Derechas
y derechos

Este capítulo fue elaborado por Camila Barretto Maia, Juliana Miranda, Macarena Fernández Hofmann y Raísa Ortiz Cetra, integrantes del Equipo de Trabajo del CELS. Agradecemos a Edurne Cárdenas, Vanina Escales, Manuel Tufró, Mauricio Vázquez y Óscar Patricio Rojas por sus valiosos aportes.

El 28 de octubre de 2018, ante el asombro de muches, la campaña electoral brasileña culminó con la victoria del capitán retirado del ejército Jair Bolsonaro. El sentido de este cambio era predecible. Sin embargo, el resultado sorprendió por los discursos y posiciones políticas contrarios a los derechos humanos del candidato electo. Bolsonaro había dedicado sus casi treinta años como político a homenajear a torturadores y a defender la dictadura militar brasileña, a la que hasta el día de hoy llama “Revolución de 1964”. Durante la campaña se declaró “incapaz de amar a un hijo homosexual”: preferiría perderlo en un accidente. Al referirse al narcotráfico en las favelas, dijo que si un policía ingresa en la comunidad y “mata 10, 15 o 20 tiene que ser condecorado, y no procesado”. Cuando se conocieron los resultados de la primera vuelta, prometió poner “un punto final a todas las formas de activismo”.

Estas opiniones abiertamente antiderechos rompían acuerdos que habían estructurado el debate público desde la redemocratización de Brasil. Si en las cuatro elecciones anteriores la mayoría había elegido al Partido de los Trabajadores (PT), con un programa centrado en la reducción de las desigualdades y en niveles moderados de confrontación con los sectores opositores, en 2018 manifestó su apoyo y su tolerancia a un postulante de ideas autoritarias, violentas y discriminatorias. Esto, además, ocurrió en el contexto de una crisis del sistema político, profundizada por los protagonistas del golpe institucional de 2016 y el alto número de personas desocupadas que casi se había duplicado desde 2014. Este marco político, económico y social puede haber contribuido a la eficacia de una campaña apoyada en prejuicios, rencores y frustraciones sociales.

Las ideas de Bolsonaro no son novedosas. En los cinco años previos, habían circulado entre diversos sectores y grupos sociales, económicos, religiosos y políticos. Tampoco son exclusivas de Brasil: fueron sostenidas por candidatos que llegaron al poder en los Estados Unidos, Hungría y Filipinas. Si se analizan los argumentos y las narrativas que organizaron la campaña de Bolsonaro, se pueden identificar elementos que han tenido expresiones recientes en varios países de América del Sur. En Brasil, sus promotores ganaron las elecciones; en otros casos, integran la coalición de gobierno o los poderes judiciales y legislativos, conforman grupos de interés o religiosos que tensionan la dirección de los debates públicos e interpelan y movilizan a la población con niveles variados de adhesión y convocatoria.

Aspectos centrales del neoliberalismo latinoamericano organizan los programas de las derechas del Cono Sur: con particularidades en cada país, se utiliza el argumento de la necesidad de un Estado eficiente para justificar el ajuste socioeconómico y el recorte y/o la reorientación de las políticas públicas. Hoy, en medio de crisis económicas agravadas por las políticas neoliberales, cada vez más actores buscan apoyo electoral construyendo a determinados sectores sociales como enemigos internos, responsables de los problemas, para enfrentarlos con el conjunto de la sociedad. Mediante operaciones de inversión, las mujeres –o el feminismo–, las personas LGBTTIQ, quienes viven en villas o favelas, les migrantes, las personas privadas de su libertad y el movimiento de derechos humanos son descriptos como grupos privilegiados que obstaculizan el bienestar social. En Chile, sectores antiderechos presionan por el sentido de las políticas e inciden sobre los discursos presidenciales. Dos de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera reflejaron esta orientación. La primera tiene que ver con el aborto: un año antes de su asunción, se había logrado la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo con tres causales, pero cuando él llegó al poder se adoptó un protocolo que permite la objeción de conciencia individual e institucional. La segunda fue el abandono del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular. La retirada de Chile buscó encontrar justificación en la necesidad de “poner orden en la casa” y garantizar la soberanía en función del “desorden alarmante” que representaría la migración en ese país.

En la Argentina, el gobierno de Cambiemos construyó enemigos y amenazas internas bajo el lema difuso de “terminar con el narcotráfico”. En vez de partir de un diagnóstico preciso del crimen organizado como problema, se redujeron cuestiones de gran complejidad a una narrativa basada en la alarma frente a las drogas y en la lucha contra la delincuencia como un enemigo interno. Una creciente vinculación en el discurso oficial entre delito y migración fundamentó la modificación de aspectos centrales de la Ley de Migraciones y facilitó los procedimientos de expulsión de migrantes. Además, tuvo lugar una difusión organizada de discursos contrarios a la autonomía y los derechos de las mujeres promovidos por diversos sectores políticos y sociales, aunque en este caso el Poder Ejecutivo, después de masivas manifestaciones públicas, habilitó el tratamiento de un proyecto de ley para derogar la clandestinidad del aborto. En Uruguay, al menos desde fines de 2018, se multiplicaron los discursos que cuestionan el ejercicio de derechos vinculados al género y de posiciones más punitivas en temas de seguridad. Esas narrativas, impulsadas o amplificadas por sectores de la oposición al Frente Amplio, tienen peso en el debate público. Además de la campaña para la derogación de la Ley Integral para Personas Trans, la campaña “Vivir sin miedo” logró reunir 400 000 firmas para un plebiscito de reforma constitucional con el objetivo de aumentar penas, limitar la libertad anticipada y las penas alternativas al encierro, y militarizar la seguridad pública.

Estudios contemporáneos sobre los nuevos líderes de derecha señalan una tendencia a la adopción de discursos que antagonizan con sectores o grupos de bajos ingresos y con menor acceso a derechos. Donald Trump y Marine Le Pen, por ejemplo, enfatizan la necesidad de conservar jerarquías y privilegios que consideran naturales. Confrontan con la inmigración –y lo foráneo en general– y con los cambios en el modelo de familia patriarcal heteronormativa. Plantean que los sectores históricamente privilegiados deben defenderse como si fueran una “mayoría silenciosa” amenazada¹. En esta apelación a una supuesta amenaza de grupos minoritarios intensos, subyace un cuestionamiento político y sustantivo a la noción de igualdad que propone no reducirla a una perspectiva formal o jurídica.

La confluencia de numerosos y poderosos sectores sociales, políticos, judiciales y religiosos en narrativas antiderechos tiene impacto sobre los valores democráticos. En cuestiones como el derecho a la vida y la integridad física, a la no discriminación y a migrar, estos grupos interpelan a la sociedad disputando sentido, proponiendo restringir el alcance de principios constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos.

Estas explicaciones sobre la realidad social identifican un adversario y legitiman posibles cursos de acción y movilización². En sus versiones conservadoras, comparten la apelación a valores morales, al enojo, a la frustración y al miedo. De estas construcciones de “otros” o “enemigos”³, se derivan políticas públicas que restringen los derechos de aquelles a quienes previamente se construyó como peligroses. En sus versiones más extremas, estos discursos ubican al movimiento de derechos humanos como un adversario de la mayoría de la sociedad y procuran construir popularidad con discursos y políticas que antagonizan con el paradigma de derechos humanos. La capacidad de movilizar sectores amplios en defensa de derechos, que es distinta en cada sociedad, constituye un importante límite para su avance. Pero en la medida en que esos discursos encuentran arraigo social y resultan eficaces se convierten en un desafío crítico para una política comprometida con la igualdad y los derechos humanos. Con ese horizonte, en este capítulo contribuimos a caracterizar el entramado político-discursivo que se ha desplegado en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en torno a tres temas centrales de la agenda actual del activismo en derechos humanos: la igualdad de género y la no discriminación, los derechos de les migrantes y las políticas de seguridad. Para eso, seleccionamos escenas recientes del debate social y político, coyunturas de fuerte controversia en las que es posible identificar a los actores que intervinieron, y analizar los argumentos y los sentidos sobre los derechos humanos que pusieron en juego.

1. Los derechos sexuales como amenaza o privilegio

Persecución a docentes en Brasil: “Se está imponiendo una ‘ideología de género’ a los niños en las escuelas”

En 2004, el abogado Miguel Nagib creó Escuela Sin Partido, un movimiento que se presenta como una iniciativa de estudiantes y sus madres y padres para actuar ante la “contaminación político-ideológica” en las escuelas, desde la enseñanza básica al nivel superior.

En sus comienzos, promovía el ideal del Estado mínimo e incluía una denuncia contra el “adoctrinamiento marxista”. El movimiento fue poco conocido hasta principios de la década de 2010, cuando comenzó a recibir apoyos de grupos de derecha, en particular sectores religiosos de esa tendencia. Entonces, Escuela Sin Partido confluyó con el llamado combate a la “ideología de género”, un sintagma puesto en circulación inicialmente por el Vaticano para cuestionar al creciente movimiento global en favor de los derechos de las mujeres, de los derechos reproductivos y de la identidad de género⁴.

Estos grupos religiosos pusieron su atención en la educación cuando comenzaron a ampliarse las iniciativas educativas para prevenir la violencia machista y el LGTBIodio. Católicos y evangélicos coordinaron su presencia en foros participativos, los espacios que estructuran la política de educación en Brasil, para promover alarmismo sobre la vulnerabilidad de les niñes ante la difusión de una ideología que les impediría consolidar una identidad sexogenérica masculina o femenina. En 2014, lograron la exclusión de los temas relacionados con el género del Plan Nacional de Educación, y en 2015, de los planes estaduales y municipales. Estaba implícita la búsqueda de un plan de estudios que restituyera un supuesto orden moralmente superior: el de la diferencia sexual como patrón de jerarquías, la heterosexualidad obligatoria, el binarismo genérico como esquema político-cultural y la negación de las identidades y las vidas trans.

Fue de hecho en 2015 que Escuela Sin Partido ganó mayor notoriedad como movimiento. Ese año lanzó una campaña para que madres y padres enviaran notificaciones extrajudiciales a las escuelas con la amenaza de denunciar a directores y profesores que realizaran ciertas conductas consideradas “ilegales”, que podían ir desde la “promoción de sus propios valores” hasta la “manipulación” del contenido de la disciplina⁵. Ese crecimiento llevó también a la presentación de proyectos de ley en el Congreso nacional y en legislaturas estaduales y municipales de Brasil, estructurados a partir del concepto de “marxismo cultural”: el enemigo construido por los sectores reaccionarios para alertar sobre una “estrategia de manipulación de las mentes”⁶.

La promoción de la vigilancia a docentes se diseminó en los años siguientes. En 2017, un legislador municipal de San Pablo realizó visitas sorpresa a instituciones públicas para “verificar si está habiendo algún tipo de adoctrinamiento ideológico”, si había profesores “con remeras del PT, del MST [Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra], esas cosas”⁷. En octubre de 2018, antes de la segunda vuelta electoral, una diputada estadual electa por el Partido Social Liberal (PSL) pidió que estudiantes grabaran videos de sus profesores cuando hicieran “propaganda político-partidaria o ideológica”⁸.

En sus inicios, Escuela Sin Partido postulaba que la educación debe ser neutral. Con el tiempo, pasó a defender abiertamente que se prohibiera en las escuelas la transmisión de contenidos contrarios a sus valores y opciones políticas, que se les atribuyen a los padres y las madres. Plantean la escuela como una extensión del hogar, anulando una concepción de las instituciones educativas como ámbito social, público y de protección de derechos. El lema “meu filho, minhas regras” (mi hijo, mis reglas), título de una página creada en Facebook en 2016, se presenta como antagónico de la consigna feminista “mi cuerpo, mis reglas”.

Reacción contra la Ley Integral para Personas Trans en Uruguay: “Se otorgan privilegios para unos, atropellando los derechos del resto de la sociedad”

En abril de 2019, el Poder Ejecutivo uruguayo reglamentó la Ley Integral para Personas Trans, votada por el Parlamento en octubre de 2018. Se trataba de una de las normas más avanzadas en el mundo que respondía a la realidad de una población que históricamente tuvo que enfrentar el estigma, la discriminación y la violencia social y estatal⁹. En 2016, el Primer Censo Nacional de Personas Trans del país detectó una vulneración de derechos extrema ante la cual la ley estableció medidas de protección de carácter afirmativo. Unos días después, dos diputados del Partido Nacional, Carlos Iafigliola –precandidato presidencial e integrante de la iglesia evangélica Misión Vida para las Naciones– y Álvaro Dastugue, lanzaron una campaña de recolección de firmas para derogar la ley mediante un referéndum. Con el título “Todos somos iguales”, argumentaban que la nueva legislación “otorga privilegios para unos, atropellando los derechos del resto de la sociedad”¹⁰.

Con estos dichos, los opositores a la ley realizaron una operación discursiva de inversión: atacaron la promoción de derechos de un grupo o sector denunciando una situación de desigualdad y supuestos privilegios. En este caso, los promotores de la campaña recurrieron al argumento de los “derechos de los contribuyentes”, quienes se verían obligados a financiar con sus impuestos los tratamientos de hormonización y las intervenciones quirúrgicas requeridas para modificar los cuerpos de las personas trans en función de sus deseos; mientras a la vez el Estado uruguayo muchas veces se rehúsa a entregar medicamentos costosos a personas con cáncer u otras enfermedades graves¹¹.

El argumento crea una falsa oposición entre “las personas trans” y “los contribuyentes”, como si les trans no fueran también contribuyentes o no pudieran padecer cáncer.

La Ley Integral para Personas Trans también fue objetada como una amenaza a las familias. Aunque su texto establece otra cosa, sus detractores decían que habilitaba el cambio de sexo y la hormonización de niñes incluso con la oposición de madres y padres. Además, se omitía deliberadamente que la legislación uruguaya sobre infancia y adolescencia prevé la autonomía incremental como principio. En este argumento resuena el de Brasil y su “mi hijo, mis reglas” y el más reciente en la Argentina de “con mis hijos no te metas”.

La ley también fue puesta en relación con una trama narrativa más amplia: ser parte de un movimiento que busca imponer a la sociedad una ideología –tomada esta como sinónimo de “falsedad”–, que niega “que nacemos varón y mujer”, contraria a “la ley natural”¹² y, por lo tanto, “a la ciencia”. Estos grupos recurren a un supuesto paradigma científico como ariete para reivindicar la biologización de la organización social, la naturalización de las jerarquías basadas en el sexo y la negación de derechos a quienes no encajan en este modelo binario.

El 26 de marzo de 2019, los diputados Iafigliola y Dastugue presentaron ante la Corte Electoral 70 000 firmas en apoyo a la realización del referéndum, superando el mínimo previsto. La consulta no obtuvo los resultados que buscaban sus organizadores, pero la campaña ya ha sido efectiva al poner en circulación en la opinión pública un discurso contrario a la protección de un grupo cuyos derechos humanos son violados.

La oposición a la legalización del aborto en la Argentina: “Salvemos las dos vidas”

Luego de décadas de trabajo del movimiento de mujeres, lesbianas y trans, en marzo de 2018, el Congreso argentino debatió un proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Desde 1921, el aborto no es un delito en nuestro país si el embarazo es consecuencia de una violación o si pone en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. En 2012 el fallo “F., A. L.” de la Corte Suprema estableció criterios amplios de interpretación de aquellas causas establecidas en 1921 y reafirmó el derecho a acceder a los abortos que son legales. El proyecto que se debatió en 2018 proponía que el aborto fuera legal en todos los casos. En medio de exposiciones intensas, la mañana del 14 de junio la Cámara de Diputados aprobó el proyecto mientras una multitud se manifestaba en los alrededores. El 8 de agosto fue rechazado en el Senado por una diferencia de siete votos. Si bien el proyecto finalmente no se aprobó, la cuestión del derecho al aborto quedó en el centro de la agenda pública, con posiciones a favor de múltiples grupos, sectores y personalidades que no se habían pronunciado antes de este debate parlamentario.

Con antecedentes desde la década del noventa, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue lanzada en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2005 para expandirse y fortalecerse luego en todo el país. Su símbolo es un pañuelo verde, en alusión al blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y su consigna, “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”. A lo largo de estos años, otros sectores también se organizaron para oponerse al derecho a abortar. Desde 1998, iglesias e instituciones religiosas de todo el territorio argentino convocan a una movilización cada 25 de marzo, establecido como el “día del niño por nacer” durante la presidencia de Carlos Menem. También organizan una “marcha de los escarpines” frente al Congreso nacional. A medida que se acercaba el debate legislativo de 2018, organizaciones conservadoras, la Iglesia católica y el sector derechista de las iglesias evangélicas se coordinaron para armar una contracampaña que tiene como lema: “Salvemos las dos vidas”. Como contrapartida de la “marea verde”, eligieron un pañuelo celeste.

Ante el argumento del alto índice de mortalidad a causa de abortos clandestinos, los sectores que se oponen niegan la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones autónomas. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, sostuvo en una entrevista previa al debate en Diputados: “Vos tenés un embrión adentro de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo”¹³. En la misma línea, antes de la sesión en el Senado el diario La Nación remarcó en su editorial:

Con sus palabras, la diputada Béccar Varela ponía sobre la mesa otro argumento central de este sector opositor, que expresa que las mujeres y niñas “nacen para ser madres” –narrativa esencialista que excluye a los varones, quienes no habrían nacido para paternar, ni su responsabilidad es cuestionada–. En esta cosmovisión, la decisión de no ser madre se toma como una objeción al orden “natural” de la familia nuclear heterosexual. Esa es la línea del editorial del diario La Nación del 1º de febrero de 2019 sobre las niñas que “deciden” ser madres. Este elogio del “instinto maternal natural en la mujer” califica toda otra decisión como un “error inducido” por el movimiento feminista y omite que, si una niña está embarazada, es porque existió una violación. Al naturalizar la maternidad de niñas, se naturaliza la violencia patriarcal que la provoca.

Otros actores plantearon que la posición contraria al aborto es la más compatible con los derechos humanos. El senador nacional Esteban Bullrich señaló: “El lema ‘Ni una menos’ también se aplica cuando se interrumpe un embarazo de una beba en gestación porque la están matando”¹⁶. En otro argumento acerca de cómo la penalización puede resultar en realidad protectora de los derechos de las mujeres, y aun cuando el aborto por causa de violación es legal desde 1921, se llegó a plantear que la legalización puede favorecer el encubrimiento de hechos de violación.

La construcción que hace el sector contrario a la lucha por el aborto seguro es que “la persona por nacer” tiene ya una subjetividad y derechos. Alega que su inocencia es amenazada por la afirmación de autonomía de la persona gestante. Ese ejercicio de libertad la vuelve de inmediato victimaria. A la mujer soberana de sus decisiones se la presenta con una imagen monstruosa y, por eso, susceptible de ser privada de derechos y su cuerpo, enajenado.

2. Nosotros versus los otros

Restricción de derechos de les migrantes en Chile: “Ha llegado el momento de poner orden en este hogar que compartimos, en esta casa que es la casa de todos”¹⁷

En Chile, la política migratoria sigue regulada por el Decreto-ley 1094 de 1975, conocido como Ley de Extranjería, una normativa de la dictadura cívico-militar en la que priman la lógica de la soberanía nacional y la visión de la migración como una amenaza. Pese a la demanda y la presión de organizaciones sociales y los avances en otros países de la región, la necesidad de tener una legislación sobre migración sancionada en democracia no logró instalarse en la agenda pública chilena hasta las elecciones de 2017, cuando sí lo hizo pero con una perspectiva contraria a la ampliación de derechos.

Durante la campaña electoral, hubo candidates que buscaron movilizar las preocupaciones por la seguridad de algunos sectores en contra de les migrantes y construyeron la idea de que endurecer el control de la migración era una solución a estos problemas. El candidato de la extrema derecha José Antonio Kast Rist propuso cerrar la frontera con Bolivia para controlar el narcotráfico y sostuvo que cada vez más ingresantes a Chile apoyaban estas actividades¹⁸.

Los discursos extremos propusieron el cierre de las fronteras para frenar el flujo migratorio y buscaron vincular directamente la migración irregular con el narcotráfico, sin tener en cuenta las razones diversas por las que las personas deciden migrar sin permiso. A nivel discursivo, la migración irregular fue construida como un delito que amerita un tratamiento similar al de la “guerra contra el narcotráfico”.

Otro argumento, presente incluso en discursos más moderados, es la distinción entre migrantes supuestamente vinculados al delito y aquellos que pueden hacer un aporte a la sociedad. Esta división construye una estratificación de les migrantes: quiénes pueden ser bienvenides y quiénes no deben cruzar las fronteras. Esta jerarquización se rige en la práctica por características como el origen nacional, la clase y los niveles de educación formal, y no por los derechos de las personas en materia de movilidad. En definitiva, promueve una política migratoria selectiva, que categoriza la población migrante entre la deseada y la no deseada.

También Fulvio Rossi, exmiembro del Partido Socialista (PS) que se presentó como candidato independiente, movilizó posiciones contra la migración en busca de apoyo electoral. Uno de sus carteles de propaganda proponía: “No más migraciones ilegales. Ley de expulsión inmediata a los delincuentes”¹⁹. Ante las críticas a esa campaña por parte de la Secretaría Migrantes de la Juventud Socialista de Chile y otros actores, contestó:

Una idea organiza estos discursos: expulsar y discriminar al extranjero –el “otro”– para proteger al “nosotros”, a les nacionales. El vínculo entre migración y delito sirve de excusa para invertir la lógica de la protección de quienes migran: ya no tendrán derecho a políticas de integración e inclusión, sino que el parámetro de “justicia” será el endurecimiento penal porque son responsables de la inseguridad de les nacionales. Por eso la eficacia de los procedimientos de expulsión fue presentada como un objetivo central de la política migratoria.

Al asumir, Piñera comenzó a implementar su proyecto. En abril de 2018, presentó una batería de medidas administrativas y legislativas para “ordenar la casa” y “cerrar las puertas con machete, a los que vienen a causarnos daño”, entre ellas un proyecto de ley. A la vez, estableció un programa especial de regularización que sirve, en la práctica, para identificar migrantes con antecedentes penales y expulsarles.

Limitación del acceso a la salud de les migrantes en la Argentina: “No soy xenófobo ni digo de poner un muro, pero este año entraron 400 000 latinoamericanos pobres a Argentina, de los que el país se tiene que hacer cargo. ¿Es sostenible esto en el tiempo?”²¹

En la Argentina, estuvo vigente hasta 2004 la Ley Videla, normativa heredada de la última dictadura cívico-militar que no reconocía derechos, en particular económicos y sociales, a les migrantes. Tras la demanda y movilización de muchos sectores, en 2003 se aprobó la Ley 25 871 que reconoce la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeres en cuanto a servicios sociales, educación y salud. Si bien esto ya era objeto de controversias, sobre todo en las provincias fronterizas, en los últimos años distintes actores polítiques comenzaron a buscar adhesión a través del cuestionamiento a esta ampliación de derechos.

En octubre de 2017, el embajador argentino en la ciudad boliviana de La Paz, Normando Álvarez García, reclamó al gobierno de Evo Morales la firma de un convenio de reciprocidad para que ambos países brindaran atención gratuita en sus hospitales públicos a sus respectives ciudadanes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia contestó que no había necesidad de tal acuerdo, dado que todos los servicios de salud ya estaban garantizados en ese país²². Hubo gestiones similares de los gobernadores de Salta y Neuquén con sus pares de los departamentos fronterizos de Bolivia y Chile.

Estas posiciones planteaban la noción de “turismo de salud” o “turismo sanitario” para sostener que hay personas que no tienen acceso a estos servicios en sus países de origen y migran para usar el sistema gratuito argentino. Argumentan que el acceso gratuito a los servicios de educación universitaria y de salud debe depender de la reciprocidad del país de origen²³. Mientras que les residentes permanentes tendrían todos los derechos sociales en igualdad de condiciones con les nacionales, los de les demás estarían sujetos a las decisiones, en este aspecto, de sus gobiernos. Así, el principio de igualdad se desplaza a los Estados y deja de ser entre las personas. Otro argumento que se pone en juego es que el acceso a derechos debería estar ligado a la capacidad contributiva, que se presume nula porque se ignoran los aportes tributarios que hace una persona con una residencia temporaria o irregular. Este enfoque tiene efectos de segregación social y discriminación de muches migrantes que viven en la Argentina. Según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, en 2018, el 62% de las radicaciones otorgadas fueron temporarias.

El 27 de febrero de 2018, el diputado nacional de Cambiemos, Luis Petri (Unión Cívica Radical), presentó un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Migraciones para arancelar el acceso a la salud y a la educación para les migrantes que no fueran residentes permanentes. Este proyecto se frenó por desacuerdos dentro del oficialismo²⁴, pero otros en la misma línea presentados por diputades de Jujuy y Buenos Aires²⁵ siguen en trámite en el Congreso nacional.

Poco después, el ministro de Salud de Jujuy presentó un proyecto de ley que propuso cobrar aranceles a las personas extranjeras en tránsito²⁶. En febrero de 2019, esa provincia aprobó la Ley 6116 que, impulsada por el gobernador Gerardo Morales (Cambiemos), estableció el fin de la gratuidad de los servicios médicos provinciales para les migrantes “transitories”. El Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros impuso el cobro de un “seguro” a quienes requirieran el servicio médico público provincial y no contaran con una residencia permanente. El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, declaró su apoyo a la ley.

Este discurso pone en juego aspectos tradicionales de los nacionalismos: se crea un antagonismo excluyente entre la defensa de los intereses de les nacionales y los derechos de las personas migrantes, que aparecen negados. El diputado provincial de la UCR, Alberto Bernis, afirmó que la nueva ley jujeña pretendía “defender los derechos de los argentinos que salen del país y que son maltratados en el exterior”²⁷. El diputado Marcelo Nasif se pronunció en términos todavía más duros: “No es venganza, son actos de justicia para personas extranjeras en tránsito que deberán sustentar su atención en salud”.

3. Las armas letales como protectoras de la vida Promoción del uso particular de las armas letales en Brasil: “Las armas pueden ser usadas para matar o para salvar vidas”

La liberalización del uso de armas de fuego es un tema recurrente en la trayectoria política y en los discursos de Bolsonaro y de sus hijos. Mientras era candidato, con el gesto de la mano, transformó al arma en símbolo de su campaña. Ya como presidente, en 2018 la discusión sobre liberalizar la portación ganó un espacio central en la agenda.

La cuestión había sido objeto de una ley impulsada por el PT en 2003, el llamado Estatuto del Desarme, que estableció la obligación de registrar las armas y las municiones, así como a todos les fabricantes y comerciantes. Además, implementó controles más estrictos para la posesión: para registrarse pasó a ser necesario probar cada tres años la efectiva necesidad de tener un arma, la ausencia de antecedentes penales y la capacidad técnica y psicológica para manejarla. La portación de armas fuera del domicilio fue prohibida, salvo para agentes de las fuerzas de seguridad y de inteligencia, agentes penitenciaries, jueces y fiscales y funcionaries de empresas de seguridad privada. La ley también prohibió “la comercialización de armas de fuego y munición en todo el territorio nacional”, salvo excepciones. Estableció que la vigencia de esta prohibición dependería del resultado de un referéndum que finalmente se hizo dos años más tarde, con la pregunta “¿El comercio de armas de fuego y munición debe ser prohibido en Brasil?”. El 63,94% de las personas contestó que no debía prohibirse. Esto generó una situación particular: si bien el referéndum se limitaba a la cuestión del comercio y no tocaba las demás restricciones, reveló un apoyo general a la liberalización de las armas. Aunque el Estatuto sigue, sin embargo, vigente, el referéndum es un antecedente crucial para comprender la defensa actual de la liberalización del comercio, la posesión y la portación de armas en Brasil.

En el contexto del referéndum de 2005, se organizaron en el Congreso dos frentes parlamentarios: “Brasil sin Armas” y “Por el Derecho de Legítima Defensa”. La campaña de este segundo bloque se montó sobre los miedos que habitaban el imaginario social y cultural brasileño y bajo el argumento de que la prohibición dejaría a la gente “honesta” desarmada, mientras les delincuentes seguirían armados. Así, en vez de trabajar para reducir el tráfico de armas, se proponía avanzar en la liberalización del comercio legal.

El 3 de agosto de 2018, Bolsonaro declaró en una entrevista por televisión que quería “hacer valer el referéndum de 2005”: “Hay que respetar la voluntad de las personas que decidieron tener derecho a la posesión de arma de fuego, comprar un arma y tenerla adentro de su casa”²⁸. El 6 de julio de 2018, declaró que no se podía “dejar el Estatuto del Desarme como está, que de manera irresponsable y premeditada desarmó al ciudadano de bien y dejó a la delincuencia con un fusil”. Por detrás de esa narrativa, están los usos legítimos y no legítimos del arma, que se derivan de la “bondad” o “maldad” de quien la usa. El extremo de esa lógica es la afirmación de que, según el usuarie, las armas letales no matan: salvan vidas.

Les niñes tuvieron un lugar expuesto en la campaña de Bolsonaro, quien fue grabado cuando enseñaba a una niña de 4 años a simular un arma con las manos. En otro registro le pregunta a un niño: “¿Sabés disparar?”. Frente a las críticas, el candidato subió el tono: declaró que sus propios hijos disparaban con armas reales desde los 5 años. Un padre, consideró, debe enseñar a su hije qué es un arma de fuego y para qué sirve “porque en las comunidades [favelas] hay pendejos de 8 años de edad usando fusiles más grandes que ellos, esa es una realidad”. Confrontado con el hecho de que el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) prohíbe la venta o entrega de armas a personas menores de edad, el candidato se alteró: “El ECA hay que romperlo y tirarlo al inodoro, la realidad es muy diferente de la teoría que está ah픲⁹.

El aval del gobierno para que la policía utilice la fuerza letal en la Argentina: “Había una campaña para culpabilizar a los policías; hoy, los respaldamos”

El 8 de diciembre de 2017, Luis Chocobar, un policía local del municipio bonaerense de Avellaneda, se encontraba fuera de servicio e intervino después de un robo en el barrio porteño de La Boca en el que había sido herido un turista. Los asaltantes escaparon, el agente los persiguió y le disparó en la espalda a uno de ellos, Juan Pablo Kukoc, de 18 años. El joven murió sobre el asfalto. Chocobar fue imputado por “homicidio agravado por el exceso en el cumplimiento de un deber”. Al momento de escribir este Informe, el caso ya fue elevado a juicio.

Pese a que Chocobar no trabajaba para una fuerza dependiente del gobierno nacional, el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibieron al policía, que ya había sido procesado, y transformaron al caso en un componente central de la política comunicacional de su gestión. La ministra declaró a los medios: “Nosotros, como gobierno, hemos dado vuelta a lo que ha pasado acá. Acá, los victimarios parecían las víctimas y las víctimas, los victimarios”³⁰. Este discurso construye la idea de que antes la policía era culpabilizada sin fundamento por actores ligades al movimiento de derechos humanos, mientras el gobierno proponía una “nueva doctrina” que postulaba la acción policial letal como siempre válida.

En torno a este episodio, el gobierno nacional desplegó una serie de mensajes sobre y para el Poder Judicial. Tras recibir al policía, la ministra declaró que iban a “apoyar en la defensa legal, consideramos que el juez va a entender nuestro razonamiento”³¹. Cuando, dos semanas más tarde, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de Chocobar, el presidente declaró:

En esta declaración, se identificó como asesino a Kukoc y se omitió que Chocobar mató a una persona que escapaba cuando no había vidas en riesgo. Las autoridades argentinas desconocieron el derecho a la vida de quienes fueron asesinades por las fuerzas policiales.

Estas retóricas ya tenían antecedentes en la posición asumida por el gobierno en otros casos con víctimas fatales. Mientras se realizaba la investigación judicial por la desaparición de Santiago Maldonado en la provincia de Chubut, el gobierno desplegó un discurso de defensa corporativa de la actuación de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que había ingresado a la comunidad Pu Lof para perseguir a un grupo de manifestantes que había cortado la ruta. Durante los 77 días que Santiago estuvo desaparecido y luego de que se lo encontrara sin vida en el río Chubut, distintes funcionaries intentaron diluir la responsabilidad política y de la GNA, y atacaron a las organizaciones de derechos humanos que reclamaban por el esclarecimiento del hecho. Dijo la ministra Bullrich:

Tres meses después de la desaparición de Santiago, la Prefectura Naval Argentina (PNA) abrió fuego contra un grupo de una comunidad mapuche en la zona rionegrina de Villa Mascardi y mató a Rafael Nahuel Salvo, un joven de 22 años. Una vez más, el Ministerio defendió su actuación y asumió como propia la versión que dieron los prefectos: “Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad, en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad”³⁴. Finalmente, en mayo de 2019, la justicia procesó a uno de los prefectos por homicidio agravado. Este discurso de defensa corporativa de la actuación policial fue mutando hacia la idea de que les policías son tratades de manera injusta y “culpabilizades”. Pasó de formulaciones vinculadas a casos concretos, a una “nueva doctrina” que avaló el uso de la fuerza letal en cualquier circunstancia. Estos argumentos contradicen la experiencia de quienes han sufrido la violencia policial y de sus familiares que se enfrentan a altísimos niveles de impunidad de las muertes y heridas provocadas por las fuerzas de seguridad³⁵. Según los hechos, estas narrativas buscan configurar un antagonismo en el que les policías oscilan entre el rol de héroes y el de víctimas; y les adversaries son los sectores de la sociedad que a lo largo de la historia defendieron un paradigma de seguridad democrático, en particular, les que denuncian violaciones de derechos humanos y demandan que se las investigue y juzgue.

La agenda detrás de estos discursos quedó en evidencia cuando el Ministerio de Seguridad aprobó un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (Resolución 956/2018). Esta normativa quebró el paradigma de uso excepcional de la fuerza letal y habilitó el empleo de armas de fuego en diversos escenarios cuando se considere que existe un “peligro inminente”. La medida fue leída como un respaldo a las fuerzas. En su editorial del 16 de diciembre de 2018, el diario La Nación expresó:

La construcción de este discurso acusa a los organismos de derechos humanos de culpabilizar a les policías e impedir que realicen sus tareas de forma eficiente. El Ministerio tomó, en el último período, medidas de escaso impacto práctico, que se enmarcan en el propio proceso de consolidación de una narrativa política: el programa “Restituir” (Resolución 1015/2018) y la Unidad de Garantía de Derechos Humanos para las Fuerzas de Seguridad. Ambas medidas buscan resarcir a les policías cuando son investigades y protegerles de los grupos que les atacan. En ese sentido la ministra dijo:

De este modo buscó construir a los organismos de derechos humanos no como defensores del derecho a la vida, sino como obstáculos para una vida segura.

4. Los discursos son realidad

Las escenas presentadas en este capítulo permiten identificar elementos comunes entre los discursos de quienes promueven medidas antiderechos en algunos países de la región. Hay continuidades argumentales. Resignifican o invierten sentidos. Plantean un antagonismo con principios y valores básicos de la democracia y de los derechos humanos, como la vida y la igualdad. El discurso centrado en valores morales y religiosos se presenta con un lenguaje de derechos. Los derechos de niñes y mujeres son reivindicados desde una perspectiva patriarcal-paternalista y autoritaria, que les niega capacidad de agencia y libertad. Pretenden defender la protección de la vida de las personas gestantes con la imposición de embarazos, partos y nacimientos más allá de sus voluntades. Apelan a la protección de niñes contra la “ideología de género” y la “propaganda político-ideológica” en las escuelas evitándoles que accedan a una educación plural y democrática. Defienden a niñes y adolescentes frente la “promoción de una identidad trans” pero les dejan a merced de las peores y más violentas formas de discriminación.

Tanto en el despliegue para derogar la Ley Integral para Personas Trans de Uruguay como en los debates sobre el acceso de les migrantes a los derechos sociales en la Argentina, estos discursos movilizaron la idea de igualdad para oponerse a políticas que buscaban garantizar derechos de grupos sociales en situación de desventaja estructural. Sectores discriminados desde siempre, como la población trans y las personas migrantes, fueron presentados como privilegiados que abusaban de los escasos recursos del Estado y que así vulneraban los derechos del conjunto de la sociedad. Se justifica la exclusión –y, en definitiva, la violencia– sobre la base de la negación de la situación de desigualdad estructural.

Con matices, esta misma idea se despliega en los discursos en torno a la seguridad, que juega un papel destacado al momento de justificar y promover la exclusión (e incluso la muerte) de algunes. Estos algunes son siempre el otro, el asesino (de hecho, o potencial), el delincuente, el vagabundo, el migrante. El objetivo pasa a ser “luchar” contra estas amenazas. Principios básicos como los de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza son vistos como argumentos contra la policía y obstáculos para la defensa de la población. Quienes sostienen cuestiones elementales como que el derecho a la vida debe prevalecer por sobre el de propiedad son tratades como “enemigos” del orden o de los “ciudadanos comunes”.

Se trata de discursos opuestos al concepto del Estado como garante de derechos, promotor de la igualdad, y a los movimientos que han defendido, reivindicado y trabajado para profundizar la vigencia de los derechos humanos. El ámbito privado, encarnado en la familia tradicional, patriarcal y heteronormativa, se presenta como superior en desmedro de lo público. La libertad individual de portar armas de fuego es defendida como un derecho fundamental. Al mismo tiempo que se retira del Estado la responsabilidad por la garantía de derechos humanos, se reivindica una reducción del control del Estado como potencial violador de esos mismos derechos. En este movimiento, les agentes policiales del orden reciben total respaldo para hacer uso de la violencia letal.

En cada país, la capacidad de movilizar respuestas y acciones de protección de diferentes derechos y de los colectivos afectados será clave para contener el avance de estos discursos y políticas restrictivas. En la Argentina, la defensa protagonizada en las calles por el movimiento de derechos humanos, el sindical, el de mujeres y las organizaciones sociales abarca una gran parte de la agenda en materia de derechos. En oportunidades críticas, tal activismo limitó el avance de discursos y políticas restrictivas, como los reflejados en este capítulo.

Estas son cuestiones imprescindibles para pensar la defensa de garantías en un contexto en el que los derechos humanos son presentados como sesgados, ajenos a los intereses del conjunto y sobre todo injustos. Cuando estos discursos, medidas y acciones son enunciados y ejecutados por quienes disputan y ejercen poder político, tienen el efecto de limitar, restringir o negar los derechos de los sectores de menores recursos económicos e históricamente discriminados. En una región con profundas desigualdades y cada vez más violenta, el ambiente social que fomentan es uno marcado por la segregación y el odio.