El 18 de enero solicitamos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar sobre los graves impactos en materia de libertad de expresión producidos en la Argentina a partir de la modificación por decreto de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Comisión aceptó el pedido y convocó a las partes para el 8 de abril.
Las organizaciones e instituciones que realizamos el pedido, entre las que se encuentra el CELS, relevamos distintas medidas que pueden devenir en afectaciones a los derechos vigentes como: la autonomía de los órganos encargados de la aplicación de leyes sobre servicios audiovisuales; la incompatibilidad de los decretos de necesidad y urgencia 13/2015 y del decreto 236/2015 con los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos; la afectación del principio de legalidad; la reducción de los límites para evitar procesos de concentración de medios o consolidación de la posición dominante; el uso de herramientas penales para implementar la intervención del órgano de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno avanzó en la creación por decreto de un nuevo órgano y modificó los mecanismos de designación, integración y remoción de sus integrantes.
Por estos motivos solicitamos que la CIDH se involucre y contribuya a la búsqueda de soluciones.
La presentación puede leerse haciendo clic aquí.