Un llamado a la responsabilidad compartida y a la solidaridad con las personas venezolanas en movilidad

Cientos de miles de personas se han visto forzadas a salir de Venezuela en los últimos años. Ante la magnitud y el rápido crecimiento de esta situación organizaciones de la sociedad civil de la región urgimos a los Estados a implementar medidas específicas.

comunicado conjunto

Las organizaciones de la sociedad civil de la región, en el marco de la Consulta de América Latina y el Caribe para el Pacto Mundial de Refugiados y la evaluación del Plan de Acción de Brasil que se llevó a cabo en Brasilia los días 19 y 20 de febrero de 2018, manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave situación que atraviesan cientos de miles de personas que se han visto forzadas a salir de Venezuela en los últimos años.

A fin de comprender la magnitud que ha adquirido este problema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señalaron que el aumento de solicitantes de asilo provenientes de Venezuela aumentó el 8.828% entre 2012 y 2016.

Muchos países de Latinoamérica y el Caribe han dado pasos positivos para recibir y regularizar la situación migratoria de la población venezolana. Como organizaciones de la sociedad civil, acogemos con beneplácito estos esfuerzos. Sin embargo, ante la magnitud y el rápido crecimiento de esta situación urgimos a los Estados de la región a implementar las siguientes medidas:

1. Implementar una respuesta integral que esté basada en el principio de responsabilidad compartida, en línea con la solidaridad regional y el espíritu de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, así como Los 100 puntos de Brasilia: Aportes de América Latina y el Caribe para el Pacto Mundial sobre Refugiados adoptados en esta conferencia.

2. Adoptar medidas tendientes a brindar un trato humanitario y respuestas de protección internacional a personas procedentes de Venezuela a través de la protección de los refugiados, protección complementaria, protección y residencias por razones humanitarias, así como aplicar otras alternativas de regularización con base en la normativa migratoria nacional y regional, y otras formas de protección especial derivadas de su condición de vulnerabilidad.

3. Abstenerse de adoptar medidas que limiten, vulneren los derechos humanos o pongan en riesgo el principio de no devolución.

Reconocemos la relevancia de los organismos regionales e internacionales con competencia para actuar en crisis humanitarias, tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para el abordaje de una situación tan compleja que se evidencia en múltiples países de la región, consideramos necesario el trabajo articulado de los organismos internacionales antes mencionados en brindar asistencia técnica a los Estados. Asimismo, resulta relevante que los Estados de América Latina y el Caribe soliciten a dichos organismos que, en cumplimiento de sus mandatos, generen aportes que favorezcan un abordaje integral basado en un enfoque de derechos humanos.

Sería de particular importancia facilitar visitas al terreno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer la situación que enfrentan las personas venezolanas que se están viendo forzadas a migrar hacia otros países de la región, los esfuerzos que los distintos países están implementando y compartir buenas prácticas para brindar asistencia técnica a los Estados en la búsqueda de una solución regional integral en el marco de la protección de los derechos humanos de la población venezolana.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes exhortamos a los países de la región a implementar las medidas necesarias para la atención de la población forzada a migrar acorde a los estándares internacionales y regionales de derechos humanos. En este sentido ratificamos nuestro compromiso en coadyuvar a la concreción de estas medidas.

Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil (GAR-PAB):

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF); Pastoral de Movilidad Humana CEB; Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro; Caritas Arquidiocesana do São Paulo; Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH); Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales – Chile; Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC); Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Servicio Jesuita a Refugiados Colombia (SJR-Colombia), Comisión sobre Migraciones Forzadas, Exilio y Reconciliación (CER); Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Asylum Access Ecuador (AAE), Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-Guayaquil), Servicio Jesuita a Refugiados- Ecuador (SJR-Ecuador); Misión Scalabriniana Ecuador; Fundación Cristosal, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES); Asociación Consejería Oxlajuj Ix para Centroamérica y México (CAMEX), Asociación Lambda; Asociación Para Una Vida Mejor, Honduras (APUVIMEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), INCEDES Guatemala, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH); Asylum Access México (AAMX), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. (CDH Fray Matías), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Casa del Migrante Saltillo – Frontera con Justicia A.C., Programa Casa Refugiados A.C., Sin Fronteras I.A.P., SMR, Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados; Programa de Asuntos Migratorias (PRAMI), Clínica Jurídica Alaíde Foppa; Nicasmigrante, Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-Nicaragua); Encuentros Servicio Jesuita de la Solidaridad; Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA); Refugee Program Living Water Community (LWC), Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); International Detention Coalition (IDC); CONECTAS Brasil; CEPRI – Centro de Protección al Refugiado y al Migrante, Rio de Janeiro; CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales Argentina); IMUMI (Instituto para las Mujeres en la Migración); Dignidad y Justicia en el Camino A.C., FM4 Paso Libre; Compañía de las Hijas de la Caridad. Misión estar en frontera – Bolivia La Fundación Scalabrini de Chile.