Ley de alquileres: una necesidad urgente

En nuestro país más de 7 millones de personas son inquilinas. Para lograr un acceso justo al hábitat es necesario que el Estado intervenga en el mercado de alquileres.

El gobierno nacional anunció la presentación en el Congreso de un proyecto de ley para mejorar las condiciones de acceso al alquiler.

La sanción de un nuevo marco normativo vinculado a la vivienda en alquiler es fundamental ya que en nuestro país siete millones de personas  alquilan su vivienda en un mercado absolutamente desregulado.

Esperamos que esto resulte en una ley nacional que promueva un funcionamiento del mercado de alquileres que esté orientado a garantizar el derecho a una vivienda adecuada. Para lograrlo, es necesario que al proyecto anunciado se incorporen medidas para garantizar el acceso a la vivienda a grupos vulnerados -entre ellos, mujeres víctimas de violencia de género-, para garantizar la implementación del alquiler social, para regular un modelo de contrato de alquiler justo. Además es necesario sumar una política de incorporación de inmuebles ociosos a la oferta de alquiler, entre otros.

Este anuncio recupera parte de las demandas históricas de organizaciones sociales que insistimos en la necesidad urgente de implementar políticas públicas para un funcionamiento más inclusivo y justo del mercado de alquileres a nivel nacional.

Varias de estas organizaciones integramos el colectivo Habitar Argentina que promueve diez políticas públicas para modificar las dinámicas del  mercado de suelo que dificultan el acceso a una vivienda adecuada. Entre ellas, la necesidad de “un nuevo marco regulatorio centrado en una perspectiva de derechos” y de implementar una serie de medidas para reducir las barreras de acceso  a la vivienda en alquiler, evitar las exigencias abusivas en los contratos de locación, regular el precio de los alquileres, entre otras. Ese trabajo tuvo su primer resultado a nivel de la ciudad de Buenos Aires el año pasado, cuando la Legislatura porteña sancionó un proyecto de ley que obligaba al propietario a pagar la comisión inmobiliaria, entre otras medidas.