El protocolo dictado por Jorge Lemus para la atención en la Ciudad endurece el Código Penal al establecer requisitos que la ley no pide. El TSJ no falla sobre ese tema sino que dice que como no llegó ante sí el caso de una mujer en particular, no puede establecer cómo deben garantizarse derechos. Al hacer eso, rechaza también el carácter preventivo de los amparos. El gobierno porteño debe garantizar los servicios consagrados por la ley.