El gobierno de Milei estaría avanzando en acordar con Trump la recepción de migrantes expulsados desde EEUU como ya hace Bukele en El Salvador. Este tipo de medidas de externalización de fronteras deshumaniza a las personas migrantes y las somete cruelmente.
Esta decisión se suma a otras políticas que provocaron la estigmatización y la criminalización de personas migrantes, tratándolos como un problema de seguridad.
Para conversar sobre sus consecuencias y las experiencias de resistencias posibles, con CAREF y el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) organizamos un encuentro con Barbara Hines, Pablo Ceriani Cernadas y la periodista Lucia Cholakian.
Se pronunciaron sobre los acuerdos bilaterales de deportación y expulsión y sobre cómo afectan el derecho a la libertad, a la vida familiar y el de las infancias y adolescencias. Estos sucede luego de que 16 argentinos fueran deportados de Estados Unidos.
Decenas de organizaciones del colectivo migrante firmamos nuestra posición sobre el DNU 366/2025 que restringe derechos que la Constitución Nacional argentina reconoce a todos las personas que habitan nuestro país con datos falsos, prejuicios y desconocimiento.
Con los cambios en la ley será más difícil obtener la ciudadanía, acceder a la salud y a la educación superior, entre otros derechos protegidos por la Constitución.
Señaladas como terroristas sin ningún proceso judicial, al menos 260 personas fueron deportadas desde EEUU y detenidas en el CECOT salvadoreño tras un acuerdo entre Trump y Bukele. Junto a organizaciones de todo el mundo, pedimos al Consejo de Seguridad de Naciones que investigue la situación y exija las liberaciones.
CAREF, el CELS y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) solicitamos a la CIDH que inste al Gobierno argentino a derogar el DNU 942/2024 porque afecta las garantías del debido proceso y el derecho a solicitar y recibir asilo. Además, planteamos que el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones sobre los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y, en particular, que garantice la idoneidad de las y los funcionarios que deben resolver las solicitudes.
Será el lunes 3 de marzo en una audiencia pedida junto a CAREF y SMJ en la que se informará a la Comisión sobre los impactos negativos que tuvieron las medidas tomadas por el gobierno que afectan a las políticas de asilo.
En la última reunión en Perú se votó una modificación a su estatuto, para incluir formalmente la participación de las organizaciones de la región que trabajen en materia migratoria. Hasta ahora su presencia era solo en calidad de observadores.
Junto a 195 organizaciones de todo el mundo exigimos a la ONU que establezca un mecanismo independiente de monitoreo para investigar lo que le sucede a personas migrantes en zonas de frontera y sus causas estructurales.
Más de cuarenta organizaciones de la región pedimos políticas accesibles y permanentes y garantías para ejercer el derecho a solicitar asilo. La detención y criminalización deben ser sustituidas por un modelo basado en el respeto y la protección de los derechos.
Desde un enfoque técnico jurídico basado en la revisión de los marcos legales nacionales, en la información disponible en los portales gubernamentales y en el análisis de la doctrina existente, este informe analiza la relación jurídica entre el Acuerdo de Residencia del Mercosur y las políticas migratorias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. … Continued
Un incendio dentro de un centro de detención dejó decenas de muertos y heridos. Medidas como la privación de la libertad por razones administrativas exponen a las personas en movilidad a situaciones de mayor inseguridad, vulnerabilidad y a graves violaciones de sus derechos.
Luego de décadas de lucha desde las organizaciones, un decreto modificó los requisitos y amplía el acceso a este derecho. Por primera vez, se incluye y prioriza a las infancias y adolescencias en el acceso a la pensión. Sin embargo, se persiste en una discriminación arbitraria basada en el origen nacional de las persona con discapacidad que debe cambiarse.
Durante la XX Conferencia Suramericana sobre Migraciones que se realizó en Chile, organizaciones de cinco países de la región elaboramos este documento con el objetivo de promover el trabajo coordinado con los Estados y revisar algunos criterios de regularización migratoria.
Un grupo de organizaciones de la región instamos a los gobiernos que firmaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección a poner en acción estos compromisos para defender los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
La decisión del máximo tribunal interpreta la Ley de Migraciones de una manera que restringe los derechos de esas personas. Lo hizo a pesar de que la norma también señala que la regularización es la obligación que tiene el Estado a partir del reconocimiento del derecho a migrar. El fallo no contempla que vivan hace tiempo en el país o que tengan aquí a sus familias.
Al término de su 179° período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por primera vez sobre la creciente militarización de las fronteras en Latinoamérica y enfatizó en la obligación de los Estados de privilegiar un enfoque de derechos sobre la migración y solicitantes de la condición de refugiados.
Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años. La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar.
A cuatro años del DNU 70/2017, el Estado argentino tiene que anularlo. La política migratoria debe estar basada en la regularización para asegurar más igualdad de derechos, sobre todo en el contexto de la pandemia.
Tener trabajo registrado, alquilar, tener obra social, jubilación, salud y educación rara vez es posible para quienes no cuentan con “los papeles”.
La vida cotidiana de las personas migrantes en América del Sur muestra que la irregularidad migratoria profundiza las desigualdades económicas y sociales.
El proyecto que está en vías de aprobación por el congreso chileno amenaza los derechos de las personas migrantes y no respeta los compromisos internacionales de Chile en la materia.
Desde el espacio Agenda Migrante 2020 elaboramos una encuesta para tener un diagnóstico sobre la situación de las personas migrantes y bajo protección internacional en el contexto de la pandemia mundial. En solo cinco días obtuvimos casi mil respuestas que dan cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra esta población. Ofrecimos al Estado nacional algunas recomendaciones para paliar el impacto de la crisis.
La provincia decidió el traslado como respuesta a la pandemia. Las organizaciones Andhes, Caref y el CELS presentamos un habeas corpus para que la justicia federal de Jujuy garantice medidas de protección.
Las zonas de fronteras son particularmente vulnerables a las políticas que se apliquen de uno y otro lado. Es urgente que los Estados pongan en el centro el principio de solidaridad entre los pueblos y rescaten los mecanismos de coordinación regional. Un análisis de Raísa Ortiz Cetra y Camila Barretto Maia.
Colectivos y organizaciones pedimos la derogación del DNU 70/2017 y la reforma de la política de regularizaciones, entre otras medidas necesarias para garantizar los derechos de les migrantes.
Esta publicación reúne las imágenes de 22 fotógrafas y fotógrafos, aficionades y profesionales, de diferentes países de la región, que fueron seleccionadas entre más de 190 trabajos presentados en el concurso “Memoria fotográfica: migraciones y DDHH en América del Sur”, una propuesta del CELS.
Según el órgano de supervisión de la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares el decreto emitido por el Ejecutivo nacional no respeta el texto que la Argentina ratificó en 2007.
En la historia de Vanessa se plasma el giro preocupante de la política migratoria argentina. Esta decisión es significativa porque restituye los derechos vulnerados de los niños/as.
Desde 2017 las políticas migratorias han sido endurecidas y el número de personas expulsadas aumentó. El caso de Vanessa refleja las consecuencias en los derechos humanos de estos cambios.
El abogado de Vanessa Gómez Cueva, Juan Martín Villanueva, junto con Amnistía Internacional, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el CELS pedimos una medida cautelar para que la mujer y su hijo pequeño puedan reencontrarse con su familia.
Del 4 al 28 de abril se podrá visitar la muestra fotográfica en en Pringles 1249, CABA.
El Grupo de Trabajo de Expertos de las ONU sobre Afrodescendientes visitó la Argentina entre el 11 y el 18 de marzo. En su declaración preliminar remarcó la discriminación estructural contra la comunidad afro y la persecución a migrantes africanos. Un conjunto de organizaciones les presentamos dos informes.
En este comunicado conjunto, manifestamos nuestro rechazo a la Ley 6.116 sancionada por la Legislatura de Jujuy, que crea el Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. Esta ley contradice las normas federales y tratados internacionales a los cuales Argentina adhiere.
Un grupo de organizaciones hicimos una presentación ante la CIDH por las políticas migratorias que han impulsado Jujuy y Chubut. Además informamos sobre una serie de expulsiones de personas migrantes.
Compartimos los resultados del concurso de fotografía que organizamos en conjunto con Emergentes, M.A.F.I.A, SubCoop y Turma.
Más de 160 países miembros de la ONU se adhirieron al Pacto Mundial para la Migración en la conferencia intergubernamental realizada el 10 y 11 de diciembre. El Pacto contiene algunos avances importantes, sobre todo en un contexto de creciente xenofobia y nacionalismo en América Latina y el mundo.
Cuarenta organizaciones convocamos una jornada en el Congreso en defensa de la Ley de migraciones, aprobada hace 15 años, y de los derechos de lxs migrantes. Debatimos con representantes de la academia, la sociedad civil, organismos internacionales y con legisladores sobre los méritos de la ley. También desacreditamos los argumentos estigmatizantes utilizados por funcionarios estatales con cada vez más frecuencia.
Desde el 15 de noviembre y hasta el 29 de diciembre se puede ver en el Centro Cultural Matta, de la embajada de Chile en la Argentina, la muestra de Máximo Corvalán-Pincheira sobre las migraciones. El CELS colaboró con la investigación en la Argentina.
Lanzamos la convocatoria al concurso internacional “Memoria fotográfica: migraciones y derechos humanos”. Está abierta hasta el 16 de noviembre.
En los últimos días, se difundió que el gobierno nacional estaría desarrollando una aplicación para teléfonos celulares para “acelerar la expulsión” de las personas migrantes. Más de 50 organizaciones alertamos que una medida de este tipo estaría instaurando un control migratorio masivo, sistemático y arbitrario que contradice la Ley de Migraciones.
El nuevo Pacto Global para las migraciones representa un punto de inflexión en la gestión internacional de las migraciones. Queda mucho trabajo por hacer para asegurar que su implementación esté enfocada en la protección de los derechos de las y los migrantes.
Durante la ronda final de negociación del Pacto Global para la Migración, 40 organizaciones instamos a los Estados miembros de la ONU a asegurar que el acuerdo sea atravesado por un enfoque de derechos. El último borrador incorporó modificaciones que refuerzan una mirada de control y seguridad. Si se valida, se habrá perdido la oportunidad histórica de impulsar un cambio de paradigma.
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por distintos hechos y acciones de violencia institucional y policial ejercidos contra la comunidad senegalesa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la cuarta ronda de negociaciones del Pacto Global para las migraciones, de las seis que tendrán lugar, las delegaciones estatales de varias regiones defendieron la importancia de abordar procedimientos de regularización.
El último borrador del Pacto Global para las migraciones evita hablar de la regularización de quienes ya se encuentran en su país de destino, lo cual representa una omisión grave. Opinión de Camila Barretto Maia, Diego Morales y Raísa Ortiz Cetra.
Junto a otras organizaciones manifestamos nuestra preocupación y rechazo por el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Jujuy para crear un Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. Dicho proyecto contradice las normas federales e internacionales en materia de derechos humanos.
Los jueces consideraron que el decreto de necesidad y urgencia con el que el gobierno nacional modificó la ley de migraciones es inconstitucional porque no cumple los requisitos de ese tipo de decretos y porque las modificaciones son contrarias a los derechos de las y los migrantes.