Políticas de seguridad

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ARA San Juan: no se debe convalidar la inteligencia ilegal sobre familiares de marinos que reclaman respuestas del Estado

Participamos como amicus curiae en la audiencia convocada por la Cámara de Casación Federal para resolver los sobreseimientos del ex presidente Macri y sus funcionarios de inteligencia por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino. Planteamos que la persecución y el espionaje que sufrieron las víctimas constituyen delitos muy graves y que la cámara de apelaciones los convalidó arbitrariamente.

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Crimen de Morena Lanus Agosto 2023 Crédito Télam

El crimen de Morena nos tiene que convocar al debate social y político

La “agenda de seguridad” crece cuando hay un hecho gravísimo, como el asesinato de la nena de 11 años en Lanús esta semana. Y luego solo se instrumentalizan medidas de corto plazo, como más cámaras y más patrulleros. Mientras, son las personas más pobres las que conviven con la violencia cotidiana. Hay otros caminos. Tenemos la posibilidad colectiva de comprometernos e involucrarnos para que esa realidad sea distinta.

AMIA
  

Atentado a la AMIA: audiencia final en la Corte IDH

Se realizará el jueves 13 y el viernes 14 de octubre en Montevideo (Uruguay). El caso lo iniciamos Memoria Activa y el CELS en 1999. Denunciamos la responsabilidad internacional del Estado argentino por el atentado y la falta de verdad y justicia.

CABA
  

Uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en CABA: a pedido del gobierno de la Ciudad, el TSJ sacó al juez de la causa

El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires decidió apartar al juez que intervenía en la causa en la que se discute la constitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). El TSJ tomó está decisión después de que se conociera el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad.

CABA
  

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad buscó información biométrica de 7 millones de personas de manera ilegal

Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permitía sólo abordar un universo de poco más de 40.000 personas. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.

vigilancia
  

COVID y vigilancia: principios para proteger nuestros derechos

Durante la pandemia, se incrementaron los procesos de vigilancia por parte de los Estados, generalmente sin transparencia en cuanto a los métodos empleados o el destino de la información recolectada. Esto constituye una violacion a derechos humanos como la libertad de expresion y de manifestacion y a la privacidad.

Opinión
  

por

Los riesgos de las “políticas antiterroristas”

La creación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento oculta el nulo avance de la investigación del atentado a la AMIA. El incumplimiento del Estado de los compromisos ante la CIDH habilita a este organismo a enviar el caso AMIA ante la Corte Interamericana. El alineamiento argentino con la política de Estados Unidos e Israel puede tener graves efectos para el país.

AMIA
  
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25 años sin justicia por el atentado a la AMIA

Las tramas que posibilitaron que aún no haya justicia y verdad en el caso AMIA aún están presentes y explican muchos de los problemas que preocupan en la actualidad. No se rompieron los pactos entre los sectores judiciales, políticos, de inteligencia y mediáticos que construyeron la impunidad del atentado, ni se transformaron sus prácticas.

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¿Hay salida para la crisis del sistema de inteligencia?

Es necesario refundar el sistema de inteligencia y promover una transformación democrática. Proponemos, para eso, un proceso que comience con la disolución de la AFI y continúe con un cambio normativo, organizativo y de prácticas. La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) está integrada por el Ilsed, la Fundación Vía Libre, NEGyS (UMET) y el CELS.

Brasil
  

Fuerte alarma de la CIDH por el avance de la militarización en la región

En una audiencia a la que calificaron como “histórica”, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron que la militarización de la seguridad pública genera un crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos. También advirtieron sobre el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región.

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La militarización de la región en la CIDH

La militarización de la seguridad pública está en aumento en el continente, con consecuencias muy preocupantes. Por eso 17 organizaciones de 10 países solicitamos una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará el 6 de diciembre.

México
  

México: Se debe privilegiar un modelo de seguridad respetuoso de los DDHH

La Ley de Seguridad Interior de México perpetúa la intervención de los militares en tareas tradicionalmente policiales, a pesar de que la Constitución mexicana y los estándares internacionales determinan que las tareas de seguridad pública deben ser ejercidas por autoridades civiles. Por los graves impactos sobre los derechos humanos que tiene la militarización de la seguridad, en una carta abierta el CELS instó a la Suprema Corte de México a que se pronuncie en contra de esta ley.

ciudad de Buenos Aires
  

Sobre la reforma de Código Procesal Penal de la Ciudad

La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.

vigilancia
  

La Legislatura porteña debate una reforma que habilita la vigilancia y vulnera la intimidad personal

Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.