del Estado es una barrera que erosiona los esfuerzos inclusivos que se despliegan desde sus otros sectores”.

En estos capítulos de esta sección analizamos las consecuencias de los discursos y de las políticas que proponen el endurecimiento penal como forma de reducir el delito. Entre ellas, la llamada “emergencia en seguridad”, en la provincia de Buenos Aires, cuyos gravísimos efectos para la vigencia de los derechos humanos hemos denunciado a lo largo de 2014, el aumento del hacinamiento carcelario y el incremento de la letalidad policial.

Desde 2002-2003 la política de no represión de cortes y manifestaciones se había caracterizado por algunos principios: la legitimidad de las protestas, el gobierno político de la actuación policial, la estricta regulación del uso de la fuerza y la mediación política de los conflictos. Durante 2013 y 2014 los operativos de seguridad de las fuerzas federales en diferentes cortes implicaron graves retrocesos respecto a estos principios. En esta sección analizamos los distintos aspectos que componen la evolución de la respuesta estatal a la protesta social.

En el contexto de los discursos punitivistas, algunos referentes políticos han intentado reabrir la cuestión del involucramiento de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, como, por ejemplo, en el “combate al narcotráfico”. Analizamos la importancia de la demarcación entre la defensa nacional y la seguridad interior en el estado democrático y las graves consecuencias que ha tenido en otros países de América Latina la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad.

 

MÁS EN ESTA SECCIÓN
  • V. Democratización de las estructuras de seguridad como condición para la gobernabilidad y la inclusión social

    Paula Litvachky y Manuel Tufró

     

    Las secciones 2.3, 3.2 y 4.3 fueron elaboradas por Anabella Museri, María Dinard y Marina García Acevedo.

    Las iniciativas políticas de los últimos años no afectaron los intereses corporativos de las fuerzas de seguridad y de los servicios penitenciarios, estructuras con amplios márgenes de autogobierno, violentas y con capacidad de daño que en la actualidad concentran violaciones a los derechos humanos.

    En este capítulo, analizamos las consecuencias sociales y políticas de la falta de democratización de esas estructuras: la persistencia de violencia institucional, el sostenimiento de redes de ilegalidad y corrupción, la amenaza cíclica a la gobernabilidad del sistema democrático, y la erosión de los esfuerzos de inclusión social que el Estado despliega desde otras de sus agencias.

     

  • VI. Realineamientos punitivos en los debates sobre seguridad y las derivaciones en la política criminal

    Paula Litvachky y Manuel Tufró

     

    Durante 2013 y 2014, la seguridad se instaló como tema central de las discusiones políticas y electorales. Candidatos, funcionarios, periodistas y celebridades propusieron el endurecimiento penal, en una escalada que expresó el resurgimiento de consensos punitivos luego de varios años en los que el discurso único de la mano dura se había resquebrajado.

    El capítulo analiza las consecuencias de estos mensajes de endurecimiento en las políticas de seguridad y persecución penal: los recursos se direccionan a perseguir delitos menores, la efectividad se mide en cantidad de detenciones, se incentiva el uso de armas, se dan mayores oportunidades al abuso policial, se tolera la corrupción, se fomenta la desprofesionalización de las policías. En este escenario, no aparece en la agenda pública y política la necesidad de reformar y democratizar las fuerzas de seguridad.

     

  • VII. Regresiones en la actuación del Estado ante los cortes de rutas y accesos

    Marcela Perelman, Guadalupe Basualdo e Ignacio Bollier

     

    A nivel nacional, desde 2002-2003 se sostuvieron principios generales: legitimidad de las protestas, gobierno político de la actuación policial, regulación del uso de la fuerza y mediación política de los conflictos. Durante 2013 y 2014 los operativos de seguridad de las fuerzas federales en diferentes cortes implicaron graves retrocesos respecto de los aspectos más trascendentes de esa política de no represión. Principios medulares como la prohibición de portar armas de fuego y de no utilizar munición de goma para dispersar a los manifestantes fueron incumplidos en diferentes oportunidades.

    Entre los aspectos que se analizan en este capítulo están la interrupción de la elaboración de protocolos de actuación, el intento de regular las protestas sociales por medio de leyes restrictivas y las graves regresiones en los operativos de seguridad. Al mismo tiempo, las respuestas judiciales son asimétricas: avanza la criminalización de referentes sociales y los hechos de violencia de las fuerzas de seguridad quedan impunes.

     

  • VIII. El Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires como engranaje de un sistema penal violatorio de derechos

    Paula Litvachky y Anabella Museri

     

    Con la colaboración de Eva Asprella, Mariano Lanziano, Marina García Acevedo y María Dinard.

    En la provincia de Buenos Aires, la forma de encarar el gobierno de la seguridad pública profundiza el modelo de delegación política en las cúpulas policiales. Al mismo tiempo, se sostiene un pacto de gobernabilidad que incluye la regulación de los mercados ilegales por parte de la Policía Bonaerense, como parte activa del negocio o como comercializadora de protección ilegal a organizaciones criminales. El sistema de justicia provincial no es ajeno a la configuración de la política criminal.

    En este capítulo analizamos el funcionamiento del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Su dinámica está marcada por tres características: la delegación de las investigaciones en la policía, el trabajo centrado en los delitos de flagrancia y la debilidad de las investigaciones sobre estructuras y mercados ilegales. Algunas de las consecuencias más graves son la superpoblación carcelaria, el intento de habilitar los calabozos de las comisarías para alojar detenidos, y la ausencia de una política de derechos humanos.

     

  • IX. Nuevos embates al principio de demarcación entre seguridad y defensa
    Lecciones de la historia de la Argentina y de la región

    Luciana Pol

     

    El caso de Colombia fue elaborado junto con Andrea Rocha.

    Durante 2013 y 2014, diferentes iniciativas pusieron en cuestión un principio consolidado en los años de democracia: la separación tajante entre las esferas de seguridad interior y defensa nacional. A partir de las intervenciones punitivistas y de la política de “mano dura” en las discusiones sobre seguridad, estos años han estado marcados por los embates contra el “principio de demarcación”, unas de las bases de la reconstrucción del sistema democrático argentino.

    En este capítulo analizamos el principio de demarcación en tres niveles: cómo se lo asumió en la Argentina democrática a partir de un acuerdo político mayoritario en favor de la no intervención castrense en los asuntos de seguridad interior, las medidas y los debates que cuestionan ese límite y las tendencias regionales con sus objetivos y resultados negativos.

     

 

agenda internacional

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Desde su fundación, el CELS recurrió a las instancias internacionales para denunciar las violaciones a los derechos humanos y buscar formas de protección. Con la experiencia del trabajo acumulado y en el contexto de una reconfiguración del movimiento global de derechos humanos, en los últimos años decidimos participar más activamente en los ámbitos en los que se toman decisiones que tienen impacto en los países.

La verdad y la justicia por los crímenes cometidos por regímenes dictatoriales, los derechos de las personas migrantes, las políticas de drogas y sus impactos en los derechos humanos, la respuesta estatal a la protesta social, el derecho al hábitat digno y a la vivienda y la vigencia de los derechos humanos en los ámbitos de privación de libertad son sólo algunos de los temas en los que desplegamos, junto a otras organizaciones de distintos países, acciones a nivel regional y global. El litigio internacional en causas en las que la búsqueda de justicia ha agotado las instancias nacionales es otra línea de trabajo.

En este informe, el trabajo internacional del CELS aparece en distintos capítulos:

En “Derechos humanos, desarrollo nacional y deudas soberanas” analizamos el litigio entre la Argentina y los “fondos buitre”. Este capítulo analiza los procesos de endeudamiento y desendeudamiento desde una perspectiva de derechos humanos y muestra alternativas posibles para su regulación internacional.

En otros casos, la mirada internacional nutre el análisis de cuestiones centrales de nuestra agenda nacional. Es el caso, por ejemplo, del capítulo “Nuevos embates al principio de demarcación entre seguridad y defensa” en el que tomamos la experiencia regional para problematizar las propuestas que han buscado, en los últimos años, poner en debate la vigencia del principio de no intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, vigente en nuestro país.

El uso de los instrumentos internacionales puede verse en casi la totalidad de los capítulos, en cuestiones fundamentales como la prevención de la tortura y los tratos inhumanos en situaciones de encierro, los derechos de las personas con discapacidad, la libertad de expresión, el acceso a la verdad y a la justicia.

En esta sección, presentamos un análisis de los debates en torno al rol del Sistema Interamericano en la actualidad y nuestros aportes a su fortalecimiento.

 

MÁS EN ESTA SECCIÓN
  • X. El Sistema Interamericano en el escenario actual de la región
    El principio de subsidiariedad en el contexto de Estados democráticos

    Gabriela Kletzel, Pétalla Timo, Edurne Cárdenas y Gastón Chillier

     

    En los últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atravesó un proceso de reforma. En este capítulo, analizamos este proceso en el contexto político latinoamericano y sistematizamos las interpretaciones del principio de subsidiariedad en el derecho internacional para reflexionar sobre el rol y la tarea de la CIDH en el presente. Diversos Estados plantearon que la extendida estabilidad democrática de la región hacía necesario reevaluar la labor del organismo. En el capítulo, fundamentamos la necesidad de atribuirle un alcance amplio al principio de subsidiariedad. A tal efecto, precisamos las obligaciones positivas esenciales que los Estados deben garantizar para poder encaminarse hacia democracias sustantivas.

    El escenario actual de la región demanda renovar y complejizar los canales de actuación de la Comisión para dar adecuada respuesta a las vulneraciones de derechos. En este sentido, en el capítulo también proponemos un abordaje propositivo de la CIDH con base en sus modalidades de intervención, su agenda temática y la construcción de una nueva plataforma social que contribuya a neutralizar nuevos riesgos para su labor en materia de derechos humanos.

     

     

 

derechos económicos, sociales y culturales

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El déficit en el acceso a la tierra y a la vivienda no fue transformado de manera estructural por las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales. En esta sección, analizamos este grave problema social como emergente de tensiones entre los modelos de desarrollo y los derechos humanos y presentamos aportes para el diseño de políticas dirigidas a revertir la desigualdad y la segregación que persisten y se reproducen en los ámbitos urbanos y rurales. Un capítulo realizado por la Fundación FOP aborda específicamente los vínculos entre ciudad, discapacidad y pobreza: los espacios urbanos desiguales de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano son barreras para las personas con discapacidad que habitan en las zonas pobres.

La tensión entre modelos de desarrollo y derechos humanos es también una perspectiva posible para analizar el conflicto entre la Argentina y los “fondos buitre”. La decisión del juez Griesa ha tornado evidentes los problemas estructurales del sistema financiero y dado lugar a un debate internacional sobre los procesos de endeudamiento y desendeudamiento. En esta sección analizamos el desarrollo del conflicto, los debates abiertos y las amenazas del sistema vigente para los derechos humanos.

Entre las políticas públicas de inclusión social que caracterizaron a la última década se encuentra la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), que ha implicado un cambio de paradigma en materia de salud y discapacidad. Como en otros casos, la lucha de determinados sectores sociales para el reconocimiento de sus derechos, que antecede a la sanción de la ley, continúa para que la implementación traduzca los avances normativos en políticas públicas concretas. Distintos aspectos de la LNSM y del acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial son analizados desde esta perspectiva.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también ha significado un cambio de paradigma. Su puesta en marcha ha chocado con resistencias corporativas, al igual que otros procesos de ampliación de derechos. En esta sección, analizamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en especial los argumentos que ratificaron que en la estructura del sistema de medios se pone en juego la libertad de expresión, la diversidad de informaciones y opiniones, y por lo tanto el sistema democrático.

 

MÁS EN ESTA SECCIÓN
  • XI. Una perspectiva de derechos sobre las políticas de desarrollo y de acceso justo al hábitat

    Lourdes Bascary, Andrea Davio, Camilo Galindo Marín, Carlos Píngaro Lefevre, Santiago Sánchez Oses y Eduardo Reese

     

    La dificultad de acceso a la tierra, tanto urbana como rural, es el más grave problema social de la Argentina y es la causa de un alto número de conflictos.

    En este capítulo tres situaciones en los que entran en pugna los derechos sociales, culturales y ambientales con las aristas de corte productivista del modelo: la promoción de las actividades económicas extractivas en tensión con la protección ambiental y los derechos, estilos y calidad de vida de las comunidades en distintas zonas del país; la ampliación de la frontera agropecuaria y de la concentración de la producción dominada por el monocultivo en tensión con las capacidades productivas y los derechos de los pueblos originarios y de los pequeños productores y los estímulos a la dinámica inmobiliaria urbana, caracterizada por la concentración de la oferta en productos suntuarios e importantes aumentos de los precios del suelo en tensión con una creciente incapacidad de los sectores medios y bajos para acceder al suelo y la vivienda.

    A partir de este diagnóstico, presentamos el conjunto de propuestas de políticas públicas de acceso justo al hábitat desde una perspectiva de derechos humanos que integran el Consenso Nacional por un Hábitat digno.

     

  • XII. El desafío de implementar la Ley Nacional de Salud Mental
    Avances y deudas en el camino hacia el cambio de paradigma y el cierre de los manicomios

    Macarena Sabin Paz, Soledad Ribeiro Mieres, Rosa Matilde Díaz Jiménez y Lionel Giglia

     

    La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, su reglamentación y puesta en marcha significaron un avance importante para la vigencia de los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental. La norma debe traducirse, ahora, en políticas públicas que puedan generar un cambio real en la vida de las personas que vienen de transitar por un modelo manicomial violatorio de derechos. Estas acciones deben estar orientadas a garantizar el cierre de los manicomios en 2020 y la generación de alternativas de inclusión social sostenible para las personas hoy asiladas, tal como lo establece la ley.

    El capítulo analiza el Plan Nacional de Salud Mental, el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas alojadas en las instituciones psiquiátricas y las barreras que obstaculizan su ejercicio. El último apartado estudia la resistencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a implementar leyes respetuosas de las personas con padecimiento mental, situación que el análisis de la ejecución presupuestaria hace evidente.

     

  • XIII. Derechos humanos, desarrollo nacional y deudas soberanas

    Julieta Rossi

     

    El litigio entre la Argentina y los “fondos buitre” por la reestructuración de la deuda mostró las grietas del sistema financiero global y colocó en el centro de la escena las dificultades de los países en desarrollo, sobre todo los de menores ingresos, para solucionar de manera duradera y sustentable el problema de su deuda externa.

    Este capítulo analiza el conflicto desde una perspectiva de derechos humanos y su vinculación con los deberes de los Estados. Con este propósito, recorre el derecho internacional de los derechos humanos y sistematiza el deber estatal de prevenir el impacto negativo de los compromisos derivados de los procesos de deuda en los derechos de los habitantes de los países deudores y las obligaciones de los actores privados en materia de derechos. A modo de conclusión, se propone un marco jurídico vinculante para los procesos de reestructuración de deuda soberana.

     

  • XIV. La ratificación de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
    Consolidación de derechos para profundizar un nuevo paradigma

    Diego de Charras y Mariela Baladrón

     

    Los apartados de hechos correspondientes a 2014 y los apartados 4.2 y 5 fueron elaborados por Ximena Tordini.

    El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que confirmó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuatro años después de su sanción, fue el principal hecho jurídico, histórico y político de los últimos años en materia de libertad de expresión en la Argentina.

    Este capítulo analiza las audiencias públicas convocadas por la CSJN como paso previo a la declaración de constitucionalidad de la LSCA, y de su importancia institucional. Al mismo tiempo, recorre el fallo con especial atención a los principios de libertad de expresión y a la potestad regulatoria del Estado para limitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a fin de garantizar la pluralidad y la diversidad de informaciones y opiniones.

    El capítulo también aborda otras cuestiones relevantes ocurridas en 2013 y 2014 relacionadas con la libertad de expresión en Internet, el derecho a la verdad, y cuestiones pendientes como la regulación del acceso a la información pública y la distribución de publicidad oficial.

     

  • XV. Ciudad, discapacidad y pobreza
    La necesidad de considerar y priorizar a los grupos de mayor vulnerabilidad en la efectivización del derecho a la ciudad

    Federico Robert, Moira Liljesthröm y Ariel Rodolfo Fuentes

     

    Fundación FOP.

    En las ciudades latinoamericanas, muchas de las personas con discapacidad (PCD) residen en hogares urbanos pobres y carecen de recursos económicos, sociales y/o culturales. Sus hogares suelen estar localizados en ámbitos con distinto grado de déficit de infraestructura y servicios, y problemas ambientales de diverso tipo. De esta manera, las ciudades desiguales profundizan de manera dramática las condiciones de vida de estas personas. La discapacidad y la pobreza se potencian; el territorio de los pobres concentra y multiplica las carencias, obstáculos y barreras para la integración de las PCD.

    Este capítulo analiza el significado actual del “derecho al espacio urbano” desde un enfoque de derechos, sin perder de vista las convenciones internacionales, y hace foco en la necesidad de contar con herramientas de medición útiles para promover la efectiva concreción de esos derechos, en lo referido tanto al marco jurídico e institucional como a la reducción de barreras y obstáculos físicos y culturales en las ciudades, que tienen efectos discriminatorios sobre las PCD.