Además se juzga el intento de homicidio de siete amigos que viajaban en la misma camioneta. El debate se realizará en los tribunales de San Martín bajo la modalidad de jurados.
El Estado argentino se enfrentó a su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país, que realizan otros pares miembros de Naciones Unidas. Fue reconocida por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mostraron preocupación por la violencia policial y el abuso de la utilización de las prisiones preventivas, entre otros temas centrales en la actualidad.
El lunes 23 de enero comenzó una campaña de agresiones constantes contra el CELS. Como parte de un ataque coordinado en redes sociales contra los movimientos feministas y de derechos humanos, se nos atribuye una posición falsa sobre el homicidio de Lucio Dupuy. Medios de comunicación, periodistas y legisladores replican la mentira.
La causa que debe investigar su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción. El juicio político a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco está estancado.
El lunes 23 de enero el Estado argentino será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante sus pares, tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde el CELS, junto a otras organizaciones, elaboramos informes como aportes previos para el diagnóstico y las recomendaciones de este mecanismo. Estaremos presentes en la sesión en Ginebra.
Fue detenida en enero de 2016 por participar en un acampe. Desde entonces se construyó una sucesión de acusaciones con el fin de disciplinarla a ella y a su organización. El escenario de persecución y hostigamiento por parte del poder ejecutivo provincial y de autoridades judiciales persiste con consecuencias para su salud física y psíquica.
Luego de décadas de lucha desde las organizaciones, un decreto modificó los requisitos y amplía el acceso a este derecho. Por primera vez, se incluye y prioriza a las infancias y adolescencias en el acceso a la pensión. Sin embargo, se persiste en una discriminación arbitraria basada en el origen nacional de las persona con discapacidad que debe cambiarse.
