La privación preventiva de la libertad, situación en la que se encarcela a un imputado que no tiene sentencia firme de culpabilidad, es un instituto que amenaza y muchas veces viola el principio de inocencia. Esta regla impide que se trate como culpable a una persona a quien se le atribuye haber cometido un delito, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto los órganos judiciales pronuncien una sentencia firme de culpabilidad.
En nuestro país la prisión preventiva es aplicada por los jueces sin demasiadas explicaciones ni recaudos, y en muchos casos puede decirse que funciona como pena anticipada. En una porción importante de casos, incluso, recae sobre personas que son absueltas tras haber pasado por la violenta experiencia del encierro. No hay dudas acerca de los devastadores efectos del encarcelamiento en la vida de las personas y del núcleo familiar, y desde el poder judicial sólo se atribuye estos casos a un “error judicial”.
Presentamos un documento elaborado por Anabella Museri y Paula Litvachky sobre la base del trabajo estadístico y de campo del equipo sobre derechos de las personas privadas de libertad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).