Se trata de Luis Miguel Del Castillo, Nahuel Montenegro y Emiliano Romano quienes, en 2021, fueron condenados por un robo que terminó en un homicidio. Después de tres años presos, quedarán en libertad. Desde el CELS intervenimos como amicus curiae.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por las muertes en la Unidad 28 de Magdalena en 2005 y planteó medidas para prevenir incendios y mejorar el sistema penitenciario bonaerense. El CELS y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) participamos en la audiencia en representación de tres familias de las víctimas.
El debate que genera el homicidio del joven es una oportunidad para discutir el racismo invisibilizado en la sociedad. Los pedidos de más castigo no resuelven el problema de fondo y tienden a eludirlo. Es necesario trabajar en políticas estatales que prevengan y erradiquen la discriminación, algo que siempre se elige postergar.
Daiana Abregú apareció muerta el 5 de junio en un calabozo de una comisaría en Laprida que no podía tener personas alojadas. Su muerte, que aún está en investigación, pone en el centro de la discusión el accionar de la policía pero también la situación en las que las personas quedan detenidas en las comisarías bonaerenses.
El 1° de julio de 2019 apareció muerto en un calabozo de la seccional segunda de Merlo. La causa de la muerte fue por un golpe en la cabeza luego de una crisis de salud mental. Matías fue víctima del sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires, que lo detuvo por ser pobre y que se encargó de encubrir lo que había sucedido con él. A pesar de las pruebas que surgen de la investigación, la fiscal aún se niega a tomarle declaración a los principales sospechosos.
El tribunal reconoció la situación crítica del sistema de encierro provincial y dijo que debe ser remediado. Aunque la sentencia abre distintos procesos de trabajo no dispone medidas urgentes que puedan modificar una tendencia que solo registra aumentos en la población carcelaria. Esto es resultado del uso abusivo de la prisión preventiva y las restricciones para acceder a las libertades.
El reclamo se produjo por las condiciones de detención en una seccional de la Policía de la Ciudad, en donde había el doble de la capacidad de las celdas. La víctima estaba junto a varones cis, en claro incumplimiento de la Ley de Identidad de Género.
Es el caso de Sebastián Ariel Rodríguez, un hombre en situación de calle a quien condenaron a 50 años de cárcel por el copamiento a una comisaría en el que una policía fue gravemente herida. El sospechoso de haberlo hecho era un homónimo a Rodríguez. Tras la detención del hombre equivocado, se construyeron pruebas para incriminarlo y se rechazaron todas las líneas de investigación que pudieran corroborar su versión de inocencia.
Las jóvenes murieron al incendiarse la Brigada Femenina de Concepción mientras realizaban una protesta para denunciar las condiciones de detención y exigir el traslado a una cárcel. El sistema penitenciario provincial está sobrepoblado.
Cristina, luego de declarada su inocencia, no tuvo ninguna consideración por parte del Estado, que compensara mínimamente lo que le hizo vivir.
El Tribunal de Casación Penal bonaerense condenó a María del Rosario Roma por el abandono de persona seguido de muerte de los 33 internos que perdieron la vida en el incendio ocurrido en 2005 en la Unidad 28 de la provincia de Buenos Aires. Ahora el Tribunal Oral que la enjuició deberá definir su pena.
El fallo reconoce la grave situación de sobrepoblación en cárceles y comisarías de la provincia. A partir de 2012, la cantidad de personas alojadas en comisarías aumentó un 426%.
Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia pública para expresar nuestra preocupación por la situación de las mujeres privadas de la libertad durante la emergencia sanitaria.
Este libro del colectivo YoNoFui y el CELS narra cómo se vive el día a día de la prisión domiciliaria. Se trata de un encierro con dificultades distintas al del penal, en el que repercute la falta de políticas específicas y las carencias económicas.
El colectivo YoNoFui junto con el CELS presentamos “Castigo a domicilio. La vida de las mujeres presas en sus casas”, una publicación sobre los problemas de otro tipo de encierro penal. Muchas de quienes están detenidas en sus domicilios tienen a sus hijes a cargo y deben sostener la economía familiar con pocos o ningún recurso estatal y con dificultades para tener un trabajo. Las crónicas de este libro cuentan la complejidad del día a día y señalan la falta de políticas específicas.
Organizaciones de la sociedad civil presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comentarios y recomendaciones sobre la aplicación de estándares con perspectiva de género para mujeres embarazadas o en posparto, mujeres trans privadas de la libertad y de niñes que viven con sus madres en centros de reclusión.
Las protestas de detenides, que tuvieron como respuesta la represión, se deben a la falta de soluciones para el hacinamiento.
La imposición del arresto domiciliario sin garantizar el acceso a los derechos humanos fundamentales, en particular para personas de bajos ingresos, puede ser tan punitiva como el encarcelamiento.
El 1 de julio de 2019 Matías Iberra fue encontrado muerto y golpeado en la Comisaría Segunda de Merlo. La investigación judicial no avanzó en determinar qué le ocurrió.
En este documento sistematizamos cómo llegaron los sistemas penitenciarios federal y de la provincia de Buenos Aires a la crisis desatada por la pandemia y sistematizamos tanto las recomendaciones internacionales como las medidas tomadas por los poderes ejecutivo y judicial hasta mediados de mayo de 2020.
La Acordada 5/2020 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional y la sentencia de Casación en el habeas corpus colectivo de la provincia de Buenos Aires -ambas decisiones orientadas a disminuir la población carcelaria- fueron judicializadas por distintos actores. Nos presentamos para que su vigencia se sostenga.
La represión en la unidad 23 de Florencio Varela causó la muerte de Federico Rey Ramírez. La situación de las cárceles requiere una intervención humanitaria de todos los poderes del Estado.
En las condiciones de hacinamiento que caracterizan los sistemas penitenciarios, el contagio, si se desata, puede ser veloz. Se deben tomar acciones con tres objetivos: disminuir la sobrepoblación y proteger a les detenides, prevenir el contagio y evitar el ingreso de personas enfermas o pertenecientes a los grupos de riesgo.
Un grupo de mujeres detenidas en una comisaría de La Tablada denunciaron torturas y abuso sexual. Se necesitan soluciones urgentes para la situación de las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires.
El poder judicial resolvió que la detención permanente en comisarías es contraria a la Constitución Nacional. El Estado debe comprometerse en un plan para dejar de utilizarlas.
La resolución plantea una series de medidas urgentes que deberán ser tenidas en cuenta por el poder judicial de la provincia de Buenos Aires.
Las muertes en comisarías de la provincia de Buenos Aires fueron consecuencia de la política de encarcelamiento masivo y del hacinamiento, la precariedad y la falta de protección por parte del Estado.
Tenía 19 años cuando la acusaron de matar a una vecina, en 2001. Siete años después, sin pruebas, la condenaron a cadena perpetua. Su caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Asociación de Pensamiento Penal y el CELS se presentaron como amicus curiae.
Las condiciones de detención en la cárcel Federal de Ezeiza han empeorado en los últimos tiempos. Una protesta fue reprimida con violencia, y seguida por medidas como falta de alimentación y de atención médica para los detenidos, y aislamientos arbitrarios.
El miércoles 15, al mediodía, se realizará una radio abierta en la Plaza Mitre de Monte Grande, para visibilizar el uso de comisarías clausuradas para alojar detenidos y reclamar que se juzguen a las autoridades responsables de las muertes.
La resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que declara la “emergencia penitenciaria” reconoce que hay una crisis gravísima del sistema pero reafirma las políticas que la provocaron.
El 15 de noviembre de 2018 un incendio en la comisaría de Esteba Echeverría provocó la muerte de 10 personas que estaban al cuidado del Estado, en ese momento o en los días posteriores. Ni este hecho ni la última intervención de la CIDH hicieron que el poder ejecutivo provincial transforme su política de seguridad.
Las condenas fueron de 5 y 6 años a jefes y directivos de la Unidad 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense y quedó probada la trama de complicidades. Es la primera vez que se condena por encubrimiento de este tipo a penitenciarios.
Hoy fueron los alegatos en el juicio contra seis funcionarios jerárquicos del Servicio Penitenciario Bonaerense que encubrieron las torturas y el asesinato de Patricio Barros Cisneros. El veredicto será el miércoles 6 de marzo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución que alcanza a 15 comisarías bonaerenses más, luego de verificar la existencia de riesgo para la vida y la integridad física. Reiteró que no son lugares apropiados para la permanencia prolongada. Advirtió que la información aportada por el Estado no permite establecer que los factores de riesgo hayan sido mitigados o que hayan desaparecido, por lo tanto exigió medidas urgentes.
Patricio Barros Cisneros fue golpeado hasta la muerte, de manera brutal, por un grupo de penitenciarios. Los responsables jerárquicos de la Unidad 46 encubrieron el hecho e inventaron una versión falsa para lograr impunidad. Ahora serán juzgados por el Tribunal en lo Criminal Nro. 5 de San Martín.
Reunida en comisiones, la asamblea analizó la grave situación humanitaria en los lugares de encierro y aprobó un pedido de justicia para las víctimas del incendio de la Comisaría 3° de Esteban Echeverria. Participaron representantes del poder judicial, la sociedad civil y familiares de víctimas.
Se solicitó la ampliación de las medidas cautelares urgentes para la protección de la vida e integridad de las personas detenidas en una reunión de trabajo convocada por la CIDH que se realizó el 6 de diciembre.
En la provincia de Buenos Aires es ilegal alojar personas en comisarías. Sin embargo hay más de 4000 personas detenidas en alcaldías y comisarías.
Solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que resuelva de manera urgente una serie de medidas frente a la crisis humanitaria en las cárceles. La conformación de un comité de crisis, para que intervengan todos los poderes del Estado en la solución a la sobrepoblación y el hacinamiento, es una de ellas.
El Estado Nacional es responsable a nivel internacional por las condiciones de detención en nuestro país. El juicio por las muertes ocurridas hace 13 años dejó en evidencia las graves consecuencias de un sistema penitenciario en crisis.
En la comisaría décima de la capital provincial murieron dos personas que estaban detenidas en ese lugar. En ambos casos los efectivos de la seccional están sospechados por las muertes.
Desde 2013, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires debe resolver un pedido de inconstitucionalidad de la ley que crea la figura de Defensor/a General, y que busca fortalecer el trabajo de defensores públicos.
El gobierno provincial anunció que 1500 detenidos pasarán a un régimen de prisión domiciliaria con monitoreo. La medida es positiva para el grupo de personas pero insuficiente para resolver la crisis humanitaria del sistema de encierro provincial.
El martes 4 de septiembre inauguramos una muestra de fotos realizada con la colectiva feminista YoNoFui. La idea de la muestra comenzó cuando el Servicio Penitenciario Federal le prohibió a YoNoFui ingresar cámaras de fotos a los penales.
La Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de Casación y el CELS solicitamos a la Suprema Corte de Buenos Aires que conforme un comité de emergencia por la sobrepoblación penitenciaria, genere directrices para reducir la cantidad de personas privadas de la libertad e impulse acciones para la prevención y sanción de la tortura.
Desde noviembre de 2017 la resolución que permitía alojar detenidos en comisarías -a pesar de que un fallo de 2005 lo prohíbe- está suspendida por la justicia. Hasta el momento el Estado provincial no tomó ninguna medida para cumplir con lo ordenado por la Cámara. Por el contrario, impulsa reformas legislativas y medidas que refuerzan el camino del encarcelamiento.
El Relator Especial sobre tortura de la ONU, al concluir su visita al país, dijo que las condiciones de detención en comisarías y cárceles “violan las normas internacionales y son totalmente incompatibles con la dignidad humana”. También denunció las condiciones “degradantes” en el hospital psiquiátrico Melchor Romero y la violencia policial en los barrios populares. Al mismo tiempo, solicitó al Estado argentino a que asigne “suficientes recursos para asegurar el pronto juzgamiento y la puntual resolución de los juicios por delitos de lesa humanidad aún pendientes”.
Después de 12 años la justicia y condenó a tres funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense por las 33 muertes ocurridas en el incendio de la cárcel de Magdalena. Por primera vez funcionarios jerárquicos del Servicio Penitenciario Bonaerense recibieron penas altas por el incendio en una cárcel y sus consecuencias.
A un año de la masacre de Pergamino el gobierno de la provincia de Buenos Aires incumple una medida cautelar que prohíbe el alojamiento en comisarías y ordena la pronta implementación de un plan de contingencia para desalojar de manera urgente a las personas detenidas en calabozos bonaerenses.