Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra extrema preocupación por la suspensión del cargo de la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff, a raíz de la apertura en el Congreso de un proceso de juicio político, así como por sus consecuencias en materia de derechos humanos.
El proceso resulta de por si sumamente cuestionable al no ajustarse a las necesarias garantías de imparcialidad y debido proceso. Si bien la decisión definitiva sobre la destitución de Rousseff se tomará dentro de 180 días, la asunción del vicepresidente Michel Temer con un nuevo programa de gobierno, que incluyó el cierre de ministerios y la sustitución de todo el gabinete, implica un grave escenario de regresión institucional. El mundo entero pudo observar en vivo la falta de relación entre los argumentos expresados en el Congreso y la causal formal de suspensión e inicio del proceso de juicio político.
Las primeras declaraciones y medidas tomadas por Temer y su gabinete – integrado en su totalidad por hombres blancos – generan preocupación por la situación de los derechos humanos en Brasil. En menos de 24 horas se eliminó el Ministerio de Derechos Humanos, Igualdad Racial y Mujeres que fue diluido en una coordinación del nuevo Ministerio de Justicia y Ciudadanía. Al frente de este ministerio fue designado Alexandre de Moraes, quien fuera secretario de Seguridad Pública de San Pablo. La política de represión a la protesta social impulsada por ese gobierno estadual dio lugar, en abril pasado, a una audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se denunciaron abusos cometidos contra los estudiantes secundarios, quienes protestaban por el derecho a la educación pública de calidad.
El contexto regresivo en materia de derechos humanos es aún más preocupante al estar basado en un programa de gobierno que no se sometió al escrutinio popular. Algunos ejemplos de estas regresiones incluyen el anuncio de cambios en el Programa Bolsa Familia de combate a la pobreza y el nombramiento como ministro de Educación de un miembro de un partido que públicamente ha manifestado su desacuerdo con las políticas afirmativas que ampliaron el acceso de los afrodescendientes a la educación superior. Asimismo, la remoción del presidente de la empresa estatal de comunicación EBC, de carácter público y no partidario, se realizó desatendiendo la duración legal de este mandato e ignorando la posición del Consejo Curador, cuya estructura y cuyos poderes están establecidos por ley.
Tras los hechos de Honduras en junio de 2009 y de Paraguay en 2012, el golpe institucional en Brasil implica un nuevo retroceso para las democracias de la región y refuerza a los sectores que desdeñan el Estado de Derecho que tanto costó recuperar en América Latina.
Es sumamente preocupante la decisión del gobierno argentino de legitimar el quiebre institucional en Brasil y de fortalecer las relaciones bilaterales en el contexto actual.
Las organizaciones de derechos humanos aquí firmantes nos solidarizamos con el pueblo brasileño e instamos a los órganos políticos de la región y a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos a pronunciarse y a monitorear esta grave situación que afecta a todo el continente.
Abuelas de Plaza de Mayo
Buena Memoria
CELS
Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas
Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
H.I.J.O.S
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora