Ya son 58 personas las que fallecieron en todo el país en las manifestaciones que comenzaron en diciembre de 2022 en Perú. Muchas de estas muertes son el resultado de balas de plomo. Otras, sin embargo, fueron causadas por armas “menos letales” que tienen la capacidad de herir, mutilar y matar.
Fue junto a sus familiares y organizaciones de México y Luxemburgo. Pedimos que se tomen las medidas necesarias y urgentes para la búsqueda del abogado Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, de quienes no se tiene información desde mitad de enero. Su desaparición fue luego de una asamblea por el incumplimiento de pagos de la empresa Ternium a la comunidad producto de la actividad minera.
El Estado argentino se enfrentó a su cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación sobre la situación de derechos humanos en el país, que realizan otros pares miembros de Naciones Unidas. Fue reconocida por los procesos de Memoria, Verdad y Justicia y por la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Mostraron preocupación por la violencia policial y el abuso de la utilización de las prisiones preventivas, entre otros temas centrales en la actualidad.
El lunes 23 de enero el Estado argentino será evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ante sus pares, tendrá que informar sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Desde el CELS, junto a otras organizaciones, elaboramos informes como aportes previos para el diagnóstico y las recomendaciones de este mecanismo. Estaremos presentes en la sesión en Ginebra.
Junto con otras organizaciones de la región, alertamos sobre un fallo que vulnera los derechos a expresarse y criminaliza las actividades políticas. Lo mismo ocurre en otros países, incluido Argentina.
Después de un largo proceso de negociación, se firmó el acuerdo de solución amistosa con la familia de José Luis D’Andrea Mohr, que en 2008 presentó, junto al CELS, el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Attiya Waris visitó Argentina entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre. En su informe final, sugiere “revisar sobrecargos” y que el país “debe maximizar sus recursos para defender los derechos humanos”.
Junto con otras organizaciones de la región, nos presentamos ante la Corte IDH como amicus curiae en la demanda por el crimen de Antonio Tavares Pereira, asesinado por la policía brasileña en el año 2000. En esa represión también terminaron herides otros 185 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra.
La Corte IDH estudia la demanda del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo (CAJAR) por las tareas de inteligencia ilegal, amenazas y persecución sufridos por sus integrantes durante los últimos 30 años. El caso representa una oportunidad para sancionar acciones y prácticas de inteligencia ilegal y arbitraria que los Estados despliegan contra organizaciones sociales y activistas de derechos humanos y evidencia la necesidad de contar con normas claras que regulen y controlen las actividades de inteligencia.
Organizaciones internacionales nos reunimos para conectar las agendas de América Latina con el proceso constituyente chileno. Luego del intercambio con representantes de la Convención Constitucional asumimos el compromiso de aportar desde nuestros territorios y experiencias a la consolidación de esta etapa de cambios políticos y sociales.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial requirió explicaciones a Alemania, Suiza, el Reino Unido y EE.UU. por no respaldar la exención integral de los derechos de propiedad intelectual y no exigir la transferencia de tecnología a las empresas farmacéuticas.
Lo asesinaron de un tiro en la nuca mientras investigaba un caso vinculado a la “Aduana paralela”. El crimen fue encubierto por la Policía Bonaerense y la Federal, y los testigos fueron torturados, amenazados y agredidos. Uno de los acusados fue absuelto y el otro, sobreseído en distintos procesos. La familia, con la representación del CELS, llevó el caso a la Corte IDH, que le ordenó al Estado argentino la reapertura del proceso. La primera audiencia es el lunes 25 de abril.
Organizaciones de la región manifestamos nuestra preocupación por la suspensión de garantías constitucionales del pueblo salvadoreño como respuesta al aumento de la violencia y la criminalidad.
Solicitamos al CERD, de la ONU, que obligue a los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Noruega y Suiza a respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. La distribución desigual de las vacunas es un ejemplo de lo que es la discriminación racial estructural.
Mientras se intensifican las denuncias por detenciones arbitrarias, restricciones a organizaciones sociales y otras violaciones de derechos, el Gobierno continúa sin cumplir las recomendaciones hechas por los mecanismos internacionales de protección.
En una audiencia ante la CIDH, organizaciones denunciaron más de 80 mil detenciones, torturas, ejecuciones y desapariciones.
La iniciativa busca crear un aparato paralelo de inteligencia subordinado al presidente de la República. Junto a la Organización Mundial Contra la Tortura y a otras organizaciones le expresamos al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, nuestra preocupación por el proyecto.
Junto con la Red Andina de Información y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, denunciamos al Estado Plurinacional de Bolivia por hechos de violencia contra trabajadores y medios de comunicación comunitarios en los días previos al golpe de Estado de noviembre de 2019.
El grupo de expertes independientes de la CIDH determinó que entre septiembre y diciembre de 2019 integrantes de las fuerzas del Estado cometieron masacres y ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución política de carácter racista y misógino.
Junto con otros organismos de derechos humanos, en esta sesión trabajamos en varios temas de seguridad y derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos exigimos el cese de la represión contra el pueblo nicaragüense y la liberación inmediata de todas las personas presas políticas.
La lógica económica que se impuso sobre el derecho a la salud nos pone ante una nueva división global entre países inmunizados y no, debido al acceso desigual a vacunas y a la escasez que una liberación de patentes podría revertir.
Solicitamos en la Reunión de las Altas Autoridades de Derechos Humanos (RAADDHH) la adhesión explícita del bloque sudamericano al pedido de suspensión de normas de propiedad intelectual para enfrentar la pandemia.
En el contexto de la violenta represión contra las protestas públicas en Colombia, organismos de derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por la vigencia de un convenio entre fuerzas de seguridad de ambos países.
Saludamos la adopción por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la resolución que reconoce la discriminación sistemática del pueblo palestino por Israel. Establece una comisión de investigación permanente sobre las violaciones al derecho internacional en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel.
650 organizaciones de la sociedad civil llamamos a una exhaustiva investigación de la represión de la protesta social y solicitamos a la CIDH una visita in loco y la creación de un grupo de expertos.
Con este informe, el organismo internacional pidió a Bolivia que investigue las violaciones cometidas por el gobierno de facto. Estos crímenes permanecen impunes hasta el día de hoy.
Es urgente una respuesta global que reconozca a las vacunas como un bien común de la humanidad. La suspensión temporal de patentes es un paso obligatorio para producir masivamente los insumos necesarios para enfrentar la pandemia en el mundo y garantizar el derecho a la salud y a la vida en todos los países.
Siete organizaciones de derechos humanos estamos defendiendo en el CIADI el fin de la privatización de las pensiones en la Argentina. La seguridad social es un derecho humano. Los fondos de pensiones son para la vida digna de las personas y no para enriquecer a las empresas.
Tanto el asesinato de las niñas argentinas como la desaparición más reciente de su prima son violaciones de los derechos humanos que requieren una investigación inmediata, independiente y efectiva.
Este capítulo forma parte de Post: Cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros derechos en pandemia, un libro publicado en febrero del 2021 sobre los desafíos que enfrentamos como defensorxs de derechos humanos en un año de pandemia. “Bolivia. Un golpe con sello de la OEA” fue escrito por Camila Barretto Maia, especialista en relaciones internacionales y derechos humanos, y coordinadora del Área internacional del CELS. Su análisis se enfoca en la lucha por la democracia en Bolivia, entre la cancelación de las elecciones de 2019 y la restauración de la democracia un año después.
Organismos de derechos humanos de toda la región condenamos las embestidas contra la estabilidad democrática instigadas por el presidente saliente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Argentina debe elaborar una ley de consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas sobre asuntos relativos a su territorio ancestral, independientemente de la existencia o no de un título de propiedad.
En una nota conjunta a Cancillería, pedimos que Argentina proponga candidatas juezas para el puesto vacante en la Corte IDH que tiene, desde 2016, una sola jueza y seis jueces.
Organizaciones de la sociedad civil presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comentarios y recomendaciones sobre la aplicación de estándares con perspectiva de género para mujeres embarazadas o en posparto, mujeres trans privadas de la libertad y de niñes que viven con sus madres en centros de reclusión.
En un voto ajustado, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas aceptó el cambio de clasificación del cannabis, y así reconoció sus usos medicinales, en base a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo – Línea fundadora y el CELS denunciamos la detención arbitraria de integrantes de una de las más antiguas y respetadas organizaciones de derechos humanos de Egipto, la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales (EIPR).
Tras un año de manifestaciones callejeras en Chile, apoyamos al pueblo chileno en su reclamo por una nueva constitución que deje atrás las prácticas institucionales de la dictadura.
Durante el 177 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvo lugar la audiencia “La situación de los derechos humanos en Bolivia” donde denunciamos el abandono de las víctimas por parte del Estado y la falta de justicia.
El Estado argentino violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad.
En el 45º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, denunciamos los abusos incesantes del gobierno de Jeanine Áñez y exigimos justicia por las violaciones cometidas.
La OEA debe proteger la autonomía de la CIDH renovando el contrato de su Secretario Ejecutivo, en conformidad con los marcos institucionales vigentes.
El proyecto que está en vías de aprobación por el congreso chileno amenaza los derechos de las personas migrantes y no respeta los compromisos internacionales de Chile en la materia.
A nueve meses del quiebre institucional en Bolivia, denunciamos al gobierno de facto ante las Naciones Unidas por las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos y su impunidad.
En una histórica conquista para los pueblos indígenas de Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino otorgar un título de propiedad comunitaria de 400 mil hectáreas y lo condenó por violar los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación, al agua, y a la identidad cultural.
Te invitamos a recordar al periodista Eduardo Kimel y su compromiso con la memoria, la verdad y la libertad de prensa, a una década de su partida.
Ante la negativa del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil sobre el traslado del represor de la ESMA a la Argentina, pedimos al país vecino revierta la sentencia sobre la extradición de Roberto Oscar González.
Mediante una carta de familiares George Floyd y otras víctimas, piden que el Consejo de Derechos Humanos de la organización investigue la violencia policial racista que se despliega en el país del norte.
El CELS adhiere al pedido de la sociedad civil y de familiares de George Floyd, Michael Brown, Philando Castile y Breonna Taylor, víctimas fatales de fuerzas policiales en Estados Unidos.
El CELS manifestó ante el Mercosur su preocupación por la creciente militarización en Bolivia y Brasil