Frente a un aparato represivo que buscó producir desaparición, silencio y negación, los organismos desarrollaron formas de registro, reconstrucción y denuncia que permitieron reunir testimonios, identificar responsabilidades y transformar experiencias fragmentadas de violencia en relatos colectivos con potencia política y jurídica.
Con la excusa de “mejorar la seguridad y ordenar el espacio público”, el Gobierno porteño realizó operativos simultáneos en barrios pobres y dejó al descubierto prácticas sin control judicial y fuertes inconsistencias en las detenciones, además de situaciones de violencia y hostigamiento contra los habitantes. Bajo una lógica de estigmatización y cálculo político, el Gobierno de la Ciudad convierte la seguridad en una escena de marketing, en detrimento de políticas reales contra las economías ilegales.
Bajo la apariencia de facilitar el comercio y la cooperación, el Acuerdo sobre Inversiones y Comercio Recíproco (AICR) que firmó en febrero el gobierno argentino con el de Estados Unidos, configura una decisión de alto riesgo: cede soberanía sobre la información personal de la población y erosiona garantías básicas como la protección del derecho a la privacidad y la autonomía informativa.
Columna publicada en la edición de mayo de Posdata, el boletín del CELS.
El Gobierno nacional impone barreras económicas y burocráticas que empujan a la población migrante hacia la irregularidad. Entre operativos desproporcionados y discursos de odio, se construye la figura de un “enemigo interno” para justificar el despliegue del aparato punitivo.
Sofía Tiscornia reconstruye el recorrido que hizo posible que, desde 1996, elaboremos una base de datos con estadísticas e investigación que permite mostrar las características de estas violencias. La tarea de sistematizar, entrevistar y construir categorías empezó a mediados de los ochenta, cuando se acercaron al CELS familiares de personas ejecutadas en supuestos enfrentamientos.
Así lo expresó el relator de vivienda de la ONU, Koldo Casla, en una comunicación al Estado argentino en la que manifestó su preocupación por las consecuencias en derechos humanos del proyecto de Ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
