La forma más segura y efectiva para realizar un aborto en las primeras doce semanas es con medicamentos. En nuestro país no existen medicamentos abortivos reconocidos formalmente a pesar de que la ley establece casos de aborto legal, la Corte Suprema lo reconoció como un derecho y el Ministerio de Salud de la Nación recomienda el aborto con pastillas.
La Organización Mundial de la Salud considera al misoprostol una “medicina esencial” para la salud sexual y reproductiva por su uso para abortos seguros, atención pos aborto, parto y posparto. Señala, además, que su administración pueden hacerla los médicos y los efectores de salud, aún de nivel básico. El Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dijo que se debe asegurar el acceso a estos medicamentos: lo contrario es discriminación.
El misoprostol en la Argentina es producido y comercializado por un único laboratorio, bajo el nombre de Oxaprost. Este medicamento está aprobado por la ANMAT para uso gástrico exclusivamente, a pesar de que es efectivo y seguro para usos obstétricos y ginecológicos. En los últimos dos años el laboratorio aumentó el precio de las pastillas un 500%.
Hace casi tres años, junto con Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto y la Secretaría de Género de Nuevo Encuentro CABA, iniciamos una denuncia contra el Laboratorio Beta en la Comisión de Defensa de la Competencia por abuso de su posición monopólica en el mercado de producción de oxitócicos. Hace un año le pedimos a la ANMAT que reglamente y garantice el acceso al misoprostol. Ninguno de los expedientes avanzó. Mientras tanto, el laboratorio sigue lucrando con la vida y la salud de las mujeres y el Estado no garantiza su accesibilidad.
Impedir o restringir el acceso a un medicamento esencial para la salud de las mujeres y las personas trans es una vulneración de los derechos humanos.