En la conmemoración de 2017 me tocó estar acá arriba también para acompañar a Memoria Activa, como hacemos desde 1999 en el CELS, para buscar una respuesta en el Sistema Interamericano por algo que el Estado argentino no hizo. Por algo que el Estado argentino sigue sin hacer. Recuerdo que fue antes de la condena del TOF 2 a los encubridores. Hoy todavía la cámara de casación no confirmó la sentencia. ¿Cuál podría ser el motivo por el cual los jueces no terminan de dar una respuesta a quienes hace casi 30 años buscan justicia? ¿Hay una respuesta para ese desprecio insoportable?
Hace unos días la Procuración General de la Nación dio a conocer un informe de gestión de la UFI Amia. Un informe burocrático. Podríamos decir cínico también, con errores inclusive. El informe dice que no hay ningún avance, ningún avance en la investigación del atentado. Después de estos años de manipulaciones y algunos pocos nuevos datos, ni siquiera están preocupados por mostrar empatía con los familiares, tampoco con hacer simple y llanamente su trabajo. Tampoco quieren saber realmente qué hay en todos los archivos de inteligencia amontonados en depósitos. No quieren saber, no quieren que se sepa, no les importa dar una respuesta aun mínima sobre qué pasó aquel 18 de julio, cómo fue que pudieron pasar las cosas, quiénes lo hicieron posible, por qué ninguna instancia pudo prevenirlo. Hay un descaro muy raro en esos funcionarios que transcurren sus días sin lograr absolutamente nada y hay un problema enorme en el sistema judicial y en el político que sostiene esta matriz, que especula con las preocupaciones sociales pero cuya racionalidad es autorreferente, solo pretende sostenerse, reproducirse y reforzar, en algunos casos, su capacidad de extorsión política.
Hace unas semanas fuimos con Adriana Reisfeld y Rodrigo Borda a Comodoro Py a pelear por la apertura de los archivos. En esas escenas en las que una se puede ver desde afuera, lo escuchaba a Rodrigo buscando los mejores argumentos. Hasta creo que a él y a mi nos desafiaba encontrar la forma de convencer al juez de que le diga basta a la UFI Amia. Pero también la veía a Adri, ahí sentada, escuchando estoica las respuestas, los intercambios, en esa sala desangelada e incómoda, con frío. Pensé: hace 30 años que está ahí sentada. Para que le muestren los archivos.
Ahí está la profundidad del sufrimiento. La pelea interminable.
Qué injusto aquello y qué injusto esto. ¿Alguien alguna vez va a dar una explicación en serio?
Supongo que todes vimos la serie de Amazon “Iosi”. Es buena por lo que intenta contar, pero es tremenda por lo que no está contado. No por la serie, sino por el Estado. Por el Poder Ejecutivo, por los jueces, por los fiscales. Por los que tienen que dar una explicación.
¿Alguien explicó por qué pudo haber una infiltración a la comunidad judía de la Policía Federal y por qué cuando esto salió a la luz no pasó absolutamente nada? ¿Hay o hubo más infiltrados? ¿Ese cuerpo de inteligencia de la policía sigue funcionando, bajo qué normas, con qué parámetros, con qué controles? ¿Alguien investigó en serio a dónde fue a parar la información que el espía Iosi dice haber entregado? NADIE. El juez Ramos archivó la causa en 2016 porque no había nada que investigar, no digo sobre el atentado, digo sobre una estructura estatal que hace esto y no tiene que dar explicaciones a nadie. Esto pasa porque puede pasar. Le acaba de pasar a los familiares del ARA San Juan.
La causa Amia es la causa en la que vimos, por primera vez, en forma muy explícita la relación del aparato de inteligencia con el poder político y el judicial. Nos mostró la dificultad, por no decir imposibilidad, de meterse en serio con la Policía Federal y con la ex SIDE. Como queda claro, el panorama tiene absoluta vigencia.
Hace 30 años que nos paramos acá.
En octubre, muy posiblemente, haya una escena pública en la que les integrantes de Memoria Activa muestren a la región lo que pelearon durante todos estos años.
En octubre le podremos presentar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública. Instancia pública que se hizo tan difícil acá. Allí plantearemos la responsabilidad del Estado argentino por la falta de prevención del atentado, por la falta de justicia y por el encubrimiento activo. Pero también por no haber construido un camino para llegar a la verdad, para cada familiar, y para la memoria colectiva.
Después de muchas ideas y vueltas, el Estado a través del Poder Ejecutivo Nacional aceptó gran parte de la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos, lo que derivará muy posiblemente en una condena internacional. Aún con el enojo de todos estos años, esa condena marcará un hito regional y generará la obligación al Estado argentino de dar respuestas. Respuestas que hasta ahora no dio. Este empuje llevó a que, por ejemplo, se juzgue el encubrimiento. También al dictado de los decretos de desclasificación.
Por eso, llegar a esta sentencia internacional implica sostener la demanda por justicia y reparación para les familiares, pelear por cambios institucionales, pero sobre todo construir verdad y memoria colectiva.
El camino queda largo. El camino se hizo largo. Pero los que estamos acá seguimos, como lo hicimos siempre, acompañando a Memoria Activa.