La muerte de Damián Cutrera, causada por un prefecto que se encontraba fuera de servicio, vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de poner fin al estado policial.
Seis prefectos fueron condenados por las torturas a Ivan Navarro y Ezequiel Villanueva Moya en 2016. El Ministerio de Seguridad debe detener la violencia de las fuerzas de seguridad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.
La policía formoseña sitió a la comunidad Nam Qom el 16 y 17 de agosto de 2002, bajo el pretexto de investigar la muerte de uno de sus agentes. Las torturas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones que cometieron quedaron impunes. Exigimos al Estado una reparación integral a las víctimas.
Ocho integrantes de la Prefectura Naval Argentina fueron detenidos por el asesinato de Cristopher Rego, en la ciudad de Buenos Aires. Los altos niveles de violencia policial en la zona sur de la ciudad son responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Solicitamos penas entre 12 y 15 años por los delitos de tortura y robo agravado. La sentencia debería contemplar una reparación a los jóvenes que resultaron víctimas de esos hechos.
En mayo de 2016 dos jóvenes fueron detenidos y torturados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Esta semana comenzarán los alegatos de La Garganta Poderosa y del CELS.
El ministerio de Seguridad dio una conferencia de prensa para atacar a la organización social La Garganta Poderosa e intentar desacreditar a sus integrantes, mientras está ocurriendo el juicio contra seis prefectos por hechos graves de tortura cometidos en el barrio de Zavaleta. Este hecho se suma a numerosas acciones del gobierno dirigidas a atacar a la organización social y a los espacios de participación democrática.
Más de 100 efectivos de la policía formoseña sitiaron por más de 40 horas a la comunidad Nam Qom en agosto de 2002, y Mario Vega fue una de sus víctimas. La CIDH analiza la responsabilidad internacional del Estado argentino por las violaciones cometidas.
En mayo de 2016 dos jóvenes del barrio porteño de Barracas fueron detenidos y torturados por un grupo de efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Dos años después comenzó el juicio oral y público contra seis Prefectos.
Con más de 300 firmas de organizaciones, referentes de la política y académicos se presentó el pronunciamiento contra la violencia institucional
Solo en el área metropolitana de Buenos Aires, entre enero de 1996 y febrero de 2018, 3430 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad. En esta publicación analizamos las ejecuciones presentadas como “enfrentamientos”, el uso letal de la fuerza de policías fuera de servicio, la vigencia del estado policial, la represión de los conflictos sociales con resultados letales, entre otros escenarios de uso abusivo o irracional de las armas de fuego.
Ocho jefes policiales de la Federal y de la ex Metropolitana fueron sobreseídos por la represión que ocasionó dos muertos y cinco heridos el 7 de diciembre de 2010. La decisión sienta un precedente muy preocupante para la investigación y sanción de hechos graves de violencia institucional.
El jueves 8, Facundo Ferreira, de solo 12 años, fue asesinado por una bala policial en Tucumán. El gobierno de la provincia decidió convalidar la versión que dieron de los hechos las fuerzas de seguridad, antes de iniciar una investigación, a tono con los mensajes que desde el gobierno nacional prometen impunidad a los efectivos policiales con independencia de lo que hayan hecho.
Con diversas declaraciones públicas el gobierno busca ir hacia un escenario en el que los controles políticos y judiciales hacia el accionar policial sean debilitados o inutilizados
La embajadora de la Unión Europea en la Argentina, Aude Maio-Coliche, lanzó el proyecto “Lucha contra la tortura y los malos tratos en la Argentina. Promoviendo políticas de prevención, rendición de cuentas y rehabilitación de víctimas” junto a organizaciones de la sociedad civil.
Treinta policías santafesinos fueron procesados por la desaparición forzada de Franco Casco en 2014, la justicia federal investiga sus responsabilidades en el asesinato, el ocultamiento del cadáver y el encubrimiento del hecho.
En los últimos días, dos jóvenes resultaron muertos por la intervención de funcionarios policiales que se encontraban fuera de servicio. Estos casos hacen visible un problema histórico y persistente que las autoridades políticas siguen sin asumir como tal.
¿Cómo actuar ante las intervenciones de policías en las escuelas? ¿Qué facultades tienen? ¿Hay que llevar el DNI? ¿Qué hacer ante una detención? Este documento busca responder esas preguntas. También ofrece un recursero con teléfonos y direcciones, y un modelo de hábeas corpus.
La persistencia de las muertes ocasionadas por policías que están fuera de servicio requiere poner en discusión al estado policial. Los numerosos casos en los que las víctimas son mujeres muestran que es necesario implementar políticas específicas que reviertan este problema.
Se analiza la categoría de “violencia institucional” y su trayectoria histórica desde los años ochenta y noventa a la actualidad, en que es apropiada y puesta en juego por una diversidad de actores y de organismos especializados dentro y fuera del Estado.
Los jóvenes de los barrios populares de Rosario están expuestos a prácticas de hostigamiento, de tortura, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. También padecen la desatención policial, judicial, política y social.
El 4 de abril de 2007 la policía de Neuquén reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una protesta de docentes nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Neuquén (ATEN).
La actuación de la policía del municipio de Lanús en un comedor debe verse a la luz de operativos recientes que terminan en escaladas de violencia indiscriminada. Vistos en perspectiva, muestran la falta de profesionalismo de las policías, la confusión de roles en los operativos y las consecuencias de la política de saturación.
Micaela observó cómo agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a un niño de 13 años, al que intentaron esposar y llevar detenido, y decidió filmar y registrar la situación. Por su intervención, la detuvieron y le abrieron una causa penal.
En tres operativos violentos distintas fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales, reprimieron con inusitada violencia a los integrantes de la comunidad mapuche Lof Cushamen, de Chubut, que viene siendo criminalizada y hostigada.
Comunicado conjunto del CELS y la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.
Las expresiones de la violencia policial son múltiples y tienen distintas intensidades. Aunque en los últimos años hubo avances importantes en la lucha contra distintas formas de discriminación, la estigmatización de los barrios pobres y de los jóvenes que los habitan no disminuyó y, en algunas prácticas, parece haberse intensificado.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Caso de Fernando Carrera reconoció una serie de problemas estructurales en el funcionamiento de las policías y el Poder Judicial: las causas armadas, amparadas en el débil control político y la convalidación judicial de las actuaciones policiales.
El sábado dos jóvenes de 15 y 18 años fueron detenidos por la Policía Federal Argentina (PFA) y luego torturados por agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Barracas.
Durante 2015 murieron al menos 162 personas en hechos de violencia en los que participaron miembros de instituciones de seguridad: 36 eran integrantes de esas instituciones y 126 eran particulares.
Walter Bulacio, murió el 26 de abril de 1991, una semana después de haber sido detenido en un recital de rock y golpeado por efectivos de la Comisaría 35° de la Policía Federal, encabezados por el comisario Miguel Ángel Espósito.
Comunicado conjunto de organizaciones y defensores de los derechos humanos.
El 17 de octubre de 2014, los familiares y amigos de Luciano Arruga y las organizaciones que los acompañamos anunciamos que lo habíamos encontrado después de casi seis años de buscarlo.
El ex policía bonaerense, Julio Torales, fue condenado a diez años de prisión por haber torturado a Luciano Arruga cuando estuvo detenido en el destacamento de Lomas del Mirador, el 22 de septiembre de 2008.
El CELS y la APDH La Matanza presentamos el alegato en el juicio por las torturas de las que fue víctima Luciano Arruga mientras estuvo detenido en el destacamento de Lomas del Mirador, La Matanza, provincia de Buenos Aires, el 22 de septiembre de 2008.
Luciano Arruga fue torturado mientras estuvo detenido en el destacamento policial de Lomas del Mirador.
Luciano era hostigado de forma constante por la policía de la provincia de Buenos Aires.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió la apertura del juicio político a las dos fiscales y al juez que tuvieron a su cargo la investigación de la desaparición de Luciano Arruga.
Encontraron el cuerpo sin vida Franco Casco en el Río Paraná que había desaparecido el 7 de octubre luego de haber estado detenido en la comisaria 7° de Rosario, provincia de Santa Fe.
Luego de cinco años y ocho meses después de su desaparición, se encontró el cuerpo de Luciano Arruga.
La audiencia de hoy se convocó para implementar las medidas de búsqueda y averiguación de la verdad que dispuso la Cámara Federal de Casación al abrir el hábeas corpus y posibilitó por primera vez que los funcionarios federales y provinciales escuchen a la familia y den cuenta de las medidas realizadas y a realizar.
El CELS se presentó como querellante en la causa que investiga el asesinato de Brian Ayaviri, de 19 años, y Marcos Jonathan Mareco, de 17 años, en el marco de un operativo de la División Robos y Hurtos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizado el 7 de agosto en Villa Lugano.
La Cámara de Casación Penal hizo lugar al hábeas corpus presentado por la familia de Luciano, APDH- La Matanza y el CELS.
En una audiencia, el CELS, explicó los motivos por los cuales la Cámara de Casación Penal debe aceptar el pedido de hábeas corpus por la desaparición forzada de Luciano Arruga.
La familia Arruga, el CELS y APDH La Matanza presentaron hoy un habeas corpus por la desaparición forzada de Luciano.
Se cumplen cinco años de la desaparición de Luciano Arruga que dejan como saldo el reconocimiento tardío por parte del Estado y la justicia de que se trata de un caso de desaparición forzada.
A través de un informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de ONU, difundió hoy su evaluación sobre el cumplimiento por parte de la Argentina de la Convención contra la desaparición forzada de personas.
El presente informe elaborado por el CELS analiza los sucesos del Indoamericano, Villa 31, Parque Centenario, Sala Alberdi, Hospital Borda, La Boca, Villa 21-24 y los reiterados ataques a los trabajadores de prensa durante la cobertura de las represiones.
La familia de Luciano Arruga junto al CELS y la APDH-Matanza, denunció que durante un periodo de casi un año y medio fue vigilada a través de escuchas telefónicas ilegales.
El caso ocurrido en Villa Urquiza vuelve a poner de relieve el problema del uso de armas por parte de efectivos policiales fuera de servicio, y al mismo tiempo muestra que cualquier debate sobre la “pacificación” a través del desarme de la sociedad no es serio si no se aborda esta grave problemática.