Durante el jueves 13 y viernes 14 de octubre se realizó en Montevideo, Uruguay, la audiencia final de sobre el caso que, en 1999, iniciamos junto con Memoria Activa denunciando la responsabilidad internacional del Estado argentino por el atentado a la AMIA y la falta de esclarecimiento, de verdad y de justicia.
En la última jornada de la audiencia, Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, en representación de Memoria Activa, realizó su alegato final.
“La historia del caso AMIA es la historia de cómo pelear para derribar el secreto. Secreto sobre el expediente, sobre el uso de los fondos reservados de inteligencia, sobre la documentación producida por la ex SIDE y otras dependencias estatales”, sostuvo.
“Pasados casi 30 años, con una investigación arruinada y difícil de reconducir, la dimensión individual del derecho a saber y colectiva del derecho a la verdad cobran fuerza. Es lo que todavía se puede hacer. Es ética y políticamente ineludible”, también alegó.
Durante la primera jornada, brindó su testimonio Diana Wassner, integrante de Memoria Activa y de la comisión directiva del CELS. “A partir del atentado todo eclosionó en nuestra vida. Fuimos víctimas de todo lo que pasó después, de la impunidad, de todo lo que se podía haber evitado y el Estado no evitó. No alcanza con el mea culpa; tienen que cambiar las cosas. El Estado tiene la obligación de brindarnos verdad y justicia. Mis hijas merecen saber por qué, quién y cómo mataron a su padre”, señaló Wassner y enfatizó: “Esta es la última instancia que tenemos. No hay nada más después de esto para nosotros, dónde pelear, dónde pedir ni reclamar nada. Se acaba acá”.
Por otra parte, Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, consideró ante les jueces: “Tuvimos un Estado ausente 28 años. Cualquier otro atentado en el mundo se esclarece a la brevedad; pero la causa AMIA no tiene ningún preso. Nosotros también somos víctimas, somos víctimas de la injusticia. Quiero que se sancione al Estado argentino duramente. Y que se controle después que el Estado cumpla con lo que hemos pedido. Tiene que haber una investigación seria. Reclamamos un derecho que tiene cualquier ciudadano, que es justicia”.
Al finalizar la audiencia, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, instó al Estado argentino a que no espere a la sentencia para empezar a generar hechos concretos.
En octubre de 2020, la Comisión Interamericana elevó el caso a la Corte confirmando lo que sostenemos desde hace más de veinticinco años: el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida de las y los 85 muertos y por haber desplegado y sostenido un entramado de relaciones entre sectores del poder político, el sistema de inteligencia y miembros del poder judicial y del ministerio público fiscal que impidió y resistió el esclarecimiento y sanción de los hechos.