En el 2017, casi una década después de la vuelta a un sistema público de pensiones, MetLife, una aseguradora privada estadounidense, demandó a la Argentina en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La empresa alega ante el tribunal del Banco Mundial que se violó el Tratado Bilateral de Inversión entre los Estados Unidos y la Argentina.
En este contexto, intervenimos como amicus curiae en la demanda contra el Estado argentino porque estimamos que es imperativo que el tribunal tome en cuenta las obligaciones de derechos humanos del Estado. Un sistema privatizado como el que existió en la Argentina del 1993 al 2008 no cumple con las condiciones mínimas de un sistema de seguridad social justo y equitativo. El Estado tenía la obligación de reformarlo.
En el 2008, después de quince años de comprobado fracaso, el Congreso decidió volver a un sistema público de seguridad social, como la mayoría de los países del mundo. MetLife hoy exige una indemnización por la decisión de la Argentina de terminar con el negocio de la administración de fondos de pensiones. Siguiendo su ejemplo, en 2018 BBVA demandó a Bolivia por su decisión de terminar con la privatización de su sistema de pensiones en 2009 y en 2019 Nationale-Nederlanden Holdinvest también demandó a la Argentina por la vuelta a un régimen previsional público.
Las políticas neoliberales impulsadas por instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial conllevaron la privatización del goce de diversos derechos humanos, como la educación, la salud, los servicios públicos y la seguridad social. En esta línea, Chile fue el primer país en privatizar su sistema de pensiones en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet y en los años siguientes otros 29 países siguieron su modelo. El resultado de estas privatizaciones fue, en todos los casos, desastroso. Según la Organización Internacional del Trabajo, de los 30 países que privatizaron sus sistemas de pensiones, 18 lo revirtieron por sus pésimos resultados.
Cada vez más, los países reconocen que la privatización de los derechos humanos es un grave problema. En el 2018, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza alertó que la privatización de servicios públicos esenciales para la vida humana durante las últimas décadas ha demostrado ser un grave problema de derechos humanos.
Sin embargo, las empresas no están dispuestas a perder sus oportunidades de negocios y recurren al CIADI para demandar a los Estados en procedimientos a puertas cerradas. Hace unos días, el Nobel de Economía Joseph Stiglitz y más de cien especialistas en economía internacional, políticas de desarrollo y seguridad social, condenaron en una carta abierta que estas empresas demanden a Argentina y a Bolivia por una decisión estatal acertada.
Desde mediados de los noventa, muchas corporaciones han recurrido al CIADI y en la gran mayoría de los casos los Estados han sido condenados a pagar millonarias indemnizaciones. Recursos que podrían ser destinados para garantizar el disfrute de los derechos de las personas se desvían para aumentar las ganancias extraordinarias de estas empresas.
En un contexto en el que los países deben destinar recursos extraordinarios para paliar la crisis social y sanitaria generada por el COVID-19 es inaceptable que estos tribunales continúen sancionando con sumas millonarias a los Estados. Aún más preocupante es que se les sancione por garantizar una vida digna a las personas y cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Las organizaciones que se presentaron como amicus curiae son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD, Project on Organization, Development, Education and Research (PODER), European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR) y Center for Economic and Social Rights (CESR).
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Foto: ANRed