El gobierno de los Estados Unidos anunció su decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el martes 19 de junio. Al día siguiente, su embajadora ante las Naciones Unidas envió una carta a cada una de las 18 organizaciones que nos habíamos opuesto a su propuesta de reforma del Consejo para responsabilizarnos de la decisión. Entre las organizaciones estaban Amnesty International, la Comisión Internacional de Juristas, Conectas Direitos Humanos, Human Rights Watch y International Service for Human Rights.
Enviamos una carta conjunta en respuesta a la embajadora y una carta propia desde el CELS, que figura abajo y en este enlace.
Embajadora Nikki R. Haley
Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas
22 de junio de 2018
Estimada Embajadora Haley:
Le escribimos en respuesta a su carta de fecha 20 de junio, en la que se indica que nuestra organización, junto con otras 17 fuimos en parte responsables de la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto es, supuestamente, porque estas organizaciones nos opusimos a un proyecto de resolución respaldado por los EE.UU. para la reforma del Consejo que, en nuestra opinión, podría haber debilitado su capacidad para tomar acciones eficaces. En una carta conjunta a las delegaciones estatales, destacamos además que el Consejo ya había iniciado un proceso de largo plazo para mejorar su eficiencia, con un amplio grado de participación de las distintas regiones. Una resolución de la Asamblea General podría haber interrumpido este proceso, generando un precedente peligroso de desautorización al Consejo.
La decisión de retirarse del Consejo de Derechos Humanos significa que los Estados Unidos está dando la espalda no sólo a las Naciones Unidas, sino también a las víctimas de violaciones de derechos humanos alrededor del mundo. Priva a las víctimas de un foro para defender sus derechos que, en algunos casos, es su última esperanza, incluso víctimas de regímenes que los EE.UU. condena como violadores de derechos humanos. Es así evidente que la decisión es oportunista e ideológica, y no responde a un interés genuino de reparar las violaciones sufridas por víctimas y sobrevivientes.
La retirada del país del Consejo es preocupante pero no sorprendente. Acompaña el retroceso en el respeto de los derechos humanos que está teniendo lugar en todo el mundo, en un contexto de creciente nacionalismo, xenofobia y represión de la sociedad civil. Ahora más que nunca, los Estados deben participar de forma constructiva en los foros multilaterales de derechos humanos. En cambio, Estados Unidos abandonó la nave. Esta es sólo la última de una cadena de preocupantes medidas de política exterior e interior que buscan debilitar la protección de los derechos humanos.
En junio de 2017, el Presidente Trump anunció que los Estados Unidos saldría del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático con el fin de “proteger a los Estados Unidos y sus ciudadanos”. Así, el segundo productor mundial de emisiones de dióxido de carbono, después de China, reniega de sus compromisos para reducir estas emisiones y ayudar a financiar los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptarse al cambio climático.
En diciembre de 2017, los Estados Unidos dio por terminada su participación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para migraciones seguras, ordenadas y regulares, que tiene el potencial de ser un instrumento Intergubernamental sin precedentes para generar políticas de migración basadas en derechos. En un comunicado oficial, usted, Embajadora Haley, fue citada diciendo: “Nuestras decisiones sobre políticas de inmigración deben ser realizadas siempre de manera exclusiva por los estadounidenses… El enfoque global de la declaración de Nueva York simplemente no es compatible con la soberanía de los Estados Unidos”.
Más recientemente, en mayo de 2018, la administración Trump se retiró del pacto con Irán sobre el control de armas nucleares, conocido formalmente como el Plan Conjunto e Integral de Acción (JCPOA), que había sido acordado por China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Europea e Irán. El Presidente Trump lo describió como un “trato horrible, unilateral” que beneficia a un “régimen de gran terror”. Su administración restableció las sanciones nucleares unilaterales sobre el régimen iraní y advirtió que “si el régimen continúa sus aspiraciones nucleares, tendrá más problemas que nunca.”
En una línea similar, amenazadora y unilateral, el presidente de los Estados Unidos dijo en agosto de 2017 que “no descartaba la opción militar” como respuesta a la crisis en Venezuela. “Tenemos tropas en todo el mundo, incluso en lugares muy, muy lejanos. Venezuela no es muy lejos y la gente está sufriendo”, afirmó Trump. En lugar de intentar consensuar una respuesta multilateral a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, que sería mucho más legítimo y eficaz, el gobierno estadounidense una vez más, recurrió a declaraciones altisonantes, reviviendo el fantasma de sus intervenciones militares en países de América Latina.
En marzo de 2017, en una ausencia sin precedentes los Estados Unidos se negó a asistir a tres audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre sus medidas migratorias y energéticas.
Además, este año, el gobierno de los Estados Unidos designó como directora de la CIA a una funcionaria que dirigió una cárcel secreta en Tailandia donde los detenidos fueron torturados y quien ayudó a encubrir las prácticas de tortura incentivando la destrucción de pruebas. Esto envía un mensaje escalofriante sobre la falta de compromiso de los Estados Unidos con la erradicación de la tortura y otras violaciones graves de derechos.
Por último, en el frente interno, la política de “tolerancia cero” hacia la entrada irregular de las personas al país ha provocado una crisis humanitaria por la separación de alrededor de 2.000 niños y niñas de sus padres en tan solo seis semanas. Algunos de estos niños están siendo detenidos en celdas similares a jaulas, dentro de centros de detención. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció esta política de fronteras como “intolerable” y abusiva. Se emitió una orden ejecutiva hace dos días para suspender la política de separación de las familias, pero la administración ha indicado que a partir de ahora detendrá a todas las familias con niños, más allá de si buscan asilo, sin ofrecer ninguna alternativa a la detención y en violación de sus obligaciones internacionales. Al mismo tiempo, no se ha reestablecido el contacto entre los 2.000 niños y sus padres hasta ahora.
Para América Latina y la Argentina en particular, el sistema universal de derechos humanos ha sido sumamente importante para defender los derechos de nuestros pueblos, tanto en el pasado como en el presente. En el caso argentino, Naciones Unidas jugó un papel clave al denunciar a la última dictadura y su práctica de desapariciones forzadas en los 70’ y los 80’. Hoy, entre muchos otros ejemplos, en el contexto de un debate legislativo histórico, los organismos de Naciones Unidas han recomendado que Argentina legalice el aborto para garantizar de manera plena y efectiva los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar.
El Consejo de Derechos Humanos no es perfecto, pero hace una contribución significativa al fortalecimiento de los estándares de derechos humanos, a la protección y la justicia para las víctimas y a la rendición de cuentas de los perpetradores. Estamos comprometidos con el sistema internacional, y vamos a seguir participando constructivamente de los esfuerzos en curso para fortalecer al Consejo de Derechos Humanos. Lamentamos que las acciones de los Estados Unidos vayan en sentido contrario.
Saludos cordiales,
Gastón Chillier
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)