El 27 de marzo, un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), un centro de retención de migrantes ubicado en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, dejó consecuencias irreparables: al menos 38 personas muertas y 28 con heridas graves.
Según los estándares internacionales, la detención migratoria debe ser una medida de excepción, un último recurso. Sin embargo, los hechos ocurridos dejan ver que en México se trata de una práctica extendida y sistemática, contraria a las obligaciones del derecho internacional.
En efecto, estas retenciones se realizan sin cumplir con los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad previstos en el derecho internacional. Tampoco se tuvieron en cuenta los estándares relativos a condiciones de detención dignas, incluyendo la prohibición de hacinamiento y el contar con agua y alimentos suficientes.
La criminalización de la migración irregular y la consecuente detención de migrantes son el corolario de una política securitaria y restrictiva de las migraciones impuesta por Estados Unidos y aplicada por las distintas administraciones mexicanas. Lejos de desincentivar la migración, este tipo de medidas, expone a las personas en movilidad a situaciones de mayor inseguridad, vulnerabilidad y a graves violaciones de sus derechos.
Es importante remarcar que el predio en el que ocurrió esta tragedia no es un “centro para migrantes” ni un albergue sino un centro de detención migratoria donde las personas son retenidas por faltas administrativas y sin control judicial, en contradicción con numerosos tratados y estándares internacionales de derechos humanos.
Tras el incendio, el Presidente mexicano dio un mensaje que culpabilizó a los migrantes, al afirmar que el incendió se originó por la quema de colchones a modo de protesta. Los videos que circularon después de la tragedia, muestran un accionar negligente de los agentes del INM para actuar en la situación de emergencia. Ambas actitudes muestran una vulneración al derecho a la protesta que tiene que ser respetado y protegido, sobre todo en las instituciones de encierro en virtud de las obligaciones estatales de guarda y custodia. En estos escenarios, las autoridades deben asegurar el ejercicio efectivo de ese derecho y, en caso de que sea necesaria su intervención, hacer un uso proporcionado y racional de la fuerza que garantice la integridad física y la vida de las personas.
Es fundamental que el Estado mexicano realice una investigación diligente y exhaustiva, que permita esclarecer los hechos y asegurar reparaciones integrales y efectivas. Asimismo, los gobiernos del norte del continente deben reemplazar el modelo securitario y restrictivo de las migraciones por uno basado en el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes. La detención y criminalización deben ser sustituidas por políticas de regularización amplias y accesibles y garantías para ejercer el derecho a solicitar asilo. Migrar nunca es delito.
Foto: EFE