La modificación de los Decretos 222/03 y 588/03 para el nombramiento de jueces/zas, fiscales/as y defensores/as implica un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia. Lejos de tratarse de cambios meramente procedimentales, la reforma debilita los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reduce los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional. Comunicado conjunto.