Justicia realpolitik
Columna publicada en la edición de septiembre de Posdata, el boletín del CELS.
Columna publicada en la edición de septiembre de Posdata, el boletín del CELS.
Recopilamos por temáticas, causas o ámbitos las diversas acciones nacionales e internacionales que llevamos adelante como respuesta y búsqueda de contrarrestar las medidas del gobierno de Milei que recortan derechos para las mayorías y amplían poderes para sectores privilegiados.
La modificación de los Decretos 222/03 y 588/03 para el nombramiento de jueces/zas, fiscales/as y defensores/as implica un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género y, por ende, también para la calidad de nuestra democracia. Lejos de tratarse de cambios meramente procedimentales, la reforma debilita los estándares sobre acceso igualitario a los cargos judiciales y reduce los espacios de escrutinio público sobre algunas de las decisiones más importantes de nuestro sistema institucional. Comunicado conjunto.
Comunicado conjunto firmado por más de 190 organizaciones. Advertimos que el proyecto es contrario al derecho a participar en la vida política y a peticionar frente a las autoridades. Amenazaría la existencia misma de cientos de organizaciones sociales en todo el país.
En octubre de 2010 Mariano Ferreyra fue asesinado en una protesta por mejores condiciones laborales. El crimen tuvo un gran impacto político y generó conmoción en muchos sectores. La sentencia condenatoria por las maniobras para encubrir el crimen de Mariano dio por probado el tráfico de influencias y el intento de sobornos.
Columna publicada en la edición de mayo de Posdata, el boletín del CELS.
El Poder Ejecutivo envió al Senado 67 pliegos para designar magistrados y magistradas del Poder Judicial. A partir del análisis de las candidaturas, con ACIJ, INECIP, Amnistía Internacional, ELA y Poder Ciudadano identificamos problemas en los procesos de selección y en la representación de género.
Se trata de la magistrada del Superior Tribunal de Justicia de Misiones quien fuera expulsada de su cargo en una operación política que le impidió, incluso, defenderse.
Llega la etapa final del proceso para juzgar las maniobras ilícitas que vincularon a agentes de inteligencia, funcionarios judiciales y sindicalistas. En el debate pudimos reconstruir la trama para beneficiar a José Pedraza y lograr impunidad.
Lo hizo en su declaración como testigo en el juicio por el soborno para impedir que los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra sean procesados.
A 15 años del homicidio del militante del Partido Obrero, los testimonios en el debate oral empiezan a confirmar la trama de poder para lograr impunidad.
Más de diez años después y tras muchas dilaciones, empieza la instancia para juzgar las maniobras que vincularon a espías, jueces federales, funcionarios y dirigentes sindicales con el objetivo de lograr la impunidad de José Pedraza. Las audiencias se trasmitirán en vivo y se podrán seguir también por nuestras redes sociales.
El martes 19 de agosto comienza el juicio oral por el intento de sobornos durante la investigación del crimen de Mariano Ferreyra. Pondrá en discusión los pactos opacos entre el Poder Judicial y el aparato de inteligencia. Columna de la edición de agosto de Posdata, el boletín del CELS.
Columna publicada en la edición de junio de Posdata, el boletín del CELS.
El fallo de la Corte convalida un proceso judicial que interfiere en las dinámicas de la política y da de lleno contra la institucionalidad democrática.
La designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema atenta contra la división de poderes. Organizaciones de la sociedad civil realizaremos un encuentro el martes 1 de abril para pedir que la Cámara alta rechace los nombramientos en la sesión del jueves 3.
Columna publicada en la edición de marzo de Posdata, el boletín del CELS.
El decreto constituye una clara violación a la Constitución Nacional y una gravísima afrenta a la división de poderes y a la independencia judicial. Junto con ACIJ, INECIP y Poder Ciudadano presentamos una acción de amparo.
La designación de dos jueces para el máximo tribunal mediante el decreto 137/2025 es un abuso por parte del Poder Ejecutivo. La decisión no respeta la división de poderes, compromete la legitimidad de la Corte, afecta su deber de garantizar la igualdad de género e ignora las múltiples objeciones expresadas sobre los candidatos. Comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil.
La acción la hicimos contra el Congreso como parte de una medida impulsada por el Colectivo Infancia en Deuda, ACIJ, ELA, FEIM, la Fundación Sur Argentina y Poder Ciudadano. El 28 de febrero vence el mandato de la actual Defensora. La falta de nombramientos implicaría que el área pierda su capacidad de acción judicial y de intervención.
La Argentina es el único país de América que no tiene mujeres en el máximo tribunal. El Comité CEDAW instó a los Estados a realizar las modificaciones constitucionales y legislativas pertinentes para institucionalizar la paridad. Comunicado conjunto.
Presentamos ante la Comisión de Acuerdos observaciones y preguntas para que le realicen a los candidatos en las audiencias del 21 y 28 de agosto. Cuestionamos que el máximo tribunal esté integrado sólo por varones como así también el perfil y la idoneidad de las personas postuladas por el Ejecutivo.
Organizaciones de la sociedad civil solicitamos al Congreso que haya un debate con participación real, efectiva y directa en el proceso de designación. Está en juego la calidad institucional de las próximas dos décadas.
La propuesta de dos varones para integrar el máximo tribunal es inconstitucional, discriminatoria e implica un fuerte retroceso. Doce organizaciones solicitamos al Senado que no dé inicio a la audiencia de discusión de los pliegos.
Presentamos ante el Ministerio de Justicia de la Nación observaciones sobre las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo para la CSJN. Entendemos que sus perfiles son incompatibles con los estándares requeridos para integrar el máximo tribunal.
Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro categórico rechazo a las propuestas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentadas por el Poder Ejecutivo. Tal como se desarrollará a continuación, las personas postuladas no cumplen con las condiciones que se requieren para integrar la máxima magistratura de nuestro país.
Organizaciones de la sociedad civil recordamos que los legisladores y las legisladoras deben ejercer su rol, tratar sin demoras este decreto e intervenir siempre que el Poder Ejecutivo exceda los límites constitucionales.
Las medidas que impulsa el gobierno buscan impedir que los policías rindan cuentas por el uso de arma de fuego y que la versión policial quede establecida como la única verdad, sin posibilidad de refutarla en un juicio. Si la ley hubiera estado vigente, masacres como las de Monte y de Budge o el asesinato de Lucas González no hubieran obtenido justicia.
El proyecto enviado al Congreso por el gobierno contiene la delegación de facultades en términos vagos y generales. Esta imprecisión da márgenes enormes para la discrecionalidad, la arbitrariedad y gobernar por decreto, sin el control legislativo.
Con distintas organizaciones de la sociedad civil pedimos que el tratamiento del proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” continúe en sesiones ordinarias para que nuestros y nuestras representantes puedan discutirlo en tiempos acordes a su complejidad, y que se amplíen las instancias de participación para que la ciudadanía pueda expresarse sobre las reformas que propone.
El gobierno de Milei pretende desactivar procedimientos claves y avanzar sobre medidas regresivas para los derechos humanos y la democracia. En sólo tres semanas, entre el DNU 70/23 y la propuesta de ley “Bases…”, el Poder Ejecutivo presentó 1649 artículos que cambian toda la vida social y política, los parámetros de protección y la arquitectura estatal. El Congreso tiene la responsabilidad de no convalidar esta propuesta.
Distintos fueros habilitaron la feria para tratar las presentaciones hechas contra el DNU, entre ellas la del CELS. En algunos casos suspendieron el tramo del decreto sobre trabajo.
Fue con una acción ante el fuero contencioso administrativo federal. Entendemos que el decreto viola la división de poderes y suprime o restringe derechos, garantías individuales y colectivas. Señalamos que con la presentación de este DNU el poder ejecutivo altera reglas constitucionales, asumiendo facultades que le están prohibidas y son del Congreso.
El DNU que anunció el presidente Milei en la noche del 20 de diciembre, avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes de forma antidemocrática. Con su entrada en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda.
El TOF N°2 resolverá en una causa que involucra a Cristina Fernández de Kirchner. Fue un proceso denunciado por irregularidades, en el que la acusan con una figura jurídica cuestionada. Una decisión con enorme impacto político.
Junto a otras organizaciones reclamamos que la ley del organismo incorpore la integración de representantes que no deban ejercer otra función en paralelo. Las dobles funciones atentan contra el desempeño en este organismo, pero también en los tribunales, en los casos de quienes representan al poder judicial, y posibles conflictos de intereses, en los de los abogados.
Expresamos nuestra preocupación por la acusación fiscal contra la vicepresidenta Cristina Fernández. También rechazamos el uso de la figura de asociación ilícita como forma de criminalizar a dirigentes y organizaciones políticas.
Junto a otras organizaciones presentamos un documento con observaciones y propuestas. Duración excesiva de los concursos, arbitrariedades en procesos de selección y falta de representación justa de géneros, son algunos de los problemas que el proyecto intenta resolver.
Organizaciones de la sociedad civil impulsamos la aprobación de un decreto de autolimitación de facultades en el proceso de designación de magistrados y magistradas, para que el Poder Ejecutivo contribuya en la reducción de la brecha de género al proponer integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público. Actualmente, solo el 25% de los cargos de la justicia nacional y federal los ocupan mujeres.
Al ex capitán del Ejército en Zapala lo echaron por declarar contra Martín Balza y por sostener que inteligencia militar había intervenido en la investigación del crimen del soldado. Ahora, el máximo tribunal entendió que su expulsión es inseparable de su testimonio en el juicio y ordenó un nuevo fallo en el marco de una demanda de reparaciones acompañada por el CELS.
El sistema de justicia atraviesa una crisis de legitimidad que jaquea su rol en la efectiva protección de derechos para las mayorías. La Corte está asociada a prácticas poco transparentes, a fallos de perfil oportunista -en algunos casos regresivos-, con impacto en la coyuntura política. Es necesario encarar debates de fondo para que la justicia represente una agenda de igualdad y sea garante de derechos.
El máximo tribunal aceptó la participación del CELS en una causa en la que se discuten las facultades del Estado nacional para regular la concesión de patentes farmacéuticas. En la resolución, les jueces consideraron que el debate sobre las patentes de medicamentos y su regulación es un asunto de interés público.
La investigación describe y evalúa el funcionamiento de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), sus logros y las agendas pendientes de esta política pública.
La situación actual requiere que culmine el interinato en la Procuración General de la Nación y que se avance en la puesta en marcha de un ministerio público que rinda cuentas de sus políticas.
Hace 8 años que una causa navega los pasillos de Comodoro Py: la que debe investigar el intento de una red que operaba dentro del sistema judicial de encubrir el crimen de Mariano Ferreyra. El caso muestra todo lo que la reforma judicial debe poner en discusión.
Presentamos un aval a la candidatura de Daniel Rafecas al cargo de Procurador General de la Nación.
Reclamamos que las y los candidatos cumplan con los requisitos de idoneidad técnica y de independencia que garanticen el funcionamiento autónomo del Ministerio Público Fiscal y del Tribunal Superior de Justicia, algo que Santiago Otamendi y Juan Bautista Mahiques no cumplen.
El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires se creó hace 20 años y siempre tuvo al frente a varones. Su titular debería ser, en esta oportunidad, una mujer feminista, y la Legislatura, tener una perspectiva de género a la hora de evaluar las candidaturas.
Sus antecedentes de violencia con armas de fuego deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar su perfil.
Solicitamos al gobernador que retire el pliego y considere la postulación de un candidato o candidata que cumpla con los requisitos de idoneidad.