Hace muchos años que la comunidad indígena inició los reclamos para contar con seguridad jurídica de las tierras en las que vive desde tiempos ancestrales, pero recién en 2012, el Estado le reconoció la finalización de un relevamiento catastral. Ante un desalojo parcial en 2020, la comunidad presentó un amparo y ahora la Justicia federal falló a su favor ordenándole al Gobierno que le entregue el título de propiedad.