Expusimos en el Congreso sobre dos cuestiones centrales que implica el proyecto de ley: las consecuencias que puede tener la reorganización del Estado bajo la lógica de la “seguridad nacional” y los serios problemas de constitucionalidad.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó, sin siquiera llamar a indagatoria, a Silvia Majdalani, Gustavo Arribas, Martín Coste y Carlos Tonelli Banfi en la causa que investiga tareas de inteligencia ilegal sobre periodistas, académicos, activistas y organizaciones sociales. Expusimos los principales puntos de la apelación ante la Cámara Federal.
Con la participación de WOLA, INREDH y Temblores estuvimos en la Cámara de Diputados en la audiencia informativa que analizó el alineamiento geopolítico con Estados Unidos y su paradigma de seguridad.
CELS, Conectas, Dejusticia, Alianza Américas y WOLA organizamos un seminario virtual sobre el uso del marco antiterrorista para abordar el crimen organizado y perpetuar regímenes de excepción en la región.
El gobierno de Jorge Macri volvió a desplegar más de 1500 policías y agentes de control en 15 villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Registramos episodios de violencia policial, detenciones arbitrarias y el retiro de pertenencias y herramientas de trabajo. La CABA consolida una política que identifica pobreza con inseguridad, no con ausencia de derechos.
El gobierno presentó como una iniciativa sobre la soberanía de Malvinas un proyecto que en realidad rediseña áreas centrales del Estado. Crea un Consejo de Seguridad Nacional, una suerte de supraministerio, con amplias facultades para definir qué asuntos constituyen amenazas, además de decidir sobre el uso del instrumento militar y la inteligencia estratégica nacional. Esta amplitud puede llevar a actividades políticas, opositoras o críticas al terreno de la “seguridad nacional”, sin intervención ni control de otros poderes del Estado.
La guerra antiterrorista global, que nació en las ruinas de las torres gemelas, se reproduce a sí misma buscando siempre nuevos blancos.
El juez Martínez de Giorgi consideró que las tareas de inteligencia sobre periodistas, activistas y organizaciones sociales estaban justificadas por necesidades de seguridad. La decisión consolida un criterio preocupante que amplía los márgenes para la vigilancia de la actividad política y social. Desde el CELS vamos a apelar.
Con la excusa del ‘narcoterrorismo’, Estados Unidos consolida una política hemisférica de ejecuciones extrajudiciales, en las que las personas bajo ataque no tuvieron debido proceso ni eran, a su vez, agentes de una agresión.
Presentación del CELS en la audiencia informativa de la Cámara de Diputados, convocada por el diputado Juan Marino.
Seis organizaciones de Brasil, Colombia, Argentina y EEUU vamos a pedirle a la Comisión que se rindan cuentas sobre cómo los usos de la tecnología pueden agravar desigualdades y aumentar la concentración política y económica en base a la recopilación de datos. La cita es el martes 4 de agosto a las 12.
Relatores de Naciones Unidas advirtieron que el gobierno viene utilizando al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) como forma de asociar personas al terrorismo sin que existan investigaciones ni condenas judiciales y sobre la base de meras sospechas. El caso de las mujeres mapuche de la Lof Lafken Winkul Mapu muestra cómo esa lógica produce sobrecriminalización y estigmatización de quienes defienden derechos.
Es una herramienta de investigación pero también, con preocupante frecuencia, de espionaje ilegal. Eso la convierte en una amenaza para la privacidad y los derechos humanos. Con Vía Libre, O.D.I.A. y Democracia en red presentamos los siete principales factores de riesgo que identificamos en nuestro país. Buscamos alertar a tiempo para desarrollar políticas de control que prevengan que la Argentina se sume a la lista de los países que usan esta tecnología para la persecución política y la vulneración de derechos básicos. Incluye una guía para la prevención.
Con la excusa de “mejorar la seguridad y ordenar el espacio público”, el Gobierno porteño realizó operativos simultáneos en barrios pobres y dejó al descubierto prácticas sin control judicial y fuertes inconsistencias en las detenciones, además de situaciones de violencia y hostigamiento contra los habitantes. Bajo una lógica de estigmatización y cálculo político, el Gobierno de la Ciudad convierte la seguridad en una escena de marketing, en detrimento de políticas reales contra las economías ilegales.
Bajo la apariencia de facilitar el comercio y la cooperación, el Acuerdo sobre Inversiones y Comercio Recíproco (AICR) que firmó en febrero el gobierno argentino con el de Estados Unidos, configura una decisión de alto riesgo: cede soberanía sobre la información personal de la población y erosiona garantías básicas como la protección del derecho a la privacidad y la autonomía informativa.
El Gobierno nacional impone barreras económicas y burocráticas que empujan a la población migrante hacia la irregularidad. Entre operativos desproporcionados y discursos de odio, se construye la figura de un “enemigo interno” para justificar el despliegue del aparato punitivo.
En el fallo Torres Abad, la Corte Suprema declaró inconstitucionales artículos clave de la Ley de Protección de Datos Personales y reafirmó que el consentimiento es la regla para el uso de información. La decisión impacta directamente en el DNU que amplió las facultades de inteligencia, al cuestionar la circulación de datos sin control ni autorización de las personas.
Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden de lo dicho por la Comisión Interamericana. Además, el documento da cuenta de la reconfiguración autoritaria del Estado a partir de las reformas del gobierno.
Más de 120 organizaciones firmantes hacemos un llamado colectivo a todos los Estados para que inmediatamente dejen o se abstengan de apoyar los ataques estadounidenses en ese mar y en el océano pacífico.
El tribunal señaló que los estados tienen el deber de ser proactivos en la regulación, supervisión y fiscalización del mercado de armas. Mientras tanto, las políticas públicas en el país avanzan en sentido contrario.
Columna publicada en la edición de abril de Posdata, el boletín del CELS.
A partir de las nuevas estrategias de seguridad y defensa de Estados Unidos, en América Latina las agendas de terrorismo y narcotráfico se solapan para legitimar políticas de excepción violentas y represivas. Participamos de distintas instancias internacionales para alertar sobre el impacto que tiene este cruce en los derechos humanos en la región.
La declaración de organizaciones de las sociedad civil en la 69° sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Leela completa.
Columna publicada en la edición de febrero de Posdata, el boletín del CELS.
Más de veinte organizaciones de la sociedad civil nos expresamos sobre la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 941/2025: rompe consensos básicos de la democracia, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas. En imprescindible que este decreto sea evaluado en el Congreso.
Fue en un amparo colectivo que presentamos en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Es para que se declare la ilegalidad e inconstitucionalidad del decreto 941/2025, que pone a la SIDE al servicio del espionaje interno.
Con el DNU 941/25 se debilitan aún más los controles sobre el sistema de inteligencia. La ampliación máxima del secreto, la posibilidad de que los agentes de inteligencia detengan personas, la autonomía militar y el acopio masivo de nuestros datos personales son algunos de los puntos más preocupantes. El decreto es inconstitucional y debe ser rechazado por el Congreso.
La Cámara de General Roca convalidó la extensión de su prisión preventiva y estará detenido hasta marzo. Se lo acusa de delitos gravísimos pero la fiscalía no presentó ninguna evidencia. En la práctica, el tribunal convalida que siga preso por expresar sus opiniones políticas.
En un webinario regional, diferentes especialistas expusieron sobre la situación actual en la región ante el avance de las políticas de intervención militar de los Estados Unidos.
CELS, Conectas, Dejusticia y WOLA invitamos a un encuentro virtual con especialistas para problematizar la militarización en las Américas, su uso para abordar el crimen, la migración o la protesta y el riesgo de la expansión de la categoría “terrorismo” para habilitar medidas excepcionales. Es el jueves 11 de diciembre a las 11hs (arg). Inscribite acá y recibí el enlace de Zoom.
Columna publicada en la edición de noviembre de Posdata, el boletín del CELS.
Ramón Falcón y Alberto Villar son parte de una genealogía de violencia estatal que va desde las masacres obreras de comienzos del siglo XX hasta el terrorismo de Estado de los años setenta. Al recuperar sus nombres, la ministra celebra una historia de violencia como legado y doctrina.
El Grupo de litigantes contra la tortura demandamos investigaciones inmediatas e independientes, garantías de protección y no criminalización para residentes y la participación de observadores internacionales para monitorear la situación. El comunicado de las organizaciones.
Este martes 28, Río de Janeiro vivió el operativo de seguridad más letal de su historia, la Operación Contención. Expone el fracaso y la violencia estructural de la política de seguridad en el Estado carioca y coloca a la ciudad en estado de terror. Nota de las organizaciones de la sociedad civil de Brasil.
Enviamos una carta al Congreso estadounidense con nuestra preocupación sobre estos hechos que constituyen ejecuciones extrajudiciales. Le pedimos que investigue la situación y limite las facultades del Ejecutivo de su país y su grave enfoque militarista.
Ante el funcionamiento ilegal e ineficaz del sistema de inteligencia argentino, especialistas, referentes políticos y sociales, y legisladores nacionales se reunieron para construir un diagnóstico, discutir posibles estrategias y promover una agenda propositiva.
A partir de distintos casos, situaciones y campos de intervención, los textos de este libro muestran cómo se entrelazan prácticas, tradiciones y lenguajes institucionales con acciones de denuncia, resistencia y litigio impulsadas por militancias, colectivos y organizaciones.
Fue detenido con prisión preventiva en un penal federal y le imputan delitos gravísimos. La Fiscalía basa toda su acusación en los comentarios que hizo durante la presentación de un libro de poesía, en donde habló de la resistencia al sistema capitalista.
Las consecuencias humanas del atentado a la AMIA fueron devastadoras. Lo que siguió fue además una tragedia institucional: un proceso de ocultamiento, manipulación y abandono que impidió que el país ofreciera una respuesta a las víctimas y a la sociedad. Después de 31 años, un juicio en ausencia no refleja el avance de la justicia, sino su fracaso.
Los decretos que modifican las leyes orgánicas de la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario habilitan, sin controles claros, las tareas de ciberpatrullaje. El gobierno los dictó, al igual que la reforma de la Policía Federal, amparado por la Ley Bases, a pesar de no tener facultades para hacer reformas en seguridad.
Columna publicada en la edición de julio de Posdata, el boletín del CELS.
Denunciamos penalmente a las máximas autoridades de la SIDE por abuso de autoridad. El Plan de Inteligencia Nacional y la orden operativa que se conocieron días atrás son contrarios a la ley.
Con la reforma de la ley orgánica de la PFA por decreto, agentes de la policía podrán realizar tareas de espionaje y detención sin orden judicial. La falta de claridad sobre algunos de los cambios normativos permite la criminalización de organizaciones, la represión de protestas y el patrullaje en redes sociales.
Luego de una reforma que le dio más opacidad a las actividades de la SIDE, el gobierno pone en marcha un plan que apunta a la recolección de información sobre las personas que sean críticas con sus políticas. Eso está prohibido por la Ley Nacional de Inteligencia. Es necesario un control del Congreso y del Poder Judicial.
Ante el anuncio del Ministerio de Defensa, con la autorización a las fuerzas militares para realizar detenciones en zona fronterizas, le pedimos al ministro Petri que entregue toda la información vinculada con esas intervenciones. La injerencia de militares en esos roles va en contra de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior.
Columna publicada en la edición de abril de Posdata, el boletín del CELS.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal nos dio la razón en un amparo que presentamos y ordenó al Ministerio de Seguridad que brinde información sobre actividades de inteligencia.
Columna publicada en la edición de diciembre de Posdata, el boletín del CELS.
Con dos decretos, el Poder Ejecutivo decidió permitir la intervención de las Fuerzas Armadas en problemas de seguridad interior, sin habilitar los mecanismos de consenso previstos en la ley. Las FFAA podrían destinarse a tareas que no tienen que ver con su misión y para las que no están formadas. En los países en los que se involucraron en asuntos de seguridad, creció su peso político y su capacidad para condicionar gobiernos.
Desde hace un año, mes a mes, el gobierno -sin muchos límites políticos o judiciales- consolida el fin de un proyecto de país igualitario. Entre los pilares que sostienen las políticas encontramos la transferencia de riqueza hacia sectores ricos, el achicamiento del espacio cívico, el disciplinamiento social y la vigilancia sin controles.