El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, el Programa de Defensa e Incidencia Binacional de la Iniciativa Frontera Norte de México (IFNM) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México presentaron un amicus curiae en el caso Benito Tide Méndez y otros contra República Dominicana que se tramita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso se relaciona con la detención arbitraria y expulsión sumaria del territorio de ese país de 27 personas de origen haitiano, que formaron parte de una práctica extendida de expulsiones colectivas y masivas que afectaron igualmente a nacionales y extranjeros en situación migratoria regular e irregular.
De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las víctimas y sus representantes, las características físicas de las personas que fueron detenidas y posteriormente expulsadas habrían sido elementos determinantes al momento de seleccionarlas, lo que demuestra un patrón de discriminación contra personas de ascendencia haitiana. Se señaló también que, en el contexto de estas expulsiones, se les negó a las personas de origen haitiano la oportunidad de obtener la documentación que les hubiera permitido comprobar su nacionalidad dominicana.
El amicus presentado a la Corte Interamericana plantea el derecho a la nacionalidad como derecho fundamental y la ausencia de debido proceso en las expulsiones realizadas por el Estado dominicano. Además, se destacó la obligación de establecer mecanismos de protección efectivos para migrantes en situación irregular como grupo de especial vulnerabilidad y la necesidad de considerar la desigualdad real de las personas de origen haitiano en República Dominicana.
Resulta preocupante que entre las prácticas del Estado hacia las personas de origen o ascendencia haitiana se encuentre la destrucción de documentos de identidad por parte de funcionarios públicos. Esto implica un trato inhumano y degradante con particular impacto para las personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. La confiscación de documentación que se plantea en este caso forma parte de una práctica habitual en el control migratorio, que no ocurre únicamente en Republica Dominicana. Es evidente que estos hechos constituyen vulneraciones a los derechos a la nacionalidad y a la personalidad jurídica de las personas migrantes.
Por último, este caso cobra particular relevancia en el contexto actual de República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional dictó el pasado 23 de septiembre la sentencia 168/13 que modifica retroactivamente la normativa vigente desde 1929. De esta forma, se despoja de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas por ser descendientes de haitianos en situación irregular. Se trata de 4 generaciones que durante 8 décadas habían sido reconocidos como nacionales, al amparo de la Constitución y las leyes vigentes.
Iniciativa Frontera Norte de México
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Centro de Estudios Legales y Sociales
Haga clic aquí para acceder al texto completo del amicus curiae