Derechos humanos en la Argentina

El 40º aniversario del 24 de marzo coincidió con la visita del presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Como resultado, la conmemoración y la lucha por la justicia y la verdad ocuparon el primer lugar en la agenda política nacional e internacional. Luego del homenaje a las víctimas con una ofrenda floral lanzada desde el Parque de la Memoria al Río de la Plata, donde los secuestrados eran arrojados adormecidos desde aviones, el presidente Macri se refirió al terrorismo de Estado con fórmulas elípticas que igualaron la violencia estatal con la de las organizaciones políticas armadas. Aun así, la relevancia del acto en el parque, otras piezas de comunicación pública sobre los cuarenta años del golpe y las declaraciones de varios funcionarios del gobierno nacional sobre la continuidad del proceso de memoria, verdad y justicia expresaron la reafirmación por parte del nuevo gobierno de las políticas públicas respecto de los crímenes de lesa humanidad; es temprano aún para evaluar la efectiva implementación de este compromiso.

El gobierno nacional puso en marcha una reconfiguración del modelo económico-social de la Argentina. Las primeras decisiones –entre las que se cuentan el desfinanciamiento del Estado debido a la reducción de impuestos y retenciones a los sectores de mayores ingresos, la apertura externa y el endeudamiento internacional, los límites al acceso a la cobertura previsional y el aumento de las tarifas de los servicios y el transporte– muestran una orientación de política económica que ya tuvo sus primeros impactos en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de decenas de miles de puestos de trabajo públicos y privados. Como consecuencia, en los primeros meses se verificó una transferencia de ingresos que desplazó hacia la pobreza a más de un millón de personas, según investigaciones privadas sobre el primer trimestre de 2016, y acrecentó la desigualdad social.

Cuatro días después de asumir, Mauricio Macri designó a dos jueces de la Corte Suprema de la Nación “en comisión”, en un intento de saltear los mecanismos parlamentarios y participativos previstos. Luego del rechazo de representantes de todo el arco político, incluso de su alianza de gobierno, revirtió el procedimiento, retomó el proceso institucional estipulado por el Decreto 222/03 y envió los pliegos de los jueces para su tratamiento en el Senado.

Entre el 11 y el 23 de diciembre, mediante tres decretos presidenciales, el Poder Ejecutivo redujo de manera drástica el papel del Estado en la regulación del sistema de medios audiovisuales. La reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) avaló la concentración de la propiedad de las empresas de medios y transformó un esquema regulatorio que incluía mecanismos de participación social por uno en el que el Poder Ejecutivo y el mercado son los únicos actores con poder de decisión. El modo en que los decretos afectan el derecho a la comunicación fue expuesto por un arco amplio de organizaciones, incluido el CELS, el 8 de abril en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia en la que los representantes del gobierno no pudieron justificar los motivos de una reforma que afecta el pluralismo y la diversidad, y, por lo tanto, la democracia. Con el pretexto de la deficiente aplicación de la norma –que señalamos en diversas oportunidades con anterioridad– y con la promesa de una futura convergencia tecnológica, el Poder Ejecutivo generó efectos jurídicos que perdurarán a favor de los mayores conglomerados de medios, por más que la justicia termine declarando inconstitucional la reforma.

Por otra parte, diferentes medidas tomadas en los primeros meses del gobierno atentan contra la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), una norma que expresó la lucha social para terminar con graves violaciones a los derechos humanos, ya que una combinación de acciones y omisiones muestra un programa contrario a su paradigma inclusivo. El Ministerio de Salud paralizó su participación en los ámbitos creados por la LNSM y también fue detenida la labor del equipo interdisciplinario que evalúa la situación de las personas que tienen causas en las que se determina su capacidad jurídica. Entre 2003 y 2015, los derechos humanos tuvieron un lugar central en la agenda pública, marcado por el apoyo oficial a la reapertura del proceso de justicia por los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, que los organismos defensores de los derechos humanos ya habían logrado con diversas decisiones judiciales entre 1998 y 2003 –entre ellas, la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida– y por las políticas públicas que ampliaron el acceso a los derechos básicos a amplios sectores de la población, los más perjudicados por la rotunda crisis económica, política y social de principios de siglo. El ciclo de gobiernos kirchneristas también concluyó con importantes asuntos pendientes de la agenda de derechos humanos, como el funcionamiento de las estructuras de seguridad y penitenciarias y el acceso a la tierra y a la vivienda.

Algunas decisiones fundamentales en materia de protección de los derechos humanos no se sostuvieron con igual énfasis a lo largo del tiempo y en todo el país, y en ciertos casos resultaron erosionadas por medidas posteriores. Así ocurrió, por ejemplo, con la respuesta estatal a las protestas sociales. En otros casos, la débil institucionalidad de valiosas políticas públicas dificultó su consolidación y continuidad, como ocurrió con la implementación parcial de la LSCA y con las precarias condiciones laborales en determinadas agencias del Estado. Al mismo tiempo, decisiones que habían tenido un gran impulso en sus comienzos no fueron luego convertidas en acciones concretas, como sucedió con el demorado Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y con la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Este Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina abarca hechos ocurridos durante 2015 y los primeros tres meses de 2016. En sus diez capítulos, compartimos un diagnóstico y proponemos una agenda de reformas y decisiones necesarias, algunas de ellas urgentes, para revertir patrones estructurales que dan lugar a violaciones de los derechos humanos.

II
El 16 de enero de 2016, fue detenida Milagro Sala, dirigente del movimiento social jujeño Tupac Amaru. En represalia a un acampe que esta organización realizaba en San Salvador de Jujuy, el fiscal de Estado Mariano Miranda –designado por el gobernador Gerardo Morales el primer día de su gobierno– inició una causa penal que dio lugar a la detención: acusó a Sala y a otros dirigentes de la Tupac de instigar a cometer delitos y de sedición. El juez Raúl Eduardo Gutiérrez ordenó detener a Sala porque “mediante arengas, señalamientos, ademanes y gestos” instigó una protesta que obstaculizaba la libre circulación, para manifestarse contra decisiones del recién asumido gobernador. Según este criterio, cualquier persona que participa de una protesta social o que convoca a hacerlo podría ser privada de su libertad.

A pesar de la evidente arbitrariedad e ilegitimidad de la detención, Sala estuvo trece días presa por haber convocado al acampe. El 29 de enero se le dictó la libertad, pero tampoco entonces salió de la cárcel: Gastón Mercau, el mismo juez que dispuso su libertad, ya había dictado otra orden de detención tres días antes en una causa iniciada el 15 de enero, en la que se la acusa de defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, sin acreditar ninguna situación que justificara la detención preventiva. La cadena de denuncias y decisiones judiciales de esos días está repleta de irregularidades, y todas perjudican a Sala.

Lo que ocurrió en Jujuy es grave en sí mismo y como precedente negativo para la vigencia de derechos fundamentales: criminalizar la protesta es una aplicación ilegítima del derecho penal que restringe las libertades democráticas. El propio gobernador Morales reveló que tenían preparadas sesenta denuncias, que se irían escalonando en el tiempo. El juez Mercau es el padre de los nietos de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Clara Aurora De Langhe de Falcone. En cuanto asumió la gobernación, Morales amplió de cinco a nueve el número de miembros de ese tribunal superior, tal como había hecho Carlos Menem en 1990 con la Corte Suprema federal, pero en esta ocasión sin cuidar siquiera las formas elementales. Dos de los diputados oficialistas que votaron la ampliación asumieron al día siguiente como ministros del Superior Tribunal. Además, el fiscal general de la Acusación Sergio Lello Sánchez, designado por Morales luego de que la Legislatura modificara el Ministerio Público de Jujuy, designó a Liliana Fernández de Montiel fiscal ad hoc para todas las causas que en el futuro pudieran abrirse contra Milagro Sala. Al cierre de este Informe, Sala lleva más de cien días presa.

El objetivo de estas medidas parecería estar dirigido a la destrucción del movimiento social que lidera Sala, que fue excluido de todos los planes sociales, tanto provinciales como nacionales, con los que había dado respuesta a problemas sociales graves de Jujuy que no eran asumidos por el sistema político. En ese contexto, coinciden en su contra la alianza Cambiemos, el Frente Renovador y el Partido Justicialista, que veían a la Tupac Amaru como una grave amenaza a un sistema político consolidado a espaldas de las necesidades populares. La dureza del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial sólo puede entenderse como un intento de quitarse de encima el liderazgo que construyó Sala a partir del trabajo de la organización territorial que ella encabeza. Todos los días se suman denuncias contra la dirigente jujeña, por diversos delitos, que deben ser investigadas. Sin embargo, no hay razones procesales que justifiquen su detención durante el proceso y, lamentablemente, la manipulación política del Poder Judicial de Jujuy no garantiza que se llevarán a cabo investigaciones independientes. La eventual condena en alguna de esas causas judiciales no elimina el carácter arbitrario de la detención.

En estos primeros días del gobierno nacional, la intención de disciplinar la disidencia también se expresó en la respuesta del Ministerio de Seguridad a las protestas que afectan el tránsito de vehículos. El 16 de febrero ese ministerio difundió el texto de un “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas”.

Según el Protocolo, el “orden público”, la “armonía social” y la “libre circulación” son valores superiores a la integridad física, el derecho de reunión y la libertad de expresión. Asimismo, el texto no prohíbe que los policías que intervienen en las manifestaciones porten o utilicen armas de fuego y municiones letales, ni que usen balas de goma para dispersar. De esta manera, pretende deshacer los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas” establecidos en 2011 por la Resolución ministerial 210. Estos Criterios fueron la mejor norma alcanzada por un proceso participativo sobre qué debe y qué no puede hacer el Estado, que comenzó en 2002 luego de las represiones en las que las fuerzas de seguridad asesinaron a decenas de personas. En 2015, como venía ocurriendo desde 2012, estos principios fueron incumplidos en diferentes oportunidades, por ejemplo, en octubre, en la represión de la Gendarmería a los trabajadores de la empresa Lear en los alrededores de la autopista Panamericana, y en agosto en la capital de la provincia de Tucumán –que adhirió a los Criterios en 2011–, en una represión brutal frente a la Casa de Gobierno.

A pocos días de asumir el nuevo gobierno, el 22 de diciembre la Gendarmería reprimió una protesta de trabajadores de la empresa Cresta Roja que reclamaban por el cobro pendiente de sus salarios y la continuidad laboral. El 8 de enero de 2016, en La Plata, la Policía Bonaerense reprimió una protesta de trabajadores municipales que habían sido cesanteados. En ambos casos se emplearon balas de goma a corta distancia, un modo de uso que puede ser letal. Este descontrol del desempeño policial en protestas y la relativa facilidad con que el gobierno pretende imponer un nuevo protocolo se explican, en parte, porque los Criterios no fueron oportunamente convertidos en ley.

La legitimación de la resolución violenta de los conflictos sociales llegó un mes después con el anuncio del Protocolo, que ordena disolver toda protesta que implique un corte de la circulación. En los días siguientes al anuncio del Protocolo y su envío a los medios de comunicación, mientras ocurrían algunas importantes manifestaciones públicas, Patricia Bullrich y Eugenio Burzaco –ministra y secretario de Seguridad, respectivamente– lo defendieron en múltiples entrevistas periodísticas. Bullrich dijo que se darían cinco minutos a los manifestantes para retirarse y que, de persistir, serían removidos por la policía. Sin embargo, hasta el cierre de este Informe, el Protocolo no tenía ningún rango legal: el 24 de febrero y el 11 de abril, el CELS consultó por su vigencia y el ministerio respondió que no estaba firmado, sino “abierto a consultas”. No obstante, la comunicación oficial sobre el estatus formal del Protocolo continuó siendo confusa, lo que generó incertidumbre sobre las condiciones para el ejercicio del derecho a la protesta y sobre qué facultades y prohibiciones tienen las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. En este contexto, el fiscal general adjunto de la ciudad de Buenos Aires Luis Cevasco dictó la Resolución 25/FG/16, que da al Protocolo por vigente y retoma sus lineamientos. El fiscal general sólo reconoce los derechos de “reunión” y de “peticionar a las autoridades” y afirma que eso no justifica los cortes.

En la historia argentina, las calles, los puentes y las plazas no son únicamente vías de circulación, sino también escenarios de la expresión popular. En nuestro país y en muchos otros, como se vio en los últimos años, ocupar los espacios públicos es uno de los modos de protesta más extendidos entre distintos sectores y clases sociales. Esto forma parte de la vida democrática y funciona como un megáfono que amplía el alcance de las demandas. Ante estos reclamos, los gobiernos pueden priorizar la resolución política de los conflictos mediante mecanismos no represivos o privilegiar el “orden público” con represión. Para el gobierno de la alianza Cambiemos, las protestas deben ser consideradas sobre todo como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en las calles será su dispersión por la policía u otras fuerzas.

III
“Terminar con el narcotráfico” fue una de las tres prioridades de gobierno que se anunciaron durante la campaña electoral, junto con “Pobreza cero” y “Unir a los argentinos”.

Para instalar un clima de alarma por el “avance del narcotráfico”, se simplifican problemas de gran complejidad: fuerzas policiales y de seguridad degradadas, redes que se dedican a negocios ilegales con connivencia o participación estatal, circulación de armas, muertes de jóvenes pobres que no son investigadas, operadores judiciales que protegen a los traficantes y criminalizan a los usuarios, aumento del consumo de determinadas sustancias declaradas ilegales. Desde hace años, en lugar de hacer un diagnóstico preciso de estos problemas, se sostiene que el prohibicionismo y la criminalización erradicarán la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Como el consumo continúa y el mercado aumenta, se anuncian políticas más represivas que no tienen los resultados declamados, por lo que luego se anuncian otras aún más drásticas.

La experiencia internacional demuestra que el endurecimiento, la militarización, la persecución a los microtraficantes y a los consumidores y el encarcelamiento masivo no pueden cumplir la promesa de “terminar con el narcotráfico”, pero sí incrementan los niveles de violencia, generando efectos más nocivos que los que se pretenden combatir. En verdad, el uso del vocablo “flagelo” es más apropiado para la obsesión represiva que para cualquier sustancia. Los gobiernos parecen dispuestos a debilitar el estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, pero no a revisar si el prohibicionismo es un camino eficaz para reducir los daños ocasionados por el tráfico, el comercio y el consumo de determinadas drogas.

El endurecimiento de la retórica y las políticas de la lucha contra esas drogas no es una novedad. Como analizamos en el capítulo 3 de este Informe, en los últimos años los distintos gobiernos, el Poder Judicial y sectores de la Iglesia católica, entre otros, vienen sosteniendo estas posiciones. Sin embargo, el actual gobierno nacional ha dado graves saltos cualitativos. En enero decretó la “emergencia en seguridad”, que considera al narcotráfico como la explicación de todos los problemas y habilita medidas extremas: el derribo de aviones que no se identifiquen –una forma encubierta de instalar la pena de muerte sin juicio previo– y la asignación de nuevas facultades a las Fuerzas Armadas. Algunas medidas de los gobiernos anteriores habían debilitado en la práctica la demarcación entre defensa y seguridad. Las nuevas medidas implican un quiebre, ya que se decretaron normas inconstitucionales que afectan el principio de separación y habilitan prácticas gravísimas en contra del derecho a la vida.

Este enfoque alineó a la Argentina con el modelo de las “nuevas amenazas” prescripto por los Estados Unidos. La visita, poco días después, de la ministra de Seguridad a las autoridades de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y el lugar preponderante que tuvo este tema en los acuerdos que firmó el gobierno argentino con el estadounidense en ocasión de la reciente visita de Barack Obama reafirmaron el ingreso de la Argentina a ese paradigma. Esto va a contramano de los cuestionamientos cada vez más extendidos que se hacen evidentes en importantes espacios de debate internacional como la reciente Sesión Especial sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS), convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La “emergencia en seguridad” fue decretada pocos días después del deficiente desempeño oficial durante las dos semanas que duró la fuga de tres hombres condenados por un triple crimen ocurrido en la localidad de General Rodríguez y relacionado con el tráfico de estupefacientes. Sin embargo, no se consideró que la reforma, la democratización y la profesionalización de las estructuras de seguridad y penitenciarias fueran aspectos indispensables para los objetivos declamados y que deberían ser prioridades en la agenda del gobierno.

La falta de democratización de las fuerzas de seguridad y de los servicios penitenciarios es fuente de las más graves violaciones a los derechos humanos que persisten en la Argentina. La corrupción de amplias zonas de estas instituciones y las prácticas violentas siguen siendo problemas no resueltos. En el capítulo 5, analizamos la letalidad del accionar de las fuerzas de seguridad federales y de la Policía Bonaerense: es urgente poner fin al uso abusivo e indiscriminado de las armas.

Ante un hecho gravísimo de violencia institucional ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en los primeros días del año, el gobierno nacional dio una respuesta alarmante. El 29 de enero efectivos de la Gendarmería que debían resolver una situación vinculada con el comercio de drogas ilegales dispararon balas de goma contra la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo e hirieron a niños y a adultos, en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores. La primera reacción de los funcionarios del gobierno fue justificar el accionar violento de la Gendarmería y difundir una versión falsa de lo que había ocurrido. Aun transcurridas semanas del hecho, no hubo siquiera un mensaje claro de condena a ese accionar por parte de la ministra responsable de la conducción de las fuerzas de seguridad.

En las cárceles, la falta de reformas y de controles adecuados de los servicios penitenciarios reproduce la tortura y los maltratos como métodos de gobierno de los detenidos. En el capítulo 6 de este Informe, enfocado en la provincia de Buenos Aires, mostramos cómo la deficiente actuación de amplios sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal es parte de las condiciones que habilitan la persistencia de la tortura en las cárceles de nuestro país.

IV
En enero de 2015, la muerte violenta del fiscal Alberto Nisman impactó en el mapa político argentino. La notoriedad que había adquirido Nisman en los días previos al denunciar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por un supuesto plan para encubrir las responsabilidades del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en 1994, el uso que la oposición hizo de esa denuncia y una crisis política previa hicieron que los vínculos entre el sistema de inteligencia, la justicia federal, ciertos políticos, algunos medios de comunicación y varias empresas quedaran expuestos y exigieran decisiones. La crisis también recordó un hecho que había perdido visibilidad pero no gravedad: la impunidad por el atentado de 1994. Más de veinte años después, las maniobras de encubrimiento y las deficiencias de la investigación explican que las víctimas, sus familias y la sociedad aún no tengan las respuestas que el Estado está obligado a dar.

El gobierno de Fernández de Kirchner anunció en esos primeros días de 2015 un replanteo del sistema de inteligencia al que su esposo y predecesor se había comprometido con las víctimas en 2005, diez años antes, ante la CIDH. Luego de un breve proceso de debate, la reforma tendió a la democratización del sistema de inteligencia, un área del Estado que, como analizamos en el capítulo 4, ha tenido un funcionamiento opaco y dañino para las instituciones, con graves consecuencias para la vigencia de los derechos humanos. Luego de la sanción de la ley, sólo se dieron los primeros pasos, en particular, la reglamentación. Las medidas iniciales del gobierno de Cambiemos no estuvieron orientadas a profundizar esta indispensable reforma de los vínculos del sistema político con el de inteligencia y con la justicia federal, sino, más bien, a continuar las peores prácticas. Esto puede observarse en la designación de funcionarios sin haber cumplido –hasta el cierre de este Informe– con los mecanismos previstos por la ley y privilegiando los vínculos personales por sobre la competencia profesional.

V
De la resistencia a la política de exterminio del gobierno militar nació el movimiento de derechos humanos. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de distintos grupos y organizaciones nos fuimos constituyendo en un movimiento social que primero luchó contra la violencia dictatorial y después para que esta fuera investigada y sancionada y se impidiera su repetición.

La voluntad de este movimiento de que se conociera en el país y en el mundo el sistema de desaparición forzada de personas y sus alcances y que los responsables fueran sancionados trazó el recorrido que hemos hecho. En ese camino, fuimos ampliando nuestro trabajo hacia las violaciones a los derechos humanos que ocurren en democracia, aunque no como parte de un plan sistemático. Sin embargo, aquellos crímenes son también parte del presente. Mónica Mignone –la hija de Emilio, uno de los fundadores del CELS y su presidente hasta 1998, y de Chela, quien integró la Comisión Directiva hasta su muerte en 2008– fue secuestrada en 1976, cuando tenía 19 años, y permanece desaparecida. En marzo de 2016, mientras cerramos este Informe, alegamos en el juicio en el que se juzgan las responsabilidades por su desaparición. Es probable que en 2017 haya una sentencia en este juicio, más de cuarenta años después.

En el cierre de ese alegato, recuperamos parte del testimonio que en el juicio ofreció Vera Jarach, madre de Franca Jarach, detenida-desaparecida a los 18 años, y que refleja de manera aguda nuestra posición sobre el proceso de justicia: “Sabemos que verdad, justicia y memoria son las mejores garantías para el Nunca más. Con nuestro empeño de memoria, tratamos de que estas tragedias no caigan en el olvido y permitan, por el contrario, reconocer síntomas de repetición, ya que la historia nos enseña que lo que sucedió una vez desgraciadamente puede repetirse. Lo ejemplifica mi propia vida con las analogías de dos historias. La de mi abuelo materno, deportado y muerto en Auschwitz, y la de mi hija muchos años después, en la ESMA: dos campos de concentración emblemáticos, cámaras de gas y vuelos de la muerte. No hay tumbas, hay heridas que no cierran, sin duelo posible. Y muchas otras similitudes en la ferocidad y la voluntad no sólo de matar, sino de borrar todo rastro. Esto último no lo lograron ni lo lograrán mientras vivamos y la justicia cumpla su cometido dejando marcas éticamente indelebles”.

Las responsabilidades de los empresarios, de la Iglesia católica, de los funcionarios judiciales, de los medios de comunicación y de otros sectores civiles aún son mal conocidas y peor sancionadas. En los últimos años, algunas investigaciones académicas y periodísticas, y en menor medida judiciales, han comenzado a dar cuenta de formas de participación de estos sectores en los crímenes de la dictadura y también de la magnitud en la que muchos de ellos se beneficiaron con esa complicidad. Cuatro décadas después del golpe, el conocimiento sobre los hechos y la edad de los acusados y de los familiares de las víctimas aceleran el desafío de impulsar las investigaciones para poder completar el proceso judicial de averiguación de la verdad y de sanción de las responsabilidades. El apoyo del Poder Ejecutivo es indispensable para estas causas, ya que los procesos requieren una cantidad de tareas que exceden al Poder Judicial; entre ellas, la sistematización de información en poder de los ministerios y el acompañamiento a las víctimas. Sin embargo, muchas de estas dependencias especializadas fueron desarmadas o paralizadas por el nuevo gobierno.

El 24 de marzo de 2016, decenas de miles de personas salieron a las calles y plazas en todo el país y mostraron la fuerza que tiene el compromiso de amplios sectores de la sociedad argentina con la memoria, la verdad y la justicia, más allá de sus identidades ideológicas o pertenencias partidarias. Esto es en sí mismo un triunfo de la movilización y el activismo social. Los derechos humanos no son una agenda del pasado ni se agotan en lo que hemos logrado en relación con lo ocurrido hace cuarenta años. Su vigencia está en juego en el impacto de las políticas penales y de seguridad. En las consecuencias de que el mercado prevalezca sobre el Estado y la lógica mercantil prime sobre la de los derechos. En la continuidad de la violencia institucional en los establecimientos de encierro. En el respeto del derecho al trabajo. En que el Estado y la sociedad asuman como prioritaria la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. En la protección del ejercicio del derecho a la protesta. En todos esos ámbitos y en muchos otros, la lucha por los derechos humanos continúa.