El 2018 comenzó con el Comité Nacional contra la Tortura -también llamado Mecanismo nacional- ya conformado. Está integrado por trece miembros: seis son representantes de los legisladores, uno fue propuesto por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, tres pertenecen al Consejo Federal de mecanismos provinciales y tres representan a organizaciones de derechos humanos. Entre estos últimos se encuentran Diego Lavado, de Xumek, Josefina Ignacio, de la Asociación de Pensamiento Penal y Gustavo Palmieri, del CELS.
El Mecanismo nacional tiene una larga historia. En septiembre de 2004, la Argentina aprobó el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura -OPCAT-, a través de la ley 25.932. Este protocolo creó un sistema internacional de prevención de la tortura que tiene como objetivo generar acciones para cumplir los mandatos impuestos por la Convención Internacional contra la Tortura. Desde ese entonces, el CELS y muchas otras organizaciones venimos promoviendo que se implemente un Mecanismo nacional que cumpla con los requisitos y estándares exigidos por OPCAT. Así se generó un colectivo de organizaciones de todo el país, con el cual elaboramos y promovimos una propuesta de Mecanismo Nacional de Prevención, a través de un proyecto de ley que fue presentado con la firma de legisladores nacionales de todo el arco político. Ese proyecto fue aprobado y sancionado en noviembre de 2012 y el Poder Ejecutivo Nacional lo promulgó en enero de 2013 pero recién durante el 2017 se realizó la elección de sus miembros.
En la propuesta de creación del Mecanismo nacional, que hoy se está implementando, tuvimos en cuenta el modo en que todos los recursos estatales se pueden articular para potenciar un mejor sistema y buscamos establecer un marco legal que fije estándares para el acceso a los lugares de encierro, a la información vinculada con las personas privadas de libertad y a la protección de las víctimas y testigos. El diseño del Mecanismo intenta resolver las situaciones que se derivan de la organización federal del Estado Argentino, por eso crea mecanismos provinciales y un paraguas nacional que articule su trabajo junto con el de las organizaciones de derechos humanos.
El sistema de prevención establecido en el Protocolo obliga al Estado Nacional a pensar estándares de protección de los derechos de las personas privadas de libertad y a coordinar el monitoreo que debe desarrollar el Mecanismo Nacional con organismos internacionales. La puesta en marcha del Comité Nacional es un paso necesario en el camino hacia la prevención de la tortura en nuestro país. Para eso deberá constituirse como uno de los organismos que generen los controles y cambios de prácticas necesarios para lograr su objetivo en un contexto sumamente adverso.
Foto: Pablo Toranzo, Penal de Villa Urquiza, San Miguel de Tucumán, 2015.