Reclamamos que las y los candidatos cumplan con los requisitos de idoneidad técnica y de independencia que garanticen el funcionamiento autónomo del Ministerio Público Fiscal y del Tribunal Superior de Justicia, algo que Santiago Otamendi y Juan Bautista Mahiques no cumplen.
El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires se creó hace 20 años y siempre tuvo al frente a varones. Su titular debería ser, en esta oportunidad, una mujer feminista, y la Legislatura, tener una perspectiva de género a la hora de evaluar las candidaturas.
Sus antecedentes de violencia con armas de fuego deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar su perfil.
Solicitamos al gobernador que retire el pliego y considere la postulación de un candidato o candidata que cumpla con los requisitos de idoneidad.
Desde la sociedad civil acercamos algunas notas para sumar al debate sobre las acciones colectivas como herramientas de defensa de los derechos humanos y de usuarios.
Las demandas colectivas son una herramienta central para la protección de los derechos humanos. El proyecto enviado al Congreso pone en riesgo el acceso a la justicia de los colectivos más vulnerables.
Más de 40 organizaciones de derechos humanos y de consumidores/as rechazamos el borrador de Anteproyecto y exigimos que se garantice la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de un proyecto que sea acorde a la Constitución Nacional y la jurisprudencia vigente.
Organizaciones de derechos humanos y de consumidores reclaman al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se abstenga de impulsar un anteproyecto que restringe la posibilidad de demandar judicialmente al Estado y a empresas en defensa de derechos colectivos.
Luego de que los asesores tutelares de la Ciudad recibieran críticas del gobierno porteño por su intervención para frenar el protocolo que criminalizaba las tomas de colegios y para que los estudiantes pudieran participar en la reforma educativa “Secundaria del Futuro”, una resolución de la Asesora General Tutelar limita sus funciones.
El Consejo de la Magistratura de Rio Negro decidió someter a juicio político al juez Chirinos. Frente a esta situación diversas organizaciones expresamos nuestro rechazo a esta medida.
Analizamos las intervenciones judiciales de la candidata del Poder Ejecutivo para ocupar el máximo cargo de la Procuración General de la Nación. Nos preocupa su perfil conservador respecto de los derechos humanos y el acceso a la justicia, en tanto puede significar un retroceso en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Ulpiano Martínez carece de idoneidad para el cargo que aspira ocupar. Sus tres años a cargo del juzgado federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.
Acercamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación nuestras observaciones sobre el candidato. Consideramos que no es indóneo para ocupar el cargo.
El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA es una de las últimas oportunidades de las víctimas de obtener justicia. Una coproducción de www.Futurock.fm, Memoria Activa y www.cels.org.ar
Luego de dos años y medio de juicio, el lunes comenzará el alegato de Memoria Activa en el juicio por las maniobras de encubrimiento que buscaron desviar la investigación del atentado a la AMIA.
Sobre el procesamiento con prisión preventiva de ex funcionarios.
Comunicado conjunto de organizaciones que trabajan temas de justicia, ante los fundamentos que motivaron la decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, adoptada el 23/11/2017, que cita a comparecer al juez Daniel Eduardo Rafecas
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió con argumentos formales no iniciar juicio político al Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, denunciado por su participación en delitos de lesa humanidad. Esta decisión atenta contra la democratización del Poder Judicial.
La forma propuesta para designar al titular de la Procuración no asegura su idoneidad, independencia ni legitimidad. Al mismo tiempo, los mecanismos de remoción del Procurador lo hacen menos proclive a investigar casos que afecten al poder de turno. La duración del mandato no permite generar y desarrollar un plan de acción en política criminal.
Enviaron una carta pública a los candidatos criticando el procedimiento llevado adelante por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, y solicitando a los candidatos que no acepten la postulación.
El Congreso de la Nación debe garantizar que el/la próximo Defensor/a sea idóneo, independiente y proactivo en la defensa de los derechos. Para ello, es necesario un procedimiento de designación participativo, abierto y transparente.
El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal ingresado al Senado de la Nación tras la renuncia de la Procuradora General pone en riesgo la independencia y autonomía funcional del organismo. La propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para la división de poderes y amenazan con debilitar la figura del/la próximo/a Procurador/a.
Ayer se cumplió un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Desde el primer día, hace 23 años, se comenzó a encubrir a los responsables y con al poco tiempo se revelaron las conexiones subterráneas entre los servicios de inteligencia de la Argentina y sus esferas políticas y judiciales. Hace dos años el juicio en el Tribunal Oral 2 busca determinar las maniobras de encubrimiento que buscaron asegurar la impunidad.
A partir de la causa AMIA se puede contar la historia del atentado terrorista más grande ocurrido en el país, del inmoral encubrimiento de sus responsables, del cínico uso político y electoralista que se hace del caso y de la responsabilid de las estructuras policiales, judiciales y de inteligencia. También, de la incansable lucha por la verdad y la justicia de los familiares de las víctimas, historias individuales que se hicieron colectivas.
Organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestra preocupación frente a las recientes declaraciones de referentes del oficialismo nacional con respecto a la posibilidad de iniciar un procedimiento para remover por decreto a la Procuradora General de la Nación
Los organismos de derechos humanos rechazamos la injerencia inconstitucional que pretende el Poder Ejecutivo sobre la Procuración General de la Nación y repudiamos los ataques a Alejandra Gils Carbó.
María Belén Leguizamón Salvatierra, quien interviene en el caso del líder indígena Javier Chocobar, asesinado hace más de siete años, fue sancionada por la justicia tucumana tras haber manifestado públicamente su preocupación por el retardo injustificado del Poder Judicial en la resolución del caso.
Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas manifiestan preocupación por las sanciones impuestas por el Poder Judicial de Tucumán a la abogada que lleva la causa por el asesinato de Javier Chocobar y por la orden de desalojo de la comunidad Tolombón.
Mahíques fue designado por decreto en la Cámara Federal de Casación Penal. De esta forma, pasó de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a la Federal sin pasar por las instituciones y las instancias correspondientes. En los hechos es la designación encubierta de un juez federal.
El fiscal general fue denunciado como agente de la ex DIPBA y de haber participado en operativos junto con las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado.
Comunicado conjunto sobre un proyecto de ley que busca restringir la libertad de las personas que no tienen condena durante el proceso penal.
El martes presentamos la impugnación a la candidatura de José Valerio como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
A comienzos de este año la Cámara de Diputados inició el tratamiento de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. En esa oportunidad, desde la Coalición de ONG’s para la reforma procesal penal advertimos con gran preocupación que el proyecto afectaba fuertemente el diseño del Ministerio Público.
En la actualidad, la mayoría de los operadores judiciales son indiferentes a la desigualdad entre las partes. Esto ocurre, por ejemplo, en los litigios impulsados contra comunidades indígenas o campesinas por la ocupación de tierras, incluso cuando son estas comunidades las que recurren al Poder Judicial para reivindicar sus derechos ante terceros o ante el Estado. El sistema de administración de justicia tiene rutinas, circuitos y trámites que impactan de manera desigual sobre los derechos de quienes reclaman.
El CELS apeló el sobreseimiento dictado por el juez, Norberto Oyarbide, al juez Eduardo Riggi en la causa por los sobornos en la Cámara de Casación durante la investigación del crimen de Mariano Ferreyra.
Para el CELS los candidatos Carlos Ronsenkrantz y Horacio Rosatti convalidaron un procedimiento de designación irregular y de dudosa constitucionalidad.
Comunicado conjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Fundación Poder Ciudadano y Unión de Usuarios y Consumidores.
En octubre del 2014, el CELS había realizado críticas a un proyecto de Ley distinto al que ahora está debate.
En este capítulo analizamos el funcionamiento del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.
En la carta enviada a los jueces del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que tienen a su cargo la causa contra el juez Axel López, los abajo firmantes, expresan su preocupación por el juicio que comenzó hoy.
Memoria Activa se reunió con la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Luego de veinte años, las víctimas del atentado a la AMIA y la sociedad todavía no tienen respuestas.
El CELS envió al Congreso un documento con aportes y propuestas para la reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que será tratado en comisiones.
El CELS envió a la Cámara de Diputados un conjunto de observaciones al proyecto de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación.
El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó observaciones y propuestas al anteproyecto de reforma del Código Penal de la Nación.
Se cumplen 20 años del atentado a la sede de la AMIA en la que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridos.
Investigación por el crimen de Mariano Ferreyra.
El CELS junto a otros organismos de derechos humanos envió una nota al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alejandro Sánchez Freytes, por el proceso sancionatorio que busca remover al juez Axel López.
Se realizará la audiencia pública de evaluación de la idoneidad y tratamiento de las impugnaciones de los pliegos de los candidatos para cubrir los cargos de Fiscal General y titular de la Asesoría General Tutelar (AGT) del Ministerio Público, Martín Ocampo y Yael Bendel respectivamente.
El CELS se presentó hoy en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ante la falta de respuestas en todas las instancias de la justicia formoseña en la causa en la que se investiga la muerte del miembro de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh – La Primavera, Roberto López, en la represión policial del 23 de noviembre de 2010.