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Masacre de Magdalena en la CIDH: el Estado reconoció su responsabilidad por las muertes de 33 presos

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por las muertes en la Unidad 28 de Magdalena en 2005 y planteó medidas para prevenir incendios y mejorar el sistema penitenciario bonaerense. El CELS y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) participamos en la audiencia en representación de tres familias de las víctimas.

  

Detenciones y muertes en comisarías clausuradas

Daiana Abregú apareció muerta el 5 de junio en un calabozo de una comisaría en Laprida que no podía tener personas alojadas. Su muerte, que aún está en investigación, pone en el centro de la discusión el accionar de la policía pero también la situación en las que las personas quedan detenidas en las comisarías bonaerenses.

  

A tres años de la muerte de Matías Iberra en una comisaría, la causa está estancada

El 1° de julio de 2019 apareció muerto en un calabozo de la seccional segunda de Merlo. La causa de la muerte fue por un golpe en la cabeza luego de una crisis de salud mental. Matías fue víctima del sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires, que lo detuvo por ser pobre y que se encargó de encubrir lo que había sucedido con él. A pesar de las pruebas que surgen de la investigación, la fiscal aún se niega a tomarle declaración a los principales sospechosos.

  

Sobrepoblación en cárceles bonaerenses: para la Suprema Corte provincial, las personas privadas de su libertad están viviendo en un “estado de cosas inconstitucional”

El tribunal reconoció la situación crítica del sistema de encierro provincial y dijo que debe ser remediado. Aunque la sentencia abre distintos procesos de trabajo no dispone medidas urgentes que puedan modificar una tendencia que solo registra aumentos en la población carcelaria. Esto es resultado del uso abusivo de la prisión preventiva y las restricciones para acceder a las libertades.

  

Casación Bonaerense debe decidir sobre una causa armada por la Policía

Es el caso de Sebastián Ariel Rodríguez, un hombre en situación de calle a quien condenaron a 50 años de cárcel por el copamiento a una comisaría en el que una policía fue gravemente herida. El sospechoso de haberlo hecho era un homónimo a Rodríguez. Tras la detención del hombre equivocado, se construyeron pruebas para incriminarlo y se rechazaron todas las líneas de investigación que pudieran corroborar su versión de inocencia.

  

Paro Internacional Feminista: no estamos todas, faltan las presas

El colectivo YoNoFui junto con el CELS presentamos “Castigo a domicilio. La vida de las mujeres presas en sus casas”, una publicación sobre los problemas de otro tipo de encierro penal. Muchas de quienes están detenidas en sus domicilios tienen a sus hijes a cargo y deben sostener la economía familiar con pocos o ningún recurso estatal y con dificultades para tener un trabajo. Las crónicas de este libro cuentan la complejidad del día a día y señalan la falta de políticas específicas.

  

Perspectiva de género, maternidad y encierro

Organizaciones de la sociedad civil presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comentarios y recomendaciones sobre la aplicación de estándares con perspectiva de género para mujeres embarazadas o en posparto, mujeres trans privadas de la libertad y de niñes que viven con sus madres en centros de reclusión.

  

COVID-19 y sobrepoblación carcelaria

En este documento sistematizamos cómo llegaron los sistemas penitenciarios federal y de la provincia de Buenos Aires a la crisis desatada por la pandemia y sistematizamos tanto las recomendaciones internacionales como las medidas tomadas por los poderes ejecutivo y judicial hasta mediados de mayo de 2020.

  

Presentaciones judiciales por la situación carcelaria

La Acordada 5/2020 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional y la sentencia de Casación en el habeas corpus colectivo de la provincia de Buenos Aires -ambas decisiones orientadas a disminuir la población carcelaria- fueron judicializadas por distintos actores. Nos presentamos para que su vigencia se sostenga.

  

Cárceles en estado crítico

La represión en la unidad 23 de Florencio Varela causó la muerte de Federico Rey Ramírez. La situación de las cárceles requiere una intervención humanitaria de todos los poderes del Estado.

  

Cristina Vázquez: presa e inocente

Tenía 19 años cuando la acusaron de matar a una vecina, en 2001. Siete años después, sin pruebas, la condenaron a cadena perpetua. Su caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Asociación de Pensamiento Penal y el CELS se presentaron como amicus curiae.

  

Cárcel de Ezeiza: graves situaciones de violencia

Las condiciones de detención en la cárcel Federal de Ezeiza han empeorado en los últimos tiempos. Una protesta fue reprimida con violencia, y seguida por medidas como falta de alimentación y de atención médica para los detenidos, y aislamientos arbitrarios.

  

Buenos Aires: en las comisarías las vidas están en riesgo

El 15 de noviembre de 2018 un incendio en la comisaría de Esteba Echeverría provocó la muerte de 10 personas que estaban al cuidado del Estado, en ese momento o en los días posteriores. Ni este hecho ni la última intervención de la CIDH hicieron que el poder ejecutivo provincial transforme su política de seguridad.

  

Comisarías de la prov. de Bs.As: la CIDH amplió las cautelares y pidió al Estado medidas urgentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución que alcanza a 15 comisarías bonaerenses más, luego de verificar la existencia de riesgo para la vida y la integridad física. Reiteró que no son lugares apropiados para la permanencia prolongada. Advirtió que la información aportada por el Estado no permite establecer que los factores de riesgo hayan sido mitigados o que hayan desaparecido, por lo tanto exigió medidas urgentes.

  

Sistema penal bonaerense: la Corte debe intervenir con urgencia

Solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que resuelva de manera urgente una serie de medidas frente a la crisis humanitaria en las cárceles. La conformación de un comité de crisis, para que intervengan todos los poderes del Estado en la solución a la sobrepoblación y el hacinamiento, es una de ellas.

  

Santiago del Estero: muertes en comisarías

En la comisaría décima de la capital provincial murieron dos personas que estaban detenidas en ese lugar. En ambos casos los efectivos de la seccional están sospechados por las muertes.

  

Imágenes guardadas

El martes 4 de septiembre inauguramos una muestra de fotos realizada con la colectiva feminista YoNoFui. La idea de la muestra comenzó cuando el Servicio Penitenciario Federal le prohibió a YoNoFui ingresar cámaras de fotos a los penales.

  

​Reunión con la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ​por​ la emergencia humanitaria en las cárceles y comisarías

La Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS solicitamos a la Suprema Corte de Buenos Aires que conforme un comité de emergencia por la sobrepoblación penitenciaria, genere directrices para reducir la cantidad de personas privadas de la libertad e impulse acciones para la prevención y sanción de la tortura.

  

Las consecuencias del encarcelamiento: aumento de las personas viviendo en comisarías bonaerenses

Desde noviembre de 2017 la resolución que permitía alojar detenidos en comisarías -a pesar de que un fallo de 2005 lo prohíbe- está suspendida por la justicia. Hasta el momento el Estado provincial no tomó ninguna medida para cumplir con lo ordenado por la Cámara. Por el contrario, impulsa reformas legislativas y medidas que refuerzan el camino del encarcelamiento.

  

“La Argentina es responsable de una generalizada, persistente y seria violación de la Convención contra la tortura”

El Relator Especial sobre tortura de la ONU, al concluir su visita al país, dijo que las condiciones de detención en comisarías y cárceles “violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana”. También denunció las condiciones “degradantes” en el hospital psiquiátrico Melchor Romero y la violencia policial en los barrios populares. Al mismo tiempo, solicitó al Estado argentino a que asigne “suficientes recursos para asegurar el pronto juzgamiento y la puntual resolución de los juicios por delitos de lesa humanidad aún pendientes”.