Este documento elaborado junto a la alianza con la que, en abril de 2024, nos presentamos para denunciar a Bayer AG, busca analizar en detalle el proceso de reclamo internacional que interpela la responsabilidad empresarial y construir una herramienta útil para este tipo litigios.
El gobierno tuvo que reconocer algo que su propia política económica había dejado de lado: cuando están en juego recursos estratégicos, el Estado importa. Importa para poner condiciones, para regular y para decidir qué intereses defender. Artículo escrito por Mariano Novas, investigador del CONICET.
La mesa intersectorial de La cocina de los cuidados presentará una propuesta para avanzar hacia un sistema de cuidados más justo, inclusivo y sostenible. La campaña convoca a un consenso de trece puntos entre organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, religiosas y académicas.
En el Boletín anual N° 2 del Observatorio del RIGI, analizamos las implicancias del régimen en conflictos territoriales históricos vinculados al avance del extractivismo y caracterizados por persistentes procesos de resistencia social.
Con el patrocinio de FARN, las comunidades de Salta y Jujuy discuten las condiciones de explotación del litio.
Nos presentamos en una causa colectiva por los operativos de desalojos por supuestos riesgos de derrumbe en la Ciudad. El gobierno porteño avanza con estas políticas y no da respuestas concretas al problema de vivienda que sufren miles de personas.
Se trata de modificaciones que apuntan a que actores privados tengan luz verde para avanzar sobre los recursos naturales y bienes estratégicos. La apuesta permanente a facilitarle las cosas a los que más tienen (empresas extractivas, terratenientes, millonarios extranjeros) promueve la concentración, profundiza la desigualdad y degrada lo que nos pertenece a todos.
Tras casi dos años de monitoreo, desde el Observatorio del RIGI analizamos los problemas que se agravarían con el proyecto que ya tiene media sanción y espera su turno en el Senado. Falta de transparencia, acceso a la información y participación, concentración del impacto territorial y ambiental y aceleración de los conflictos. Más que normas económicas, son transformaciones estructurales que afectan los derechos humanos.
En 2024 nos presentamos ante la OCDE, junto con otras organizaciones, por los impactos que la empresa genera en Sudamérica. Finalmente, el organismo hizo una propuesta que no contempla las afectaciones concretas que los agrotóxicos generan a las comunidades. Rechazamos la mediación en términos abstractos.
La REDESCA de la CIDH aprobó una resolución con observaciones y lineamientos que subrayan que las decisiones sobre presupuesto público tiene efectos sobre la vida de las personas. Establece que los Estados siempre deben asegurar las garantías de acceso a los derechos en los mínimos esenciales.
Así lo expresó el relator de vivienda de la ONU, Koldo Casla, en una comunicación al Estado argentino en la que manifestó su preocupación por las consecuencias en derechos humanos del proyecto de Ley Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Organizaciones ambientalistas impulsaron un amparo para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma y exigir que se suspenda su aplicación. Nos sumamos a la acción judicial.
La decisión de cerrar el programa Volver al Trabajo dejó sin ingresos a cientos de miles de personas en situación de vulnerabilidad, sin una alternativa equivalente. La presentación apunta a restituir una prestación que garantizaba acceso a derechos básicos, como a la alimentación. Comunicado conjunto.
El 20 de mayo se vence el plazo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció para que el Estado cumpla con el fallo que exige garantizar los derechos de las casi 200 comunidades indígenas. Aún resta terminar la delimitación del territorio y no se avanzó en la relocalización del ganado de las familias criollas y la eliminación de alambrados. En una audiencia privada, el Estado se comprometió a convocar a una mesa de trabajo.
El proyecto propone reducir la protección ambiental para favorecer a la minería. Más de 30 organizaciones analizan, artículo por artículo, cómo la reforma implica una derogación completa de la norma que protegía a los glaciares y el ambiente periglacial.
El proyecto que el gobierno envió al Congreso cambia las relaciones laborales, desprotege a quienes trabajan y aumenta privilegios patronales. También debilita las herramientas colectivas de defensa. Analizamos en 11 puntos los retrocesos.
Declaración conjunta de organizaciones y referentes sociales, de la sociedad civil y la academia. Acá podés sumar tu firma a título colectivo o personal.
El juez Lara Correa habilitó la feria judicial y el Ministerio debe seguir en enero con la tarea para entregar alimentos a más de 30 espacios comunitarios.
En el último año, las condiciones para alquilar se volvieron más precarias en la Ciudad de Buenos Aires y las localidades que componen el AMBA. Desde la derogación de la Ley de Alquileres no hay plazos de contrato, cantidad de aumentos ni índices establecidos para esas actualizaciones. Presentamos el informe del relevamiento anual que hicimos CELS, ACIJ, IDAES, CEUR Conicet, el Instituto de Geografía de la UBA y Contested Territories.
La reforma laboral del Gobierno baja el piso de protección para el universo de trabajadores y trabajadoras, estén o no registrados, debilita la negociación colectiva y amplía las facultades empresariales. Lejos de mejorar la informalidad, consolida la precarización y avanza hacia un modelo que requiere mayor persecución penal de la protesta para sostenerse.
Si la transición energética exige sacrificios territoriales y represión en el Sur, no es una transición justa. Mariana Paterlini, quien participó de la cumbre en representación del CELS, explica cómo la COP30 expuso la trampa geopolítica del extractivismo verde y por qué América Latina debe reclamar su soberanía y sus derechos para forjar un futuro climático verdaderamente democrático.
El gobierno de Jorge Macri muestra con orgullo sus más de 460 desalojos. Sin embargo, nada hace ni dice sobre los más de 800 niños y niñas, y las 1.200 personas mayores que pasaron a vivir en situación de calle. Por el contrario, las políticas públicas de vivienda en la Ciudad tienen el menor financiamiento de los últimos 14 años.
Estuvimos en Brasil en la conferencia de ONU en la que casi 200 países discutieron acuerdos contra el cambio climático y sus impactos. Planteamos que la transición energética debe hacerse con justicia y derechos humanos: sin represión, con respeto sobre el derecho a la tierra, la salud, la alimentación y la soberanía.
En la audiencia ante la CIDH expusimos sobre el actual esquema fiscal argentino, que hace recaer el esfuerzo por un equilibrio fiscal en los sectores empobrecidos, mientras el gobierno reduce impuestos a los sectores más ricos y amplía beneficios para grandes empresas. La política fiscal, lejos de garantizar derechos, está reforzando la desigualdad.
Los derechos humanos deben ser el eje de toda decisión en la COP, incluido el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de quienes defienden el ambiente.
Presentamos a legisladores y legisladoras de la Ciudad un informe que advierte un fuerte retroceso en las políticas de integración socio urbana de los barrios populares. Es un trabajo que hicimos junto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El Instituto de Derechos Humanos de la UNLP, ELA y el CELS, invitamos a estudiantes de Derecho y de Ciencias Sociales, profesionales y activistas a un ciclo de formación sobre el sistema integral de cuidados, su alcance y contenidos. Las jornadas serán los viernes 24 de octubre, 7, 14 y 28 de noviembre en la universidad platense. Pedimos inscripción vía formulario online.
El organismo condenó al Estado argentino por la violación del derecho a la vivienda de seis familias y por no cumplir pactos internacionales de derechos humanos.
Estrenamos un podcast que cuenta, a través de historias, de qué se trata cuidar: una tarea indispensable para el funcionamiento de la economía y de la sociedad. Son seis episodios de quince minutos, uno nuevo cada jueves, que recuperan voces que en general no se escuchan: las de hacedoras de un trabajo altamente feminizado y poco reconocido.
Desde que asumió Milei, sólo quedan 3 de las 50 políticas de cuidado que existían. Este sexto monitoreo recorre la transformación completa que sufrieron las políticas de ingreso, tiempo, elementos y espacio para cuidar para que 4 millones de personas hayan perdido al menos una política de cuidado.
Lo hicimos como amigos del tribunal en el expediente iniciado a partir de la denuncia de Sabrina Ortiz, víctima directa de la afectación de los agroquímicos a la salud. El juicio oral será en los próximos meses en el Tribunal Federal 2 de Rosario.
Columna publicada en la edición de septiembre de Posdata, el boletín del CELS.
El tercer censo popular de personas en situación de calle muestra un crecimiento en la población que vive a la intemperie en CABA y desnuda el aumento de consumos problemáticos, el deterioro físico y mental, y la criminalización de las fuerzas policiales.
El fallo del Juzgado Federal de Dolores obliga a Economía a entregar, en 5 días, el expediente que aprobó el crédito de U$S 20.000 millones con el FMI, con todos sus anexos y documentos.
Un fallo de la CIDH reconoce a los cuidados como derechos humanos. En el caso de las personas privadas de su libertad, la especificidad radica en la doble o triple carga que conlleva seguir cuidando a quienes están afuera de la cárcel como a quienes cuidan a quienes están adentro. Por qué es fundamental sacar los cuidados de la órbita feminizada y reclamar políticas públicas que lo apoyen desde el Estado.
Desde su puesta en marcha, se aprobaron 7 proyectos, muy por debajo de la “avalancha de capitales” que anunció el gobierno. Para analizar sus impactos desde una perspectiva de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía territorial, un grupo de organizaciones, institutos de investigación y académicos conformamos el Observatorio del RIGI.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez que el cuidado es un derecho humano en sí mismo. Este derecho es una necesidad básica que permite vivir con dignidad en todas las etapas de la vida. El Estado debe garantizarlo.
En esta publicación junto al Observatorio Ciudadano, CELS, CIDES UMSA y FIDH intentamos dar a conocer las principales implicancias que para los derechos humanos, reconocidos todos en constituciones locales o tratados internacionales, ha tenido hasta ahora el desarrollo del litio en los salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile.
El gobierno disolvió el INAFCI, el instituto que ayudaba a sostener la agricultura familiar. También le cambió la estructura al INTA, lo que desprotege a los pequeños y medianos productores de las economías regionales y abre una puerta para una mayor intervención del sector privado en el organismo.
Los alquileres aumentaron casi 42% en lo que va del año, 27 puntos porcentuales más que la inflación. Estos datos confirman que la desregulación absoluta no era la clave para solucionar nada. Al contrario. Sin protecciones, sin un Estado presente, les propietaries logran imponer las condiciones de los contratos.
Primer informe del Observatorio del Acuerdo de Escazú que monitorea la protección defensores del ambiente y los derechos humanos.
La transformación del Estado que promueve el gobierno argentino no es solo una “modernización” administrativa. Es un proyecto político de mayor concentración de poder y desigualdad, que pretende un cambio de régimen mediante procedimientos inconstitucionales.
Sólo en la ciudad de Buenos Aires viven 11.892 personas, según el tercer censo popular. La vida a la intemperie, la mala alimentación y la falta de atención agrava sus condiciones de salud. Necesitan mayor respuesta estatal pero el gobierno nacional se desentendió de las políticas de protección de estas personas. Esta semana hubo personas muertas en distintas partes del país y suman 63 en todo el año.
A un año y medio de gestión de La Libertad Avanza el ajuste en las políticas sociales se hace notar: sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado que había al comienzo del mandato: 4 de 50.
Enviaron una comunicación al Gobierno nacional en la que muestran su “grave preocupación” por las “medidas e intervenciones discriminatorias” que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle e integrantes de la economía informal.
Desde hace seis meses el gobierno tiene pendiente el cumplimiento de una orden judicial. El juzgado de Pehuajó lo intimó a presentar un plan para continuar con las obras de acceso a servicios en barrios populares. Luego de dos intimaciones al ministro Caputo, el juez Heim multó al actual subsecretario de Integración Socio Urbana. La decisión de interrumpir las obras afecta a 334.000 familias.
Informe elaborado en abril de 2025 por el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA) para aportar datos, estándares de derechos, análisis y propuestas sobre esta problemática.
El concurso está dirigido a periodistas de todo el país, quienes deberán postularse con un sumario. Seleccionaremos 10 proyectos que acompañaremos hasta su publicación.
La sentencia ratifica que Capital Humano tiene la obligación de garantizar la política alimentaria en los espacios comunitarios y debe impulsar acciones concretas en articulación con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias. El Juzgado Contencioso Administrativo 7 además intimó al Ministerio a incorporar ocho comedores más de la Federación Cooperativa de Reciclado Limitada.
Una nueva oportunidad para proteger los derechos humanos de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo.