El gobierno de Jorge Macri volvió a desplegar más de 1500 policías y agentes de control en 15 villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Registramos episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo. La CABA consolida una política que identifica pobreza con inseguridad, no con ausencia de derechos.
Comunicado firmado en conjunto por más de 25 organizaciones de la sociedad civil.
El gobierno presentó como una iniciativa sobre la soberanía de Malvinas un proyecto que en realidad rediseña áreas centrales del Estado. Crea un Consejo de Seguridad Nacional, una suerte de supraministerio, con amplias facultades para definir qué asuntos constituyen amenazas, además de decidir sobre el uso del instrumento militar y la inteligencia estratégica nacional. Esta amplitud puede llevar a actividades políticas, opositoras o críticas al terreno de la “seguridad nacional”, sin intervención ni control de otros poderes del Estado.
A veinte años de su segunda desaparición, persisten dos incertidumbres derivadas de la acción estatal: la de sus familiares, amigos y compañeros sobre dónde está y qué pasó, y una incertidumbre política sobre si persisten núcleos represivos clandestinos con capacidad de garantizarse impunidad.
CELS, Conectas, Dejusticia, Alianza Américas y WOLA invitamos a un seminario virtual sobre el uso del marco antiterrorista para abordar el crimen organizado y perpetuar regímenes de excepción en la región. Es el jueves 24 de septiembre a las 2 pm (hora argentina). Accedé aquí al formulario de inscripción.
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señalamos cómo los discursos del gobierno que buscan relativizar, justificar y negar los delitos de la última dictadura fueron fundamentales para la destrucción de más de 40 años de políticas de Estado.
Columna publicada en la edición de septiembre de Posdata, el boletín del CELS.
