El TOF N°2 resolverá en una causa que involucra a Cristina Fernández de Kirchner. Fue un proceso denunciado por irregularidades, en el que la acusan con una figura jurídica cuestionada. Una decisión con enorme impacto político.
Junto a otras organizaciones reclamamos que la ley del organismo incorpore la integración de representantes que no deban ejercer otra función en paralelo. Las dobles funciones atentan contra el desempeño en este organismo, pero también en los tribunales, en los casos de quienes representan al poder judicial, y posibles conflictos de intereses, en los de los abogados.
Expresamos nuestra preocupación por la acusación fiscal contra la vicepresidenta Cristina Fernández. También rechazamos el uso de la figura de asociación ilícita como forma de criminalizar a dirigentes y organizaciones políticas.
Junto a otras organizaciones presentamos un documento con observaciones y propuestas. Duración excesiva de los concursos, arbitrariedades en procesos de selección y falta de representación justa de géneros, son algunos de los problemas que el proyecto intenta resolver.
Organizaciones de la sociedad civil impulsamos la aprobación de un decreto de autolimitación de facultades en el proceso de designación de magistrados y magistradas, para que el Poder Ejecutivo contribuya en la reducción de la brecha de género al proponer integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público. Actualmente, solo el 25% de los cargos de la justicia nacional y federal los ocupan mujeres.
Al ex capitán del Ejército en Zapala lo echaron por declarar contra Martín Balza y por sostener que inteligencia militar había intervenido en la investigación del crimen del soldado. Ahora, el máximo tribunal entendió que su expulsión es inseparable de su testimonio en el juicio y ordenó un nuevo fallo en el marco de una demanda de reparaciones acompañada por el CELS.
El sistema de justicia atraviesa una crisis de legitimidad que jaquea su rol en la efectiva protección de derechos para las mayorías. La Corte está asociada a prácticas poco transparentes, a fallos de perfil oportunista -en algunos casos regresivos-, con impacto en la coyuntura política. Es necesario encarar debates de fondo para que la justicia represente una agenda de igualdad y sea garante de derechos.
El máximo tribunal aceptó la participación del CELS en una causa en la que se discuten las facultades del Estado nacional para regular la concesión de patentes farmacéuticas. En la resolución, les jueces consideraron que el debate sobre las patentes de medicamentos y su regulación es un asunto de interés público.
La investigación describe y evalúa el funcionamiento de los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), sus logros y las agendas pendientes de esta política pública.
La situación actual requiere que culmine el interinato en la Procuración General de la Nación y que se avance en la puesta en marcha de un ministerio público que rinda cuentas de sus políticas.
Hace 8 años que una causa navega los pasillos de Comodoro Py: la que debe investigar el intento de una red que operaba dentro del sistema judicial de encubrir el crimen de Mariano Ferreyra. El caso muestra todo lo que la reforma judicial debe poner en discusión.
Presentamos un aval a la candidatura de Daniel Rafecas al cargo de Procurador General de la Nación.
Reclamamos que las y los candidatos cumplan con los requisitos de idoneidad técnica y de independencia que garanticen el funcionamiento autónomo del Ministerio Público Fiscal y del Tribunal Superior de Justicia, algo que Santiago Otamendi y Juan Bautista Mahiques no cumplen.
El Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires se creó hace 20 años y siempre tuvo al frente a varones. Su titular debería ser, en esta oportunidad, una mujer feminista, y la Legislatura, tener una perspectiva de género a la hora de evaluar las candidaturas.
Sus antecedentes de violencia con armas de fuego deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar su perfil.
Solicitamos al gobernador que retire el pliego y considere la postulación de un candidato o candidata que cumpla con los requisitos de idoneidad.
Desde la sociedad civil acercamos algunas notas para sumar al debate sobre las acciones colectivas como herramientas de defensa de los derechos humanos y de usuarios.
Las demandas colectivas son una herramienta central para la protección de los derechos humanos. El proyecto enviado al Congreso pone en riesgo el acceso a la justicia de los colectivos más vulnerables.
Más de 40 organizaciones de derechos humanos y de consumidores/as rechazamos el borrador de Anteproyecto y exigimos que se garantice la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de un proyecto que sea acorde a la Constitución Nacional y la jurisprudencia vigente.
Organizaciones de derechos humanos y de consumidores reclaman al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se abstenga de impulsar un anteproyecto que restringe la posibilidad de demandar judicialmente al Estado y a empresas en defensa de derechos colectivos.
Luego de que los asesores tutelares de la Ciudad recibieran críticas del gobierno porteño por su intervención para frenar el protocolo que criminalizaba las tomas de colegios y para que los estudiantes pudieran participar en la reforma educativa “Secundaria del Futuro”, una resolución de la Asesora General Tutelar limita sus funciones.
El Consejo de la Magistratura de Rio Negro decidió someter a juicio político al juez Chirinos. Frente a esta situación diversas organizaciones expresamos nuestro rechazo a esta medida.
Analizamos las intervenciones judiciales de la candidata del Poder Ejecutivo para ocupar el máximo cargo de la Procuración General de la Nación. Nos preocupa su perfil conservador respecto de los derechos humanos y el acceso a la justicia, en tanto puede significar un retroceso en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Ulpiano Martínez carece de idoneidad para el cargo que aspira ocupar. Sus tres años a cargo del juzgado federal 1 de Bahía Blanca dejaron un cuadro de atraso y falta de organización de las causas sobre las cuales debía resolver. Además, tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad.
Acercamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación nuestras observaciones sobre el candidato. Consideramos que no es indóneo para ocupar el cargo.
El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA es una de las últimas oportunidades de las víctimas de obtener justicia.
Luego de dos años y medio de juicio, el lunes comenzará el alegato de Memoria Activa en el juicio por las maniobras de encubrimiento que buscaron desviar la investigación del atentado a la AMIA.
Sobre el procesamiento con prisión preventiva de ex funcionarios.
Comunicado conjunto de organizaciones que trabajan temas de justicia, ante los fundamentos que motivaron la decisión de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, adoptada el 23/11/2017, que cita a comparecer al juez Daniel Eduardo Rafecas
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió con argumentos formales no iniciar juicio político al Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, denunciado por su participación en delitos de lesa humanidad. Esta decisión atenta contra la democratización del Poder Judicial.
La forma propuesta para designar al titular de la Procuración no asegura su idoneidad, independencia ni legitimidad. Al mismo tiempo, los mecanismos de remoción del Procurador lo hacen menos proclive a investigar casos que afecten al poder de turno. La duración del mandato no permite generar y desarrollar un plan de acción en política criminal.
Enviaron una carta pública a los candidatos criticando el procedimiento llevado adelante por la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, y solicitando a los candidatos que no acepten la postulación.
El Congreso de la Nación debe garantizar que el/la próximo Defensor/a sea idóneo, independiente y proactivo en la defensa de los derechos. Para ello, es necesario un procedimiento de designación participativo, abierto y transparente.
El proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal ingresado al Senado de la Nación tras la renuncia de la Procuradora General pone en riesgo la independencia y autonomía funcional del organismo. La propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para la división de poderes y amenazan con debilitar la figura del/la próximo/a Procurador/a.
Ayer se cumplió un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Desde el primer día, hace 23 años, se comenzó a encubrir a los responsables y con al poco tiempo se revelaron las conexiones subterráneas entre los servicios de inteligencia de la Argentina y sus esferas políticas y judiciales. Hace dos años el juicio en el Tribunal Oral 2 busca determinar las maniobras de encubrimiento que buscaron asegurar la impunidad.
A partir de la causa AMIA se puede contar la historia del atentado terrorista más grande ocurrido en el país, del inmoral encubrimiento de sus responsables, del cínico uso político y electoralista que se hace del caso y de la responsabilid de las estructuras policiales, judiciales y de inteligencia. También, de la incansable lucha por la verdad y la justicia de los familiares de las víctimas, historias individuales que se hicieron colectivas.
Organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestra preocupación frente a las recientes declaraciones de referentes del oficialismo nacional con respecto a la posibilidad de iniciar un procedimiento para remover por decreto a la Procuradora General de la Nación
Los organismos de derechos humanos rechazamos la injerencia inconstitucional que pretende el Poder Ejecutivo sobre la Procuración General de la Nación y repudiamos los ataques a Alejandra Gils Carbó.
María Belén Leguizamón Salvatierra, quien interviene en el caso del líder indígena Javier Chocobar, asesinado hace más de siete años, fue sancionada por la justicia tucumana tras haber manifestado públicamente su preocupación por el retardo injustificado del Poder Judicial en la resolución del caso.
Organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas manifiestan preocupación por las sanciones impuestas por el Poder Judicial de Tucumán a la abogada que lleva la causa por el asesinato de Javier Chocobar y por la orden de desalojo de la comunidad Tolombón.
Mahíques fue designado por decreto en la Cámara Federal de Casación Penal. De esta forma, pasó de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a la Federal sin pasar por las instituciones y las instancias correspondientes. En los hechos es la designación encubierta de un juez federal.
El fiscal general fue denunciado como agente de la ex DIPBA y de haber participado en operativos junto con las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado.
Comunicado conjunto sobre un proyecto de ley que busca restringir la libertad de las personas que no tienen condena durante el proceso penal.
El martes presentamos la impugnación a la candidatura de José Valerio como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
A comienzos de este año la Cámara de Diputados inició el tratamiento de la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. En esa oportunidad, desde la Coalición de ONG’s para la reforma procesal penal advertimos con gran preocupación que el proyecto afectaba fuertemente el diseño del Ministerio Público.
En la actualidad, la mayoría de los operadores judiciales son indiferentes a la desigualdad entre las partes. Esto ocurre, por ejemplo, en los litigios impulsados contra comunidades indígenas o campesinas por la ocupación de tierras, incluso cuando son estas comunidades las que recurren al Poder Judicial para reivindicar sus derechos ante terceros o ante el Estado. El sistema de administración de justicia tiene rutinas, circuitos y trámites que impactan de manera desigual sobre los derechos de quienes reclaman.
El CELS apeló el sobreseimiento dictado por el juez, Norberto Oyarbide, al juez Eduardo Riggi en la causa por los sobornos en la Cámara de Casación durante la investigación del crimen de Mariano Ferreyra.
Para el CELS los candidatos Carlos Ronsenkrantz y Horacio Rosatti convalidaron un procedimiento de designación irregular y de dudosa constitucionalidad.
Comunicado conjunto de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Fundación Poder Ciudadano y Unión de Usuarios y Consumidores.
En octubre del 2014, el CELS había realizado críticas a un proyecto de Ley distinto al que ahora está debate.