Como consecuencia de una persecución, la policía bonaerense mató a una niña, dos niños y un joven. Sus muertes no pueden ser tratadas por las autoridades políticas como una tragedia en la que no tienen responsabilidad.
Más de 20 familias de campesinos corren riesgo de perder su sustento económico por una resolución judicial.
Las comunidades reclaman desde 1984 un título único de propiedad sin subdivisiones sobre los ex lotes fiscales 55 y 14 del departamento de Rivadavia, provincia de Salta.
El abogado de Vanessa Gómez Cueva, Juan Martín Villanueva, junto con Amnistía Internacional, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el CELS pedimos una medida cautelar para que la mujer y su hijo pequeño puedan reencontrarse con su familia.
Además de ordenar que se investigue el operativo, los jueces consideraron que el ministerio de Seguridad tiene el “propósito de condicionar el curso de la pesquisa”.
El miércoles 15, al mediodía, se realizará una radio abierta en la Plaza Mitre de Monte Grande, para visibilizar el uso de comisarías clausuradas para alojar detenidos y reclamar que se juzguen a las autoridades responsables de las muertes.
De aprobarse, la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud empeorará las condiciones de acceso a la salud en el país.