Hoy nos presentamos como amicus curiae en una demanda de laboratorios extranjeros contra el Estado argentino. La CAEME, Cámara Argentina de Especialidades Médicas que reúne a los laboratorios y empresas farmacéuticas extranjeras, inició una acción contra el Estado para que anule una resolución dictada entre el Ministerio de la Industria (hoy de Producción), el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Por medio de esa Resolución Conjunta se aprobaron las “Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes sobre patente sobre invenciones químico-farmacéuticas” que fijan los criterios de novedad, inventiva y aplicación industrial para la concesión de patentes. Esta resolución busca asegurar el acceso a los medicamentos y garantizar el derecho a la salud.
A través de una práctica conocida como evergreening o perennización los laboratorios modifican levemente la fórmula de un medicamento y renuevan su patente por 20 años más. Esto en términos cotidianos significa que los usuarios y el Estado (el mayor comprador de medicamentos) pagan precios exorbitantes por remedios cuya fórmula debería ser de dominio público y venderse como genéricos, fabricados por laboratorios nacionales y cuyo precio sea impuesto por la competencia y no por el abuso de una posición dominante en el mercado.
Frente a esta demanda, se presentaron como terceros interesados en apoyo del Estado la CILFA, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, que nuclea a los laboratorios nacionales, y la Fundación Grupo Efecto Positivo, que trabaja en la accesibilidad de los medicamentos para VIH/Sida y Hepatitis C.
La denuncia de CAEME no es original. Existen muchos ejemplos de litigios contra los Estados nacionales para que modifiquen sus políticas. En Corea del Sur, por ejemplo, el laboratorio Novartis suspendió el suministro de un medicamento para el tratamiento de la leucemia porque el gobierno no le había permitido poner el precio que la empresa quería. El laboratorio incluso se acercó a pacientes para ofrecerles exenciones si convencían al gobierno en favor del laboratorio. En Brasil, la asociación Interfarma demandó a la agencia estatal de control de medicamentos.
Nosotros nos presentamos como amicus curiae y acercamos un análisis de los estándares internacionales que abordan la accesibilidad a los medicamentos como un componente esencial para la satisfacción del derecho a la salud, en términos igualitarios y sin discriminación.