Las consecuencias humanas del atentado a la AMIA fueron devastadoras. Lo que siguió fue además una tragedia institucional: un proceso de ocultamiento, manipulación y abandono que impidió que el país ofreciera una respuesta a las víctimas y a la sociedad. Después de 31 años, un juicio en ausencia no refleja el avance de la justicia, sino su fracaso.
Los decretos que modifican las leyes orgánicas de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario habilitan, sin controles claros, las tareas de ciberpatrullaje. El gobierno los dictó, al igual que la reforma de la Policía Federal, amparado por la Ley Bases, a pesar de no tener facultades para hacer reformas en seguridad.
La concejal Eva Mieri lleva 12 días detenida -9 en el penal de Ezeiza- bajo cargos graves que no alcanzan a ocultar que está allí simplemente por una acción política. Su detención, leída junto a otras previas de militantes o participantes de protestas, confirma una intensificación del uso del aparato penal contra la organización política y un mensaje de intimidación a toda la militancia.
En una carta dirigida al gobierno nacional, nueve relatorías especiales expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la violencia contra personas mayores y periodistas y los ataques a la independencia judicial. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales.
La transformación del Estado que promueve el gobierno argentino no es solo una “modernización” administrativa. Es un proyecto político de mayor concentración de poder y desigualdad, que pretende un cambio de régimen mediante procedimientos inconstitucionales.
Columna publicada en la edición de julio de Posdata, el boletín del CELS.
Sólo en la ciudad de Buenos Aires viven 11.892 personas, según el tercer censo popular. La vida a la intemperie, la mala alimentación y la falta de atención agrava sus condiciones de salud. Necesitan mayor respuesta estatal pero el gobierno nacional se desentendió de las políticas de protección de estas personas. Esta semana hubo personas muertas en distintas partes del país y suman 63 en todo el año.
