El fallo es preocupante porque aliviana las consecuencias de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche.
A un año y medio de gestión de La Libertad Avanza el ajuste en las políticas sociales se hace notar: sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado que había al comienzo del mandato: 4 de 50.
Denunciamos penalmente a las máximas autoridades de la SIDE por abuso de autoridad. El Plan de Inteligencia Nacional y la orden operativa que se conocieron días atrás son contrarios a la ley.
Con la reforma de la ley orgánica de la PFA por decreto, agentes de la policía podrán realizar tareas de espionaje y detención sin orden judicial. La falta de claridad sobre algunos de los cambios normativos permite la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales.
La decisión de la Corte Suprema en el “fallo Simón” fue bisagra en el proceso de justicia por delitos de lesa humanidad, también fue clave para la construcción de la verdad y la memoria.
Decenas de organizaciones regionales y globales instamos a la OEA a que condene la nueva legislación por implicar un retroceso democrático. A su vez, pedimos al gobierno de Trump que no apoye estas medidas y al de Bukele que derogue la norma para cumplir con sus obligaciones internacionales.
Columna publicada en la edición de junio de Posdata, el boletín del CELS.
