El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó hoy la remoción del comisario mayor (R) Carlos Rico Teijeiro, subsecretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de Mendoza, por haber participado en grupos y áreas directamente relacionados con la represión ilegal durante la última dictadura militar. El CELS consideró que el funcionario “carece de las condiciones éticas y profesionales exigibles para ocupar un cargo público en el Estado y, en mayor medida, cuando se trata de funciones vinculadas con la dirección de instituciones de seguridad”.
El CELS envió una carta al gobernador de Mendoza, Celso Jaque, en la que informó que Rico Teijeiro había sido seleccionado para participar de un curso en el Centro de Instrucción Contrasubversivo (CIC) de la Policía Federal Argentina (PFA). Tras egresar de este curso, en julio de 1976, estuvo entre los instructores que conformaron ese mismo Centro en la provincia de Mendoza, donde se lo designó a cargo del dictado del “Plan de actividades teóricas y prácticas de la subversión”. La información citada por el CELS confirma además la participación del comisario mayor Rico Teijeiro en el Grupo Especial ’78 (GE ’78) creado, con declarados propósitos “antisubversivos”, en la Policía de la Provincia de Mendoza en septiembre de 1977.
Para el CELS, la idoneidad para ejercer cargos públicos “es algo que la administración y el mismo funcionario deben acreditar. En este caso, no solo se omitió acreditarla, sino que la misma se encuentra refutada por la información obtenida.
En la nota enviada al gobernador, el CELS reclamó además la desvinculación del actual director de Logística del Ministerio de Seguridad, comisario inspector (R) Aníbal Fernando Gómez, quien formó parte del Departamento 2 (D2) de Inteligencia de la policía de Mendoza, según consta en la nómina de personal de esa dependencia. En las instalaciones del D2 funcionó el centro clandestino de detención de mayor envergadura de la provincia durante la última dictadura militar.
Por otra parte, el CELS solicitó mediante una carta al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, que brinde información acerca del modo en que funcionó el Centro de Instrucción Contrasubversivo de la Policía Federal y el período en que permaneció habilitado, así como los listados de funcionarios que recibieron cursos allí. A la vez, se alertó al Coordinador del Programa Verdad y Justicia, Marcelo Saín, sobre la necesidad de determinar las posibles implicancias de estas designaciones para los procesos de investigación de delitos de lesa humanidad que se están desarrollando en la provincia, así como los eventuales riesgos para las personas participantes en ellos.