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coordinación represiva

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El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña.

Su acta de fundación está fechada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile, durante la clausura de la Primera Reunión de Inteligencia Nacional, y lleva las firmas de los representantes de Inteligencia de la Argentina (Jorge Casas, capitán de navío, SIDE), Bolivia (Carlos Mena, mayor del Ejército), Chile (Manuel Contreras Sepúlveda, jefe de la DINA), Uruguay (José Fons, coronel del Ejército) y Paraguay (Benito Guanes Serrano, coronel del Ejército).

En el Archivo del Terror de Paraguay se encontró una copia de la invitación formal que la Dirección de Inteligencia Nacional chilena, la DINA, envió el 29 de octubre de ese año al Jefe de Policía de la República de Paraguay, General de División Francisco Brites, “para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”.

El documento firmado en Santiago de Chile brindó cobertura institucional a muchas de las actividades, relaciones y prácticas de inteligencia y represivas que este conjunto de países latinoamericanos ya desarrollaban de modo bilateral. En el texto quedó documentado el comienzo de la cooperación formalizada entre las agencias de inteligencia del Cono Sur: “se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios”. Si bien ningún representante de Brasil firmó ese acuerdo inaugural, se comprobó la cooperación de ese país para actividades represivas contra opositores políticos de los países miembro.

Nosotros no sabíamos | León Ferrari

En el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva atravesó diferentes fases:

#en la primera, se creó una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan.
#en la segunda, se identificó y atacó a los considerados “enemigos” políticos a nivel regional.
#en la tercera y última, se realizaron operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.

La documentación desclasificada disponible muestra que varias agencias del gobierno de Estados Unidos tuvieron un temprano conocimiento de los alcances de la coordinación represiva y no hicieron demasiados esfuerzos para detenerla hasta que pasó a la tercera fase, que resultó la más problemática porque ya no se podían mantener bajo sigilo las operaciones.

De hecho, la descripción detallada de las diferentes fases del Plan y de sus alcances surge de modo nítido del análisis de la documentación desclasificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la que se consigna que “Operación Cóndor es el nombre clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de datos de inteligencia respecto de los llamados ‘izquierdistas’, comunistas y marxistas, que fue establecida recientemente entre los servicios de inteligencia que cooperan en América del Sur a fin de eliminar actividades terroristas marxistas en el área. Además, ‘Operación Cóndor’ apoya operaciones conjuntas contra blancos en los países miembros de ‘Operación Cóndor’. Chile es el centro de ‘Operación Cóndor’ y además de Chile sus miembros incluyen Argentina, Bolivia, Paraguay, y Uruguay. Brasil también ha acordado tentativamente a proveer información de inteligencia a ‘Operación Cóndor’. Los miembros de ‘Operación Cóndor’ que muestran más entusiasmo hasta la fecha han sido Argentina, Uruguay y Chile. Los últimos tres países se han embarcado en operaciones conjuntas, principalmente en Argentina, contra blancos terroristas”.

El mismo documento explicita que esa tercera fase, extremadamente secreta, de la Operación Cóndor “implica la formación de equipos especiales por los países miembros para llevar a cabo sanciones hasta asesinatos contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros de ‘Operación Cóndor’. Por ejemplo, si un terrorista o simpatizante de un país miembro de ‘Operación Cóndor’ es ubicado en un país europeo, un equipo especial de ‘Operación Cóndor’ sería enviado a ubicar y dar seguimiento al blanco. Una vez terminada la operación de ubicación y seguimiento, un segundo equipo de ‘Operación Cóndor’ sería enviado para llevar a cabo la sanción de hecho contra el blanco. A los equipos especiales se les emitirían documentos falsos de parte de los países miembros de ‘Operación Cóndor’ y podrían estar compuestos exclusivamente por individuos de una de las naciones miembros de ‘Operación Cóndor’ o podrían estar compuestos por un grupo mixto de varias naciones miembros de ‘Operación Cóndor’. Los países europeos mencionados específicamente para operaciones posibles bajo la fase tercera de ‘Operación Cóndor’ son Francia y Portugal”.

Las reticencias respecto de esta fase final, no deben hacer perder de vista el rol fundamental de Estados Unidos en la consolidación de las fases previas del Plan. El Cóndor llegó a tener un banco de datos computarizado con información de miles de individuos considerados como políticamente sospechosos y contaba con archivos de fotos, microfichas, informes de vigilancia, perfiles psicológicos, informes sobre pertenencias a organizaciones, historias personales y políticas, listado de familiares y amistades. Las computadoras para almacenar esa información fueron suministradas por la CIA ya que ningún otro país del continente disponía para ese entonces de la tecnología suficiente para hacerlo. Por otro lado, los países contaron para comunicarse entre sí con un sistema de comunicaciones protegidas que se conoció como Condortel, que tenía su estación matriz en una instalación norteamericana del Canal de Panamá.

 

 
 

orletti II

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En el mismo juicio oral el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 interviene en el expediente N° 1976 “Furci, Miguel Ángel s/privación de la libertad agravada e imposición de tormentos”, conocido como Automotores Orletti II.
Por la vinculación entre los hechos ocurridos en Orletti –el más importante campo de concentración para las víctimas del Cóndor en la Argentina– y el Plan Cóndor, el Tribunal dispuso que el juicio abordaría los cuatro expedientes, Condor I, II y III y Orletti II. En unos pocos casos las personas víctimas de Orletti y Cóndor son las mismas.

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algunas historias que se contaron en el juicio

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por Luciana Radó

pasante del CELS, escribió las historias de las personas que fueron víctimas del Cóndor y a cuyas familias representamos en el juicio.

El CELS integra la querella unificada junto con el Equipo Jurídico Kaos, la Fundación Liga Argentina por los DDHH y la abogada Alcira Ríos. Representa, además, a los familiares de Horacio Campiglia, Mónica Pinus de Binstock y Norberto Habegger, desaparecidos en Brasil, y Marcelo Gelman y María Claudia García Irureta Goyena, desaparecidos en Argentina y Uruguay, y a los del uruguayo Bernardo Arnone, desaparecido en la Argentina. También representábamos a los familiares de María Emilia Islas Gatti y de Juan Pablo Recagno Ibarburu, que murieron durante la tramitación de la causa.

 

MÁS EN ESTA SECCIÓN
  • . Mónica Pinus de Binstock y Horacio Campiglia
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    Mónica

    Mónica y Horacio viajaron el 8 de marzo de 1980 de México a Río de Janeiro. Hicieron una escala en Panamá y luego en Caracas, en donde abordaron un vuelo de la aerolínea Varig. Mónica viajó bajo el nombre de María Cristina Aguirre de Prinssot y Horacio con el de Jorge Piñero. Se iban a encontrar con Edgardo Binstock, esposo de Mónica, quien había llegado días antes. Estaban comenzando a organizar el regreso a la Argentina en el marco de la segunda contraofensiva montonera.

    Mónica y Edgardo Binstock se conocieron en 1971 y se casaron en 1974, tuvieron una hija y un hijo. Eran estudiantes de sociología de la Universidad de Buenos Aires y militaban en la Juventud Peronista.

    En la causa judicial se incluyeron dos artículos de la prensa brasileña, recogidos en el libro Fuimos Soldados de Marcelo Larraquy, que señalan el momento de la captura: “en la pista de aterrizaje, militares que hablaban portugués armaron un cordón de aislamiento y separaron a los montoneros del resto del pasaje, y tanto Pinus como Campiglia gritaron sus identidades y denunciaron que estaban siendo secuestrados”. Fueron secuestrados en el aeropuerto Galeao por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas, respaldados por las fuerzas armadas brasileñas, trasladados a la Argentina y llevados a Campo de Mayo.

    Pilar y Horacio

    Horacio, Pilar y sus hijas

    Cristino Nicolaides hizo declaraciones públicas acerca de un operativo que podía ser el de Mónica y Horacio. Edgardo Binstock le escribió una carta en julio de 1981: “Mi esposa y su compañero de viaje debían de entrevistarse con compañeros, hoy todos ellos desaparecidos. Casualmente (o no) la descripción que usted hace me da a pensar que se trataría de las mismas personas”. Más adelante señala: “Yo como su esposo, y en nombre de mis 2 hijos, que como muchos argentinos crecen sin saber qué ha sido de su madre, le exijo dé a conocer los nombres de los detenidos, que comunique de qué delitos se los acusa, ante qué juzgado se han presentado las acusaciones y en qué lugar se los está juzgando. De no hacerlo, será usted responsable de la vida de todos ellos. Nada más”.

    Luego de los dichos de Nicolaides se presentó el 7 de febrero de 1983 un hábeas corpus colectivo por varias personas desaparecidas, entre las que se encontraban Mónica Susana Pinus de Binstock y Horacio Campiglia. Horacio estaba casado con Pilar Calveiro y tuvieron dos hijas.

     

  • . Norberto Habegger

    Norberto Habegger era secretario de la rama política de Montoneros. El 31 de julio de 1978 viajó de México a Río de Janeiro con el nombre de Héctor Esteban Cuello para encontrarse con otros integrantes de la organización. Pero entre el 1 y el 6 de agosto fue secuestrado, posiblemente por agentes de la Policía Federal Argentina, quienes actuaron junto con las fuerzas armadas y de seguridad brasileñas. Luego habría sido traído a la Argentina.

    Luego del secuestro de Norberto, el trabajo de las agencias de inteligencia se concentró en seguir las acciones desarrolladas por su familia y por organismos de derechos humanos para denunciar lo sucedido. En un documento del 11 de enero de 1980, “Campaña de montonero contra Brasil”, se indicaba que Florinda Castro, la esposa del periodista “estaba actuando junto con organismos internacionales y nacionales denunciando la desaparición de su marido”.

    Habegger era subdirector del diario Noticias al momento del golpe de 1976. Fue periodista de las revistas Primera Plana y Panorama y escribió los libros Camilo Torres, el cura guerrillero, Los católicos post-conciliares en la Argentina y La huelga en El Chocón. Como parte de su actividad política fue dirigente de la Juventud Demócrata Cristiana y luego se incorporó al peronismo. Perteneció a la CGT de los argentinos y durante la dictadura de 1966 a 1973 fue dirigente del gremio bancario. Al momento de su secuestro, tenía 37 años y un hijo, Andrés Camilo, que hoy es cineasta.

     

  • . María Claudia García Irureta Goyena y Marcelo Gelman

    marcelo_glmanMaría Claudia fue secuestrada el 24 de agosto de 1976 en la ciudad de Buenos Aires. Un grupo de tareas irrumpió en el departamento donde vivía con su esposo Marcelo Ariel Gelman. Ambos fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde fueron torturados.

    Dos meses después, en octubre de 1976, Marcelo fue asesinado. Una investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) permitió encontrar sus restos, más de trece años después, sepultados como NN en el cementerio de San Fernando.

    Un testigo de la causa, que también fue secuestrado y luego liberado en el mismo octubre, declaró que Claudia estaba embarazada de más de seis meses y que fue vista por última vez a punto de parir. También dijo que en septiembre de ese año, Marcelo fue trasladado.

    El capitán José Ricardo Arab y el mayor Manuel Juan Cordero Piacentini llevaron a Claudia a un local del Servicio de Información de Defensa de Uruguay. En ese lugar estaban los prisioneros uruguayos que habían sido trasladados desde Orletti en un primer vuelo como prisioneros, el 24 de julio de 1976.

    Minutos antes de parir, fue trasladada al Hospital Militar de Montevideo, donde dio a luz entre fines de octubre y principios de noviembre de 1976. Permaneció en cautiverio hasta diciembre de ese año. El ex soldado del SID, Julio César Barboza Pla, la vio antes y después del parto.

    Otros ex detenidos declararon que los guardias decían que necesitaban “un colchón urgente para una embarazada, que estaba en un piso superior”. Un día oyeron por la radio que pedían la presencia urgente de “Oscar 5” porque estaba por dar a luz una mujer y también recordaron que el personal pedía a las mujeres que estaban en el lugar “que preparasen una mamadera”.

    Cuando fueron secuestrados María Claudia tenía 19 años y Marcelo, 20. El poeta Juan Gelman encontró a su nieta, Macarena, en el año 2000.

     

  • . Bernardo Arnone

    Bernardo nació en Montevideo el 20 de agosto de 1952. Vivía en Piedras Blancas y era militante de la Fuerza Estudiantil Revolucionaria (FER) y de la Fuerza Revolucionaria de los Trabajadores (FRT). Se casó con María Cristina Mihura el 25 de julio de 1974 y en junio de 1975 se radicaron en Buenos Aires donde trabajó en una empresa metalúrgica y se integró al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

    arnone

    María Cristina declaró en el juicio que dejaron Uruguay después del golpe de Estado. Su suegra Petrona Hernández de Arnone le contó que mientras estaban en la Argentina fueron a su casa en diversas oportunidades militares uruguayos preguntando por Bernardo. Eran tres pero retuvo dos nombres: Cordero y Gavazzo. En Buenos Aires María Cristina vivió en varias pensiones; Bernardo tenía otra identidad. Pasaba dos o tres días con ella y se iba.

    Bernardo Arnone desapareció el 1º de octubre de 1976 en Buenos Aires. Petrona Hernández, su madre, recordó que los militares allanaron la casa de la familia en la calle San Cono en Montevideo pocos días después de la desaparición y que hicieron pozos en todo el fondo buscando algo que no encontraron.

    Bernardo y María Cristina estaban separados al momento del secuestro. Ella había comenzado una relación con Washington Domingo Queiró, que permanece desaparecido desde el 4 de octubre de ese mismo año. María Cristina logró salir de la Argentina hacia Suecia y salvar la vida.

     

  • . María Emilia Islas Gatti y Jorge Zaffaroni

    M EmiliaMaría Emilia nació en Montevideo el 18 de abril de 1953. Junto a Jorge militaron en la Asociación de Estudiantes de Magisterio en la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y se casaron en 1973. Tuvieron una hija, Mariana. En 1975 emigraron a la Argentina por razones políticas. En Buenos Aires acompañaron la formación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

    El 27 de setiembre de 1976 Jorge fue secuestrado en la calle por un grupo de personas vestidas de civil, sin identificación, que pertenecían al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas uruguayo (OCOA). Lo llevaron a su casa en Vicente López y robaron todo lo que encontraron de valor, mientras esperaban la llegada de María Emilia y Mariana, de 18 meses. Todos fueron conducidos a Automotores Orletti, que funcionó como centro clandestino en una zona urbana de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores.Jorge Zaffaroni

    En 2003 la Comisión Para la Paz, de Uruguay, consignó en su informe que María Emilia “fue probablemente ‘trasladada’, con destino final desconocido, entre el 5 al 6 de octubre de 1976”. En 1983 se conoció el paradero de Mariana, quien había sido anotada como hija de Miguel Ángel Furci, personal civil de Inteligencia imputado en esta causa, y de su esposa Adriana González. En 1992 se le restituyó su identidad y Furci fue condenado por su apropiación en 1993. María Emilia y Jorge continúan desaparecidos.

     

  • . Juan Pablo Recagno Ibarburu

    RecagnoLa Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos y Asesinados Políticos, presentada el 4 de junio de 2007 en Montevideo, reveló un documento secreto de 1976 de la Junta de Comandantes en Jefe de Uruguay en el que se da cuenta de los procedimientos realizados a fines de 1976 contra militantes del Partido de la Victoria del Pueblo (PVP).

    El documento señalaba que el PVP “sufrió hace aproximadamente tres meses la pérdida de la mayoría de sus mejores cuadros políticos. No obstante ello, el sector militar de la organización permaneció intacto no habiendo perdido un solo hombre ni ningún medio material. El sector militar se encontraba radicado en la ciudad de Buenos Aires”. Este párrafo hace referencia al primer grupo de militantes del PVP secuestrados entre el 9 de junio y el 14 de julio de 1976. Todos los secuestrados fueron conducidos a Automotores Orletti, que estuvo activo como centro clandestino desde el 11 de mayo de 1976 hasta noviembre del mismo año. El 24 de julio de 1976 los secuestrados fueron trasladados hacia Uruguay en un vuelo especial (“primer vuelo”), ordenado por el Servicio de Información de Defensa y conducido por pilotos de la Fuerza Aérea uruguaya.

    Entre agosto y octubre de 1976 se producen las desapariciones de 27 ciudadanos uruguayos en Buenos Aires que culminaron con el presumible traslado clandestino de los detenidos en el “segundo vuelo” a Uruguay. En este grupo de detenidos desaparecidos estaba Juan Pablo Recagno Ibarburu, que había sido secuestrado el 2 de octubre.

    A Juan Pablo le decían El Colorado. Era ceramista y en Buenos Aires fue dibujante en la Revista Joker entre 1973 y 1976.

     

 

derecho a la verdad

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Este juicio permitió construir un conocimiento muy significativo del Plan Cóndor como sistema criminal, de ahí la importancia que tiene en su aporte a la verdad. Por otra parte tiene la oportunidad de recoger la demanda por el derecho a la verdad sobre los hechos denunciados por querellantes que han fallecido en el transcurso de este largo proceso. La reparación entonces es una deuda para su memoria y para el conjunto de la sociedad.

En relación con la construcción de conocimiento, es necesario destacar que fueron aportados a este juicio cientos de testimonios de personas de todas las nacionalidades de los países miembros del Plan Cóndor; doce informes de organizaciones de derechos humanos; seis informes de organizaciones internacionales; 423 legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la Secretaría de Derechos Humanos y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos; 90 legajos y cientos de documentos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad; 8 documentos de Fuerzas Armadas del Cono Sur.

A ese material se sumaron las decenas de miles de documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos: al Proyecto de desclasificación de Chile se sumó el pedido de organizaciones de derechos humanos argentinas como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y el CELS, que tuvo como resultado que en 2002 se llevara adelante el Proyecto de desclasificación de Argentina, que reveló 4600 documentos. Además, se contó con los informes de archivos nacionales y extranjeros como los de la ex DIPBA y el Archivo del Terror del Paraguay, entre otros. Y las evidencias de 326 causas judiciales de la Argentina y de otras 46 causas tramitadas en el exterior.

Respecto del reconocimiento del derecho a la verdad, aunque en un comienzo se lo consideró limitado a las víctimas y a sus familiares, con el tiempo se ha comprendido que se trata de un derecho que pertenece a su vez a la sociedad en su conjunto. Así lo ha entendido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al precisar que aún en los casos en que se dictan amnistías, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para establecer los hechos e identificar a los responsables, y que toda sociedad tiene el derecho inalienable de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que los delitos llegaron a cometerse, reafirmando su carácter de derecho colectivo.

Durante la tramitación de esta larga causa, fallecieron y han quedado apartados del proceso varios imputados. Sin embargo entendemos que subsiste la obligación del Estado, que nace de los crímenes contra la humanidad, de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente, aun cuando no se pueda condenar a uno de sus responsables. La querella unificada en el CELS solicitó que en base al derecho a la verdad se tengan por probados la totalidad de los hechos que damnificaron a Fausto Augusto Carrillo Rodríguez, Agustín Goiburú Giménez, Norberto Armando Habegger, Horacio Campliglia, Mónica Susana Pinus de Binstock, Luis Enrique Elgueta Díaz, Adalberto Soba Fernández, María Emilia Islas Gatti, Cecilia Susana Trías Hernández, Juan Pablo Recagno Ibarburu, Casimira María del Rosario Carretero Cárdenas, Rafael Laudelino Lezama González, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader y Armando Bernardo Arnone Hernández.

 

 

los imputados y las víctimas

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A lo largo de las audiencias pudimos probar que los imputados, todos ex militares, integraron una asociación ilícita dedicada a la desaparición forzada de 105 personas, entre otros delitos, y que fueron responsables de las privaciones ilegales de la libertad por las que fueron acusados. Ellos son Humberto José Ramón Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti, Bernardo José Menéndez, Antonio Vañek, Eduardo Samuel Delío, Federico Antonio Minicucci, Néstor Horacio Falcón, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Carlos Horacio Tragant, Juan Avelino Rodríguez, Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Luis Sadi Pepa, Rodolfo Emilio Feroglio, Enrique Braulio Olea y Manuel Juan Cordero Piacentini.

Finalmente, probamos la responsabilidad penal de Miguel Angel Furci por las privaciones ilegales de la libertad de 67 personas y los tormentos padecidos durante sus cautiverios en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti.

 

 

el veredicto

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Por primera vez el Poder Judicial de un país dio por probado que el Plan Cóndor fue una asociación ilícita para desaparecer personas, más allá de las fronteras. Los alcances del Plan quedaron demostrados en su total magnitud. Por muchos motivos se trata de un juicio con características particulares y de suma importancia regional: el cúmulo documental, las cientos de declaraciones de testigos en forma presencial y por videoconferencia desde sus países de residencia. Además del universo alcanzado de personas que resultaron víctimas entre las que se encuentran militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de distintas nacionalidades. Esta trama permitió dar cuenta de la existencia de un sistema formal de coordinación represiva entre las dictaduras de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

En el veredicto del Tribunal Oral Federal N°1 se determinó que los imputados fueron parte de ese sistema criminal y que fueron responsables de algunas operaciones específicas en el marco del Plan. Por esas razones condenó hoy a la pena de 25 años a Santiago Omar Riveros y al ex militar uruguayo extraditado a la Argentina para este juicio, Manuel Juan Cordero Piacentini. A 20 años a Reynaldo Benito Bignone y a Rodolfo Emilio Feroglio. A la pena de 18 años a Humberto José Ramón Lobaiza. A Antonio Vañek, Eugenio Guañabens Perelló, Enrique Braulio Olea los condenó a la pena de 13 años de prisión. A 12 años a Luis Sadi Pepa, Néstor Horacio Falcón, Eduardo Samuel Delío, Felipe Jorge Alespeiti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco. Federico Antonio Minicucci fue condenado a 8 años.

También condenó a Miguel Ángel Furci, ex agente de Inteligencia, a la pena de 25 años de prisión por ser co-autor penalmente responsable por las privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y amenazas contra 67 personas, padecidas durante sus cautiverios en el Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti.

Juan Avelino Rodríguez y Carlos Horacio Tragant fueron absueltos.

La lectura del veredicto fue el 27 de mayo de 2016.