Al término de su 179° período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por primera vez sobre la creciente militarización de las fronteras en Latinoamérica y enfatizó en la obligación de los Estados de privilegiar un enfoque de derechos sobre la migración y solicitantes de la condición de refugiados.
Celebramos la decisión del Poder Ejecutivo de derogar el DNU 70/2017, cuya implementación significó un claro retroceso en los derechos de las personas migrantes en el país en los últimos cuatro años. La anulación de este decreto es un paso fundamental para garantizar más igualdad de derechos, el derecho a migrar y la obligación del Estado de regularizar.
A cuatro años del DNU 70/2017, el Estado argentino tiene que anularlo. La política migratoria debe estar basada en la regularización para asegurar más igualdad de derechos, sobre todo en el contexto de la pandemia.
Tener trabajo registrado, alquilar, tener obra social, jubilación, salud y educación rara vez es posible para quienes no cuentan con “los papeles”.
La vida cotidiana de las personas migrantes en América del Sur muestra que la irregularidad migratoria profundiza las desigualdades económicas y sociales.
El proyecto que está en vías de aprobación por el congreso chileno amenaza los derechos de las personas migrantes y no respeta los compromisos internacionales de Chile en la materia.
Desde el espacio Agenda Migrante 2020 elaboramos una encuesta para tener un diagnóstico sobre la situación de las personas migrantes y bajo protección internacional en el contexto de la pandemia mundial. En solo cinco días obtuvimos casi mil respuestas que dan cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra esta población. Ofrecimos al Estado nacional algunas recomendaciones para paliar el impacto de la crisis.
La provincia decidió el traslado como respuesta a la pandemia. Las organizaciones Andhes, Caref y el CELS presentamos un habeas corpus para que la justicia federal de Jujuy garantice medidas de protección.
Las zonas de fronteras son particularmente vulnerables a las políticas que se apliquen de uno y otro lado. Es urgente que los Estados pongan en el centro el principio de solidaridad entre los pueblos y rescaten los mecanismos de coordinación regional. Un análisis de Raísa Ortiz Cetra y Camila Barretto Maia.
Colectivos y organizaciones pedimos la derogación del DNU 70/2017 y la reforma de la política de regularizaciones, entre otras medidas necesarias para garantizar los derechos de les migrantes.
Esta publicación reúne las imágenes de 22 fotógrafas y fotógrafos, aficionades y profesionales, de diferentes países de la región, que fueron seleccionadas entre más de 190 trabajos presentados en el concurso “Memoria fotográfica: migraciones y DDHH en América del Sur”, una propuesta del CELS.
Según el órgano de supervisión de la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares el decreto emitido por el Ejecutivo nacional no respeta el texto que la Argentina ratificó en 2007.
En la historia de Vanessa se plasma el giro preocupante de la política migratoria argentina. Esta decisión es significativa porque restituye los derechos vulnerados de los niños/as.
Desde 2017 las políticas migratorias han sido endurecidas y el número de personas expulsadas aumentó. El caso de Vanessa refleja las consecuencias en los derechos humanos de estos cambios.
El abogado de Vanessa Gómez Cueva, Juan Martín Villanueva, junto con Amnistía Internacional, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el CELS pedimos una medida cautelar para que la mujer y su hijo pequeño puedan reencontrarse con su familia.
Del 4 al 28 de abril se podrá visitar la muestra fotográfica en en Pringles 1249, CABA.
El Grupo de Trabajo de Expertos de las ONU sobre Afrodescendientes visitó la Argentina entre el 11 y el 18 de marzo. En su declaración preliminar remarcó la discriminación estructural contra la comunidad afro y la persecución a migrantes africanos. Un conjunto de organizaciones les presentamos dos informes.
En este comunicado conjunto, manifestamos nuestro rechazo a la Ley 6.116 sancionada por la Legislatura de Jujuy, que crea el Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. Esta ley contradice las normas federales y tratados internacionales a los cuales Argentina adhiere.
Un grupo de organizaciones hicimos una presentación ante la CIDH por las políticas migratorias que han impulsado Jujuy y Chubut. Además informamos sobre una serie de expulsiones de personas migrantes.
Compartimos los resultados del concurso de fotografía que organizamos en conjunto con Emergentes, M.A.F.I.A, SubCoop y Turma.
Más de 160 países miembros de la ONU se adhirieron al Pacto Mundial para la Migración en la conferencia intergubernamental realizada el 10 y 11 de diciembre. El Pacto contiene algunos avances importantes, sobre todo en un contexto de creciente xenofobia y nacionalismo en América Latina y el mundo.
Cuarenta organizaciones convocamos una jornada en el Congreso en defensa de la Ley de migraciones, aprobada hace 15 años, y de los derechos de lxs migrantes. Debatimos con representantes de la academia, la sociedad civil, organismos internacionales y con legisladores sobre los méritos de la ley. También desacreditamos los argumentos estigmatizantes utilizados por funcionarios estatales con cada vez más frecuencia.
Desde el 15 de noviembre y hasta el 29 de diciembre se puede ver en el Centro Cultural Matta, de la embajada de Chile en la Argentina, la muestra de Máximo Corvalán-Pincheira sobre las migraciones. El CELS colaboró con la investigación en la Argentina.
Lanzamos la convocatoria al concurso internacional “Memoria fotográfica: migraciones y derechos humanos”. Está abierta hasta el 16 de noviembre.
En los últimos días, se difundió que el gobierno nacional estaría desarrollando una aplicación para teléfonos celulares para “acelerar la expulsión” de las personas migrantes. Más de 50 organizaciones alertamos que una medida de este tipo estaría instaurando un control migratorio masivo, sistemático y arbitrario que contradice la Ley de Migraciones.
El nuevo Pacto Global para las migraciones representa un punto de inflexión en la gestión internacional de las migraciones. Queda mucho trabajo por hacer para asegurar que su implementación esté enfocada en la protección de los derechos de las y los migrantes.
Durante la ronda final de negociación del Pacto Global para la Migración, 40 organizaciones instamos a los Estados miembros de la ONU a asegurar que el acuerdo sea atravesado por un enfoque de derechos. El último borrador incorporó modificaciones que refuerzan una mirada de control y seguridad. Si se valida, se habrá perdido la oportunidad histórica de impulsar un cambio de paradigma.
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por distintos hechos y acciones de violencia institucional y policial ejercidos contra la comunidad senegalesa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la cuarta ronda de negociaciones del Pacto Global para las migraciones, de las seis que tendrán lugar, las delegaciones estatales de varias regiones defendieron la importancia de abordar procedimientos de regularización.
El último borrador del Pacto Global para las migraciones evita hablar de la regularización de quienes ya se encuentran en su país de destino, lo cual representa una omisión grave. Opinión de Camila Barretto Maia, Diego Morales y Raísa Ortiz Cetra.
Junto a otras organizaciones manifestamos nuestra preocupación y rechazo por el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Jujuy para crear un Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros. Dicho proyecto contradice las normas federales e internacionales en materia de derechos humanos.
Los jueces consideraron que el decreto de necesidad y urgencia con el que el gobierno nacional modificó la ley de migraciones es inconstitucional porque no cumple los requisitos de ese tipo de decretos y porque las modificaciones son contrarias a los derechos de las y los migrantes.
Ai Weiwei aborda los conflictos y las miserias del éxodo contemporáneo. Diego Morales presentará la cinta haciendo pie en los debates sobre el derecho a migrar en la región.
Los Estados miembros de la ONU iniciaron las negociaciones del Pacto Global para las Migraciones. El acuerdo representa una oportunidad inédita para precisar obligaciones en materia de protección de los derechos humanos de las personas migrantes, pero el proceso enfrenta múltiples desafíos. Opinión de Camila Barretto Maia, Diego Morales y Raísa Ortiz Cetra.
Cientos de miles de personas se han visto forzadas a salir de Venezuela en los últimos años. Ante la magnitud y el rápido crecimiento de esta situación organizaciones de la sociedad civil de la región urgimos a los Estados a implementar medidas específicas.
En la ONU los Estados comenzarán a negociar el Pacto global para las migraciones. Seis organizaciones presentamos medidas concretas que el Pacto debería contener para garantizar los derechos de las y los migrantes.
La Argentina retomó una política respetuosa de los derechos humanos para las personas migrantes venezolanas y las regularizará como nacionales del Mercosur. La medida está en línea con la Ley de Migraciones de 2004 y su decreto reglamentario. Por ello, volvemos a reiterar la necesidad de derogar el DNU 70/2017 que criminaliza la migración y la somete a constante sospecha.
Hoy se cumple un año desde que el gobierno nacional modificó a través de un decreto de necesidad y urgencia la Ley de Migraciones, producto de años de lucha colectiva por una ley de migraciones democrática. El saldo es una política de selectividad, que pone a las personas en permanente sospecha.
En los próximos meses los Estados miembros de la ONU negociarán el Pacto global para las migraciones. Seis organizaciones presentamos medidas concretas que el Pacto debería contener para garantizar los derechos de las y los migrantes.
El nuevo enfoque en las políticas de migración coloca a las personas provenientes de otros países bajo una sospecha permanente, en un nuevo contexto normativo en el que es muy amplio el abanico de conflictos que pueden terminar en la deportación.
El fallo rechazó el amparo presentado por el CELS, CAREF y COPADI. Apelamos la medida porque se afectan las garantías mínimas de debido proceso, el derecho de defensa, el acceso a la justicia, el principio de inocencia y la protección judicial efectiva. Por otra parte, el Congreso está en mora, ya que aún no controló el DNU.
Kapoor es un artista conceptual que problematiza, en esta muestra, la relación entre la materia y la percepción. Busca también vincular los exilios del pasado con los desarraigos del presente.
El Pacto Global sobre las migraciones podría ser una herramienta intergubernamental sin precedentes pero la mayoría de los Estados han expresado un interés en profundizar el modelo actual, centrado en los controles y la seguridad, en vez de transformarlo.
En 2016, murieron más de cinco mil migrantes en el Mediterráneo. Muchas intentaban alcanzar la frontera sur de España, donde las muertes, las desapariciones y las personas que deambulan buscando a sus familiares se congregan en una escena cotidiana. Carlos Arce Jiménez pasó por la Argentina por un convenio entre la Universidad de Córdoba (España), el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa y el CELS y nos contó sobre la responsabilidad de las políticas migratorias y de frontera en esta crisis.
“Regular las migraciones” no debe significar impedir y criminalizar a las personas migrantes. En espacios regionales e internacionales promovemos modelos alternativos que garantizan sus derechos.
El Estado argentino intentó justificar el DNU 70/2017 que estableció un procedimiento exprés de detención y deportación que viola los estándares internacionales. Fue durante el 35˚ período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El DNU de migrantes asocia la migración con la delincuencia sobre un diagnóstico basado en datos parciales y descontextualizados, lo cual promueve la xenofobia y la estigmatización de las personas migrantes.
La reforma de la Ley Nacional de Migración mediante un decreto, busca vincular la migración con el delito y endurecer el control de la población migrante.
Más de 150 organizaciones le solicitamos al Jefe de Gabinete Marcos Peña que nos reciba de manera urgente para plantearle la necesidad de que cualquier modificación de la ley de Migraciones sea debatida en los múltiples espacios que existen a tal fin, desde mesas de trabajo hasta el propio Congreso.
El gobierno utilizó datos estadísticos sesgados, descontextualizados y afirmaciones estigmatizantes para justificar el endurecimiento de la política migratoria. Las organizaciones pedimos diálogo ante la inminencia de una reforma por DNU de la actual Ley de Migraciones. Opinión de Gastón Chillier y Diego Morales.