En las últimas décadas se incrementaron las muertes de personas detenidas en las cárceles argentinas y persisten la tortura y los maltratos. Esto ocurre en simultáneo con el aumento de la población carcelaria, la sobrepoblación y el hacinamiento. La situación puede proyectarse a hospitales psiquiátricos y polivalentes y comisarías en los que se sostienen estos hechos de violencia institucional.
Hoy Aude Maio-Coliche, embajadora de la Unión Europea en la Argentina, fue recibida por el director del CELS, Gastón Chillier, con motivo del lanzamiento del proyecto “Lucha contra la tortura y los malos tratos en la Argentina. Promoviendo políticas de prevención, rendición de cuentas y rehabilitación de víctimas”.
El proyecto busca respaldar a la sociedad civil en su tarea de monitoreo, prevención y rendición de cuentas por hechos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y de apoyo a la rehabilitación de las personas que fueron víctimas de esos hechos. Al mismo tiempo apunta a fortalecer políticas institucionales para la prevención y sanción de la tortura.
“Luchar contra la tortura es una prioridad al nivel mundial de la Unión Europa”, dijo la embajadora a representantes de las siete organizaciones e instituciones académicas que llevarán adelante este proyecto financiado por la UE, reunidos en el CELS.
Reflexionó que si bien la tortura y los malos tratos ya no son una política de Estado, como sí lo fueron durante la última dictadura, “sin embargo hay métodos o costumbres o maneras de hacer que persisten”.
El proyecto de 30 meses de duración es la profundización de uno anterior “Violencia institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina”.
Las organizaciones de derechos humanos socias del proyecto son el CELS, Xumek (Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos), el CIAJ (Colectivo de Investigación y Acción Jurídica), el Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, ADESAM (Asociación por los Derechos en Salud Mental), la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.
La embajadora destacó el objetivo del proyecto de fortalecer a la sociedad civil en nuestro país. “Para la Unión Europea apoyar a la sociedad civil implica profundizar la democracia. No hay una democracia profunda si no hay una sociedad civil organizada, y que tiene un diálogo constructivo con las instituciones”, sostuvo.
En la reunión estuvieron presentes el director del CELS Gastón Chillier y Paula Litvachky, coordinadora general del proyecto y directora del área de Justicia y Seguridad del CELS; el presidente de Xumek, Lucas Lecour y en representación del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) Carolina Salvador y Matías Manuele. Por el Centro de Participación Popular Monseñor Enrique Angelelli, participaron su presidente José Luis Calegari y Florencia Brescia y por la Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), su vice presidenta Carmen Cáceres y Guadalupe Granja. Además estuvieron presentes Enrique Font, profesor titular interino de la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y Gustavo Palmieri, director del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.