Desde el CELS queremos fortalecer el área administrativa con la incorporación de una persona profesional graduada en Administración, Finanzas, Contabilidad o Economía. Se recibirán postulaciones vía formulario hasta el 15 de septiembre.
Tras nueve meses de reprimir distintas manifestaciones, el Ministerio de Seguridad dijo que el derecho a la protesta se ejerce “sin ningún problema”. Fue en la causa judicial en la que denunciamos la inconstitucionalidad del protocolo.
Custodiadas por fuerzas de seguridad, topadoras de la empresa inmobiliaria Sucre entraron al territorio donde la comunidad indígena vive y trabaja desde hace décadas. Pedimos al procurador general de la provincia que cesen los abusos y se respete el protocolo para este tipo de conflictos.
Organizaciones civiles y comunidades indígenas presentamos una acción judicial ante el Tribunal Superior de la provincia. De acuerdo con la demanda, el decreto 7751/2023 viola derechos humanos y normas ambientales establecidos en tratados internacionales, en la Constitución Nacional y en la provincial.
Más de sesenta organizaciones pedimos que se deje sin efecto el decreto 780/24 que restringe la aplicación de la ley 27.275 y vuelve al Estado más opaco. La decisión del Gobierno es antidemocrática y va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
A través de un decreto se cerró la Unidad Especial de Investigación de la CoNaDi, especializada en la recopilación y análisis de documentación de casos en los que se busca garantizar el derecho a la identidad. Con Abuelas de Plaza de Mayo, compartimos un video sobre el rol de la Comisión y lo que implica esta decisión.
Organizado por la Red Latinoamericana, se llevó a cabo el jueves 29 y viernes 30 de agosto en el Edificio Manuel Dorrego de la UNLA.
