El fallo es preocupante porque aliviana las consecuencias de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad contra la comunidad mapuche.
El homicidio del nene de 7 años se suma a una lista que muestra la falta de preparación de las fuerzas de seguridad y las consecuencias de los discursos violentos de responsables políticos.
Es el segundo caso en dos meses en el norte del país. Para justificar sus políticas de endurecimiento en la zona de las fronteras y “la guerra contra el narcotráfico”, Bullrich discrimina y criminaliza a los trabajadores informales, que transportan mercadería como forma de mantener a sus familias.
Las brigadas policiales en Buenos Aires y CABA operan sin identificación ni control adecuado, lo que les permite involucrarse en actividades delictivas y ejercer violencia en barrios vulnerables. En las zonas en las que actúan, la discriminación y la violencia policial se extienden y generan una desconfianza extrema hacia todas las fuerzas, construida por años de abusos.
Desde el comienzo del gobierno de Milei se volvió cada vez es más difícil participar en el espacio público y en la esfera digital, expresarse o incidir en los debates y las políticas públicas sin correr riesgos de distinto tipo. En esta publicación presentamos las principales medidas que se tomaron en los últimos 10 meses y que han despertado preocupación a nivel nacional e internacional.
Una década después de encontrar su cuerpo, y a quince años de aquel 31 de enero de 2009, la causa judicial que tiene que investigar y dar respuestas sobre las circunstancias de su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción.
Las torturas, el asesinato y su desaparición forzada fueron derivaciones extremas de prácticas institucionalizadas centradas en el abuso y la humillación. El escándalo por su muerte dejó en evidencia que esa institución militar era incompatible con la vida democrática.
En 2017 Patricia Bullrich, su jefe de gabinete Pablo Noceti y tres jefes de Gendarmería ingresaron sin orden judicial al territorio ancestral. Fueron denunciades por abuso de autoridad pero el juez de primera instancia les sobreseyó. Nos presentamos como amicus ante la Cámara Federal.
La causa que debe investigar su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción. El juicio político a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco está estancado.
El 7 de diciembre de 2010 un operativo conjunto de la Policía Federal y la entonces Metropolitana desalojó el predio de Villa Soldati ocupado por familias que buscaban acceder a una vivienda. La respuesta violenta del Estado dejó dos personas muertas y varias heridas. La causa sigue sin avances y demuestra la dificultad estatal para investigar hechos que involucran a fuerzas de seguridad.
El viernes 28 de octubre participamos de la audiencia temática como integrantes de la Red de litigantes LGBTI+ de las Américas junto a otras organizaciones de la región. Para Argentina, solicitamos la urgente reforma de la ley de drogas y la derogación de los códigos contravencionales que permiten la criminalización de la oferta sexual en el espacio público.
Desde el CELS, junto con organizaciones sociales y de derechos humanos de Chubut, enviamos una carta al gobernador Mariano Arcioni para exigir que revea la designación de César Brandt, condenado en 2012 por abuso de autoridad durante un desalojo en la Comunidad Mapuche Tehuelche “Vuelta del Río”.
Después de 28 años, fueron condenados el ex agente de la Policía Federal, Alejandro Santillán y Francisco Mostajo, de la Bonaerense. A Gutiérrez lo mataron de un tiro en la nuca mientras investigaba un caso vinculado a la “Aduana paralela”. El crimen fue encubierto por esas dos fuerzas, y los testigos fueron amenazados y agredidos, lo que llevó a que un primer juicio terminara en impunidad. La familia, con la representación del CELS, había llevado el caso a la Corte IDH, que le ordenó al Estado argentino la reapertura del proceso.
Los integrantes de la Prefectura Naval Argentina habían sido condenados en 2018 por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y robo a mano armada a los jóvenes Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2016 en Barracas.
Carla Céspedes le disparó cinco tiros a Ariel Santos luego de un intento de robo a un supermercado en 2016. Había sido absuelta en 2018 y ahora este fallo obliga a que otro tribunal la juzgue de nuevo. El accionar de la agente había sido celebrado por Macri y Patricia Bullrich, como parte de la denominada Doctrina Chocobar.
Hoy se cumple un año de la desaparición de Tehuel de la Torre. Junto con la Colectiva de Intervención ante las violencias, llamamos la atención sobre la falta de una política estatal activa y sistemática de búsqueda.
Tras el intento de encubrimiento, se develó un accionar policial que no contempló la situación psicológica del detenido. Lo que sucedió expone la necesidad de que haya plena implementación de la Ley de Salud Mental para que esas personas reciban la atención adecuada.
Columna sobre la muerte de Lucas González, el adolescente de 17 años de la sexta división del club Barracas Central que fue baleado en la cabeza por un efectivo de la Policía de la Ciudad cuando circulaba con tres amigos en un auto por el barrio porteño de Barracas.
No se trata de una intervención policial más, fue una ejecución que intentó ser tapada como un enfrentamiento. El Ministerio aún no explicó cómo es el circuito institucional de información por el que se convalidan las versiones de la policía sin ningún chequeo o intervención de la autoridad política.
La publicación sistematiza información sobre los sistemas de registro y producción de información sobre casos de tortura y malos tratos que existen en la Argentina.
La muerte de Josué Lagos, provocada por la policía chaqueña, y la represión de la protesta posterior expresan el racismo con el que esa fuerza policial continua operando.
En una importante sentencia, que consideró al ataque de 2017 como irracional y desproporcionado, la Cámara Penal de Chubut confirmó la condena a Javier Solorza por abuso de autoridad.
El policía Luis Chocobar fue condenado a 2 años de prisión en suspenso. En el juicio quedó probado que el policía realizó reiterados disparos por la espalda de Juan Pablo Kukoc, quien escapaba desarmado.
En 2003 el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la detención arbitraria y la muerte de Walter. Además se comprometió ante la Corte IDH a modificar las leyes que regulan las facultades policiales de detención. Dieciocho años después, todo sigue igual.
Recién en junio de 2021 se realizará el juicio contra el ex policía bonaerense Sebastián Rey por los homicidios de Franco y Mauricio. Sus familias siguen esperando justicia. Mientras tanto, el poder judicial demuestra no tener apuro en juzgar a integrantes de fuerzas de seguridad.
Se cumplen doce años de obstáculos y de falta de respuestas. La investigación sobre qué pasó con Luciano sigue en etapa de instrucción. El jury contra las fiscales Castelli y Cejas y el juez Banco sigue demorado.
Este documento sistematiza los resultados de dos investigaciones: sobre las fiscalías especializadas en violencia institucional en Buenos Aires y Mendoza y sobre las estrategias jurídicas novedosas para la investigación de casos de tortura y malos tratos de personas privadas de su libertad, desarrolladas en el ámbito federal.
Enviamos una carta al gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Manzur, sobre la sucesión de hechos graves de violencia policial y la falta de políticas dirigidas a democratizar a la fuerza de seguridad provincial.
La cantidad de hechos graves de violencia policial registrados en todo el país muestra cuán necesario es que las autoridades impulsen reformas de fondo en las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la responsabilidad penal de funcionarios y policías por las muertes provocadas por la represión el 20 de diciembre de 2001, en la ciudad de Buenos Aires. El proceso sigue abierto porque ordenó la revisión de las penas.
La violencia policial contras las comunidades indígenas es reiterada. Son necesarias reformas de fondo de las políticas de seguridad provinciales.
Se cumplieron cuatro años de la sentencia en el juicio por los asesinatos cometidos por la represión del 20 de diciembre de 2001. Pedimos a la Cámara Federal de Casación Penal que confirme las condenas.
Luis Espinoza estuvo desaparecido una semana. Se investiga su asesinato por parte de funcionarios policiales tucumanos y el encubrimiento,
Un año después de la persecución vehicular, realizada por la policía bonaerense, que provocó la muerte de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez, Camila López y puso en riesgo la vida de Rocío Quagliarello, la causa judicial está cerca de llegar a juicio. La implementación de políticas de control de uso de la fuerza letal continúa pendiente.
Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, registramos detenciones abusivas realizadas por la Policía de la Ciudad. Pedimos al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad información sobre la investigación de cada caso y sobre qué medidas tomó para evitar que estas situaciones se repitan.
Diego fue asesinado por integrantes de la Policía Bonaerense en mayo de 2019. Otros siete jóvenes son sobrevivientes del hecho.
Los organismos de derechos humanos de la Argentina abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos que vive el hermano pueblo de Ecuador a la vez que repudiamos la represión a la protesta social llevada adelante por el gobierno de Lenín Moreno.
Un grupo de efectivos de la policía provincial intentó entrar a una casa del barrio popular Jorge Newbery. Los vecinos reaccionaron frente al maltrato de los efectivos quienes respondieron con balas de goma y plomo.
Como consecuencia de una persecución, la policía bonaerense mató a una niña, dos niños y un joven. Sus muertes no pueden ser tratadas por las autoridades políticas como una tragedia en la que no tienen responsabilidad.
El gobierno nacional reglamentó el uso de las Taser de un modo que incrementa el riesgo de lesiones y muerte. La regulación publicada en el Boletín Oficial es inconstitucional.
Hace cinco años fue asesinado Ramón Vázquez. La policía de la comisaría 10a ingresó a su casa y lo detuvo sin orden judicial, sospechado por un crimen que no había cometido. A las pocas horas, Ramón había muerto. El juicio contra los policías se vio afectado por diferentes retrasos, problemas y maniobras dilatorias.
Durante este tiempo el poder judicial obstaculizó la investigación penal sobre las responsabilidades de los jefes del operativo.
Luciano Arruga tenía 16 años cuando desapareció en 2009. La lucha de su familia y amigos se convirtió en una referencia contra la violencia estatal
Las comisarías de la capital santiagueña suman desde hace años reiteradas denuncias de violencia institucional. A pesar de las arbitrariedades cotidianas, la investigación judicial es ineficaz y lenta; los poderes Ejecutivo y Legislativo no avanzan en mecanismos de prevención de la tortura ni en el control de las fuerzas de seguridad.
La muerte de Damián Cutrera, causada por un prefecto que se encontraba fuera de servicio, vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de poner fin al estado policial.
Seis prefectos fueron condenados por las torturas a Ivan Navarro y Ezequiel Villanueva Moya en 2016. El Ministerio de Seguridad debe detener la violencia de las fuerzas de seguridad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.
El TOC 9 condenó a penas de entre 10 y 8 años de prisión a seis agentes de la Prefectura Naval Argentina.
La policía formoseña sitió a la comunidad Nam Qom el 16 y 17 de agosto de 2002, bajo el pretexto de investigar la muerte de uno de sus agentes. Las torturas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones que cometieron quedaron impunes. Exigimos al Estado una reparación integral a las víctimas.
Ocho integrantes de la Prefectura Naval Argentina fueron detenidos por el asesinato de Cristopher Rego, en la ciudad de Buenos Aires. Los altos niveles de violencia policial en la zona sur de la ciudad son responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Solicitamos penas entre 12 y 15 años por los delitos de tortura y robo agravado. La sentencia debería contemplar una reparación a los jóvenes que resultaron víctimas de esos hechos.