Seis organizaciones de sociedad civil presentamos en Alemania una queja para echar luz sobre la responsabilidad de la empresa en los impactos negativos por el uso de semillas transgénicas y agroquímicos a base de glifosato.
Lanzamos una base de información dinámica y colaborativa que registra y sistematiza el impacto de los cambios en las principales políticas que se habían logrado para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria. El desarrollo y seguimiento del Monitor de La Cocina de los cuidados está a cargo de la economista Lucía Cirmi y la socióloga María José Rodríguez, con la colaboración del CELS. Este primer informe llega, en abril 2024, en un contexto de ajuste con al menos un 40% recorte en el gasto público, una devaluación del 118% y una inflación de 68% en 3 meses.
Conformamos una mesa intersectorial con representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, de la academia, funcionarias y legisladoras para monitorear el impacto de las políticas del gobierno nacional en el acceso a los cuidados. El espacio también desarrollará acciones políticas y jurídicas ante la afectación de derechos.
Mientras el gobierno nacional celebra el “déficit cero” como el principal logro de sus primeros cien días, destruye los ingresos de las mayorías, recorta las jubilaciones, aumenta la pobreza infantil y desmantela las dependencias públicas. Daños difíciles de reparar.
Desde el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, con especialistas y organizaciones de la sociedad civil, enviamos un comunicado al organismo acerca de las consecuencias económico sociales que las políticas de ajuste están generando en nuestro país.
El fondo fiduciario para la integración socio urbana es parte de una política estatal, impulsada por organizaciones y adoptada durante dos gobiernos, que desde hace siete años busca mejorar la vida de más de 5 millones de personas en barrios populares. Comunicado conjunto con ACIJ, Techo y Hábitat para la Humanidad Argentina.
Desde diciembre los espacios comunitarios dejaron de recibir los productos. Con la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular presentamos una cautelar para que el Ministerio de Capital Humano garantice de manera urgente el derecho a la alimentación.
Con distintas organizaciones ambientalistas y sociales expresamos nuestra preocupación y repudio ante el lobby que realizan las grandes mineras transnacionales en el Congreso durante el tratamiento de la ley ómnibus.
Elaboramos un documento sobre los estándares internacionales de derechos humanos, incorporados en la Constitución argentina, que no son respetados en el DNU 70/23. En el material, que enviamos al Congreso como aporte para la tarea de legisladoras y legisladores, ofrecemos una guía de las declaraciones, convenciones, principios y observaciones del sistema internacional sobre los derechos afectados.
Este informe busca conocer con mayor profundidad las características de los hogares inquilinos en barrios populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Este informe caracteriza la situación socio-económica y las condiciones habitacionales y contractuales de hogares que residen en piezas en alquiler en hoteles-pensión y conventillos en CABA.
Las medidas anunciadas implican la violación de derechos sociales y económicos de amplios sectores de la población y agudizarán el empobrecimiento y una crisis social de difícil recuperación. Este tipo de ajuste no puede ser planteado como el único camino posible.
La Legislatura neuquina aprobó una ley que obliga a la provincia a aplicar un protocolo para consultar a las comunidades antes de avanzar con proyectos que puedan afectarlas. Es la primera norma de este tipo en el país y un ejemplo de articulación entre autoridades públicas y representantes de los pueblos indígenas.
En un trabajo del CELS con otras organizaciones enviamos nuestras contribuciones a la Opinión Consultiva de la Corte sobre el derecho al cuidado. Este proceso comenzó luego de que el Estado argentino le solicitara a la Corte que se pronuncie acerca del contenido y el alcance del cuidado como derecho humano y su vinculación con otros derechos.
En Diputados se aprobó una reforma que sostiene las principales protecciones que se habían logrado. Con una modificación en la actualización, que ahora será cada seis meses y con el índice Casa Propia, y la explicitación de la prohibición de contratos en dólares, se ratifica el espíritu de la ley actual. Esta medida debe ser acompañada por un Estado que la haga cumplir.
Más de veinte organizaciones le pedimos al Congreso que proteja a quienes dependen de su trabajo para tener un lugar donde vivir. Este martes 10 de octubre la Cámara de Diputados trata dos proyectos de reforma. El que impulsa la oposición perjudica a les inquilines, les quita garantías y previsibilidad al contrato de alquiler.
Junto con otras organizaciones, entregamos a la Comisión de Legislación General un documento con los principales puntos por los que nos oponemos a una reforma que dé marcha atrás con derechos conquistados. El proyecto ya recibió media sanción de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados volverá a discutir reformas a la ley de alquileres, aprobada hace tres años. Un sector plantea volver atrás e incluso que el mercado funcione con menos protecciones que las que existían antes de su sanción. Aunque hay casi 8 millones de inquilines, el alquiler no ocupa un lugar relevante de la política habitacional. El retroceso en la mejora de las condiciones para los hogares inquilinos no puede ser la respuesta.
Con la narración de la periodista Noelia Barral Grigera y la participación de analistas, militantes sociales, especialistas en economía y política, entre otres, estrenamos una serie en podcast sobre la deuda externa argentina. En seis episodios disponibles en Spotify contamos qué es la deuda, cuáles son sus alcances y por qué es importante entender que tiene efectos concretos en derechos como el trabajo, la salud y la educación.
Con la participación de Eial Moldavsky, estrenamos una serie web en nuestro canal de YouTube. Desde una mirada sobre la vida cotidiana y la experiencia de jóvenes, queremos preguntarnos dónde queda en la agenda pública el debate por las necesidades de todes que la realidad convierte en negocios para algunes.
La justicia porteña ordenó la creación de distintas herramientas para atender la crisis habitacional de uno de los barrios con mayor presión inmobiliaria. Además del registro, se deberá implementar una línea de comunicación directa para asistir a las familias en riesgo de desalojo.
El pago del alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales: más de la mitad de los hogares inquilinos sufren aumentos por fuera de lo que establece la ley y se endeudan para poder pagar. Esta precariedad económica y habitacional queda en evidencia en los resultados de un relevamiento que realizamos un grupo de organizaciones.
Encuesta realizada por el CELS en conjunto con la Escuela IDAES, ACIJ, el Instituto de Geografía de la UBA, CEUR-CONICET y la Red Contested Territories, sobre la situación socioeconómico y habitacionales de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires.
A través de un convenio, el Estado cedió 140 hectáreas a una organización social del sur de Mar del Plata para un proyecto agroecológico. En un contexto de alta inflación y pobreza creciente, la acción del Estado nacional para fomentar la producción de alimentos es fundamental.
Tras su visita a la Argentina, la experta independiente sobre los efectos de la deuda externa, Attiya Waris, presentó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que destaca el impacto negativo del endeudamiento sobre los derechos humanos.
Ante la moratoria que permitirá que 800.000 personas puedan jubilarse, el FMI advirtió que el gobierno deberá tomar “medidas tempranas y decididas” para garantizar las metas fiscales acordadas. Contar con un ingreso digno durante la vejez es un derecho, y por lo tanto, no puede ser variable de ajuste. Las metas pueden alcanzarse aumentando la recaudación sobre los sectores que mayor riqueza concentran y así evitar que las medidas impacten sobre los derechos de las mayorías.
Las políticas de control del Estado no llegan a los mercados barriales y en un sistema alimentario concentrado, las grandes empresas y cadenas agroalimentarias siguen imponiendo las condiciones.
Entre el 7 y el 11 de noviembre participaremos en Buenos Aires del Foro Feminista -organizado por feministas de la sociedad civil-, de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL y de una extensa agenda de eventos paralelos abiertos.
La toma impuso en la agenda pública la situación desesperada de millones de personas, problemática que para esas personas sigue sin resolverse. Sin políticas que generen lotes accesibles, los sectores populares no tienen más opción que ocupar predios vacíos.
Attiya Waris visitó Argentina entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre. En su informe final, sugiere “revisar sobrecargos” y que el país “debe maximizar sus recursos para defender los derechos humanos”.
El fuego intencional está asociado con frecuencia al avance de proyectos inmobiliarios o de la ganadería, que se imponen sobre el cuidado del ambiente y el acceso a la tierra y la vivienda. Es preciso poner en marcha un modelo de gestión del territorio que priorice los bienes comunes y los derechos de las mayorías.
Este miércoles 22 de junio a las 19hs conversaremos con representantes de organizaciones que plantean otra forma organizar la producción y distribución de alimentos a nivel global y local.
El derecho a la alimentación suficiente y de calidad depende de todo el proceso de producción de alimentos, desde su elaboración hasta su distribución y consumo.
Sin consenso para volver atrás, la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados emitió un dictamen de mayoría que respeta lo conquistado en la ley de alquileres.
En Santiago del Estero, la familia Mendoza resiste junto al MOCASE Vía Campesina los intentos de desalojo y los ataques de quien pretende usurpar el territorio donde viven y producen desde hace más de 30 años. Desde el CELS nos presentamos como amicus curiae en la causa que ordenó el desalojo por fuera de los estándares internacionales.
El gobernador de la provincia de Jujuy busca criminalizar una política pública orientada a reconocer derechos campesinos e indígenas largamente postergados.
El mercado de alquileres no es un mercado cualquiera. En su lógica de funcionamiento, se pone en juego quién puede y quién no puede acceder a una vivienda. Se decreta el “fracaso” de la Ley de Alquileres. Pero, lejos de ser así, generó un marco de protección mínimo.
Ante el tratamiento en el Congreso de la ley que dé origen al parque, desde el CELS creemos que es imprescindible que se garantice la participación de estas comunidades en la gestión del parque y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras donde viven y trabajan desde hace varias generaciones.
Mientras en el Congreso se debate la modificación de una ley que no se implementó ni controló, desde la Mesa por los Derechos de les Inquilines señalamos que la solución es más protección, más derechos y mayor involucramiento del Estado para garantizar el acceso a la vivienda en alquiler.
¿Cómo nos influirá? ¿Qué derechos serán recortados? ¿A quiénes golpeará más fuerte? Sobre estas preguntas vamos a charlar este jueves 31, junto a quienes trabajan sobre los efectos que puede tener el pago de la deuda externa.
Fue entre los representantes de la Lof de Quenquentrew, les fiscales que intervienen en la causa y el empresario forestal que inició acciones judiciales en el fuero penal cuando fueron recuperados territorios fiscales en Río Negro. Es por seis meses y prorrogable por la misma cantidad de tiempo. Esto implica la suspensión del desalojo, que se levanten los retenes y permite que empiece el proceso de relevamiento territorial para acreditar la relación que la comunidad mapuche tiene con el territorio. En ese lugar, a finales de noviembre, asesinaron al joven Elías Garay.
Fue un pedido de la asamblea de caciques al titular de la Unidad para la Ejecución de la sentencia, que visitó el lugar esta semana. Le plantearon la urgencia de avanzar en los trabajos que permitan el acceso al agua, la delimitación y titulación de los territorios. Es la primera vez que las autoridades nacionales discuten con las comunidades la intervención que llevan adelante en el lugar.
La decisión de la provincia de Río Negro de incumplir con la ley de emergencia de tierras indígenas y de abordar la situación criminalizando la ocupación acrecienta el problema en lugar de solucionarlo.
Mientras se incrementa la persecución y la criminalización al pueblo Mapuche, la ley 26.160 vence el 23 de noviembre sin que más de la mitad de las comunidades del país hayan sido relevadas. Si el Congreso no prorroga la ley, la situación de los pueblos originarios se va a agravar.
Según el Índice de Vulnerabilidad Inquilina, estos grupos deben destinar una proporción más alta de sus ingresos al pago del alquiler, es más habitual que alquilen sin contrato escrito y viven en viviendas más precarias.
En esta publicación, presentamos una nueva herramienta para medir el grado de vulnerabilidad de los hogares que alquilan, según un conjunto de variables, y la aplicamos a la última encuesta realizada en AMBA.
Realizada en conjunto con el IDAES-UNSAM esta publicación parte de la fragilidad habitacional en la que se encuentran millones de inquilines y propone los puntos principales para políticas públicas orientadas a que la vivienda digna sea un derecho para todes.
Presentado como un modelo de política habitacional inclusiva, el proceso de urbanización tiene muchos problemas en su ejecución y sus resultados están lejos de haber resuelto la situación de vivienda de les vecines. Una política de desarrollo urbano que profundiza las desigualdades sociales y territoriales.
Esta mañana, topadoras entraron a la toma “La fuerza de las mujeres” y destruyeron todas las viviendas precarias donde vivían desde hacía tres meses. Denunciamos ante la fiscalía el uso de la fuerza policial en un operativo que violó todo protocolo de desalojo y puso en riesgo a las personas, sumando más violencia a una situación de por sí ya muy grave.
Mientras el gobierno de la provincia de Río Negro no avanza con el relevamiento de los territorios indígenas, el poder judicial de la provincia criminaliza a las comunidades mapuche.