La Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito de Alexia Abaigar, Eva Mieri e Iván Nicolás Díaz Bianchi. Los jueces consideraron que las acusaciones no estaban probadas y que los hechos no encuadran en ninguno de los graves delitos señalados por la jueza Salgado.
Lo hizo a partir de un fallo que habilita al Gobierno a reprimir y perseguir a quienes se manifiestan en el espacio público. La decisión será apelada ante la Corte Suprema.
Dice que debería rechazarse la apelación del Ejecutivo y que quede firme la sentencia de primera instancia que declaraba nulo el protocolo impulsado por Bullrich. Ahora debe decidir la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Son cuatro de las 14 personas detenidas durante el festival para protestar contra la Ley Bases en febrero de 2024. Ante la falta de evidencia, la sentencia le otorgó centralidad al relato de los policías que los apresaron. Fue la primera condena por la aplicación del protocolo anti protesta.
Lo detuvieron luego de la manifestación por la reforma laboral del 11 de febrero en el Congreso. Aunque no representa ningún riesgo porque no está vinculado a una organización criminal, lo incorporaron a un régimen de presos de alto perfil y está aislado casi todo el tiempo. Nos presentamos como amicus para entregar argumentos al tribunal.
La referente social se encuentra detenida en prisión domiciliaria mientras su estado de salud es cada vez más frágil.
En sus argumentos el juez señala que viola derechos constitucionales. Fue a partir de un amparo colectivo que impulsamos, al que se sumaron organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, feministas, junto con personas victimizadas directamente por la represión.
Dos dirigentes docentes fueron condenados por participar de un acampe en reclamo de un aumento salarial en Posadas. En un contexto en el que el gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales buscan debilitar la movilización social, el sistema de justicia tiene las herramientas y la obligación de resguardarla.
Para el juez Correccional N°1 de San Martín, si el caso se hubiera analizado “bajo el prisma de la desigualdad estructural entre hombres, mujeres y diversidades sexuales se hubiera evitado este largo proceso”.
En su dictamen, señaló que los argumentos del Ministerio de Seguridad no son suficientes dada la protección especial que tienen los derechos a la protesta, la reunión pacífica y la libertad de expresión. Lo hizo en la causa colectiva que iniciamos hace casi dos años y en la que planteamos la inconstitucionalidad del protocolo.
La acusación por “tentativa de abuso sexual simple” distorsiona los hechos y transforma un gesto expresivo en la marcha del Orgullo en un delito inexistente, ante la provocación de militantes libertarios. El proceso judicial habilita el hostigamiento transodiante. Desde el CELS advertimos sobre la criminalización de la protesta y la identidad de género.
Se trata de seis comisarios y subcomisarios que participaron en la represión y las detenciones arbitrarias de 21 personas. Uno de los principales responsables es Héctor Cajida, quien actualmente sigue interviniendo en la planificación de los operativos policiales durante las protestas de cada miércoles.
El joven de 22 años fue procesado por participar en una manifestación durante un acto de campaña de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora. Sin pruebas ni testigos que lo involucren, la causa avanza solo con el testimonio de un policía. Fuimos aceptados como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que deberá revisar este procesamiento.
Numerosas organizaciones de derechos humanos condenamos la represión de la protesta social y llamamos a la comunidad internacional a mantenerse alerta.
La jueza Servini determinó que fue el autor del disparo que puso en riesgo la vida del fotógrafo el 12 de marzo frente al Congreso. El ataque fue durante la represión ordenada por la ministra Bullrich como parte de la aplicación del protocolo anti protesta.
El libertario que amenazó a Grabois y a Baradel había sido imputado por amenazas e incitación a la violencia colectiva. Para no ir a juicio aceptó donar dos millones de pesos al Garrahan, a un merendero infantil y tareas comunitarias.
Comunicado conjunto de las organizaciones que integramos la red INCLO.
La concejal Eva Mieri lleva 12 días detenida -9 en el penal de Ezeiza- bajo cargos graves que no alcanzan a ocultar que está allí simplemente por una acción política. Su detención, leída junto a otras previas de militantes o participantes de protestas, confirma una intensificación del uso del aparato penal contra la organización política y un mensaje de intimidación a toda la militancia.
En una carta dirigida al gobierno nacional, nueve relatorías especiales expresaron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la violencia contra personas mayores y periodistas y los ataques a la independencia judicial. Llamaron al Estado argentino a cumplir con los estándares internacionales.
La criminalización selectiva da un mensaje político: quienes disienten con este gobierno van a sufrir represalias, incluso cárcel. Quienes lo apoyan, pueden hacer y decir cualquier cosa.
Según las pruebas acumuladas, el cabo Héctor Jesús Guerrero fue quien disparó el cartucho de gas lacrimógeno que hirió a Pablo en la cabeza. La propia Gendarmería reconoció en la causa que ese tipo de armas no debe ser disparada contra personas porque puede causar la muerte.
La represión del 12 de marzo dejó un saldo brutal: 114 detenciones arbitrarias, decenas de personas heridas, periodistas atacados y Pablo Grillo al borde de la muerte. El gobierno usó la idea de un “golpe” como excusa para justificar una escalada violenta. A un mes de esos hechos, no existe una sola prueba de atentado contra el orden constitucional, pero hay muchas sobre la política deliberada de castigo a la protesta social.
Los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS asumieron la representación legal de la familia Grillo. La investigación tiene que determinar las responsabilidades penales sobre los hechos que dejaron a Pablo en estado crítico durante la manifestación de jubilados y jubiladas el miércoles 12 de marzo.
Desde ICCSI solicitamos a la Bicameral que investigue la participación de la SIDE en la planificación del operativo, su intervención en terreno durante la manifestación, determine si elaboraron informes previos y evalúe si la intervención implica un riesgo de violación de derechos, dado el historial de espionaje y vigilancia ilegal.
Más de 35 organizaciones internacionales y de la región piden al gobierno argentino que cumpla con sus obligaciones internacionales sobre derecho a la protesta e investiguen el accionar policial del 12 de marzo. También se solidarizan con el reclamo por jubilaciones dignas y manifiestan preocupación por el avance del autoritarismo en la Argentina.
El Juzgado federal a cargo de Martín Cormick va a monitorear la protesta del 19 de marzo en el Congreso para determinar si el protocolo es contrario al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la integridad física. Es a partir de la causa que discute la constitucionalidad del Protocolo Antipiquetes en la justicia.
La movilización en el Congreso el 12 de marzo fue reprimida con violencia por un operativo masivo de cinco fuerzas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich había advertido de la represión con antelación. Gases, balas de goma y detenciones arbitrarias marcaron una jornada en la que el gobierno justificó su accionar con la narrativa del “golpe de Estado”.
El Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión del 2001, luego de haberla aceptado en 2023. Los funcionarios no respondieron a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001. Los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron una expresión extrema de la violencia estatal, luego de la declaración injustificada del Estado de Sitio.
Los familiares de Diego Lamagna y Gastón Rivas -asesinados durante las protestas del 19 y 20 de diciembre- declararán en una audiencia el lunes 3 de marzo. La relevancia de esta audiencia es que permitirá avanzar en los límites de las fuerzas de seguridad en protestas y reforzar las obligaciones estatales para proteger la protesta.
Una revisión de los estándares de Naciones Unidas, con análisis de los instrumentos sobre derecho a la protesta y recomendaciones para una aplicación de la perspectiva interseccional. Informe elaborado junto a ILEX con el financiamiento de CIVICUS.
El amparo colectivo que iniciamos en 2023 contra el protocolo tiene nuevos y nuevas demandantes. Nos presentamos ante el juez para que nos permita ejercer su representación y le solicitamos que abra el proceso de incorporación de pruebas.
El caso tuvo su audiencia pública tras casi 20 años desde la muerte del periodista chileno, causada por los gases que usó la policía ecuatoriana para reprimir una protesta.
Columna publicada en la edición de febrero de Posdata, el boletín del CELS.
La prisión preventiva de Nicolás Heredia y los allanamientos a medios de comunicación mapuche son parte de una tendencia preocupante del sistema penal en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades indígenas. Estas acciones no disimulan la gestión ineficaz de los incendios en la Patagonia.
La narrativa antiterrorista avanza como herramienta de persecución en la Patagonia, mientras las autoridades desvían el foco del origen de los incendios y criminalizan a quienes exigen respuestas y se acercan a ayudar como brigadistas. Las detenciones arbitrarias se concretan sin pruebas, mientras los grupos racistas actúan con impunidad.
Se cumplen hoy 23 años del 19 y 20 de diciembre de 2001. La memoria de los hechos trae la respuesta masiva al estado de sitio, el recuerdo de la represión y también la incorporación para muchxs en un proceso intenso de politización.
Desde hace ocho años el juzgado n° 59 de la justicia nacional y correccional tiene a su cargo investigar la represión policial del 8 de marzo de 2017. En junio de 2023, después de la presentación que hicimos dos querellas, llamó a indagatoria a 15 policías. Entre ellos, jefes que estaban a cargo de la Sala de Situación. Este 10 de diciembre el juzgado se declaró incompetente con argumentos que tenía disponibles desde la foja uno. Se pasan la pelota.
Las organizaciones, sindicatos, centros de estudiantes, agrupaciones o personas que sientan su derecho a protestar afectado por el protocolo de Bullrich pueden sumarse al amparo colectivo que impulsamos. Tienen plazo hasta el 19 de diciembre. Ponemos a disposición un instructivo y modelo para la adhesión.
La jueza Servini tomó la decisión después de analizar los videos que circulaban en los que se veía con claridad que no había delito. Esas imágenes ya estaban disponibles el mismo día en que se produjeron las detenciones.
En cuatro clases autoguiadas del Aula CELS recorremos territorios donde los activismos se hicieron fuertes: las calles, la esfera digital, los medios de comunicación, el barrio y las redes federales, entre otros. La propuesta está pensada para quienes inician una experiencia de militancia en derechos humanos o quieren ampliar conocimientos sobre los activismos en la región.
Tras la represión a la protesta mapuche ordenada por la entonces y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Santiago Maldonado estuvo desaparecido 77 días. El 17 de octubre de 2017 fue encontrado sin vida en el río Chubut. La investigación judicial aún no determinó qué pasó.
Nos presentamos como querellantes en representación de cuatro personas, dos heridas por armas menos letales y dos que fueron detenidas arbitrariamente durante la manifestación. Es en la causa en que se investigan las denuncias contra las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Ministerio de Seguridad que ordenaron el operativo represivo.
La Corte Suprema convalidó las sentencias contra Enrique Mathov y Rubén Santos quienes dieron la orden el 20 de diciembre de 2001. La decisión sienta un precedente único en Argentina y la región y confirma que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de sus órdenes de reprimir.
Tras nueve meses de represión y violencia contra manifestantes, el Ministerio de Seguridad afirmó que el derecho a la protesta se ejerce “sin ningún problema” en Argentina. Fue en la causa judicial en la que denunciamos la inconstitucionalidad del protocolo.
Con organizaciones de Brasil, Chile, Colombia y Argentina, analizamos los desafíos para ejercer el derecho a la protesta y afrontar el achicamiento del espacio cívico en la región. Contamos con la participación de Gina Romero, relatora de reunión pacífica, y Felipe González, de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado, quienes compartieron los alcances de sus funciones e intervenciones desde la ONU.
Las fuerzas de seguridad utilizan cada vez más las armas menos letales en protestas en nuestra región. Aunque minimizan los daños que provocan, pueden causar lesiones graves e incluso la muerte. Desde las organizaciones Temblores (Colombia) y CELS (Argentina) elaboramos este informe como material que impulse el necesario debate sobre cómo y cuándo pueden usarse.
En la audiencia pública solicitada por organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Naciones Unidas expresaron su preocupación por el uso de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el protocolo del Ministerio de Seguridad y la estigmatización de manifestantes y organizaciones sociales.
Desde hace seis meses, en nuestro país protestar es delito. Quienes salen a la calle a manifestarse corren el riesgo de ser reprimidos, detenidos arbitrariamente, encarcelados, imputados de delitos gravísimos. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, se registraron 665 personas heridas, algunas perdieron la visión. En este informe analizamos la distintas políticas del gobierno nacional para desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes utilizan el espacio público para exponer sus demandas.
A siete meses de asumir, el Poder Ejecutivo tendrá que responder sobre la situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La audiencia será el jueves 11 de julio a las 15.
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones.