Tenía 19 años cuando la acusaron de matar a una vecina, en 2001. Siete años después, sin pruebas, la condenaron a cadena perpetua. Su caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Asociación de Pensamiento Penal y el CELS se presentaron como amicus curiae.
Las tramas que posibilitaron que aún no haya justicia y verdad en el caso AMIA aún están presentes y explican muchos de los problemas que preocupan en la actualidad. No se rompieron los pactos entre los sectores judiciales, políticos, de inteligencia y mediáticos que construyeron la impunidad del atentado, ni se transformaron sus prácticas.
El gobierno decidió poner a las fuerzas de seguridad a cargo de una política con supuestos fines educativos.
El documento presentado por la ACUMAR no hace eje en los problemas socio-ambientales que tiene la cuenca. Miles de familias esperan una respuesta efectiva de los gobiernos de nación, ciudad y provincia.
Las políticas de ajuste en la Ciudad de Buenos Aires -en desarrollo social, salud, trabajo y vivienda- se ven en el aumento desmedido de las personas en situación de calle. Al menos son 7251. Fueron expulsadas de las viviendas que habitaban tras perder sus trabajos, por no poder afrontar el pago de los aumentos, por situaciones de hacinamiento.
Desde 2017 las políticas migratorias han sido endurecidas y el número de personas expulsadas aumentó. El caso de Vanessa refleja las consecuencias en los derechos humanos de estos cambios.
La ANSES anunció, ante una marcha programada para protestar por el fin de la moratoria previsional, que prorrogará su vigencia por tres años. Sin embargo, no corrió la fecha de corte: quienes quieran plegarse a la moratoria deberán acreditar más años de trabajo formal. En ese esquema, muchas mujeres no podrán jubilarse y solo les quedará la PUAM, que está 9 puntos por debajo de la línea de pobreza.