A veinte años de su segunda desaparición, persisten dos incertidumbres derivadas de la acción estatal: la de sus familiares, amigos y compañeros sobre dónde está y qué pasó, y una incertidumbre política sobre si persisten núcleos represivos clandestinos con capacidad de garantizarse impunidad.
En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas señalamos cómo los discursos del gobierno que buscan relativizar, justificar y negar los delitos de la última dictadura fueron fundamentales para la destrucción de más de 40 años de políticas de Estado.
Columna publicada en la edición de septiembre de Posdata, el boletín del CELS.
La guerra antiterrorista global, que nació en las ruinas de las torres gemelas, se reproduce a sí misma buscando siempre nuevos blancos.
El Tribunal Oral 2 de La Plata juzgará la responsabilidad del exjefe de personal, Emilio Parodi, en el secuestro de tres trabajadores y militantes gremiales ocurridos el 7 de julio de 1976 en el ingreso a la planta de Avellaneda.
El juez Martínez de Giorgi consideró que las tareas de inteligencia sobre periodistas, activistas y organizaciones sociales estaban justificadas por necesidades de seguridad. La decisión consolida un criterio preocupante que amplía los márgenes para la vigilancia de la actividad política y social. Desde el CELS vamos a apelar.
Con la excusa del ‘narcoterrorismo’, Estados Unidos consolida una política hemisférica de ejecuciones extrajudiciales, en las que las personas bajo ataque no tuvieron debido proceso ni eran, a su vez, agentes de una agresión.
