Los traslados hacia el nuevo penal de Marcos Paz comenzaron en pleno fin de semana largo. Se hicieron sin notificación previa a familiares, defensores, jueces y organismos de control. Los gobiernos de CABA y de la Nación incumplieron los compromisos que habían asumido para que este proceso cuente con todas las garantías necesarias.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional crea una nueva arquitectura de “seguridad nacional” que concentra facultades administrativas, sancionatorias y de investigación en el Poder Ejecutivo. Analizamos sus problemas de constitucionalidad, legalidad y debido proceso, y los riesgos que supone para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
La Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) junto a más de 120 organizaciones de más de 61 países de todas las regiones, decenas de expertos jurídicos, defensores de derechos humanos de integrantes del Parlamento Europeo hacen un llamado urgente a la acción. Compartimos a continuación la declaración completa con todas las firmas.
El anuncio del cierre del neuropsiquiátrico, con entrega de casas para las personas que estaban internadas, marca el fin de un largo proceso del que participaron organizaciones sociales y de derechos humanos, trabajadores del hospital y personas internadas, para poder cumplir con la ley y dejar atrás el modelo de encierro.
Columna publicada en la edición de octubre de Posdata, el boletín del CELS.
Este informe, elaborado por un equipo de periodismo de investigación de Argentina, Alemania y Brasil, analiza la función de los eventos y conferencias internacionales como nodos en una red transnacional de la ultraderecha global. Estas conferencias conectan figuras políticas, distribuyen financiamiento y recursos, y unifican una agenda común.
Expusimos en el Congreso sobre dos cuestiones centrales que implica el proyecto de ley: las consecuencias que puede tener la reorganización del Estado bajo la lógica de la “seguridad nacional” y los serios problemas de constitucionalidad.
