Tenía 17 años y fue asesinado cuando salía con tres amigos de un entrenamiento en Barracas Central. Agentes de la brigada del barrio les dispararon y luego intentaron encubrirlo. Todavía falta que se conozca mucha información sobre el caso y sobre la forma en la que actúa la Policía de la Ciudad.
Nos presentamos como amicus ante Casación Penal y pedimos que revierta el fallo de la Cámara de Apelaciones que sostuvo que no es delito el espionaje que le hicieron a las familias porque estaba involucrada la seguridad presidencial.
En la última jornada, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, en representación de Memoria Activa, realizó su alegato final. Al finalizar, el presidente de la Corte IDH instó al Estado argentino a que no espere a la sentencia para generar hechos concretos.
Se realizará el jueves 13 y el viernes 14 de octubre en Montevideo (Uruguay). El caso lo iniciamos Memoria Activa y el CELS en 1999. Denunciamos la responsabilidad internacional del Estado argentino por el atentado y la falta de verdad y justicia.
Lo determinó la jueza Liberatori en un fallo que confirma que fue gestionado por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control, en la misma línea de la denuncia del CELS.
En un nuevo aniversario, acompañamos a Memoria Activa en el acto que se realizó en Plaza Lavalle, frente a Tribunales. Compartimos las palabras de Paula Litvachky.
El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires decidió apartar al juez que intervenía en la causa en la que se discute la constitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). El TSJ tomó está decisión después de que se conociera el resultado de una pericia que revela el uso ilegal del sistema de reconocimiento facial en la ciudad.
Junto con Amnistía Internacional, ADC, Fundación Vía Libre y ODIA solicitamos que se cree el mecanismo de control que fue establecido por la ley 6.339 hace un año y medio.
Estas tareas se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos y a partir de un convenio con el ReNaPer, pero ese acuerdo les permitía sólo abordar un universo de poco más de 40.000 personas. La Justicia suspendió el uso del mecanismo y ordenó una serie de medidas para determinar si estos procedimientos pudieron haber sido utilizados para realizar trabajos de vigilancia masiva e inteligencia.
En todos estos años el Estado no dio respuestas y sólo sumó obstáculos para acceder a la verdad y la justicia. El pedido de juicio político a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco sigue demorado.
Esta publicación de ICCSI -Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia- desarrolla los principales puntos teóricos de la inteligencia criminal y la urgencia por regularla de forma clara y bajo controles estrictos.
El documento reconstruye y analiza cómo se articularon la inteligencia ilegal, la militarización y la estigmatización para impedir el ejercicio de los derechos indígenas.
Memoria Activa realizó un acto virtual para exigir verdad y justicia y recordar a las víctimas.
El CELS, la APDH y organizaciones sociales y de derechos humanos locales presentamos una carta al gobernador Mariano Arcioni para exigir la derogación inmediata de protocolos que incrementan los niveles de violencia policial y limitan el ejercicio de la protesta social.
La Corte Suprema debe garantizar el derecho de acceso a la información pública sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia.
Kevin Guerra fue denunciado por Gendarmería Nacional como consecuencia de actividades de vigilancia masiva llamadas “ciberpatrullaje”. Fue sobreseído a fines de 2020.
El reconocimiento facial en las actividades de videovigilancia afecta de manera negativa múltiples derechos: a la privacidad, a la libertad de esxpresión y a la protesta, entre otros.
Las prácticas de violencia institucional de la policía cordobesa se profundizaron en el contexto de las medidas de prevención de la pandemia. Enviamos una carta al gobernador de Córdoba con recomendaciones y herramientas de control de la actuación policial.
Frente a hechos de inseguridad y violencia, las autoridades políticas deberían encauzar los debates públicos en las cuestiones centrales que debe priorizar el Estado: proteger la vida ante todo, garantizar la seguridad y no fomentar respuestas que recrudecen la violencia.
Durante la pandemia, se incrementaron los procesos de vigilancia por parte de los Estados, generalmente sin transparencia en cuanto a los métodos empleados o el destino de la información recolectada. Esto constituye una violacion a derechos humanos como la libertad de expresion y de manifestacion y a la privacidad.
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes abrazamos a la familia del joven y exigimos una investigación seria.
La causa contra Kevin Guerra fue iniciada a partir de prácticas de vigilancia ilegales. El sistema judicial debe cumplir su rol de garantía y no convalidarlas.
Presentamos las observaciones del CELS sobre las actividades de inteligencia denominadas “ciberpatrullaje” y sobre la propuesta de protocolo para regularlas realizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La Mesa por los Derechos Humanos de Salta y el CELS presentamos un recurso de amparo para pedir que el gobierno de Salta deje de aplicar el DNU 255/2020.
Pedimos al Ministerio de Seguridad de la Nación información sobre las medidas de vigilancia y/o inteligencia en fuentes abiertas y redes sociales que fueron denominadas como “ciberpatrullaje”.
Los poderes ejecutivo y judicial deben asegurar que la actuación de las fuerzas de seguridad no derive en situaciones de violencia.
El ministerio de Seguridad derogó los protocolos que promovían las intervenciones policiales discriminatorias y alentaban el uso de la fuerza.
A casi once años de la desaparición de Luciano, sus familiares y amigues continúan enfrentando obstáculos para acceder a la verdad y la justicia.
Una combinación de formas de proceder del sistema judicial y del Poder Ejecutivo dificulta la investigación exhaustiva de las muertes, la atribución de responsabilidades y la reconstrucción de la verdad.
Como respuesta a las “nuevas amenazas”, los Estados están ampliando sus funciones represivas. El gobierno de Cambiemos desplegó nuevas y viejas prácticas de inteligencia legal e ilegal y de criminalización de activistas, referentes y organizaciones. Esta política también debilitó los controles democráticos.
La posible reforma de una serie de artículos del código contravencional de la ciudad agravaría la persecución y criminalización de las personas que trabajan en la vía pública.
En la audiencia de alegatos ante la CIDH, el CELS y Memoria Activa afirmaron, una vez más, que el caso AMIA es el caso de la mentira, del secreto de Estado para tapar negocios y delitos, de la manipulación política. Esta audiencia fue el último paso antes de que la CIDH dicte el informe de admisibilidad y fondo y pase el caso a la Corte.
La creación del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento oculta el nulo avance de la investigación del atentado a la AMIA. El incumplimiento del Estado de los compromisos ante la CIDH habilita a este organismo a enviar el caso AMIA ante la Corte Interamericana. El alineamiento argentino con la política de Estados Unidos e Israel puede tener graves efectos para el país.
El secretario de Estado norteamericano, Michael Pompeo, visitó la Argentina, ¿quién es y a qué vino?
Las tramas que posibilitaron que aún no haya justicia y verdad en el caso AMIA aún están presentes y explican muchos de los problemas que preocupan en la actualidad. No se rompieron los pactos entre los sectores judiciales, políticos, de inteligencia y mediáticos que construyeron la impunidad del atentado, ni se transformaron sus prácticas.
El gobierno decidió poner a las fuerzas de seguridad a cargo de una política con supuestos fines educativos.
Otra vez, con la apelación a hechos supuestamente relacionados con el “terrorismo”, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas que nada tenían que ver. Es necesario que el poder judicial refuerce el control de la actuación policial y la protección de los derechos.
Es necesario refundar el sistema de inteligencia y promover una transformación democrática. Proponemos, para eso, un proceso que comience con la disolución de la AFI y continúe con un cambio normativo, organizativo y de prácticas. La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) está integrada por el Ilsed, la Fundación Vía Libre, NEGyS (UMET) y el CELS.
Desde diciembre de 2018, se está realizando en los tribunales de San Martín el juicio por la desaparición y el homicidio de José Díaz. El viernes 15 de marzo y el miércoles 20, la querella que representa a su familia expuso su alegato. El único imputado es el ex general Alfredo Arrillaga.
Hoy concluyó el juicio por el atentado a la AMIA que comenzó el 6 de agosto de 2015. El ex juez Galeano, los ex fiscales Mullen y Barbaccia y el ex secretario de inteligencia Anzorreguy fueron condenados.
Pedimos información a los gobiernos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y nacional sobre cómo se regulará el uso de pistolas de descarga eléctrica. Su “menor letalidad” no puede ser una excusa para ampliar los márgenes de uso de la fuerza policial.
En una audiencia a la que calificaron como “histórica”, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron que la militarización de la seguridad pública genera un crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos. También advirtieron sobre el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región.
La militarización de la seguridad pública está en aumento en el continente, con consecuencias muy preocupantes. Por eso 17 organizaciones de 10 países solicitamos una audiencia regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará el 6 de diciembre.
El gobierno modificó la reglamentación del uso de armas de fuego por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad. La decisión debilita los controles judiciales y la amplitud de las definiciones de “peligro inminente” justifica y habilita un uso abusivo de la fuerza letal.
La Ley de Seguridad Interior de México perpetúa la intervención de los militares en tareas tradicionalmente policiales, a pesar de que la Constitución mexicana y los estándares internacionales determinan que las tareas de seguridad pública deben ser ejercidas por autoridades civiles. Por los graves impactos sobre los derechos humanos que tiene la militarización de la seguridad, en una carta abierta el CELS instó a la Suprema Corte de México a que se pronuncie en contra de esta ley.
La reforma restringe el derecho a la defensa y las decisiones de la fiscalía ante una detención, endurece la prisión preventiva y duplica los plazos para resolverla. También amplía los plazos para la intervención de comunicaciones y otorga facultades a la policía (como el pago de informantes y agentes encubiertos) sin circunscribirlas a delitos específicos. Además extiende los plazos de investigación al punto de poner en riesgo el derecho a ser juzgado/a dentro de un período razonable.
Sin debate serio ni la participación de especialistas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo.
El tribunal determinó que las leyes del Reino Unido que habilitan la vigilancia estatal masiva violan los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. El fallo trasciende Europa ya que la jurisprudencia del tribunal europeo es muchas veces considerada y recogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La extradición de Jones Huala socava la instancia internacional de protección para las víctimas de violaciones que no han conseguido respuesta local. Además, consolida la cooperación política, policial y de inteligencia con Chile para criminalizar los reclamos del pueblo mapuche.
La muerte del niño Ismael Ramírez exige tanto una investigación imparcial como que se pongan en marcha políticas de resolución de los conflictos sociales orientadas a reducir la violencia y proteger la vida.