Más de 120 organizaciones firmantes hacemos un llamado colectivo a todos los Estados para que inmediatamente dejen o se abstengan de apoyar los ataques estadounidenses en ese mar y en el océano pacífico.
Alegamos en el juicio oral que tiene como único imputado a un ex oficial de Prefectura que estuvo quince años prófugo y en 2020 fue extraditado desde Brasil. Se lo juzga por 199 desapariciones forzadas cometidas en los años 1976, 1977 y 1978.
El gobierno de Milei debilita los controles sobre las armas de fuego pese a la evidencia de que su proliferación aumenta la letalidad de los conflictos y alimenta el mercado ilegal. El desmantelamiento del sistema de fiscalización contradice las recientes advertencias de la Corte IDH sobre la seguridad ciudadana.
El 20 de mayo se vence el plazo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció para que el Estado cumpla con el fallo que exige garantizar los derechos de las casi 200 comunidades indígenas. Aún resta terminar la delimitación del territorio y no se avanzó en la relocalización del ganado de las familias criollas y la eliminación de alambrados. En una audiencia privada, el Estado se comprometió a convocar a una mesa de trabajo.
El tribunal señaló que los estados tienen el deber de ser proactivos en la regulación, supervisión y fiscalización del mercado de armas. Mientras tanto, las políticas públicas en el país avanzan en sentido contrario.
El Comité contra la Desaparición Forzada solicitó a la Asamblea General de ONU que examine la situación en ese país y considere medidas destinadas a apoyar al Estado en su responsabilidad de prevención, investigación, castigo y erradicación de estos crímenes.
Columna publicada en la edición de abril de Posdata, el boletín del CELS.
