Las medidas adoptadas por el gobierno venezolano, en el contexto de la elección de la Asamblea Constituyente y las protestas de quienes la cuestionan, agravaron aún más la situación de los derechos humanos en ese país.
El 30 de julio, el gobierno volvió a responder con violencia a las manifestaciones en su contra. En esta oportunidad, diez personas murieron, aumentando a 119 los fallecidos en situaciones de protesta en los últimos cuatro meses.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, un porcentaje considerable de estas muertes es consecuencia de disparos de armas de fuego realizados por agentes policiales y militares. Otras muertes se deben a la actuación de grupos de civiles armados que responden tanto a sectores de la oposición que postulan una salida insurreccional como a grupos paraestatales. En las situaciones de protesta, la respuesta estatal debe basarse en el principio de protección de la vida; así se desprende de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos.
En el marco de las elecciones y de la crisis política que atraviesa el país, el gobierno nuevamente restringió los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de participación política. El uso abusivo de la fuerza, la participación de las Fuerzas Armadas, las detenciones masivas y arbitrarias, el uso de la justicia militar y de los servicios de inteligencia para perseguir y criminalizar a manifestantes y miembros de la oposición son violaciones graves de esos derechos.
Ayer, durante la madrugada y con operativos realizados por agentes armados y encapuchados, se sustrajo de sus domicilios a Leopoldo López y a Antonio Ledezma, líderes de la oposición, para trasladarlos a una cárcel militar. Sus detenciones ya habían sido consideradas arbitrarias por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que desde hace años exige al Estado venezolano que sean liberados. López además es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de abril de 2015.
En esta situación, es particularmente grave que el gobierno busque destituir de forma irregular a la Fiscal General Luisa Ortega, quien desde el Ministerio Público lleva adelante las investigaciones por las muertes ocurridas en contextos de protesta.
Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones jurídicas y financieras contra Venezuela, su presidente y un alto número de funcionarios, y amenazó con profundizar medidas unilaterales. Esta agresión dificulta aún más una solución para una salida democrática de la crisis, que evite las polarizaciones que ensangrentaron al continente el siglo pasado.
En este momento, la situación de Venezuela exige un compromiso activo de la comunidad internacional en acompañar a ese país en una salida soberana de la crisis que implique que no haya regresiones en materia de derechos económicos, sociales, civiles y políticos.