Un presente insoportable
Columna publicada en la edición de noviembre de Posdata, el boletín del CELS.
Columna publicada en la edición de noviembre de Posdata, el boletín del CELS.
Organizaciones de la sociedad civil le pedimos al Poder Judicial que declare el incumplimiento del Estado nacional en su obligación de proveer de insumos para la salud sexual y garantizar el acceso al aborto en todo el país, sin discriminación.
En la 70° Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de ONU se reafirmó el compromiso con la igualación de género y se pidió a los países que eliminen leyes, políticas y prácticas que contribuyan con la discriminación.
A partir de una acción legal que iniciamos en representación de la Asociación Civil La Ciega, el Ministerio de Salud convoca por 30 días a personas gestantes y organizaciones a sumarse a un amparo colectivo para garantizar el acceso al aborto.
En sus observaciones finales, el Comité de Naciones Unidas señaló el desmantelamiento de políticas clave, recortes presupuestarios y reformas desfavorables que debilitan la prevención de la violencia, el acceso a la justicia, la salud sexual y reproductiva y la igualdad en el trabajo. Recomendó al Estado argentino a restablecer con urgencia mecanismos institucionales, financiamiento y planes integrales para garantizar los derechos de mujeres y niñas en todo el país.
El Comité CEDAW expresó preocupación por los retrocesos en las políticas para prevenir y erradicar la violencia de género, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, sostener sistemas de cuidados y proteger los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades diversas. También por la reducción de programas de prevención y la eliminación de partidas presupuestarias destinadas a combatir la violencia de género.
Esta publicación de INCLO recopila cuáles son las estrategias en distintas regiones del mundo para asegurar, hacer efectivos y preservar los derechos a la interrupción voluntaria del embarazo. Incluye experiencias de Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Hungría, India, Irlanda, Kenia, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos.
El gobierno desfinancia las políticas para prevenir y acompañar las violencias de género. Niega que existan. Sin presupuesto ni programas, miles de mujeres y personas LGBTIQNB quedan sin respuesta estatal. La falta de recursos no es técnica: es una decisión política que agrava la desigualdad y abandona a quienes necesitan protección.
La Cámara Federal de La Plata ordenó al Ministerio de Salud informar en su web oficial que pueden sumarse a la demanda colectiva iniciada por La Ciega, con el patrocinio legal del CELS, todas las personas que hayan tenido obstáculos para acceder a una interrupción del embarazo.
Fue un fallo del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 11, que rechazó la demanda presentada por dos organizaciones que buscaban restringir su comercialización.
En una declaración conjunta, 47 titulares de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por los esfuerzos de algunos Estados en sostener concepciones fijas y binarias del sexo que ignoran los factores sociales y culturales de la identidad.
Ese debate propusimos en un evento paralelo dentro de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. El encuentro organizado por CEPAL y ONU Mujeres además permitió que los países reunidos firmen el Compromiso de Tlatelolco para trabajar juntos durante una década en políticas hacia una sociedad del cuidado. Argentina no participó.
Un juzgado condenó al Municipio de San Miguel por ocultar durante más de tres años información pública sobre la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El caso fue impulsado por ELA, Amnistía Internacional y el CELS.
Hace diez años, nuestra organización, como otras, como cientos de miles de personas, salió a manifestarse contra la violencia machista y la desigualdad de la que partía. En estos días hicimos memoria de aquellos días y compartimos una reflexión sobre qué cambió para nosotrxs ese día.
El acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo son derechos amparados por ley en nuestro país. Desde 2024 el Estado nacional recortó o directamente no compró los medicamentos y tratamientos para que las mujeres puedan tenerlos garantizados. Accionamos ante el Poder Judicial y ofrecemos un canal para consultas legales.
Junto con el Archivo de la Memoria Trans impulsamos un amparo para que se garantice el derecho a la seguridad social de las integrantes del colectivo travesti trans mayores de 50 años. Es en reconocimiento y reparación integral por parte del Estado ante la violencia institucional que sufrieron por décadas y que tiene consecuencias hasta el presente.
Estrenamos una plataforma accesible y autoadministrable con herramientas y ejercicios para el trabajo y el activismo en derechos. El primer curso tiene dos ejes: objeción de conciencia y confidencialidad médica. Está dirigido a quienes trabajan en áreas de salud y a profesionales del Derecho.
En 2021 el Estado argentino firmó un acuerdo de solución amistosa en el que se comprometió a implementar distintas políticas para prevenir, acompañar y sancionar la violencia de género. Las decisiones del gobierno nacional de los últimos meses implican la ruptura de esta responsabilidad internacional.
En la V Conferencia Regional de Población y Desarrollo en Cartagena, organizaciones por los derechos sexuales y reproductivos alertamos sobre las restricciones a garantías y derechos en Argentina.
A raíz de la visita de Javier Milei a Alemania, 70 organizaciones feministas y de derechos humanos de la Argentina y América Latina enviamos una carta a la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock. Le acercamos información sobre el curso de las políticas contra las violencias de género, la discriminación y los mensajes contrarios a los derechos consagrados por el Congreso y nuestra Constitución por parte del gobierno nacional.
En Argentina muere una mujer cada 35 horas, víctima de femicidio. Sin embargo, el gobierno nacional decidió cerrar la Subsecretaría de protección contra la violencia de género. Organizaciones de distintos sectores exigimos al Poder Ejecutivo que esté a la altura de la urgencia y designe inmediatamente una estructura adecuada para dar respuesta a un problema que no cesa.
¿Cómo viven su salud las mujeres de comunidades campesinas? ¿Y su salud sexual y reproductiva? En 2023 nos encontramos con ellas en Santiago del Estero, Mendoza, Misiones, Jujuy y Buenos Aires: alrededor de un fogón o de la mesa de un local, debajo de un árbol, en una escuela rural; en el cerro, en el monte, en un valle, en la pampa. Presentamos una investigación sobre sus estrategias para hacerse controles, para gestar o no gestar, para curar y cuidar en comunidad.
Cuatro mujeres fueron atacadas con combustible y fuego en un hotel-pensión en Barracas. Recibían permanentes agresiones misóginas y lesboodiantes. Esperamos una investigación que esclarezca las circunstancias y las razones del ataque y que las sobrevivientes tengan ahora el acompañamiento necesario.
Pierina Nochetti fue acusada de pintar una pared con la leyenda “¿Dónde está Tehuel?”. Hace dos años está sometida a un proceso penal, con consecuencias en su vida laboral, económica, social y política. El debate oral fue postergado dos veces y se vulnera su derecho a ser juzgada en un plazo razonable. Llevamos su causa a relatorías de la ONU y nos presentamos junto con organizaciones de la región como amicus ante el tribunal que la juzgará.
Los dictámenes admiten la legitimación de dos grupos en representación del “colectivo de personas por nacer”, en contra del Constitución, leyes nacionales y acordadas de la Corte. Allanan, sin embargo, la vía judicial para arremeter contra el derecho a la interrupción del embarazo. Comunicado conjunto.
Junto a siete organizaciones integrantes de la red INCLO nos presentamos como amicus curiae. Con argumentos de derechos humanos, mostramos que perseguir a las personas que deciden interrumpir un embarazo va en contra de su derecho a la salud y a la vida.
El fallo señala que el municipio debe brindar información completa, accesible y veraz. Es un antecedente valioso para dar seguimiento a la implementación de la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La investigación judicial, en la que está procesada una parte de la familia Sena vinculada al gobierno provincial, debe esclarecer lo ocurrido. En nuestro país cientos de mujeres están denunciadas como desaparecidas por sus familiares. Pero no existe un registro oficial y faltan agencias especializadas. Solo unos pocos casos logran ser visibilizados por el activismo. Muchas investigaciones quedan paralizadas o archivadas.
El día que desapareció, Tehuel tenía 21 años, vivía en San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, en la casa de su mamá. Tehuel, varón trans, convivía con su novia, M.L, de 17 años, y un hijito de ella. La situación económica era complicada. Él no tenía trabajos estables, solo changas por aquí y … Continued
Celebramos los dos años de una de las conquistas más significativas para los derechos de las mujeres y todas las personas con capacidad gestante. Registramos muchos avances en la implementación de la ley 27.610, a pesar de que también hay obstáculos: desigualdad geográfica, falta de recursos e información. A dos años de la ley que conquistamos en la calle, no guardamos los pañuelos verdes hasta que el aborto sea un derecho para todes, en todo el país.
Enviamos una serie de preguntas al municipio de La Plata para que informe cómo garantiza el acceso al aborto. Las respuestas fueron parciales e incompletas. Una jueza ordenó al municipio a dar información completa, accesible y veraz.
Durante tres jornadas, el 14, 15 y 18 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 30, de la Justicia Nacional, juzgará a una mujer migrante venezolana. Nos presentamos como amicus la APP, la Cooperativa Esquina Libertad, FUNDEPS y el CELS. Entendemos que el sistema penal se basa en prejuicios sobre la maternidad a la hora de llevar adelante procesos de este tipo.
Es la médica residente del hospital Perón de Tartagal (Salta) que estaba imputada por aborto sin consentimiento y aborto sin causal. En realidad, la profesional garantizó la interrupción voluntaria del embarazo de una mujer que lo había solicitado en pleno ejercicio de su autonomía.
El ministro asumió compromisos que incluyen capacitaciones para el personal médico y administrativo de los centros de salud, la realización de campañas de información e implementar una política de fomento a la contratación de profesionales de la salud no objetores que garanticen derechos.
Las y los profesionales de la salud son una parte fundamental en la garantía del derecho a una vida saludable, digna y libre de violencias. El Poder Legislativo sancionó las leyes que dan amparo legal a esos derechos. Sin embargo, algunos sectores del Poder Judicial no respetan los derechos de la mitad de la población. Comunicado conjunto.
Desde Católicas por el Derecho a Decidir, Fundeps y el CELS acompañamos a Miranda, la médica que garantizó el acceso a un aborto legal, desde el primer momento de su imputación. La denuncia busca disciplinar a les profesionales de la salud que respetan la ley y obstaculizar los derechos de quienes necesitan servicios médicos públicos.
El juicio será en el Tribunal Oral en lo Criminal Nro 7, de Lomas de Zamora. Desde el Frente Popular Dario Santillán y el CELS convocamos a acompañar el juicio y exigir su absolución.
Actuar de acuerdo a la Ley 27.610 no es un delito y por eso corresponde el inmediato sobreseimiento de Miranda. La persecución penal a una profesional de la salud que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo es alarmante, y tiene un impacto directo en la implementación de una política pública sobre un derecho humano fundamental.
La médica que hoy atraviesa un proceso penal es la única profesional que garantiza el derecho a una salud integral para las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar en la zona.
El acuerdo de solución amistosa alcanzado con el Estado nacional dispone una serie de compromisos que tienen como eje principal prevenir y erradicar la violencia por motivos de género.
Ante el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que pretende validar que “todo ciudadano” pueda pedir la suspensión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentamos un recurso ante el máximo tribunal.
Hoy una médica fue detenida por hacer con rigurosidad profesional su trabajo, escuchar y acompañar a una joven que solicitó una ILE. Es la única médica no objetora de Tartagal. Más tarde fue liberada. Quienes ponen obstáculos para acceder a los derechos surgidos de una sociedad democrática son quienes deben recibir las sanciones correspondientes. Comunicado conjunto.
La violencia política por motivos de género es una forma de amedrentar y condicionar la participación de las mujeres, trans y travestis en los debates públicos y en los espacios de toma de decisiones. Esperamos que desde la política y los medios de comunicación se actúe con responsabilidad, sin multiplicar esas expresiones de violencia política. Comunicado conjunto.
La normativa salvadoreña de penalización extrema a mujeres por abortar no deja ningún margen para el respeto a los derechos humanos, puesto que la persona gestante debe enfrentarse al dilema de morir o ser encarcelada.
El femicidio de Úrsula mostró la descoordinación entre agencias del Estado para abordar violencias machistas. Detrás de las responsabilidades compartidas encontramos destacadas las lógicas policiales de encubrimiento corporativo y la acción burocrática e indiferente del poder judicial. Una vez más: ni una menos.
Organizaciones de la sociedad civil exigimos, luego del fallo de una jueza de feria en Chaco, que se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de un derecho conquistado en un proceso democrático, tras un largo debate en el Congreso.
En diecisiete jurisdicciones del país podemos contar, entre 2012 y 2020, 1532 causas iniciadas por aborto y 37 posibles eventos obstétricos.
Organizaciones de la sociedad civil presentamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) comentarios y recomendaciones sobre la aplicación de estándares con perspectiva de género para mujeres embarazadas o en posparto, mujeres trans privadas de la libertad y de niñes que viven con sus madres en centros de reclusión.
La objeción de conciencia es un derecho alcanzado por limitaciones. La regulación propuesta en el Proyecto de ley es menos estricta que la del Protocolo para la Atención de abortos legales. De prosperar el proyecto y finalmente convertirse en ley, será central que se den mayores definiciones en su reglamentación, para determinar su alcance y las condiciones para su ejercicio.
La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud. Comunicado conjunto sobre la necesidad de que el Congreso legalice la interrupción voluntaria del embarazo.