Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2010 y febrero de 2011, hace casi diez años. Mariano Ferreyra había sido asesinado, por una patota sindical que tuvo protección policial, el 20 de octubre. Mientras avanzaba la investigación de ese hecho, la jueza Vilma López descubrió que los acusados, José Pedraza y compañía, estaban tramando una maniobra para evitar el procesamiento y la prisión preventiva de la patota que ejecutó el homicidio y, por ende, del jefe de la Unión Ferroviaria, responsable del plan. Este intento involucraba a lobbystas judiciales de la exSIDE, a exsecretarios y empleados judiciales y contaba con la anuencia de jueces de la Cámara Federal de Casación Penal. Este jueves 30 de julio, la fiscal federal Paloma Ochoa insistió con que la causa debe ser elevada a juicio, en un dictamen muy contundente.
Los imputados por el intento de sobornos tienen el procesamiento confirmado desde noviembre de 2012, hace casi ocho años. Desde ese entonces, jueces y juezas federales y nacionales evitaron hacerse cargo del caso que involucraba al corazón de Comodoro Py: plantearon más de veinte excusaciones, hicieron lugar a varios planteos de nulidad y a otros tantos de incompetencia. Todo terminó en la Corte Suprema. La Corte tardó desde el 19 de octubre de 2016 hasta el 2 de julio de 2019, casi tres años, en decidir si el caso correspondía al fuero federal o al nacional. En representación de la familia de Mariano Ferreyra, intentamos lograr una decisión más rápida con un pronto despacho: nos lo devolvieron sin adjuntarlo al expediente con el argumento de que los querellantes nada tienen que decir en una discusión sobre competencia.
Finalmente, la causa fue al juzgado federal 5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien rápidamente corrió vista de la elevación a juicio. Respondimos como querella y también lo hizo la fiscal Ochoa. Entre julio de 2019 y marzo de 2020 la defensa del exsecretario federal Octavio Aráoz de Lamadrid hizo cuatro planteos de nulidad más y se opuso a la elevación a juicio. Todos fueron rechazados y esos rechazos, confirmados por la Cámara Federal. Para el último planteo de nulidad, la Cámara tardó casi 3 meses. Confirmó que la causa debía elevarse a juicio pero, haciendo la gran comodoro py, dijo que sí y que no al mismo tiempo: agregó dos párrafos sobre pruebas pedidas por la defensa (¡después de 9 años!); le dice a la jueza “CONFIRMAR la resolución apelada en todo cuanto decide y fuera materia de apelación, debiendo la jueza de grado atender lo expuesto en los dos últimos párrafos del considerando II.” Nos quejamos y pedimos la elevación inmediata. Sin embargo, la jueza tomó lo dicho por la Cámara y se puso a mandar oficios. En eso estamos hoy. En julio 2020, aun esos oficios no fueron respondidos. En el mientras tanto, la defensa de Áraoz de Lamadrid pidió más pruebas.
En esta causa judicial intentamos que se investigue un posible soborno y manipulación del sorteo con el fin de radicar el caso en una sala amiga de la Cámara Federal de Casación. Las escuchas en las que se descubrió la maniobra mostraron las fluidas relaciones entre agentes de inteligencia, estudios jurídicos de exfuncionarios, empleados fieles a esas redes y jueces federales amigos de estas redes. Nadie investigó esas relaciones. El Consejo de la Magistratura cerró la investigación disciplinaria sobre los jueces aun cuando los vínculos quedaron confirmados en las declaraciones de descargo. Son el tipo de vínculos que hoy están a la vista: jueces, abogados y operadores de inteligencia conviviendo en los mismos pasillos. La Corte Suprema no habilitó tampoco la investigación sobre el juez de casación y tardó años en resolver la competencia. Casi todo el fuero federal y nacional se excusó de intervenir. Las razones: todos son parte de esa familia, amigos, parientes, compadres, compañeros de deportes, socios académicos.
Así están las cosas. Los procedimientos actuales no garantizan el acceso a al justicia ni siquiera en uno de los casos de mayor relevancia política e institucional de los últimos años: el crimen de un militante político que luchaba contra la tercerización laboral a manos de la cúpula de un sindicato y el intento de encubrirlo protagonizado por una red insertada en el propio sistema judicial que debía investigarlo. Hace casi una década que esperamos que el caso llegue a juicio. En estas cosas se juega la reforma judicial que hay que discutir.